FAPUV rechaza amenazas contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización nacional de carácter académico-gremial que agrupa a las Asociaciones de Profesores Universitarios de las Universidades Públicas Nacionales, fiel a sus fines de “promover, desarrollar, consolidar y defender la función rectora de la Universidad Venezolana en la conducción del quehacer científico, cultural y académico”, se dirige a la opinión pública nacional a fin de rechazar las amenazas proferidas desde la televisora estatal contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, por publicar un informe en el que expertos analizan el estado de epidemia de la COVID-19 en Venezuela, y sus posibles escenarios, a partir de modelos matemáticos, con base en información epidemiológica oficial.

Con el conocimiento que nuestra Academia Nacional de Ciencias ha compartido, de manera responsable y desinteresada, a través del documento titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, el ejecutivo nacional debería proponerse ajustar el sistema sanitario a los posibles escenarios planteados y diseñar las estrategias de distanciamiento social en consecuencia. También podría confrontar estos escenarios con otros, de otros expertos. Lo que resulta inaceptable, es que se intimide, se difame y se exponga al desprecio público a los científicos venezolanos que hacen tanto con tan poco por nuestro país.

La verdad no atiende amenazas. El conocimiento científico es esencial para prevenir y manejar de mejor manera todo lo atinente a esta enfermedad, en función de controlar su impacto social y salvar vidas. Esto cobra mayor importancia cuando estamos frente a una crisis de salud pública generada por una pandemia para la cual no estamos preparados.

Las Universidades y las Academias deben ser consultadas y escuchadas en relación con los asuntos más importantes de la Nación, en los distintos ámbitos del conocimiento, y deben recibir todo el apoyo que requieren para la producción de conocimiento, la formación de talento y para dotar a la sociedad de la comprensión de la realidad, de la ciencia y de la tecnología necesarias.

Para atender situaciones de tanta gravedad como la de la pandemia por el coronavirus, lo que hace todo gobierno que se preocupa por la salud de su pueblo es abrir el diálogo con la comunidad científica nacional, apoyar a los investigadores y estimular el estudio del fenómeno con diversidad de enfoques, así como la búsqueda de soluciones, hasta lograrlas.

Pero en Miraflores creen que gobernar es reprimir. A las decenas de trabajadores de la salud y comunicadores sociales detenidos arbitrariamente luego del decreto de Estado de Alarma por el brote de la epidemia COVID-19, solo por opinar o informar al respecto, se suman estas amenazas a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Esta epidemia y las medidas que se han tomado para controlarla afectan significativamente la vida de todos los venezolanos, no solo a las cúpulas burocráticas en el poder. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar en el análisis y solución de esta grave situación. En las Universidades seguiremos ejerciendo nuestros derechos.

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16-05-2020

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

En junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) se dirigió a la comunidad universitaria y en particular a la comunidad profesoral ucevista, a fin de manifestar su preocupación por el desacuerdo entre la Asociación de Profesores (APUCV) y las autoridades de la UCV, en relación con la situación del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), el HCM y los programas de seguridad social. En esa ocasión, manifestamos que para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad social de su personal docente y de investigación a que la obliga el artículo 114 de la Ley de Universidades, la UCV debía brindarle un apoyo decidido al IPP y entregar puntualmente los recursos necesarios para el financiamiento de sus programas. El acta convenio que rige las relaciones UCV-APUCV y acuerdos posteriores suscritos entre las partes es el instrumento para  regular esa materia.

Posteriormente, la discrepancia entre autoridades y gremio continuó. Un tema conflictivo ha sido  el uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones de los profesores ucevistas por parte de las autoridades, sin consultar a la APUCV ni al Consejo de Profesores Jubilados (CPUJUCV). Debemos recordar que la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV (FONJUCV) fue disuelta el 24 de marzo de 2014. La APUCV hizo esto con la intención de proteger los recursos del FONJUCV y garantizar que ese patrimonio, administrado de común acuerdo entre la UCV, la APUCV y los profesores jubilados, fuera destinado  a la seguridad social del profesorado de la UCV. 

Si bien FAPUV no acompañó en su momento la decisión de liquidar el FONJUCV, sino que, tanto en las reuniones de Junta Directiva como en las del Núcleo de Fondos de Jubilaciones, prevaleció la opinión de defender la institucionalidad previsional existente, una vez decidida la liquidación de FONJUCV por parte de los entes fundantes, nuestra Federación ha defendido y va a seguir defendiendo que ahí hubo un acuerdo que las partes deben honrar. 

En efecto, el acta de disolución fue suscrita por los tres entes fundantes (UCV, APUCV y CPUJUCV) y dispone, en su cláusula primera, que todos los bienes pertenecientes a la fundación serían cedidos en plena propiedad a la UCV “a los fines del restablecimiento material del fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente y de investigación de esta Casa de Estudios, en cumplimiento de su Reglamento de Jubilaciones y Pensiones vigente”; dicho Reglamento estipula que la administración del fondo corresponde  a una Junta Directiva integrada por cinco miembros: dos designados por el CU-UCV, dos por la APUCV y un profesor jubilado, electo por los jubilados y pensionados de la UCV en elecciones convocadas por el Consejo Universitario y organizadas por la Comisión Electoral de la UCV. Por lo tanto, el reclamo que viene haciendo la APUCV es justo y apegado a la norma.

Dado que la administración de los bienes provenientes de la liquidación de FONJUCV por parte de la UCV debe contar con el acuerdo de la APUCV y del CPUJUCV, la adquisición inconsulta del Centro de Diagnóstico para la Vida, C.A. (CEDIVI) y la pretensión de comprar una clínica con recursos del Fondo de Jubilaciones generó mucho malestar en el gremio y sigue siendo motivo de disputa.

Otras diferencias entre el Consejo Universitario de la UCV y la APUCV tienen su origen en concepciones distintas de cómo garantizar la seguridad social del profesorado, ya que se han emprendido iniciativas por parte de las autoridades que apuntan al montaje de un sistema paralelo de seguridad social: es el caso del intento de compra de una clínica y del proyecto de contratación de un seguro privado de hospitalización, cirugía y maternidad para profesores de la UCV. Al respecto, la Junta Directiva de FAPUV, fiel a lo que ha sido su línea de trabajo, insiste en la defensa de los IPP como instituciones previsionales de los profesores universitarios. Los IPP ofrecen garantías de cumplimiento efectivo y eficiente de su misión en materia de seguridad social que las universidades no pueden ofrecer, fundamentalmente porque ese no es su objeto, pero además, porque no tienen experiencias exitosas que exhibir al respecto.

En el caso específico del IPP-UCV, es indiscutible que por años ha logrado cumplir su misión y que hoy, a pesar de la pulverización del salario y del quebrantamiento de los acuerdos federativos por causa del cerco presupuestario contra las universidades, el IPP-UCV ha logrado mantener con éxito sus programas previsionales. Eso se debe, en buena medida, a una experiencia institucional de décadas, a la previsión de las distintas directivas en la administración de los recursos y al ahorro en moneda extranjera, cuyos rendimientos permiten mantener el Sistema de Atención Médica y Hospitalaria, el Sistema de Cobertura Funeraria y los centros educativos de Caracas y Maracay.

En el caso del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria (SAMHOI), por acuerdo con el CU-UCV, los costos deben ser compartidos entre los aportes provenientes del Fondo de Jubilaciones y el IPP-UCV. Los retrasos por parte de la UCV en honrar este compromiso han sido otra fuente de desacuerdo entre la institución y su profesorado.

Por otra parte, cualquier decisión en el ámbito de dicho acuerdo debe ser considerado entre la APUCV y el CU-UCV. Sin embargo, el CU-UCV del 01-04-2020 resolvió unilateralmente abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. Esta decisión ha sido una nueva fuente de discordia.

La situación actual del país y la política anti-universitaria del Ejecutivo Nacional desaconsejan los enfrentamientos internos. La Universidad es un espacio plural y democrático donde el pensamiento es diverso y la crítica es la norma, por lo que todos estos temas deben ser abordados con total claridad y apertura. Lo que no es aconsejable es que estas diferencias nos lleven a conflictos internos. En consecuencia acordamos:

  1. Hacer un llamado al abordaje de esta situación con la mejor voluntad de llegar a acuerdos en el marco de la normativa interna vigente, y con el propósito de fortalecer la seguridad social de los profesores y su Instituto de Previsión,  así como de cohesionar a la comunidad universitaria en esta hora tan dura para la universidad y para la Nación. En tal sentido invitamos al CU-UCV y a la APUCV a preparar una agenda con todos los puntos en discusión, a reunirse, a procurar soluciones y a cumplir los acuerdos.
  2. Reivindicar la plena vigencia del Acta Convenio APUCV-UCV, instrumento normativo que regula las relaciones de trabajo ente la UCV y sus profesores, así como los derechos y obligaciones de la UCV como institución empleadora y la APUCV como representante del profesorado.
  3. Exhortar al cumplimiento estricto del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de la UCV.
  4. Advertir que el ejercicio del diálogo social es el mecanismo previsto normativamente para la discusión y modificación de los derechos regulados en el Acta Convenio APUCV-UCV a través de las comisiones bipartitas que ella prevé  en su articulado, y desconocer, en consecuencia, cualquier acción de carácter unilateral por parte de la UCV que menoscabe los derechos de los profesores y su Asociación.
  5. De acuerdo con la Cláusula 20 del Acta Convenio APUCV-UCV, corresponde a la Comisión Mixta de Seguros conocer, controlar y auditar todo lo atinente al programa de cofinanciamiento de SAMHOI pactado entre la UCV y la APUCV. En consecuencia, es esa Comisión Mixta la que deberá considerar la propuesta patronal de abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. 
  6. En virtud de la emergencia humanitaria compleja que vive la Nación, agravada por la pandemia por el COVID-19, es indispensable que los profesores de la UCV puedan contar con la cobertura de SAMOHI tal como ella fue acordada. Es decir, que se respete al pie de la letra el convenio APUCV-UCV de cofinanciamiento de dos mil dólares ($2.000) para la cobertura y que se envíen los recursos por trimestre adelantado.

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23-04-2020

FAPUV FRENTE AL PLAN UNIVERSIDAD EN CASA

La extensión de la cuarentena por el COVID-19 significa que no habrá vuelta a las aulas por ahora. El Ministerio de Educación Universitaria, ha anunciado un plan “Universidad en Casa” que se extendería hasta el mes de agosto; si existe tal plan, no es del conocimiento de las universidades, ya que el Ministerio no ha presentado una propuesta estructurada, con objetivos claros, actividades a desarrollar, plazos, responsables y presupuesto. Tampoco hubo una consulta previa a las autoridades universitarias ni al profesorado, lo que contraviene la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Queda claro, entonces, que el Ministerio no tiene cualidad para ofrecer un “Plan de Universidad en Casa”. Tampoco tiene elementos para afirmar, como lo ha hecho, que el 95% de las universidades se han sumado a dicho “plan”. En las actuales condiciones del país, es imposible la “Universidad en Casa”, por múltiples razones, todas ellas atribuibles a la pésima gestión del Ejecutivo Nacional y de su Ministerio de Educación Universitaria.

Esta oferta pública de formación de los futuros profesionales por parte de los profesores universitarios desde sus hogares, la ha hecho el Ministerio sin que concurran las mínimas condiciones para darle cumplimiento: la planta física, los laboratorios tecnológicos y los institutos especializados en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación de las universidades venezolanas se encuentran en franco deterioro, producto de años de cerco presupuestario, y de la inseguridad en el campus, pues muchos de sus espacios han sido desvalijados totalmente, y sustraído el material para ejercer la docencia, la investigación y la extensión. A esto hay que agregar las universidades que no pueden tener las plataformas tecnológicas operativas por falta de servicios elementales como la electricidad. Esta grave situación demuestra lo negativa y peligrosa que resultó para la Nación la política de cerco económico y de hostigamiento permanente contra las universidades y sus comunidades.

En la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos, una elevada proporción de estudiantes y profesores no tiene conexión a internet. Muchos sufren largos cortes del servicio eléctrico todos los días. Los salarios pulverizados, la salud precaria, el peligro de contagio por COVID-19, la cuarentena sin producción, sin ingresos, sin alimentos, sin gasolina y sin agua, son el contexto de la fantasía ministerial de unas supuestas clases a distancia, a ser dictadas sin internet, sin electricidad y sin dotación de equipos de computación. 

Por otra parte, muchas asignaturas solo son posibles en la modalidad presencial. Es el caso de las carreras que requieren prácticas de laboratorio y clínicas para la formación del estudiante, las asignaturas con componente práctico y profesional, los talleres, el servicio comunitario, los trabajos de grado experimentales y los de campo, entre otras.

En los casos en que sí es posible la educación a distancia, corresponde al profesorado universitario valorar su viabilidad y someterla a discusión y revisión en sus escuelas, departamentos y cátedras, ya que ella no se puede improvisar. Pasar de regímenes presenciales a la modalidad virtual supone un trabajo adicional para el docente, de adaptar los cursos y montarlos en un aula virtual, enseñar a los estudiantes a usarla y atenderlos en sus actividades. El “plan  de Universidad en Casa”, depende, entonces, de un trabajo enorme por parte de un profesorado, cuya labor académica no viene siendo remunerada  como corresponde, dado que entre el año 2001 y el año 2020 el salario real ha perdido el 99% de su valor.

El contacto académico que en la actualidad mantenemos con nuestros estudiantes, busca preservar su ritmo y disposición al estudio, y en algunos casos permite avanzar en los contenidos; pero para garantizar la formación de calidad que conduzca a un título profesional, y la culminación exitosa de todos los cursos, las universidades van a tener que analizar la situación, considerar las condiciones reales de las instituciones, sus profesores y sus estudiantes, y con base en ese análisis, reprogramar.

La reprogramación del período académico en las universidades debe incluir la reconsideración de las remuneraciones. Desde que comenzó la cuarentena hemos advertido por todas las vías posibles, de manera permanente, la debilidad con que nuestros agremiados están afrontando esta situación, al carecer de un ingreso que garantice la alimentación del núcleo familiar, y al estar imposibilitados de generar un ingreso alternativo a través del ejercicio libre de sus profesiones, toda vez que las actividades económicas están en su mayoría paralizadas. No ha habido respuesta, de nadie, ni siquiera para decir “lo vamos a tomar en cuenta”. Así pagan el compromiso y la entrega de una comunidad docente que, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, la pulverización de su salario y el deterioro de su seguridad social, ha logrado mantener la labor de formación en las universidades públicas y ha hecho enormes esfuerzos por preservar su calidad.

Es por eso que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización gremial constituida por las Asociaciones de Profesores de las 18 universidades públicas venezolanas de mayor prestigio nacional e internacional, formadoras del 90 % de los estudiantes regulares del sector público de la Educación Superior en Venezuela, acuerda:

  1. Rechazar la pretensión de obligar a los profesores universitarios a desarrollar actividades virtuales de docencia que sustituyan los programas presenciales interrumpidos por la cuarentena por el COVID-19. Esta modalidad solo se adoptará donde existan las condiciones, y de común acuerdo entre profesores y estudiantes.
  • Demandar el pago de un bono compensatorio mensual de $300, que cubra el costo de la canasta básica, para todos los profesores universitarios, activos y jubilados.
  • Solicitar la dotación de recursos económicos, medicinas e insumos a los institutos de previsión de los profesores universitarios (IPP) de las distintas universidades.
  • Ratificar que corresponde a los consejos universitarios reprogramar el período académico garantizando la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.
  • Exigir la discusión de la tabla salarial con la Federación, que permita volver a las aulas con salario digno.

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14-04-2020

FAPUV RECHAZA LAS TABLAS DE HAMBRE Y CONVOCA A LA LUCHA POR EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA

El pasado 10 de abril, FAPUV denunció ante la opinión pública nacional el envío por parte de la OPSU de un instructivo con nuevas tablas salariales para su aplicación en el sector universitario, con ajustes que oscilan entre un 16 y un 22% de dependiendo del escalafón, en un contexto de hiperinflación cuya tasa interanual entre marzo de 2018 y marzo de 2019, fue de 1.623.656% (un millón seiscientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y seis por ciento), de acuerdo con los cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
A ese mísero ajuste se le agrega la bonificación del “salario” a través del llamado “Complemento de Estabilización Económica Temporal”, que viola la igualdad de derechos de activos y jubilados, contemplados en las Normas de Homologación, Actas Convenio y Contratación Colectiva al excluir al personal jubilado, pensionado y sobreviviente de dicho beneficio.
No se trata, en esta oportunidad, de una decisión de OPSU ni de una política dirigida exclusivamente al sector universitario. En la administración pública centralizada, los tabuladores salariales fueron ajustados de la misma manera: sorpresiva y unilateralmente, a través de un instructivo, en porcentajes irrisorios en comparación con la inflación, con el mismo bono de 40% sobre el salario tabla, sin incidencia salarial y solo para los activos.
Así mismo, las tablas comienzan en un salario mínimo que sigue siendo de Bs. 18.000, lo que representa 4,3 dólares mensuales, al cambio oficial. Esto pone en evidencia, sin lugar a dudas, que el Ejecutivo Nacional, de manera deliberada, consciente y continuada, mata de hambre, literalmente, al pueblo trabajador, y es el empleador que peor ha remunerado el trabajo en toda la historia de la Humanidad.


La imposición de estas tablas de hambre, regresivas en relación con la estructuras de los tabuladores, beneficios adicionales y fórmula de cálculo de los mismos, que son conquistas de décadas de lucha del movimiento universitario, constituye una ratificación de la negación del derecho a la contratación colectiva y a la libertad sindical, lo que viola los derechos laborales progresivos, la Constitución Nacional y los convenios de la OIT suscritos y ratificados por la Nación y de carácter supra constitucional.
Es tan miserable este ajuste de las tablas, que en esta ocasión, a diferencia de oportunidades anteriores, no hubo cadenas ni anuncios oficiales.
El artículo 91 de la Constitución establece que el salario, aun el mínimo, debe ser suficiente, y definirse de común acuerdo entre los representantes del empleador, el Estado y los trabajadores, tomando en consideración el costo de la canasta básica. En Venezuela, el salario de UN AÑO, no compra ni remotamente la canasta básica de un mes.
No hay manera, con estos salarios, de cumplir con las necesidades básicas de nuestras familias, así como tampoco hay forma, con este Ejecutivo Nacional, de vencer la hiperinflación, ni de negociar como gremio las condiciones de trabajo y remuneración, porque todo se impone. Los espacios democráticos para la lucha sindical y gremial han sido cerrados por el ex presidente Nicolás Maduro y esa es la realidad que determina el carácter de la lucha universitaria en la actualidad.
Esa es la razón, entonces, por la cual hoy, la lucha por un cambio político es el centro de la agenda gremial. Para recuperar nuestra calidad de vida es indispensable una apertura democrática que permita elecciones libres, discusión del presupuesto nacional y del presupuesto universitario en la Asamblea Nacional, y negociación de las condiciones de trabajo y remuneración.


FAPUV reitera su contundente rechazo y condena a esta nueva imposición de las tablas de hambre para el sector universitario y el sector público, en general. Exhortamos a las autoridades a hacer valer la autonomía universitaria y la normativa interna, y no aplicar la medida discriminatoria hacia los jubilados. Y llamamos a nuestros agremiados a enfrentar el acoso del Ejecutivo Nacional contra las universidades, sumándose a todas las actividades de protesta y de organización por el cambio político en Venezuela.

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