MINISTRO DE MADURO ANUNCIA INTERVENCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS

En un contexto de incremento de los contagios por la COVID 19 y de emergencia sanitaria, en el cual las clases presenciales han sido suspendidas desde hace un año, el ejecutivo nacional ha tomado la ofensiva en su política de CERRAR LAS UNVERSIDADES.

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), a través del director del programa Administrativo Financiero, Omar Oberto Aparicio, informó vía Telegram a las autoridades universitarias la decisión INCONSULTA de que el pago al personal universitario venezolano se hará desde este lunes 8 de marzo exclusivamente mediante el sistema Patria. Ni el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ni mucho menos la OPSU, que es una oficina asesora del CNU, están facultados para intervenir administrativamente a las universidades que, desde 1999 gozan de AUTONOMÍA ORIGINARIA establecida con precisión en el artículo 109 de la Constitución Nacional (CRBV)

Las universidades son las empleadoras de los profesores universitarios. Corresponde a sus autoridades la administración eficiente de su patrimonio, de la nómina y de la academia. RECHAZAMOS la pretensión del ejecutivo nacional de intervenir las universidades a través de la imposición del pago de la nómina del personal con el Sistema Patria. La nómina de los universitarios activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes debe permanecer en las universidades.

A esta decisión inconsulta se le suma el anuncio de las nuevas TABLAS DEL HAMBRE, vigentes a partir del mes de marzo. Se trata de otra IMPOSICIÓN, VIOLATORIA DE LA LIBERTAD SINDICAL Y DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, ya que no pasó por el necesario diálogo social tripartito entre las universidades autónomas (nuestras empleadoras), los gremios y sindicatos (representantes de los universitarios) y el ejecutivo nacional. El ministro de Maduro ha escogido el mes de marzo, cuando tiene que dar respuesta final ante la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, para añadir una nueva violación a su prontuario antilaboral.

La ruptura de la relación laboral en las universidades por la pulverización del salario se agrava con la imposición del pago por el sistema patria. Primero, el ejecutivo nacional se llevó las prestaciones, luego, los aportes a la seguridad social con el pretexto del sistema único (SISMEU), quebrado e inútil desde un principio. Ahora, el ejecutivo lesiona gravemente la autonomía universitaria, y compromete los aportes a las cajas de ahorro, los gremios y los IPP.

Las universidades han dejado de recibir los recursos para funcionar por parte de la OPSU. Ahora, al pretender llevarse la nómina, estamos ante la CONFISCACIÓN DEFINITIVA del presupuesto universitario, un paso más hacia el CIERRE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA VENEZOLANA.

Con este nuevo atropello a la autonomía, la emergencia laboral en las universidades se profundiza. Es por eso que instamos a las autoridades universitarias para que, en ejercicio de las facultades que les da la Constitución nacional y dado el carácter de nulidad de la comunicación de la OPSU, organismo que carece de atribuciones legales para tomar decisiones que son competencia exclusiva de las universidades, SE ABSTENGAN DE REMITIR LAS NÓMINAS DE SU PERSONAL PARA SU CANCELACIÓN POR EL SISTEMA PATRIA.

El poder ejecutivo no tiene derecho a imponer decisiones a las universidades porque la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES ORIGINARIA Y CONSTITUCIONAL. Invitamos a nuestros gremios hermanos de estudiantes, empleados, obreros y egresados, a unirnos en la DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA, del DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD VENEZOLANA y del derecho AL TRABAJO DECENTE Y AL SALARIO DIGNO.

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FAPUV DECLARA LA EMERGENCIA LABORAL EN LAS UNIVERSIDADES

Y DEMANDA SALARIO DIGNO, PRESUPUESTO JUSTO Y VACUNACIÓN MASIVA CONTRA LA COVID-19

En Venezuela no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad. Al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio, ni bajo amenaza. Las asociaciones de profesores defenderán a cada profesor que manifieste su imposibilidad de cumplir con su labor académica en las actuales condiciones.

La Junta Directiva de nuestra Federación acordó exhortar a los Rectores y Consejos Universitarios al diálogo social institucional respetuoso para la toma de decisiones con nuestro gremio, en función de garantizar el respeto a los derechos de nuestros agremiados y la defensa de la autonomía universitaria.

Nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para propiciar las elecciones de autoridades, gremios y sindicatos, a través de los reglamentos institucionales, sin injerencias externas.

Los derechos laborales de los universitarios deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y co-gobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico).

Ratificamos que el derecho al estudio es una responsabilidad del Estado venezolano, el cual debe garantizar las condiciones indispensables a las instituciones, los estudiantes, los profesores y demás trabajadores, para una educación de calidad.

Las asociaciones de profesores se comprometen a reunirse con las federaciones de centros y diferentes sectores de estudiantes para elaborar un plan de acción conjunto en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación. Hacemos un llamado a nuestros agremiados a realizar con sus asociaciones de profesores un levantamiento gráfico de la situación de la infraestructura universitaria en cada una de las Instituciones.

Así mismo, debemos activar los comandos intergremiales en cada Universidad y acordar un plan de acción que incluya a todos los sectores universitarios (estudiantes, profesionales, empleados y obreros), colegios profesionales, sindicatos y gremios de todos los sectores de trabajadores y las ONG, para exigir nuestro derecho a un trabajo decente, la defensa de los derechos laborales y del salario, el derecho a la educación y a la salud.

Es indispensable aunar esfuerzos con el Magisterio, a través de un plan de acción conjunto, para la defensa del derecho a una educación de calidad y por nuestros derechos laborales, ya que, en la actualidad, el Estado se ha retirado completamente de esta obligación, y ha liquidado la accesibilidad de la mayoría de la juventud venezolana a la educación.

Rechazamos la agenda del MPPEU para el año 2021, aprobada de manera inconsulta, así como las pretensiones de imponer líneas de acción académicas y políticas en las universidades, lo cual violenta la autonomía universitaria con rango constitucional.

Igualmente, rechazamos que se pretenda aprobar una nueva Ley de Universidades en un Parlamento que solo representa al ejecutivo nacional y no representa al pueblo venezolano. Y repudiamos el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria.

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LIBERTAD Y DIGNIDAD EN EL DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

Todos los 5 de diciembre, en Venezuela, celebramos el DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO. Esta efeméride fue aprobada en 1991 por acuerdo de FAPUV y el Consejo Nacional de Universidades de la época, para conmemorar la promulgación de la Ley de Universidades en la cual se desarrolla la autonomía académica, electoral, administrativa y normativa de nuestras universidades. El principio de autonomía universitaria se reivindica con en esa Ley luego de una cruenta dictadura militar que allanó y trató de arrodillar a la universidad venezolana.

Hoy, la universidad ha tenido que vérselas con otra dictadura que la ha sometido al asedio presupuestario, la represión, la judicialización de sus luchas y la interrupción de su democracia, y que ha acabado con la calidad de vida de la comunidad universitaria. Sin embargo, seguimos celebrando los 5 de diciembre el DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO, en ratificación del principio de autonomía y de nuestro compromiso con la defensa de la universidad venezolana autónoma, democrática, popular y de calidad.

En Venezuela, un profesor de una universidad pública no puede vivir de su trabajo académico, independientemente de su dedicación y de su escalafón, porque no hay salario en las universidades públicas. La remuneración que contemplan las tablas que terminaron de imponerse a partir del paquete y la reconversión de agosto de 2018, y que se siguen ajustando por decreto, oscilan entre los 4 y los 10 dólares AL MES, de tal manera que eso es un fingimiento de salario.

Los profesores universitarios hemos sostenido la educación superior como un voluntariado, en un compromiso loable pero que no es sustentable. Los universitarios debemos sobrevivir con otras fuentes de ingreso que van desde la venta de los bienes personales, al ejercicio libre de la profesión sin seguridad social de ningún tipo, y al apoyo familiar.

Desde el mes de marzo de este año, la realidad del desarrollo de la pandemia por COVID-19 en el país nos ha llevado a evitar, en la medida de lo posible, las acciones que supongan aglomeración y contacto físico en la calle porque debemos detener la propagación de la enfermedad. La única manera de sobrevivir al virus, en un país con su sistema de salud devastado, es cuidarnos y cuidar a los demás del contagio, aplicando las medidas de distanciamiento y bio-protección recomendadas por los expertos en salud.

A nivel nacional, nuestras asociaciones, junto con las organizaciones sindicales del magisterio, han salido a defender, en varias jornadas de calle, el derecho a la educación y el derecho a un salario digno, dado que el Estado venezolano no garantiza la educación en ninguno de los subsistemas. Pero no hemos propuesto un plan que suponga grandes movilizaciones porque, evidentemente, no están dadas las condiciones para hacerlo.

La lucha por salario digno, sin embargo, se sostiene. Hay dos grandes banderas que los universitarios hemos enarbolado en los últimos años de cara al país, que son la lucha por la libertad y la lucha por la dignidad. La lucha por la libertad es la lucha por la democracia para que haya diálogo social, lo que supone la discusión entre las partes de las condiciones de trabajo y remuneración; para que el pueblo venezolano pueda decidir su destino, y para que el país tenga instituciones que respondan a las demandas de la sociedad, ya que las que teníamos han sido totalmente destruidas: en Venezuela, no hay división de poderes; aquí no hay una sola institución que le responda al pueblo venezolano por sus justas demandas.

La lucha por la dignidad es la lucha por el salario digno, por la educación de calidad, por el derecho a la salud, el ambiente sano, la seguridad social y personal, y servicios públicos permanentes. Es decir, es la lucha por garantizar condiciones dignas de existencia para todos los venezolanos. Esa lucha la hemos desarrollado de común acuerdo con otros sectores laborales y con otras organizaciones sociales pues sabemos que aislados no acumulamos la fuerza suficiente para lograr que en este país se entienda que el problema fundamental de la hambruna generalizada es la disminución drástica del ingreso familiar y el abandono total de sus responsabilidades por parte del Estado. El Estado se retiró, se fue, solo existe para reprimir, pero no garantiza ni uno solo de nuestros derechos fundamentales.

En consecuencia, convocamos a la lucha por la recuperación del salario, que en nuestro caso significa la reivindicación del valor real de las tablas del año 2001, porque ese es el salario digno que le corresponde al profesor universitario. Y hacemos un llamado a la lucha por la democracia y la restitución de la soberanía popular, es decir por elecciones generales competitivas y libres.

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Caracas, 05 de diciembre de 2020

FAPUV SALUDA A LOS ESTUDIANTES EN SU DÍA

FAPUV SALUDA A LOS ESTUDIANTES EN SU DÍA

Hace 63 años, los estudiantes de educación media y los estudiantes universitarios se rebelaron contra la dictadura perezjimenista con la huelga estudiantil y las acciones de calle impulsadas por el Frente Universitario. La protesta fue reprimida duramente por los cuerpos policiales y la policía política allanó la Universidad Central de Venezuela, detuvo arbitrariamente a numerosos estudiantes y cerró los centros de Educación Superior. Por esta lucha, clave en el derrocamiento de la dictadura, el 21 de noviembre es el Día del Estudiante en Venezuela.

Hoy, como entonces, una tiranía ha cerrado la educación superior en Venezuela. La diferencia es que esta vez no lo ha hecho con uniformados armados sino con la pulverización del presupuesto universitario y la destrucción del salario: el trabajo académico no se remunera en Venezuela.

La pandemia por COVID-19 ha llevado a las universidades del planeta a explorar y adaptar sus planes de estudio a formas de enseñanza a distancia y en línea.  En Venezuela, la respuesta se ha limitado a declaraciones oficialistas hueras de llamados a clase y repartición de cupos sin garantizar las condiciones materiales indispensables para que el derecho a la educación universitaria de calidad, consagrado en la Constitución, se haga realidad.

La reprogramación del período académico interrumpido por la pandemia por parte de los consejos universitarios debe garantizar la calidad de la educación, el desarrollo de la investigación científica y los derechos de profesores, estudiantes, empleados y obreros, activos y jubilados. Al movimiento universitario le corresponde unirse en la lucha por la restitución de estos derechos. Y en esa unidad, debe privar la defensa de la educación de calidad para todos. Educación de calidad con equidad es la consigna.

La brecha de la equidad se amplió con la Covid-19. En estas circunstancias, una política académica que no considere la realidad social del país puede empujar a los estudiantes más vulnerables al abandono, por fallas en los servicios, carencia de internet y equipos, y profundización de la pobreza en el hogar, y aumentar la exclusión considerablemente. Similar situación vive la comunidad profesoral nacional, con mayor dificultad en el interior de la República, y en general, con poco acceso a servicios permanentes de agua, electricidad e internet, y a los bienes materiales y culturales indispensables para el trabajo académico.

La apertura de los nuevos períodos académicos debe garantizar el acceso de todos nuestros estudiantes y la participación de todos nuestros profesores. Porque la universidad no se va a salvar con una política de ir dejando en el camino a los estudiantes que no tienen los recursos para acceder a una clase en línea. No se va a salvar con una política de abandonar en el camino a los profesores que no tienen el equipo, ni los servicios, ni ingresos económicos alternativos al salario para seguir sosteniendo la educación universitaria sobre sus hombros. Eso sería vaciar a la universidad de talento y de relevo.

Unamos nuestras fuerzas para volver a las aulas preservando la dignidad de nuestros estudiantes, la dignidad de nuestros profesores, empleados y obreros, y la calidad de nuestra educación.

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Caracas, 21 de noviembre de 2020

QUÉ BLOQUEA LA “LEY ANTIBLOQUEO”


Con la llamada Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, presentada y aplaudida el 01-10-2020 en la “Asamblea Nacional Constituyente”, y publicada en Gaceta Oficial el ejecutivo nacional pretende formalizar su desconocimiento del orden jurídico vigente incluida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con el objetivo de apropiarse, junto con sus aliados y operadores nacionales y transnacionales, de todos los activos y empresas de la Nación, comprometiendo la soberanía nacional, porque, al parecer, todo lo saqueado hasta ahora del erario nacional, no les parece suficiente. La industria petrolera, las tierras, empresas básicas, de servicios, agroindustria, etc., todo, absolutamente, podrá pasar a sus manos con esta nueva tramoya.
El mencionado instrumento no tiene ninguna legalidad, ya que la ANC que lo sancionó carece de legitimidad, y dado que la única Asamblea con competencia para aprobar leyes en Venezuela es la Asamblea Nacional, la cual ya se pronunció en su contra y lo declaró nulo.
En el referido instrumento ilegal, se desconoce el artículo 58 sobre el derecho a la información, toda vez que se establece que solo la Contraloría y el Poder Judicial podrán tener acceso a informaciones confidenciales, las cuales son nada menos que “cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que considere el ejecutivo, el cual controla a ambas instituciones.
Así mismo, viola otros artículos fundamentales de la CRBV tales como: el 131, que establece el
principio de legalidad; el 150, que establece la obligatoriedad de aprobación por parte de la Asamblea Nacional de los contratos de interés público nacional; el 302, que reserva al Estado la explotación de riquezas estratégicas como petróleo y otras de interés público; el 312, que limita el endeudamiento público; el 314 que ordena que no se harán gastos que no se hayan previsto en la Ley de Presupuesto; el 334, sobre la competencia para la desaplicación de normas de rango legal, entre otros.
Esta mal llamada Ley está formulada de tal manera que le da poderes infinitos y absolutos a Miraflores, además de un presupuesto paralelo e inauditable. ¿Qué pueden privatizar y qué no? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores de las empresas que les “vendan” a sus amigos a precios de gallina flaca? Lo que ella bloquea claramente son los intereses nacionales y los derechos laborales, cuya desaplicación de hecho ya tiene en la miseria al 90% de los venezolanos, y podrá ser formalizada con las facultades absolutas para ‘desaplicar’ normas legales y decisiones judiciales que el Ejecutivo se auto-confiere con esta mal llamada ley. De ese modo, le garantizarán mano de obra calificada, barata y esclava a las transnacionales aliadas. Una vuelta al siglo XIX, pero con trabajadores alfabetizados y formados.
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FAPUV rechaza amenazas contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización nacional de carácter académico-gremial que agrupa a las Asociaciones de Profesores Universitarios de las Universidades Públicas Nacionales, fiel a sus fines de “promover, desarrollar, consolidar y defender la función rectora de la Universidad Venezolana en la conducción del quehacer científico, cultural y académico”, se dirige a la opinión pública nacional a fin de rechazar las amenazas proferidas desde la televisora estatal contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, por publicar un informe en el que expertos analizan el estado de epidemia de la COVID-19 en Venezuela, y sus posibles escenarios, a partir de modelos matemáticos, con base en información epidemiológica oficial.

Con el conocimiento que nuestra Academia Nacional de Ciencias ha compartido, de manera responsable y desinteresada, a través del documento titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, el ejecutivo nacional debería proponerse ajustar el sistema sanitario a los posibles escenarios planteados y diseñar las estrategias de distanciamiento social en consecuencia. También podría confrontar estos escenarios con otros, de otros expertos. Lo que resulta inaceptable, es que se intimide, se difame y se exponga al desprecio público a los científicos venezolanos que hacen tanto con tan poco por nuestro país.

La verdad no atiende amenazas. El conocimiento científico es esencial para prevenir y manejar de mejor manera todo lo atinente a esta enfermedad, en función de controlar su impacto social y salvar vidas. Esto cobra mayor importancia cuando estamos frente a una crisis de salud pública generada por una pandemia para la cual no estamos preparados.

Las Universidades y las Academias deben ser consultadas y escuchadas en relación con los asuntos más importantes de la Nación, en los distintos ámbitos del conocimiento, y deben recibir todo el apoyo que requieren para la producción de conocimiento, la formación de talento y para dotar a la sociedad de la comprensión de la realidad, de la ciencia y de la tecnología necesarias.

Para atender situaciones de tanta gravedad como la de la pandemia por el coronavirus, lo que hace todo gobierno que se preocupa por la salud de su pueblo es abrir el diálogo con la comunidad científica nacional, apoyar a los investigadores y estimular el estudio del fenómeno con diversidad de enfoques, así como la búsqueda de soluciones, hasta lograrlas.

Pero en Miraflores creen que gobernar es reprimir. A las decenas de trabajadores de la salud y comunicadores sociales detenidos arbitrariamente luego del decreto de Estado de Alarma por el brote de la epidemia COVID-19, solo por opinar o informar al respecto, se suman estas amenazas a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Esta epidemia y las medidas que se han tomado para controlarla afectan significativamente la vida de todos los venezolanos, no solo a las cúpulas burocráticas en el poder. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar en el análisis y solución de esta grave situación. En las Universidades seguiremos ejerciendo nuestros derechos.

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16-05-2020

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

En junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) se dirigió a la comunidad universitaria y en particular a la comunidad profesoral ucevista, a fin de manifestar su preocupación por el desacuerdo entre la Asociación de Profesores (APUCV) y las autoridades de la UCV, en relación con la situación del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), el HCM y los programas de seguridad social. En esa ocasión, manifestamos que para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad social de su personal docente y de investigación a que la obliga el artículo 114 de la Ley de Universidades, la UCV debía brindarle un apoyo decidido al IPP y entregar puntualmente los recursos necesarios para el financiamiento de sus programas. El acta convenio que rige las relaciones UCV-APUCV y acuerdos posteriores suscritos entre las partes es el instrumento para  regular esa materia.

Posteriormente, la discrepancia entre autoridades y gremio continuó. Un tema conflictivo ha sido  el uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones de los profesores ucevistas por parte de las autoridades, sin consultar a la APUCV ni al Consejo de Profesores Jubilados (CPUJUCV). Debemos recordar que la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV (FONJUCV) fue disuelta el 24 de marzo de 2014. La APUCV hizo esto con la intención de proteger los recursos del FONJUCV y garantizar que ese patrimonio, administrado de común acuerdo entre la UCV, la APUCV y los profesores jubilados, fuera destinado  a la seguridad social del profesorado de la UCV. 

Si bien FAPUV no acompañó en su momento la decisión de liquidar el FONJUCV, sino que, tanto en las reuniones de Junta Directiva como en las del Núcleo de Fondos de Jubilaciones, prevaleció la opinión de defender la institucionalidad previsional existente, una vez decidida la liquidación de FONJUCV por parte de los entes fundantes, nuestra Federación ha defendido y va a seguir defendiendo que ahí hubo un acuerdo que las partes deben honrar. 

En efecto, el acta de disolución fue suscrita por los tres entes fundantes (UCV, APUCV y CPUJUCV) y dispone, en su cláusula primera, que todos los bienes pertenecientes a la fundación serían cedidos en plena propiedad a la UCV “a los fines del restablecimiento material del fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente y de investigación de esta Casa de Estudios, en cumplimiento de su Reglamento de Jubilaciones y Pensiones vigente”; dicho Reglamento estipula que la administración del fondo corresponde  a una Junta Directiva integrada por cinco miembros: dos designados por el CU-UCV, dos por la APUCV y un profesor jubilado, electo por los jubilados y pensionados de la UCV en elecciones convocadas por el Consejo Universitario y organizadas por la Comisión Electoral de la UCV. Por lo tanto, el reclamo que viene haciendo la APUCV es justo y apegado a la norma.

Dado que la administración de los bienes provenientes de la liquidación de FONJUCV por parte de la UCV debe contar con el acuerdo de la APUCV y del CPUJUCV, la adquisición inconsulta del Centro de Diagnóstico para la Vida, C.A. (CEDIVI) y la pretensión de comprar una clínica con recursos del Fondo de Jubilaciones generó mucho malestar en el gremio y sigue siendo motivo de disputa.

Otras diferencias entre el Consejo Universitario de la UCV y la APUCV tienen su origen en concepciones distintas de cómo garantizar la seguridad social del profesorado, ya que se han emprendido iniciativas por parte de las autoridades que apuntan al montaje de un sistema paralelo de seguridad social: es el caso del intento de compra de una clínica y del proyecto de contratación de un seguro privado de hospitalización, cirugía y maternidad para profesores de la UCV. Al respecto, la Junta Directiva de FAPUV, fiel a lo que ha sido su línea de trabajo, insiste en la defensa de los IPP como instituciones previsionales de los profesores universitarios. Los IPP ofrecen garantías de cumplimiento efectivo y eficiente de su misión en materia de seguridad social que las universidades no pueden ofrecer, fundamentalmente porque ese no es su objeto, pero además, porque no tienen experiencias exitosas que exhibir al respecto.

En el caso específico del IPP-UCV, es indiscutible que por años ha logrado cumplir su misión y que hoy, a pesar de la pulverización del salario y del quebrantamiento de los acuerdos federativos por causa del cerco presupuestario contra las universidades, el IPP-UCV ha logrado mantener con éxito sus programas previsionales. Eso se debe, en buena medida, a una experiencia institucional de décadas, a la previsión de las distintas directivas en la administración de los recursos y al ahorro en moneda extranjera, cuyos rendimientos permiten mantener el Sistema de Atención Médica y Hospitalaria, el Sistema de Cobertura Funeraria y los centros educativos de Caracas y Maracay.

En el caso del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria (SAMHOI), por acuerdo con el CU-UCV, los costos deben ser compartidos entre los aportes provenientes del Fondo de Jubilaciones y el IPP-UCV. Los retrasos por parte de la UCV en honrar este compromiso han sido otra fuente de desacuerdo entre la institución y su profesorado.

Por otra parte, cualquier decisión en el ámbito de dicho acuerdo debe ser considerado entre la APUCV y el CU-UCV. Sin embargo, el CU-UCV del 01-04-2020 resolvió unilateralmente abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. Esta decisión ha sido una nueva fuente de discordia.

La situación actual del país y la política anti-universitaria del Ejecutivo Nacional desaconsejan los enfrentamientos internos. La Universidad es un espacio plural y democrático donde el pensamiento es diverso y la crítica es la norma, por lo que todos estos temas deben ser abordados con total claridad y apertura. Lo que no es aconsejable es que estas diferencias nos lleven a conflictos internos. En consecuencia acordamos:

  1. Hacer un llamado al abordaje de esta situación con la mejor voluntad de llegar a acuerdos en el marco de la normativa interna vigente, y con el propósito de fortalecer la seguridad social de los profesores y su Instituto de Previsión,  así como de cohesionar a la comunidad universitaria en esta hora tan dura para la universidad y para la Nación. En tal sentido invitamos al CU-UCV y a la APUCV a preparar una agenda con todos los puntos en discusión, a reunirse, a procurar soluciones y a cumplir los acuerdos.
  2. Reivindicar la plena vigencia del Acta Convenio APUCV-UCV, instrumento normativo que regula las relaciones de trabajo ente la UCV y sus profesores, así como los derechos y obligaciones de la UCV como institución empleadora y la APUCV como representante del profesorado.
  3. Exhortar al cumplimiento estricto del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de la UCV.
  4. Advertir que el ejercicio del diálogo social es el mecanismo previsto normativamente para la discusión y modificación de los derechos regulados en el Acta Convenio APUCV-UCV a través de las comisiones bipartitas que ella prevé  en su articulado, y desconocer, en consecuencia, cualquier acción de carácter unilateral por parte de la UCV que menoscabe los derechos de los profesores y su Asociación.
  5. De acuerdo con la Cláusula 20 del Acta Convenio APUCV-UCV, corresponde a la Comisión Mixta de Seguros conocer, controlar y auditar todo lo atinente al programa de cofinanciamiento de SAMHOI pactado entre la UCV y la APUCV. En consecuencia, es esa Comisión Mixta la que deberá considerar la propuesta patronal de abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. 
  6. En virtud de la emergencia humanitaria compleja que vive la Nación, agravada por la pandemia por el COVID-19, es indispensable que los profesores de la UCV puedan contar con la cobertura de SAMOHI tal como ella fue acordada. Es decir, que se respete al pie de la letra el convenio APUCV-UCV de cofinanciamiento de dos mil dólares ($2.000) para la cobertura y que se envíen los recursos por trimestre adelantado.

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23-04-2020

FAPUV FRENTE AL PLAN UNIVERSIDAD EN CASA

La extensión de la cuarentena por el COVID-19 significa que no habrá vuelta a las aulas por ahora. El Ministerio de Educación Universitaria, ha anunciado un plan “Universidad en Casa” que se extendería hasta el mes de agosto; si existe tal plan, no es del conocimiento de las universidades, ya que el Ministerio no ha presentado una propuesta estructurada, con objetivos claros, actividades a desarrollar, plazos, responsables y presupuesto. Tampoco hubo una consulta previa a las autoridades universitarias ni al profesorado, lo que contraviene la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Queda claro, entonces, que el Ministerio no tiene cualidad para ofrecer un “Plan de Universidad en Casa”. Tampoco tiene elementos para afirmar, como lo ha hecho, que el 95% de las universidades se han sumado a dicho “plan”. En las actuales condiciones del país, es imposible la “Universidad en Casa”, por múltiples razones, todas ellas atribuibles a la pésima gestión del Ejecutivo Nacional y de su Ministerio de Educación Universitaria.

Esta oferta pública de formación de los futuros profesionales por parte de los profesores universitarios desde sus hogares, la ha hecho el Ministerio sin que concurran las mínimas condiciones para darle cumplimiento: la planta física, los laboratorios tecnológicos y los institutos especializados en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación de las universidades venezolanas se encuentran en franco deterioro, producto de años de cerco presupuestario, y de la inseguridad en el campus, pues muchos de sus espacios han sido desvalijados totalmente, y sustraído el material para ejercer la docencia, la investigación y la extensión. A esto hay que agregar las universidades que no pueden tener las plataformas tecnológicas operativas por falta de servicios elementales como la electricidad. Esta grave situación demuestra lo negativa y peligrosa que resultó para la Nación la política de cerco económico y de hostigamiento permanente contra las universidades y sus comunidades.

En la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos, una elevada proporción de estudiantes y profesores no tiene conexión a internet. Muchos sufren largos cortes del servicio eléctrico todos los días. Los salarios pulverizados, la salud precaria, el peligro de contagio por COVID-19, la cuarentena sin producción, sin ingresos, sin alimentos, sin gasolina y sin agua, son el contexto de la fantasía ministerial de unas supuestas clases a distancia, a ser dictadas sin internet, sin electricidad y sin dotación de equipos de computación. 

Por otra parte, muchas asignaturas solo son posibles en la modalidad presencial. Es el caso de las carreras que requieren prácticas de laboratorio y clínicas para la formación del estudiante, las asignaturas con componente práctico y profesional, los talleres, el servicio comunitario, los trabajos de grado experimentales y los de campo, entre otras.

En los casos en que sí es posible la educación a distancia, corresponde al profesorado universitario valorar su viabilidad y someterla a discusión y revisión en sus escuelas, departamentos y cátedras, ya que ella no se puede improvisar. Pasar de regímenes presenciales a la modalidad virtual supone un trabajo adicional para el docente, de adaptar los cursos y montarlos en un aula virtual, enseñar a los estudiantes a usarla y atenderlos en sus actividades. El “plan  de Universidad en Casa”, depende, entonces, de un trabajo enorme por parte de un profesorado, cuya labor académica no viene siendo remunerada  como corresponde, dado que entre el año 2001 y el año 2020 el salario real ha perdido el 99% de su valor.

El contacto académico que en la actualidad mantenemos con nuestros estudiantes, busca preservar su ritmo y disposición al estudio, y en algunos casos permite avanzar en los contenidos; pero para garantizar la formación de calidad que conduzca a un título profesional, y la culminación exitosa de todos los cursos, las universidades van a tener que analizar la situación, considerar las condiciones reales de las instituciones, sus profesores y sus estudiantes, y con base en ese análisis, reprogramar.

La reprogramación del período académico en las universidades debe incluir la reconsideración de las remuneraciones. Desde que comenzó la cuarentena hemos advertido por todas las vías posibles, de manera permanente, la debilidad con que nuestros agremiados están afrontando esta situación, al carecer de un ingreso que garantice la alimentación del núcleo familiar, y al estar imposibilitados de generar un ingreso alternativo a través del ejercicio libre de sus profesiones, toda vez que las actividades económicas están en su mayoría paralizadas. No ha habido respuesta, de nadie, ni siquiera para decir “lo vamos a tomar en cuenta”. Así pagan el compromiso y la entrega de una comunidad docente que, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, la pulverización de su salario y el deterioro de su seguridad social, ha logrado mantener la labor de formación en las universidades públicas y ha hecho enormes esfuerzos por preservar su calidad.

Es por eso que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización gremial constituida por las Asociaciones de Profesores de las 18 universidades públicas venezolanas de mayor prestigio nacional e internacional, formadoras del 90 % de los estudiantes regulares del sector público de la Educación Superior en Venezuela, acuerda:

  1. Rechazar la pretensión de obligar a los profesores universitarios a desarrollar actividades virtuales de docencia que sustituyan los programas presenciales interrumpidos por la cuarentena por el COVID-19. Esta modalidad solo se adoptará donde existan las condiciones, y de común acuerdo entre profesores y estudiantes.
  • Demandar el pago de un bono compensatorio mensual de $300, que cubra el costo de la canasta básica, para todos los profesores universitarios, activos y jubilados.
  • Solicitar la dotación de recursos económicos, medicinas e insumos a los institutos de previsión de los profesores universitarios (IPP) de las distintas universidades.
  • Ratificar que corresponde a los consejos universitarios reprogramar el período académico garantizando la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.
  • Exigir la discusión de la tabla salarial con la Federación, que permita volver a las aulas con salario digno.

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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14-04-2020

FAPUV RECHAZA LAS TABLAS DE HAMBRE Y CONVOCA A LA LUCHA POR EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA

El pasado 10 de abril, FAPUV denunció ante la opinión pública nacional el envío por parte de la OPSU de un instructivo con nuevas tablas salariales para su aplicación en el sector universitario, con ajustes que oscilan entre un 16 y un 22% de dependiendo del escalafón, en un contexto de hiperinflación cuya tasa interanual entre marzo de 2018 y marzo de 2019, fue de 1.623.656% (un millón seiscientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y seis por ciento), de acuerdo con los cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
A ese mísero ajuste se le agrega la bonificación del “salario” a través del llamado “Complemento de Estabilización Económica Temporal”, que viola la igualdad de derechos de activos y jubilados, contemplados en las Normas de Homologación, Actas Convenio y Contratación Colectiva al excluir al personal jubilado, pensionado y sobreviviente de dicho beneficio.
No se trata, en esta oportunidad, de una decisión de OPSU ni de una política dirigida exclusivamente al sector universitario. En la administración pública centralizada, los tabuladores salariales fueron ajustados de la misma manera: sorpresiva y unilateralmente, a través de un instructivo, en porcentajes irrisorios en comparación con la inflación, con el mismo bono de 40% sobre el salario tabla, sin incidencia salarial y solo para los activos.
Así mismo, las tablas comienzan en un salario mínimo que sigue siendo de Bs. 18.000, lo que representa 4,3 dólares mensuales, al cambio oficial. Esto pone en evidencia, sin lugar a dudas, que el Ejecutivo Nacional, de manera deliberada, consciente y continuada, mata de hambre, literalmente, al pueblo trabajador, y es el empleador que peor ha remunerado el trabajo en toda la historia de la Humanidad.


La imposición de estas tablas de hambre, regresivas en relación con la estructuras de los tabuladores, beneficios adicionales y fórmula de cálculo de los mismos, que son conquistas de décadas de lucha del movimiento universitario, constituye una ratificación de la negación del derecho a la contratación colectiva y a la libertad sindical, lo que viola los derechos laborales progresivos, la Constitución Nacional y los convenios de la OIT suscritos y ratificados por la Nación y de carácter supra constitucional.
Es tan miserable este ajuste de las tablas, que en esta ocasión, a diferencia de oportunidades anteriores, no hubo cadenas ni anuncios oficiales.
El artículo 91 de la Constitución establece que el salario, aun el mínimo, debe ser suficiente, y definirse de común acuerdo entre los representantes del empleador, el Estado y los trabajadores, tomando en consideración el costo de la canasta básica. En Venezuela, el salario de UN AÑO, no compra ni remotamente la canasta básica de un mes.
No hay manera, con estos salarios, de cumplir con las necesidades básicas de nuestras familias, así como tampoco hay forma, con este Ejecutivo Nacional, de vencer la hiperinflación, ni de negociar como gremio las condiciones de trabajo y remuneración, porque todo se impone. Los espacios democráticos para la lucha sindical y gremial han sido cerrados por el ex presidente Nicolás Maduro y esa es la realidad que determina el carácter de la lucha universitaria en la actualidad.
Esa es la razón, entonces, por la cual hoy, la lucha por un cambio político es el centro de la agenda gremial. Para recuperar nuestra calidad de vida es indispensable una apertura democrática que permita elecciones libres, discusión del presupuesto nacional y del presupuesto universitario en la Asamblea Nacional, y negociación de las condiciones de trabajo y remuneración.


FAPUV reitera su contundente rechazo y condena a esta nueva imposición de las tablas de hambre para el sector universitario y el sector público, en general. Exhortamos a las autoridades a hacer valer la autonomía universitaria y la normativa interna, y no aplicar la medida discriminatoria hacia los jubilados. Y llamamos a nuestros agremiados a enfrentar el acoso del Ejecutivo Nacional contra las universidades, sumándose a todas las actividades de protesta y de organización por el cambio político en Venezuela.

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