Mes: agosto 2020

Los lineamientos de la OPSU recibidos por la UCV los días 14 y 15 de julio, ratificados el 29 y 30 del mismo mes, plantean unilateralmente, por instrucciones del ministro para la Educación Universitaria, César Trompiz, eliminar en algunos casos y ajustar en otros, las primas de cargo, responsabilidad, jerárquicas y de confianza asociadas a la gestión directiva en las universidades. Estos lineamientos generan como resultado: una disminución de las remuneraciones del personal activo y jubilado que ejerce o ejercía tales responsabilidades en la institución. Esta arbitraria decisión es sorpresiva pero no es novedosa.

Es sorpresiva, porque se trata de beneficios con incidencia salarial que venía cancelando el Estado en forma recurrente y en consecuencia, cualquier variación suponía, en principio, consultar a las instituciones de educación universitaria y las organizaciones de trabajadores y en segundo lugar, porque todo cambio en relación de beneficios laborales sólo podría hacerse para favorecer al trabajador.

No es novedosa, porque el gobierno de facto acumula un largo historial de atropellos contra los derechos laborales de los universitarios. Por razones de espacio mencionaremos sólo cuatro de ellos:

1. El desconocimiento de las Normas de Homologación desde el año 2004 a través de decretos unilaterales de aumento salarial y por medio de la imposición de tablas salariales en las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), que solo han traído pobreza y ruina a los universitarios.
2. El acuerdo firmado con diversas organizaciones de trabajadores en abril de 2018, en el cual se establecía en 4,75 salarios mínimos la base del tabulador salarial de la educación universitaria, la cual fue disminuida a 1 salario mínimo con motivo de la fracasada reconversión monetaria del 2018, provocando una reducción significativa de los sueldos de los universitarios.
3. Los intentos de reducir la pensión del personal jubilado y el robo de las prestaciones sociales, causado a través de la reconversión monetaria y la pretensión de negar sistemáticamente beneficios del personal activo.
4. Más recientemente, el pago fraccionado del bono vacacional 2020, desconociendo lo planteado en diversas Actas Convenio y en la cláusula 20 de la propia III CCU, la cual plantea que este pago debe hacerse completo en los primeros quince días del mes de Julio.

Durante años y especialmente en tiempos de pandemia, la arbitrariedad del gobierno de facto no se detiene, al contrario, se acelera. La medida de reducir las remuneraciones de los universitarios que ocupan cargos de gestión universitaria en sus diferentes tipos, no cuenta con sustento jurídico alguno. Es una medida regresiva que desmejora las condiciones laborales del personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado que percibe o podría percibir tales beneficios. Este atropello del régimen viola principios generales de la protección del trabajo de aceptación universal, específicamente la regla de la condición más beneficiosa, la cual establece que una nueva norma no debe suponer, en ningún caso, desmejora de condiciones laborales preexistentes.
Atropella disposiciones constitucionales en materia de protección del trabajo, establecidas en los artículos 89 y 91 de la constitución nacional.
Desconoce que las relaciones laborales de los profesores universitarios son reguladas por las Normas de Homologación, las Actas Convenio y las Convenciones Colectivas Únicas, lo que conduce a que el instrumento jurídico que debe prevalecer en cada materia es aquel que mayores beneficios genere al trabajador y no el que la dictadura pretenda imponer.

Aunque la calidad de vida de los universitarios y la destrucción de las instituciones de educación universitaria se impulsa desconociendo el orden jurídico nacional e internacional que regula su funcionamiento y el trabajo que en ellas se realiza, este no es un problema jurídico exclusivamente, es, esencialmente, un asunto político vinculado a la pretensión de silenciar la voz crítica y la movilización de las universidades.

Debemos activar a la universidad para lograr salarios dignos y defender derechos laborales preestablecidos para el personal activo y jubilado, aún en medio de las dificultades que impone la coyuntura actual. Los ajustes sobre asuntos polémicos debemos realizarlos en el marco de la autonomía, con la participación de todos los actores y en las instancias correspondientes.

Ninguna lucha por derechos laborales se edifica sobre el perjuicio de otros, por eso lo pertinente es sumar esfuerzos y luchar por la dignificación de la carrera docente, como lo ha planteado la FAPUV a través del documento «Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios».

Abordaremos, en próximas publicaciones, otras inequidades salariales que afectan al profesorado en general y a los pensionados en particular.

Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV.

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESORADO DE LA UCV

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