APUCV Informa No.1107 NUEVAMENTE EL GOBIERNO DE FACTO ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los lineamientos de la OPSU recibidos por la UCV los días 14 y 15 de julio, ratificados el 29 y 30 del mismo mes, plantean unilateralmente, por instrucciones del ministro para la Educación Universitaria, César Trompiz, eliminar en algunos casos y ajustar en otros, las primas de cargo, responsabilidad, jerárquicas y de confianza asociadas a la gestión directiva en las universidades. Estos lineamientos generan como resultado: una disminución de las remuneraciones del personal activo y jubilado que ejerce o ejercía tales responsabilidades en la institución. Esta arbitraria decisión es sorpresiva pero no es novedosa.

Es sorpresiva, porque se trata de beneficios con incidencia salarial que venía cancelando el Estado en forma recurrente y en consecuencia, cualquier variación suponía, en principio, consultar a las instituciones de educación universitaria y las organizaciones de trabajadores y en segundo lugar, porque todo cambio en relación de beneficios laborales sólo podría hacerse para favorecer al trabajador.

No es novedosa, porque el gobierno de facto acumula un largo historial de atropellos contra los derechos laborales de los universitarios. Por razones de espacio mencionaremos sólo cuatro de ellos:

  1. El desconocimiento de las Normas de Homologación desde el año 2004 a través de decretos unilaterales de aumento salarial y por medio de la imposición de tablas salariales en las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), que solo han traído pobreza y ruina a los universitarios.
  2. El acuerdo firmado con diversas organizaciones de trabajadores en abril de 2018, en el cual se establecía en 4,75 salarios mínimos la base del tabulador salarial de la educación universitaria, la cual fue disminuida a 1 salario mínimo con motivo de la fracasada reconversión monetaria del 2018, provocando una reducción significativa de los sueldos de los universitarios.
  3. Los intentos de reducir la pensión del personal jubilado y el robo de las prestaciones sociales, causado a través de la reconversión monetaria y la pretensión de negar sistemáticamente beneficios del personal activo.
  4. Más recientemente, el pago fraccionado del bono vacacional 2020, desconociendo lo planteado en diversas Actas Convenio y en la cláusula 20 de la propia III CCU, la cual plantea que este pago debe hacerse completo en los primeros quince días del mes de Julio.

Durante años y especialmente en tiempos de pandemia, la arbitrariedad del gobierno de facto no se detiene, al contrario, se acelera. La medida de reducir las remuneraciones de los universitarios que ocupan cargos de gestión universitaria en sus diferentes tipos, no cuenta con sustento jurídico alguno. Es una medida regresiva que desmejora las condiciones laborales del personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado que percibe o podría percibir tales beneficios. Este atropello del régimen viola principios generales de la protección del trabajo de aceptación universal, específicamente la regla de la condición más beneficiosa, la cual establece que una nueva norma no debe suponer, en ningún caso, desmejora de condiciones laborales preexistentes.
Atropella disposiciones constitucionales en materia de protección del trabajo, establecidas en los artículos 89 y 91 de la constitución nacional.
Desconoce que las relaciones laborales de los profesores universitarios son reguladas por las Normas de Homologación, las Actas Convenio y las Convenciones Colectivas Únicas, lo que conduce a que el instrumento jurídico que debe prevalecer en cada materia es aquel que mayores beneficios genere al trabajador y no el que la dictadura pretenda imponer.

Aunque la calidad de vida de los universitarios y la destrucción de las instituciones de educación universitaria se impulsa desconociendo el orden jurídico nacional e internacional que regula su funcionamiento y el trabajo que en ellas se realiza, este no es un problema jurídico exclusivamente, es, esencialmente, un asunto político vinculado a la pretensión de silenciar la voz crítica y la movilización de las universidades.

Debemos activar a la universidad para lograr salarios dignos y defender derechos laborales preestablecidos para el personal activo y jubilado, aún en medio de las dificultades que impone la coyuntura actual. Los ajustes sobre asuntos polémicos debemos realizarlos en el marco de la autonomía, con la participación de todos los actores y en las instancias correspondientes.

Ninguna lucha por derechos laborales se edifica sobre el perjuicio de otros, por eso lo pertinente es sumar esfuerzos y luchar por la dignificación de la carrera docente, como lo ha planteado la FAPUV a través del documento “Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios”.

Abordaremos, en próximas publicaciones, otras inequidades salariales que afectan al profesorado en general y a los pensionados en particular.

Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV.

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESORADO DE LA UCV

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NOTA DE CONDOLENCIA

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, cumplen con el penoso deber de informar el fallecimiento, la noche del 31 de julio de 2020, del Profesor

Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (APUNET), directivo de la Asociación de Profesores Jubilados de la UNET (ASOPJUNET) y miembro principal de la Junta Directiva de FAPUV.

Con la partida del Profesor Cárdenas, nuestra Federación pierde un miembro destacado, siempre activo y preocupado por las condiciones de vida y de trabajo de nuestros agremiados, quien se ganó el aprecio y la admiración de todos quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.

Expresamos nuestras sentidas palabras de condolencia a los familiares y amigos del Profesor Cárdenas, al cuerpo docente de la UNET y a la APUNET

Paz a su alma

SOBRE LAS PRIMAS DE RESPONSABILIDAD

Ciudad Universitaria, 20 de julio 2020

Ciudadana:
Prof. Cecilia García Arocha
Rectora y demás miembros del Consejo Universitario
Presente.-

Primas y salarios.

Un debate para avanzar.

Ante la precariedad de las remuneraciones del personal docente y de investigación y la inadmisible inequidad derivada de la cancelación de primas de responsabilidad a los docentes que ocupan cargos de gestión, la APUCV considera conveniente que este cuerpo y todos los Consejos de Facultad discutan esta medida para revertir las consecuencias que ha generado.

Para contribuir con la discusión y el logro de soluciones a esta problemática, la APUCV estima pertinente expresar algunas consideraciones para identificar el problema central y, en especial, orientar acciones institucionales y gremiales que favorezcan al profesorado y la universidad

  1. Sobre las primas:

La gestión universitaria es una labor académica y administrativa, no es una práctica prescindible. Sin ella las universidades pierden dirección y no es posible garantizar la docencia, la investigación y la extensión. Esto lo ha reconocido la UNESCO con la creación de la Cátedra de Dirección de Universidades y el Observatorio de Buenas Prácticas de Dirección de Universidades. De modo que, como instancia gremial, valoramos positivamente esta labor, que realizan una buena cantidad de nuestros afiliados.

La dirección académica y administrativa en la universidad ha sido muy difícil en los últimos años: sin presupuesto, personal, seguridad, renuncias recurrentes de docentes y reducción continuada de la matrícula estudiantil de pre y post grado.

Con la escalada del proceso hiperinflacionario, la diáspora docente creció. Se marcharon profesores que no ocupaban cargos de gestión universitaria y otros que si estaban en ellos. La consecuencia fue la perdida de valiosos docentes e investigadores y el vacío en muchas instancias de dirección universitaria, desde jefes de cátedra hasta decanos. La salida de las autoridades rectorales para afrontar esta realidad solo consideró sus efectos sobre la gestión universitaria, decidiendo unilateralmente ajustar las primas de responsabilidad del personal administrativo y extenderlas al personal docente.

La decisión tomada con las primas de responsabilidad para los que ocupan cargos de gestión académica fue tan desproporcionada, en relación con la estructura de las remuneraciones del personal docente y de investigación, que desde el punto de vista jurídico, académico y técnico admite muchos cuestionamientos, entre estos:

  • Desestimula la carrera académica.
  • Contradice el concepto de primas como remuneración adicional, las cuales no deberían superar un tercio del salario del docente.
  • Debió actualizarse la existente prima de cargo en vez de crear una nueva.

Para nosotros, aunque eso es muy importante, lo fundamental es que tal medida generó graves distorsiones en las tablas salariales, lo que impone trabajar para corregirlas.

Si la decisión sobre la cancelación de las primas de responsabilidad para los que ocupan cargos de gestión académica hubiera sido discutida abiertamente en el Consejo Universitario y en los Consejos de Facultad, estas instancias habrían estado obligadas a considerar su naturaleza e impacto. No se hizo así para evitar el ineludible debate sobre la asimetría que generan en los ingresos de los profesores ucevistas.

La democracia universitaria está severamente lesionada, por una gestión agotada que discute poco e impone mucho.
Las decisiones unilaterales como la señalada, debilitan la institución y hacen inviable cualquier propuesta. Debe propiciarse la consulta y la discusión, tal como lo establecen los reglamentos, y en los organismos de cogobierno correspondientes.

Esto lo hemos reiterado en innumerables oportunidades, en asuntos como la seguridad social de los docentes, en la que las posiciones autoritarias de las autoridades universitarias han querido imponer un nuevo sistema.

Nos parece plausible la aprobación de primas por cargo para Jefes de Departamento y Cátedras, pues son las unidades académicas centrales en la gestión de las labores de enseñanza e investigación en las distintas Escuelas y/o Facultades. Sus jefaturas, según los artículos 5 y 19 del Reglamento de Cátedras y Departamentos de la UCV muestran, claramente, que sus funciones estipulan tareas de supervisión, planeación, administración y evaluación de procesos.

Las primas por cargo para Jefes de Departamento y Cátedras deben ser extendidas a otras instancias de dirección universitaria que realizan labores académico-administrativas, como lo son, entre otras, las unidades docentes, las coordinaciones de programas de postgrado y formación continua, jefes de servicio comunitario, jefes de áreas de institutos y otras equivalentes, que, por motivos de orden académico, se denominan diferente. Ninguna de estas primas puede ser percibida por profesores que ya reciben las de responsabilidad.

La política para revertir la inequidad que ha generado la decisión unilateral de las autoridades rectorales con respecto a las primas de gestión debe ser, de un lado, aprobar y concretar incentivos para mejorar el ingreso de los profesores que no realizan actividades de gestión universitaria y de otro, lograr salarios que dignifiquen la labor de los docentes universitarios.

Entre las medidas inmediatas que debe tomar la universidad para sostener su equilibrio, porque no puede quedarse reconociendo exclusivamente los cargos de dirección, son las que planteamos a continuación:

  • Concretar en forma inmediata la actualización de la prima de titularidad aprobada por el Consejo Universitario en el mes de enero del presente año. Este beneficio de carácter socioeconómico no es el mismo de la prima de antigüedad y se asocia con el reconocimiento de manera exclusiva al que alcanza el último escalafón de la carrera universitaria. Se aplica durante décadas. Sobre este aspecto exigimos gestiones concretas, acciones institucionales efectivas, en fin, hechos más allá de declaraciones estériles.
  • De igual modo, deben incrementarse las diligencias para concretar la cancelación de las primas de responsabilidad para los profesores de los escalafones de Instructor, Asistente, Agregado y Asociado que no ocupan cargos de gestión universitaria, aprobadas por el Consejo Universitario, también en enero del presente año.
  • Aprobar la actualización, en forma extraordinaria, de la cláusula 67 del Acta Convenio: Bono de Apoyo Didáctico. Proponemos se cancele un bono especial para favorecer la conectividad de los docentes universitarios de todas las dedicaciones, equivalente al 90% del salario del profesor. Este en forma transitoria alcanzaría a los docentes que no ocupan cargos de gestión universitaria.
  • Debe establecerse una comisión del Consejo Universitario que, en conjunto con el gremio y aún en medio de la pandemia, se oriente a encontrar salidas a las inequidades generadas por las primas de responsabilidad.

Es urgente abandonar el autoritarismo y concertar medidas que detengan la atomización de la universidad.

  1. Sobre los salarios: Siempre hemos afirmado que las remuneraciones de los profesores universitarios son un asunto académico. Ellas permiten conservar el recurso humano de la institución. Por tanto, las acciones de las autoridades universitarias deben colocar este tema en el centro de sus actuaciones. La protección del salario de los profesores universitarios está establecida en el artículo 102 de la constitución, las Normas de Homologación y todos los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones laborales del profesorado. Su defensa cuenta con sólidas bases jurídicas. La declaratoria de Emergencia Humanitaria Compleja por parte de la UCV en el año 2018, no se ha superado, al contrario, se ha agravado. Por tanto, defender el salario es una demanda ética y humanitaria que debe involucrarnos a todos. Las razones académicas, jurídicas, éticas y humanitarias demandan asumir la lucha por salario. Lo primero es reconocer que con las actuales remuneraciones no es posible mantener al personal docente y de investigación, es decir, se pierde el personal que forma profesionales y es protagonista en la creación de conocimientos. De nada sirve, la reiterada actitud anti gremial de las autoridades y continuar fingiendo una normalidad que no es tal.

El aumento de salarios, conforme a lo que establece el marco jurídico que nos regula, es el medio para salvar la universidad de la deserción masiva y continuada de sus profesores, así como, permitiría corregir en forma progresiva la inequidad generada por las primas de gestión universitaria. Negar que esto último ocurre, es una distorsión, nos fragmenta y no brinda salidas para superar el problema.

Dijimos al inicio de este texto que los problemas de forma y fondo de las primas de gestión universitaria, se motivaron, porque se impusieron unilateralmente sin discusión alguna. Ahora con la solicitud de discutir el tema salarial en el CNU se repite la historia. Nuevamente en forma unilateral, al menos dos universidades de la AVERU van con dos propuestas distintas, cuando deberían, y lo pertinente es, que soliciten la presencia de la FAPUV, y si ello no ocurre deberían ir unificados con la propuesta salarial de la Federación profesoral.

La propuesta de ajuste salarial que defendemos se resume en el documento “Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios”. En él se plantea nuestro salario en dólares, recuperar las interescalas por dedicación y escalafón, los beneficios con y sin incidencia salarial, los beneficios de salud y previsión social. No es una propuesta idílica, es una plataforma de lucha, un programa que nos unifica.

Más allá de la conveniencia o no de las primas de responsabilidad o de cualquier otra naturaleza, lo que el profesorado requiere son condiciones salariales que justifiquen el esfuerzo que significa ser docente en una universidad autónoma hoy en día en Venezuela. Escuchar ese clamor y darle respuesta efectiva implica un trabajo común y la sincronización de intereses y esfuerzos de todos los actores universitarios en la única dirección posible: rescatar la dignidad de la profesión docente

Por último, motivado a que los ingresos de los profesores son nominales y también reales, reiteramos que la solicitud de 1300 profesores de incrementar la cobertura de SAMHOI y la cancelación de un bono humanitario mientras dure la pandemia, con recursos del FONJUCV, es un asunto pendiente.

Reducir los gastos de salud, fortaleciendo SAMHOI y sumar un aporte humanitario adicional a los que ha otorgado la APUCV, sería un aporte al ingreso real del profesorado ucevista.

APUCV Informa
No. 1106

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ACUERDO DE DUELO

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela declara su duelo y profunda tristeza por el fallecimiento de nuestra querida colega y gremialista

GLADYS LUCENA DE MARVAL

Profesora emérita de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ), dos veces Presidenta de la Asociación de Profesores de LUZ (APUZ) y ex Presidenta del Fondo de Jubilaciones de los Profesores de LUZ (FJP-LUZ), Gladys Lucena de Marval fue una economista destacada, formadora de juventudes, luchadora ejemplar por los principios democráticos y universitarios, y por los derechos, reivindicaciones y seguridad social del gremio docente, amiga y hermana, que supo desarrollar su vasta actividad gremial con honestidad, inteligencia y valentía en las circunstancias más difíciles y mostró siempre la mayor disposición para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de las demás asociaciones de profesores y de la federación.

Para FAPUV y sus asociaciones, la partida de nuestra querida y admirada profesora Gladys Lucena de Marval deja un gran vacío. Ella habita por siempre en nuestros corazones y su memoria nos impulsa a continuar con su legado.

Expresamos nuestras palabras de condolencia a sus familiares y amigos, por tan irreparable pérdida. Paz a su alma.

Caracas, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil veinte

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas De nuevo sobre las elecciones en la UCV

7 de junio 2020

A principios de enero de este año, faltando poco más de un mes para la expiración del plazo
fijado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (27 de febrero de 2020, según los
términos de la sentencia N° 0324) para la celebración de elecciones de autoridades en la
Universidad Central de Venezuela, el movimiento Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas
Democráticas se dirigió al Consejo Universitario a través de una declaración pública suscrita
por tres centenares de miembros del cuerpo académico. El texto mencionaba las peligrosas
consecuencias implicadas en el fallo del TSJ y deploraba la inercia de las autoridades.
Concluía haciéndoles un enérgico llamado:

(…) quienes suscribimos la presente comunicación, académicos docentes activos y jubilados de laUniversidad Central de Venezuela, exhortamos vivamente al Consejo Universitario y especialmente a las autoridades rectorales a cumplir con su ineludible obligación de salvaguardar la institución, convocando en inequívoco gesto de afirmación autonómica a la comunidad ucevista a movilizarse paraparticipar en comicios dignos de una institución académica, así como para poner en práctica cuantas acciones contribuyan a su defensa en esta grave hora de la vida universitaria.

No mucho después, el Consejo Universitario (sesión del 20 de enero de 2020) acordó declarar
a la UCV en «ambiente electoral», fórmula cautelosa con que la mayoría de ese cuerpo eludía
tomar posición sobre la necesidad imperiosa de convocar a elecciones pero que al menos
representaba un progreso con relación a su obstinado silencio de largos meses. Profesores
Ucevistas… hizo entonces circular entre dirigentes de distintos grupos de la comunidad
universitaria un Llamamiento al debate. Entendíamos que este debía preceder al evento
comicial para infundirle aliento y sustancia. El texto comenzaba así:

En la Universidad Central de Venezuela las elecciones no pueden postergarse. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias que han obrado contra su realización oportuna, todos los procesos pendientes deben celebrarse sin nuevas dilaciones. Esta exigencia concierne en primer término a las elecciones de autoridades rectorales y decanales cuyos períodos expiraron hace mucho, pero también a las del cogobierno universitario (Consejo Universitario, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela, Asambleas de Facultad y Claustro), por la significación que tal figura tiene en la estructura y funcionamiento de la universidad como un todo.

Sobre la vida universitaria gravitaba pesadamente la inminencia del vencimiento del plazo
fijado por la sentencia del TSJ sin que desde las instancias del alto gobierno de la institución
se hubiera hecho nada concreto –a excepción de algunas diligencias legales – de cara a la
comunidad universitaria a propósito del problema electoral. En medio de la expectativa
reinante, el propio 27 de febrero de 2020 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia emitió una segunda sentencia (N° 0047). Esta suspendía la medida cautelar contenida
en la anterior “atendiendo al compromiso de la representación de las Universidades
nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias…”, lo que equivalía a
la celebración de elecciones en idénticas condiciones a las establecidas originalmente.

Dos semanas más tarde el régimen madurista decretó una anticipada cuarentena nacional
obligatoria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El país vio de súbito
severamente limitado su desenvolvimiento ordinario, cuadro este agravado por la crisis
metastásica de los servicios públicos, el vértigo hiperinflacionario, la dolarización anárquica
y la aguda escasez de gasolina, cuyo suministro fue militarizado y asumido discrecionalmente
por el gobierno.

En tales condiciones, la universidad suspendió las actividades académicas y administrativas,
decisión inevitable pero adoptada en forma dubitativa, sin orientaciones claras para la
comunidad universitaria. A partir de entonces el Consejo Universitario y los consejos de
facultades y escuelas han procurado sesionar en forma telemática sin poder no obstante
superar las previsibles dificultades que han hecho disminuir aún más la modesta eficiencia
de la administración universitaria. De allí que no se haya conseguido hasta el momento
estructurar una agenda institucional de conjunto, mínimamente coordinada, capaz de
distinguir los diferentes aspectos de la situación y de establecer prioridades, cursos de acción
y modalidades de actuación para los distintos componentes de la colectividad ucevista. Ha
tendido a prevalecer en cambio en la mayor parte de las autoridades académicas cierta
ansiedad por la búsqueda de opciones alternas para la reanudación de la actividad docente y
a tal efecto se han dejado sentir sobre el profesorado presiones no siempre discretas.

Frente a semejante estado de cosas la pregunta que habría que formularse es si resulta
razonable plantear nuevamente como asunto de la mayor importancia el de las elecciones
universitarias. En nuestra opinión la respuesta es afirmativa. Veamos por qué.

Es evidente que en sus aspectos prácticos el proceso electoral no avanzará mientras
prevalezcan las limitaciones de la cuarentena. Pero ello no significa que la cuestión electoral
como objeto de debate de alto interés deba postergarse hasta que aquella concluya. En
realidad, dicha cuestión ha sido reiteradamente aplazada desde mucho antes de que la
pandemia se declarara y se impusieran las restricciones actuales. El debate, pues, debe
estimularse adoptando las formas que las condiciones permitan de suerte que cuando retorne
la normalidad -en alguna de sus versiones- el intercambio de puntos de vista sobre las
elecciones universitarias haya recorrido una parte del camino.

Parecida apreciación tienen los representantes profesorales ante el Consejo Universitario que
el 8 de mayo pasado suscribieron una carta pública en que hacen una pormenorizada relación
de las deficiencias de aquel cuerpo. Aparte de las denuncias de autoritarismo rectoral,
subestimación de prácticas democráticas, inobservancia de normas internas y alteración de
procedimientos con grave mengua de la calidad de desempeño del Consejo, los
representantes del profesorado se refieren explícitamente a un retraso intencional en la toma
de posición sobre el problema de las elecciones universitarias. Cierran su exposición en los
siguientes términos:

Toda esta casuística apunta a un solo sitio, es urgente e impostergable convocar en la UCV a
elecciones rectorales, decanales y de representantes profesorales, hay que cambiar la dirección
universitaria. Las autoridades rectorales y decanales deberían estar preparando su rendición de cuentas, no buscando deteriorar o debilitar el único mecanismo de protección social que nos queda a los profesores, ni alterar el normal funcionamiento del Consejo Universitario. (…). La UCV Autónoma no debe ni puede celebrar sus primeros 300 años con estas autoridades al frente. Es impostergable cambiar.

El parecer de que las elecciones universitarias deben llevarse a efecto sin demora tan pronto
cese la excepcionalidad circunstancial está extendido entre el profesorado, así como en otros
sectores de la comunidad ucevista. Y se extenderá aún más si el asunto se convierte en objeto
de activo debate. No sería sensato ignorar las razones que, en nuestra opinión, hacen este
debate necesario.

Por una parte, como es bien sabido los lapsos de ejercicio de las autoridades rectorales,
decanales y de representantes profesorales ante los diferentes órganos de cogobierno
universitario se encuentran vencidos hace años. Es verdad que causas de todos conocidas han
obstaculizado la celebración de los procesos electorales, pero hoy por hoy es imperativo que
tengan lugar y que la voluntad de que así sea supere viejos y nuevos obstáculos. Quienes
ocupan los cargos directivos y de representación profesoral deberían ser los primeros en
actuar en este sentido para contribuir así a la restauración del régimen institucional y a la
recuperación de sus ciclos funcionales, perturbados –qué duda cabe- por la hostilidad
gubernamental pero también rutinizados y desprovistos de vigor creativo en manos de una
dirección interna exhausta.

Por otra parte, es bueno recordar que las elecciones no son solo y simplemente un mecanismo
práctico para la renovación de los diferentes niveles de gestión. Tienen sobre todo un
significado esencial para la vida universitaria en la medida en que constituyen uno de los
aspectos medulares del principio autonómico en que la institución académica funda su
existencia. Convocar a elecciones ha sido siempre un acto de afirmación autonómica y lo
será en mayor medida en el momento actual si el proceso electoral se organiza al margen de
las condiciones que la inconstitucional sentencia del TSJ pretende imponer.

El primer paso, pues, sería la expresión rotunda y sin ambages de la voluntad de hacer
elecciones en los términos que la institución acuerde, conforme al ejercicio pleno de la
autonomía que le es propia. Esta voluntad tiene que manifestarla cuanto antes el Consejo
Universitario invitando a la comunidad ucevista a movilizarse en defensa de la universidad
y para emprender su rehabilitación como ámbito de florecimiento intelectual. Otro tanto
corresponderá enseguida a los consejos de las facultades y escuelas en cuanto órganos de
cogobierno y a las diversas organizaciones existentes en el seno de la institución. La
universidad, movilizada por el convencimiento de que ejerce un derecho inalienable del que
no consentirá ser despojada, representa la mejor garantía –quizás la única- de que el proceso
electoral pueda llevarse a cabo apropiadamente.

Será entonces cuando adquiera contenido real la tímida declaratoria de «ambiente electoral»
que meses atrás la insistencia de sectores organizados de la UCV y el tesón de la mayoría de
los representantes profesorales del Consejo Universitario le arrancaron a ese cuerpo. Y habrá
también entonces un clima propicio para que la universidad ejercite nuevamente su
entumecida vocación deliberativa y despliegue sus talentos analíticos dando a individuos y
grupos de los diferentes conglomerados que la conforman la oportunidad de exponer sus
ideas y de intervenir en un debate tantas veces aplazado. Ese debate no solo tendrá que
explicitar razonadamente los motivos por los cuales la institución se rebela contra la
servidumbre de un procedimiento de elección de autoridades que la desnaturaliza y la niega
en sus principios fundamentales, sino que servirá además para examinar con el espíritu crítico
que es el suyo la norma electoral interna a la luz de las nuevas configuraciones del mundo
contemporáneo.

Ambos aspectos entrañan el recurso a la autonomía que es un principio de acción constructiva
y no un inerte parapeto defensivo. Con la autonomía ciertamente la universidad le sale al
paso a las acometidas gubernamentales que desfiguran su fisonomía institucional. Y con la
autonomía igualmente perfecciona estructuras y mecanismos para que sus fines sigan
cumpliéndose con la eficacia de renovadas sensibilidades. Tarea compleja ciertamente puesto
que la reflexión sobre sí misma debe emplazarse en la intersección de dos legitimidades: la
que le otorga su propio cometido y la que le impone el mundo al que se debe.

En esa tarea debe participar resueltamente la comunidad académica porque así lo determina
la naturaleza de la institución. Este es un dato inmanente, una propiedad sustancial y por lo
mismo incuestionable. Pero no hay que impedir la incorporación de otros sectores de la
colectividad ucevista que se sientan concernidos por la suerte de la universidad. Los temas
electorales traen consigo los de la participación y componen un complejo de asuntos relativos
a la democracia universitaria. La agenda del debate debe contenerlos, es decir, debe reflejar
la complejidad real de la cuestión pues a ninguna conclusión razonable puede aspirarse si de
entrada sucumbimos a simplificaciones artificiosas. La movilización de las energías
intelectuales y volitivas de la institución debe producirse a la mayor escala posible para que
su defensa sea viable y las definiciones que los tiempos demandan reciban su vigoroso
impulso.

Ucevistas:

Exijamos al Consejo Universitario que manifieste cuanto antes la voluntad de celebrar
elecciones.

Demandemos a las autoridades rectorales y decanales que promuevan activamente el interés
de la comunidad por la cuestión electoral y pongan a su disposición medios para que se
exprese.

Exhortemos a los diferentes sectores organizados de la comunidad universitaria y a los
universitarios en general a incorporarse pronta y entusiastamente al debate sobre los
diferentes aspectos del régimen electoral de la UCV.

Repudiemos la sentencia inconstitucional del TSJ y organicemos las elecciones conforme al
principio de autonomía universitaria.

Víctor Abreu, José Gregorio Afonso C., Miguel Albujas Dorta, Rogelio Altez, Morella Alvarado, Rubén Álvarez, Maritza Álvarez, Carmen Leonor Álvarez, Luis Angarita, Pedro Arellán, Félix Arellano, Héctor Arrechedera, León Arismendi, Simón Arocha, Ignacio Ávalos, Olga Ávila, José Balza, Catalina Banko, Luis Bravo Jáuregui, Luis A. Calatrava Oramas, Elisaúl Calderón J., Azier Calvo, Ocarina Castillo, Gregorio Castro, Zugem Chamas, José Coll, Irma Chumaceiro, María Eugenia Cisneros, Santiago Clavijo, Ygor Colina, Guillermo Colmenares, Karenia Córdova, José Miguel Cortázar, Luis Crespo, Rafael E. Dávila C., Aura Díaz de Palacios, María Cristina Di Prisco, Rosana Figueroa Ruiz, Raquel Gamus, Alix García, Jeniffer García, Irama García, Carmen García Guadilla, Giuseppe Giannetto, María del Pilar González, Luisa González, Eliseo González Sánchez, Aquiles Gutiérrez, Carlos Guzmán, Sonia Hecker, Luis Eduardo Hernández Rávago, Oswaldo Hernández Blanco, Ángel Gustavo Infante, Consuelo Iranzo, María del Rosario Jiménez, Luis Lander, Vicente Lecuna, Florángel de Longobardi, Margarita López Maya, María Victoria Lugo Fernández, María Fernanda Madriz, Luis Marciales, Lidia Marciales, Víctor Márquez Corao, Xiomara Martínez, María Eugenia Martínez, Elizabeth Marval, María Gabriela Mata Carnevali, Hugo Medina Oropeza, Bernardo Méndez, Absalón Méndez Cegarra, María Antonieta Méndez Rodulfo, Alexis Mercado, Carlos Monsalve, Martha Inés Moreno Sarmiento, Mario Morenza, José Domingo Mujica, Zoraida Natale, Eleazar Narváez, Armando Notz, Eva Núñez, José Félix Oletta L., Tulio Olmos, Emilio Osorio Álvarez, Samuel Pérez Hermida, Antonio París, Pablo Peñaranda, Cristina Pérez Díaz, Zayda Pérez González, Mauricio Phelan, Elías Pino Iturrieta, Elizabeth Piña, Marina Polo, Delrosi Porras G., María del Pilar Puig, Luken Quintana, Inés Quintero, Víctor Rago Albujas, Tulio Ramírez, Alexis Ramos, Alexis Ramos Torrealba,
Eudoro Ramos Balza, Ana Rangel, Jean-Louis Rebillou, Flérida Rengifo Carrillo, Jacqueline Richter, Rodolfo Rico, Ricardo Ríos, Maritza Rivas, María de Jesús Roca, Fernando Rodríguez, Humberto Rojas, Dulce Ruiz, Nydia Ruiz Curcio, Benjamín Sánchez, Carlos Sandoval, Javier Seoane, Geovanny Siem, Héctor Silva Michelena, María Smeja, Keta Stephany, María Suárez Luque, Isabel Tapia, Ildemaro Torres, Raquel Urbach, Rubén Vargas, Luis Vásquez, Lola Vetencourt, José María Villavicencio, Rómulo Villegas, Carlos Viso, Victoria Walker, Marek Wesolowski, Eucaris Wills, Sylvia Wiertheim, Francisco Yánez, Mirna Yonis.

APUNEFM: 40 AÑOS DE LUCHA GREMIAL.

El 6 de febrero de 1980 se firma el Acta Constitutiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (APUNEFM); certifican esta Acta los Profesores Nancy de Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Orangel Nuñez y Victor Prato. Ésta es la partida de nacimiento de nuestro gremio. Dentro de sus objetivos principales están defender los postulados de la educación democrática, nacional, humanista, científica y tecnológica; ser el órgano de expresión del pensamiento del personal docente y de investigación de la UNEFM; defender los derechos socioeconómicos y académicos de los profesores.

Son 40 años de lucha gremial constante, con aciertos y desaciertos, pero siempre con norte bien definido, la cual no es más que la defensa integral de los derechos de los profesores, teniendo como principios la dignidad, la ética, y la moral.

APUNEFM fue protagonista y testigo de excepción del crecimiento sostenido que tuvo la UNEFM en sus primeros 22 años después de su fundación, etapa en la cual se vio el florecimiento y la fructificación de una Universidad con un empuje que tenía como misión el desarrollo integral del estado Falcón. Nuestro gremio fue actor fundamental en la democratización de la UNEFM, proceso que fue truncado en el año de 1999 con la intervención, por parte del gobierno, de la casa que vence la sombra, aspecto que aún se mantiene y que trajo consigo el deterioro progresivo de la academia, la investigación y la infraestructura, a tal punto que hoy día solo quedan vestigios de la etapa dorada de la Universidad.

APUNEFM es el único gremio en la UNEFM que en estos últimos años ha mantenido una posición vertical, firme, coherente e innegociable en la defensa de los derechos de sus agremiados y la democracia universitaria; los documentos y reclamos que se han hecho ante los organismos competentes así lo demuestran.

Nuestra lucha lleva la dignidad, el interés de los agremiados y el derecho por delante; en estos últimos tiempos no ha sido fácil hacer actividad gremial ante un régimen que no respeta leyes ni normas, que criminaliza la protesta pacífica, sin embargo acá está APUNEFM de pie, sin arrodillarse al patrón, con la moral en alto para seguir adelante defendiendo los derechos de los profesores.

En este cumpleaños número 40 los invitamos a participar activamente en todas las actividades gremiales, deportivas, sociales, recreativas y de salud que promueva Apunefm, porque el gremio somos todos, de nuestra actitud depende el éxito de éstas; las instituciones son lo que sus hijos quieran que sea.

FELIZ CUMPLEAÑOS # 40
Gerardo López, Presidente de APUNEFM: Que orgullo pertenecer a un gremio que cumple 40 años con la frente en alto, siempre a la vanguardia de la lucha gremial y lo más importante, sin arrodillarse ni tranzar con la dictadura. Muchos años de lucha en su historia y cada uno de sus presidentes. Hoy, la mejor celebración para cada uno de nosotros es la DIGNIDAD que nos caracteriza. Estamos seguros que cuando se reescriba la historia de nuestra Universidad , la APUNEFM sera reconocida como EL ÚNICO GREMIO que no se vendió ni dejo de señalar con contundencia el desastre ocurrido. #Feliz40AniversarioAPUNEFM .

PROPUESTA SOBRE AJUSTE SALARIAL Y BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y sus Asociaciones afiliadas, en representación y defensa de los derechos de los Profesores Universitarios, entregamos el pasado 5 de diciembre de 2019, en el marco de las actividades programadas para conmemorar  el “Día Nacional del Profesor Universitario”, a las Autoridades Universitarias agrupadas en AVERU, como patronos de los trabajadores universitarios y representantes legales de las Instituciones Universitarias, una síntesis de nuestras peticiones sobre derechos laborales, que ameritan una discusión inmediata, con el fin de revertir el acentuado deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los universitarios.

No hemos recibido respuesta de AVERU. Hoy agregamos a ese documento una propuesta de tabla salarial y lo sometemos en su totalidad a la discusión de las bases profesorales

Las universidades públicas nacionales en Venezuela, instituciones autónomas de acuerdo con el Art. 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el Art. 9 de la Ley de Universidades, son los organismos empleadores de los trabajadores universitarios. Hasta el año 1982, la discusión sobre salario la realizaban las Asociaciones de Profesores con los Consejos Universitarios y/o Directivos de sus respectivas instituciones. A partir de ese año, las Normas de Homologación (NH) regularon la materia salarial y otros beneficios socioeconómicos de los profesores universitarios, cuyo Art 13 establece que “el ajuste salarial se hará cada dos años tomando en cuenta la variación del índice inflacionario de los dos años anteriores y la opinión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)”. Sin embargo, a partir del bienio 2004-2005, y hasta la fecha, el gobierno ha venido incumpliendo las Normas de Homologación e imponiendo las tablas salariales de los profesores universitarios.

Nuestra  estrategia de lucha está centrada en la defensa de la Constitución Nacional y los derechos laborales como punto de convergencia para la discusión de cualquier instrumento que regule las relaciones de trabajo de los profesores universitarios con sus patronos, representados por las Universidades Públicas Nacionales, a través de la aplicación de cualquier Norma o Ley más beneficiosa al trabajador, la cual debe ser aplicada en su integridad (Art. 89, Numeral 3 de la CRBV).

De acuerdo con los principios constitucionales de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales, las Normas de Homologación mantienen su plena vigencia y no pueden ser derogadas. Así fue reconocido en fecha 06-08-13, en la DECLARACIÓN que surgió como resultado de una mesa de trabajo instalada entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), Rectores agrupados en AVERU, representantes de la FAPUV y otras organizaciones gremiales, en el marco de la paralización de actividades y conflicto laboral desarrollado por los profesores universitarios:

“Como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos laborales son intangibles y progresivos tal como señala en el Numeral 1 del Artículo 89, … ‘e irrenunciables como lo señala el Numeral 2 del citado Artículo 89’ … Por tanto, las Actas Convenio válidamente suscritas entre las Asociaciones de Profesores y Consejos Universitarios o sus equivalentes, así como los Acuerdos Federativos preexistentes y válidamente suscritos entre la FAPUV y los entes gubernamentales competentes, tienen vigencia siempre que no sean superados por otros derechos o beneficios para las trabajadoras y trabajadores que se consagren en otros instrumentos legales. Se entiende que los beneficios acordados por distintos instrumentos no son acumulables”.

Los acuerdos federativos preexistentes hacen referencia directa a las Normas de Homologación y los beneficios establecidos en las mismas no han sido superados por otros derechos o beneficios consagrados en otros instrumentos legales. En la IICCU, en cuya discusión participó FAPUV, las tablas salariales  fueron impuestas a los profesores universitarios, en montos muy por debajo de lo solicitado. La pronunciada pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios demuestra que FAPUV tuvo razón en sus demandas y en su negativa a firmar la cláusula salarial.

Por lo antes expuesto, ratificamos de manera categórica la  vigencia y plena validez de los derechos preexistentes adquiridos a través de las cláusulas que por Normas de Homologación, Actas Convenio Institucionales, Convenciones Colectivas y otros acuerdos, son más favorables a los Profesores Universitarios.

  1. PROPUESTA EN MATERIA SALARIAL

En vista de lo deprimido que está nuestro salario, lo que ha traído como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de nuestro patrimonio familiar, consideramos perentoria la discusión de este aspecto.  Es importante que en el momento de iniciar el nuevo proceso de diálogo, para discutir cualquier tipo de instrumento que acordemos.

La hiperinflación ha llevado al régimen a decretar sucesivos ajustes salariales, pero siempre por debajo del aumento del índice de precios (INPC). Es opinión de esta Federación que para recuperar el poder adquisitivo perdido, se ajusten los salarios de los profesores universitarios a un valor  que permita, durante el período de transición, además de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, restablecer las interescalas, como requisito indispensable para el reimpulso de la carrera académica

Estructura interna de los sueldos de los Profesores

En cumplimiento estricto del principio constitucional de progresividad de derechos laborales, se propone partir de la tabla salarial del año 2001, acordada entre FAPUV y el gobierno de Hugo Chávez, para la definición de la propuesta. A manera de ejemplo, se puede apreciar abajo la tabla para los profesores a dedicación exclusiva de ese año. En la columna de la izquierda está el salario en Bs de la época y en la izquierda, el cálculo en dólares.

Salarios de 2001 en bolívares y en dólares
  1. BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS CON INCIDENCIA SALARIAL

Los porcentajes de ajuste salarial tendrán incidencia sobre todos los beneficios socio-económicos y   demás conceptos de carácter recurrente adquiridos por Normas de Homologación, Actas Convenio Institucionales, Convenciones  Colectivas y otros Acuerdos preexistentes.

  • Primas por jerarquía o cargo: De acuerdo a las Normas de Homologación para el personal docente que está desempeñando cargos de dirección.
  • Prima por hijos.
  • Prima por hijos con discapacidad.
  • Prima por hogar.
  • Prima de Apoyo a la Actividad Docente y de Investigación.
  • Prima por Titularidad a los Profesores Titulares a Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo.
  • Prima por Titularidad a los Auxiliares Docentes, Categoría V, a Dedicación Exclusiva y  Tiempo Completo.
  • Prima de antigüedad.
  • Bono Doctoral  
  • Aporte a las Cajas de Ahorros
  • Bono vacacional (Bono Recreacional) y Bono  de fin de año (aguinaldo): Calculados  con base en 150 días, aplicando la fórmula establecida en la Ley (Para todo el Personal en condición de servicio, jubilado, pensionado y sobreviviente).

Todos estos beneficios tendrán carácter salarial e incidencia en el cálculo de las Prestaciones Sociales.

Se respetarán las condiciones preexistentes en las Instituciones universitarias  establecidas por: NH, Actas Convenio, Convenciones Colectivas y Resoluciones de los Consejos Universitarios, en caso de ser más favorables.

  1. BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DE CARÁCTER NO SALARIAL
  • Planteles Educativos para educación inicial, básica y media para los hijos de los profesores universitarios.
  • Contribución para la adquisición de útiles escolares
  • Contribución para  Juguetes navideños.
  • Beca para estudio de los hijos de profesores.
  • Aporte por matrimonio.
  • Aporte por nacimiento de hijos.
  • Ayuda por fallecimiento.
  • Aportes Actividades deportivas y culturales: El MPPEUCT. 
  • Facilidades para adquisición de vehículos, equipos informáticos y otros bienes.
  • Plan nacional de recreación y turismo social nacional para los profesores  y sus familiares.
  • Planes vacacionales para los hijos de los profesores.
  • Financiamiento de actividades gremiales y sindicales
  • Útiles de protección y seguridad.
  1. BENEFICIOS ADICIONALES
  • Bono alimentación y Bono asistencial.
  • En el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal, se pagará un bono navideño equivalente a sesenta días adicionales al beneficio de alimentación, sobre la base de cálculo vigente.
  1. BENEFICIOS PARA SALUD
  • Garantizar los aportes para los IPP, IPS, Servicios Médico-Odontológicos y contingencia médica de los trabajadores universitarios cuyos servicios de salud sean manejados a través de los IPP, IPS, Auto-administrado o Fondo Mutual.
  • Aporte para  HCM: Incrementar al 5% de la nómina anual actualizada de sueldos básicos del Personal Docente y de Investigación para mejorar los planes de HCM dependientes de los IPP.
  • Fondo de Contingencia médica: Incrementar al 5% de la nómina anual  básica actualizada del Personal Docente y de Investigación orientados a financiar los siniestros que excedan las pólizas de HCM dependientes de los IPP.
  • Examen Médico Periódico o Tutorial: Garantizar de acuerdo  a la LOTTT y para cumplir el mandato de la LOPCYMAT la realización de un (1) examen médico integral una vez al año, durante el primer trimestre de cada año y dos (2) veces al año para los trabajadores en condición de riesgo laboral.
  • Fondo para enfermedades catastróficas.
  • Cobertura de enfermedades pre-existentes.
  • Póliza básica para HCM.
  • Entrega de medicamento.
  • Ayudas especiales para tratamientos correctivos.
  • Seguro de vida y accidentes personales.
  • Garantizar el 100% de cobertura para el pago de seguro funerario, dotación de medicamentos e insumos médicos, prótesis, lentes correctivos, exámenes de laboratorio y exámenes especiales, equipos clínicos (camas hospitalarias, sillas de rueda, andaderas, bastones, etc.) para todos los Profesores de las Universidades, Institutos y Colegios Universitarios.

  VI.      PREVISIÓN SOCIAL

  • Previsión Social: Incrementar a 10% de la nómina anual básica actualizada del Personal Docente y de Investigación, como aporte federativo para ampliar y fortalecer la previsión social y planes recreacionales del profesor universitario.
  • Fondo de Jubilaciones y Pensiones: Suspender cualquier tipo de proceso de eliminación de los Fondos; que se cancele el aporte patronal y se restituya su  funcionamiento en su totalidad.  Homologar el monto de  los aportes profesorales e institucionales en todas las Universidades.
  • Fondo para vivienda.
  • Adelanto de Prestaciones Sociales: De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 144 de la LOTTT.
  • Pago de Prestaciones Sociales: Las Prestaciones Sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. El MPPEUCT a través de las Instituciones Universitarias conviene en reconocer los Acuerdos Internos, Actas Convenio y Convenciones Colectivas previos a la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, siempre y cuando no se desmejoren las condiciones establecidas en esta.
  • Anticipo de Intereses de Prestaciones Sociales: Constituir de inmediato el Fondo o Fideicomiso de Prestaciones Sociales para todo el personal universitario para cumplir con el mandato de la Ley y percibir anualmente el monto que corresponde por este concepto.
  • Cotización al IVSS: el MPPEUCT y las Instituciones universitarias deben garantizar la inscripción y  el pago oportuno de las cotizaciones a todos los miembros del Personal Docente y de Investigación. Además, deben asumir el compromiso de actualizar el pago del aporte a todos los profesores universitarios, en aquellas Instituciones en las cuales no se ha pagado este concepto para cumplir con lo estipulado en el marco jurídico constitucional.

VII.      OTROS BENEFICIOS EN AGENDA PARA SU DISCUSIÓN

  • Corregir situación de los Auxiliares Docentes, cuyas condiciones socio-económicas fueron desmejoradas en la discusión de la II CCU.
  • Aportes para estudios de Postgrado o Maestría: Incluir en el presupuesto anual de las Instituciones universitarias un aporte equivalente al 5% de la nómina anual básica actualizada del Personal Docente y de Investigación para estudios de Postgrado o Maestría de los Profesores Universitarios
  • Bono de compensación académica: El MPPEUCT y las Instituciones Universitarias convienen en pagar un bono único anual para la adquisición de libros, revistas científicas, equipos tecnológicos, etc., con el fin de elevar la calidad educativa del docente universitario en condición de activo por un monto equivalente al 10% del sueldo básico actualizado del profesor. Este bono se debe pagar en el primer trimestre de cada año.
  • Bono de transporte extraurbano: Por un monto de Bs. 20.000,00 para el año 2017, para el pago de transporte a los profesores que deben trasladarse  para el cumplimiento de su jornada laboral a través de rutas de transporte extraurbano.

VIII.      DEUDAS POR BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS

Revisar estos aspectos que han sido vulnerados a nuestro entender y que han generado deudas que afectan el patrimonio de los trabajadores universitarios.

  • Deuda por cálculo deficiente de los bonos, vacacional y de fin de año: El cálculo de la deuda acumulada por este concepto,  del año 2002 hasta el año 2016, debe hacerse con un programa único convenido entre la representación del MPPEU y los gremios y sindicatos.
  • Deuda por bono Asistencial (Bono Salud): Con los Docentes: pagar el retroactivo desde enero 2008. 
  • Deuda por prima por hogar: Con el Personal Docente activo y con los jubilados y pensionados. Por retroactividad desde enero 2009.
  • Deuda por prestaciones sociales: Para todo el personal jubilado, pensionado y sobreviviente desde el año 1998, pago inmediato.
  • Deuda por concepto de ajuste salarial: Exigimos la revisión y reconocimiento de la deuda que se ha generado desde el bienio 2004-2005 por la política de ajuste salarial unilateral y la incorrecta aplicación del tabulador OPSU (2000), política ésta que violentó la retroactividad y progresividad de nuestros derechos.
  • Programa de beneficio académico: Reactivar el pago del aporte del 3,5% de la nómina anual básica actualizada del Personal Docente y de Investigación. Definir el cronograma de pago de la deuda generada por este concepto desde el año 2000.

IX.         OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES

  • Ratificar la autonomía universitaria a partir de la Constitución de 1999 como un valor fundamental para el funcionamiento y desarrollo de todas las Instituciones de Educación Superior.
  • Ratificar que las Universidades Nacionales no son consideradas entes adscritos ni dependientes del MPPEUCT, sino Instituciones de gestión pública corporativa de derecho público, siendo equiparadas por la Jurisprudencia Patria, a los entes descentralizados funcionalmente al servicio de la Nación.
  • Es la propia CRBV la que le atribuye a la Ley el desarrollo de los aspectos relacionados con el funcionamiento de las Universidades, tomando en consideración la autonomía universitaria, en virtud de la cual, su organización y funcionamiento se establece en sus Reglamentos Internos. Resolución N° 0001, de fecha 16/01/2014, de la Dirección General de la Oficina de Consultoría Jurídica del MPPEU)
  • Ratificar y respetar la  DECLARACIÓN  suscrita el 6 de agosto de 2013, entre representantes del MPPEU, AVERU y  FAPUV (Se anexa copia).
  • Reconocer que la clasificación, categorías, condiciones de ingreso, permanencia, ascenso, dedicación, egreso, jubilaciones y pensiones del Personal Docente y de Investigación de las
  • Universidades Nacionales, son las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Universidades, los Reglamentos y Normas Internas de dichas Instituciones. Todo en aras del respeto a la autonomía universitaria.
  • Ratificar que el escalafón correspondiente al Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales debe ser uniforme en todas las Universidades.
  • Ratificar la plena vigencia de las Normas de Homologación que han sido incumplidas por el Gobierno Nacional desde el bienio 2004-2006.
  • Ratificar que el Personal  en condición de jubilado, pensionado y sobreviviente, tiene los  mismos derechos que el personal en condición de activo y que por lo tanto se debe corregir de manera inmediata el pago de la pensión del personal en condición de jubilado, pensionado y sobreviviente,  en concordancia con el  personal en condición de activo, revisando cada uno de los expedientes para igualar a través del beneficio más favorable.
  • Se debe unificar y fortalecer los Regímenes pre-existentes de  Jubilaciones y Pensiones  del personal docente de las Universidades Nacionales, cuya excepción está garantizada de la aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en el Artículo 3 del mismo.
  • Todos los conceptos aprobados en el marco de las discusiones Convenciones Colectivas, que dependen directamente de los Consejos Universitarios, deben ser incorporadas en las respectivas Actas Convenio Institucionales.
  • Los derechos adquiridos por Normas de Homologación, Actas Convenio y otros instrumentos, internacionales, nacionales e institucionales, que no aparecen en este resumen, serán actualizados en el desarrollo de la discusión.

Los recursos financieros para la instrumentación de los Acuerdos alcanzados en la discusión de estas condiciones laborales deben ser garantizadas por el Estado venezolano según lo consagrado en los Artículos 102, 103 y 104 (anexos) de nuestra  Constitución (CRBV) y reconocido por el MPPEU en la  “DECLARACIÓN” suscrita el 06 de agosto de 2013 en sus numerales 2 y 4 (documento anexo).

La discusión de la Ley de Presupuesto y de Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior es competencia de la Asamblea Nacional.

Creemos que es el momento propicio para discutir sobre las elecciones de autoridades y la posible participación de los trabajadores profesionales y técnicos, administrativos y obreros. Es una discusión que debe dar cada Consejo Universitario o Directivo con su comunidad, bajo la asesoría de expertos en la materia. No podemos aceptar imposiciones de entes externos.

¡A DEFENDER NUESTRO PARLAMENTO Y RESTITUIR NUESTROS DERECHOS!

En Venezuela, la violación del Estado de derecho es la norma, la violación por parte del poder político de todos nuestros derechos humanos, políticos y sociales, y los colectivos, ambientales, de las nuevas generaciones, ésa es la norma.

Ese Estado de facto reina, además, sobre una debacle social: Nuestro sistema educativo público, que fue declarado, con justicia, en septiembre de 2018, en emergencia humanitaria compleja por la Asamblea Nacional, hoy está prácticamente desmantelado.

No hay igualdad de oportunidades para una educación de calidad. No hay recursos para la investigación científica. Los profesores sostienen la universidad  pública y los maestros, la escuela. Hoy, Día del Maestro, la realidad en Venezuela es de maltrato al maestro y de menosprecio a la educación. Ser docente es un voluntariado, un apostolado. Somos los particulares asumiendo la responsabilidad del Estado.

El Estado se retiró de su obligación con la educación y con la salud. El trabajo ha sido destruido. Y el salario ha sido pulverizado. No hay libertad sindical: Rubén González, Secretario General del sindicato de Ferrominera,  está preso en una cárcel militar, y Rodney Álvarez, trabajador está preso con delincuentes comunes, ambos por defender los derechos laborales de los trabajadores de Guayana. Y nuestras protestas son sistemáticamente reprimidas por la fuerza policial, militar y paramilitar

Es precisamente la burla del derecho al voto, la burla de la participación política en general,  lo que sostiene a los actuales actores políticos en el poder. El Ejecutivo Nacional ha desconocido desde 2016 que la soberanía reside en el pueblo y que la Asamblea Nacional (AN) es expresión de la voluntad del pueblo, y se ha valido del TSJ y de los cuerpos policiales y parapoliciales para atacarla sistemáticamente, a través de acciones tales como: allanamientos a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política, usurpación de sus funciones, violencia física contra los parlamentarios, apropiación indebida de los recursos para el funcionamiento del parlamento, más de 115 sentencias contra la Asamblea Nacional, hostigamiento y amenazas a los diputados y a sus familiares, entre otras.

La más reciente manifestación de ese desconocimiento a la Soberanía Popular es el asedio a la AN, iniciado el pasado 5 de enero de 2020, cuando fuerzas armadas gubernamentales regulares e irregulares obstaculizaron la entrada al Palacio Legislativo donde debía elegirse la nueva directiva del Parlamento. Desde la noche anterior los diputados del interior alojados en un hotel fueron hostilizados por fuerzas armadas gubernamentales y durante la semana previa, fueron varias las denuncias de amenazas contra diputados y sus familias.

En esa circunstancia de asedio y represión contra la libre actividad parlamentaria se nombró esa mañana una nueva directiva, supuestamente, porque no hay actas de la sesión, no hay acta de votación. Pero centrar toda la atención en una lista inexistente o desparecida de esa sesión írrita, puede terminar naturalizando toda la persecución a diputados, y la evidente intromisión del Ejecutivo Nacional, que acorraló lo que debía ser un acto propio y exclusivo del Poder Legislativo, cuya autonomía fue violentada por la fuerza, a tal extremo que el Presidente de la AN debió convocar y realizar la sesión en la tarde, cuando se logró el quorum, se realizó la votación como corresponde, se eligió la nueva Directiva y se suscribieron debidamente las actas, como todo el país ha podido constatar, en vivo, a través de los medios de comunicación.

En este momento, una sentencia del TSJ, reconoce a la nula directiva impuesta por el Ejecutivo Nacional la mañana del 5 de enero la cual cataloga como un hecho público, notorio y comunicacional y desconoce la sesión de la AN válidamente realizada en la tarde de ese mismo día en la sede del diario El Nacional”. Y nuevamente, cuerpo policiales, militares y paramilitares han rodeado el Palacio Legislativo, para impedir con violencia la entrada al hemiciclo de una delegación de diputados no afectos al oficialismo y sabotear de esa manera su labor parlamentaria.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, fiel a sus principios estatutarios, legales y constitucionales, hace un llamado a la ciudadanía, y en especial a los universitarios, para la defensa de la Asamblea Nacional.

Hoy, los ciudadanos no tenemos a dónde acudir a defender nuestros derechos que son permanentemente violados. Es indispensable la recuperación de la institucionalidad en Venezuela y eso comienza por la defensa de la Asamblea Nacional, con sus plenos poderes como lo establece la Constitución, para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral y recuperar el derecho al voto; para el nombramiento de un nuevo TSJ, y recuperar el derecho a la justicia; para la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional y recuperar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al salario digno y la libertad sindical; para la aprobación de acuerdos sectoriales que permitan solucionar serios problemas, como el del servicio eléctrico, que afectan gravemente a la población venezolana especialmente en el interior de la República.

¡La Asamblea Nacional y la Universidad Autónoma son los únicos espacios democráticos que nos quedan!

¡¡Los luchamos o los perdemos!!

ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS

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Organizaciones sindicales y FAPUV denunciaron ante la OIT violación de la libertad sindical y ausencia de diálogo social en Venezuela

Dirigentes sindicales y gremiales de Caracas y Guayana declararon este lunes 6 de mayo ante la Comisión de Encuesta de la OIT, designada en marzo de 2018 y presidida por Manuel Herrera Carbuccia, que conoce la queja contra el gobierno de Venezuela por violaciones al CONVENIO 87, sobre la LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, de 1948; violaciones al CONVENIO SOBRE LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS, 1928 (#26), y violaciones al CONVENIO 144 SOBRE LA CONSULTA TRIPARTITA (NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO), 1976: AUSENCIA DE DIÁLOGO TRIPARTITO EN TEMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES.

Como parte de la declaración se trataron los casos de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales, recluidos en prisión y luego sometidos a régimen de presentación para impedir el ejercicio de su actividad sindical y se denunció el particular ensañamiento contra Rubén González, Secretario General del Sindicato de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), sometido a la injusticia militar por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido, quien se encuentra recluido en la cárcel de La Pica desde noviembre de 2018.

De la misma manera, se denunciaron los casos de Omar Escalante, Presidente de Fetracarabobo, detenido en 2017, quien también fue juzgado en un tribunal militar, y de cuatro trabajadores de Venalum detenidos en diciembre de 2018 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la empresa.

En la reunión, también se conocieron los casos de sicariato y de agresiones físicas a dirigentes sindicales, y la discriminación contra las organizaciones sindicales autónomas.

En su derecho de palabra, FAPUV denunció el desconocimiento de las Normas de Homologación por parte del Ejecutivo Nacional y la exclusión reiterada del gremio profesoral de la negociación colectiva, la represión contra los universitarios y la judicialización del conflicto universitario.

En efecto, en el sector universitario, en el año 2013, fue desconocida la legitimidad de FAPUV para representar al profesorado en la discusión de la Primera Convención Colectiva Única del sector. Argumentó el gobierno que ni FAPUV ni sus asociaciones afiliadas estaban constituidas, ni registradas como sindicatos, aunque  es la organización mayoritaria en el sector, con 45.000 afiliados, y desde su fundación, hace más de 50 años, ha venido cumpliendo funciones sindicales y negociando y celebrando acuerdos salariales y otros beneficios.

En 2015, las federaciones del sector, incluida FAPUV, consignaron el proyecto de Segunda Convención Única,  pero en la convocatoria de la reunión normativa laboral el Ministerio del Trabajo excluyó a las Universidades Autónomas y a las organizaciones sindicales mayoritarias[1], y en cambio incluyó y convirtió  en signataria a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv). No le importó al Despacho que esa federación hubiera sido registrada el 01-05-2015, es decir, dos semanas después de consignado el proyecto.La idea fue discriminar a las organizaciones autónomas mayoritarias con el argumento de la “mora electoral# e imponer a los militantes del partido de gobierno, que si ese es el caso, también estaban en mora, creándoles un parapeto nuevo, en abierta violación a su propio Decreto de Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLTTT)

Asimismo, para la discusión de la Tercera Convención Colectiva Única del Sector Universitario, de 2017, fueron excluidos FAPUV, 14 sindicatos de la Federación de Trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación de Obreros (FENASOESV), los Sindicatos No Federados de Obreros y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (FENASIPRUV). 

Finalmente, FAPUV denunció la eliminación de las tablas salariales y los derechos adquiridos, a partir del paquetazo de Maduro de agosto de 2018. Como se recordará, el 31-08-2018 se produjo un ajuste inconsulto del salario mínimo. El 4 de septiembre, el Ministro de Comunicación e Información anunció la aprobación de una Tabla Salarial Única para toda la Administración Pública, y el 11-10-2018, el Ministerio del Trabajo dictó el Memorando Circular N° 2792 con los “lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo”. En esos lineamientos se crea una comisión para “racionalizar” los beneficios laborales de los trabajadores del sector público y privado –beneficios estos que no pueden ser intervenidos por el Estado en virtud de los principios constitucionales de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales– y se crean unas “mesas técnicas” cuyo efecto es el de desconocer el derecho constitucional a la negociación colectiva e impedir en la práctica el ejercicio del derecho constitucional a la huelga. Dichas mesas y lineamientos desconocen la negociación colectiva libre de injerencias estatales.

En abril de 2019, el Ejecutivo Nacional, nuevamente modificó las tablas del sector universitario y las tablas de la administración pública, si consultarlo con gremios y sindicatos, y desconociendo, una vez más, el punto de arranque, las escalas salariales y los beneficios adicionales conquistados por los trabajadores durante décadas de lucha y de negociación colectiva.


[1] Federación Nacional de Profesores Jubilados y Pensionados de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela (FENAPROJUPICUV), FETRAESUV, FENASOESV,  FENASIPRUV,  Sindicatos de Obreros No Federados y FAPUV.