En Venezuela, la violación del Estado de derecho es la norma, la violación por parte del poder político de todos nuestros derechos humanos, políticos y sociales, y los colectivos, ambientales, de las nuevas generaciones, ésa es la norma.
Ese Estado de facto reina, además, sobre una debacle social: Nuestro sistema educativo público, que fue declarado, con justicia, en septiembre de 2018, en emergencia humanitaria compleja por la Asamblea Nacional, hoy está prácticamente desmantelado.
No hay igualdad de oportunidades para una educación de calidad. No hay recursos para la investigación científica. Los profesores sostienen la universidad pública y los maestros, la escuela. Hoy, Día del Maestro, la realidad en Venezuela es de maltrato al maestro y de menosprecio a la educación. Ser docente es un voluntariado, un apostolado. Somos los particulares asumiendo la responsabilidad del Estado.
El Estado se retiró de su obligación con la educación y con la salud. El trabajo ha sido destruido. Y el salario ha sido pulverizado. No hay libertad sindical: Rubén González, Secretario General del sindicato de Ferrominera, está preso en una cárcel militar, y Rodney Álvarez, trabajador está preso con delincuentes comunes, ambos por defender los derechos laborales de los trabajadores de Guayana. Y nuestras protestas son sistemáticamente reprimidas por la fuerza policial, militar y paramilitar
Es precisamente la burla del derecho al voto, la burla de la participación política en general, lo que sostiene a los actuales actores políticos en el poder. El Ejecutivo Nacional ha desconocido desde 2016 que la soberanía reside en el pueblo y que la Asamblea Nacional (AN) es expresión de la voluntad del pueblo, y se ha valido del TSJ y de los cuerpos policiales y parapoliciales para atacarla sistemáticamente, a través de acciones tales como: allanamientos a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política, usurpación de sus funciones, violencia física contra los parlamentarios, apropiación indebida de los recursos para el funcionamiento del parlamento, más de 115 sentencias contra la Asamblea Nacional, hostigamiento y amenazas a los diputados y a sus familiares, entre otras.
La más reciente manifestación de ese desconocimiento a la Soberanía Popular es el asedio a la AN, iniciado el pasado 5 de enero de 2020, cuando fuerzas armadas gubernamentales regulares e irregulares obstaculizaron la entrada al Palacio Legislativo donde debía elegirse la nueva directiva del Parlamento. Desde la noche anterior los diputados del interior alojados en un hotel fueron hostilizados por fuerzas armadas gubernamentales y durante la semana previa, fueron varias las denuncias de amenazas contra diputados y sus familias.
En esa circunstancia de asedio y represión contra la libre actividad parlamentaria se nombró esa mañana una nueva directiva, supuestamente, porque no hay actas de la sesión, no hay acta de votación. Pero centrar toda la atención en una lista inexistente o desparecida de esa sesión írrita, puede terminar naturalizando toda la persecución a diputados, y la evidente intromisión del Ejecutivo Nacional, que acorraló lo que debía ser un acto propio y exclusivo del Poder Legislativo, cuya autonomía fue violentada por la fuerza, a tal extremo que el Presidente de la AN debió convocar y realizar la sesión en la tarde, cuando se logró el quorum, se realizó la votación como corresponde, se eligió la nueva Directiva y se suscribieron debidamente las actas, como todo el país ha podido constatar, en vivo, a través de los medios de comunicación.
En este momento, una sentencia del TSJ, reconoce a la nula directiva impuesta por el Ejecutivo Nacional la mañana del 5 de enero la cual cataloga como un hecho público, notorio y comunicacional y desconoce la sesión de la AN válidamente realizada en la tarde de ese mismo día en la sede del diario El Nacional». Y nuevamente, cuerpo policiales, militares y paramilitares han rodeado el Palacio Legislativo, para impedir con violencia la entrada al hemiciclo de una delegación de diputados no afectos al oficialismo y sabotear de esa manera su labor parlamentaria.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, fiel a sus principios estatutarios, legales y constitucionales, hace un llamado a la ciudadanía, y en especial a los universitarios, para la defensa de la Asamblea Nacional.
Hoy, los ciudadanos no tenemos a dónde acudir a defender nuestros derechos que son permanentemente violados. Es indispensable la recuperación de la institucionalidad en Venezuela y eso comienza por la defensa de la Asamblea Nacional, con sus plenos poderes como lo establece la Constitución, para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral y recuperar el derecho al voto; para el nombramiento de un nuevo TSJ, y recuperar el derecho a la justicia; para la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional y recuperar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al salario digno y la libertad sindical; para la aprobación de acuerdos sectoriales que permitan solucionar serios problemas, como el del servicio eléctrico, que afectan gravemente a la población venezolana especialmente en el interior de la República.
¡La Asamblea Nacional y la Universidad Autónoma son los únicos espacios democráticos que nos quedan!
¡¡Los luchamos o los perdemos!!
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
https://es-la.facebook.com/fapuv https://twitter.com/FAPUV https://infofapuv.wordpress.com/
#InfoFAPUV 