EXIGIMOS CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OIT PARA RESTITUIR DERECHOS LABORALES
En rueda de prensa convocada el día 31-12-2019, representantes de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela denunciaron que la respuesta del gobierno a la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo evade responder sobre derechos laborales conculcados a los trabajadores venezolanos. Así mismo, exigieron la inmediata libertad de Rubén González y demás presos políticos.
El pasado 27 de diciembre, el Ministro del trabajo, Germán Eduardo Piñate envió su respuesta al Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre Venezuela en relación con las violaciones reiteradas de los Convenios Internacionales N°26, sobre Salario Mínimo. N°87 sobre Libertad Sindical y N° 144 sobre Consulta Tripartita. Con un mal discurso leguleyo que evita entrar en el fondo del problema, el gobierno demuestra que no tiene defensa, no tiene absolutamente nada que argumentar en relación con las contundentes pruebas testimoniales y documentales sobre la violación de sus derechos establecidos en los citados convenios, aportadas por la clase trabajadora a la Comisión de Encuesta de la OIT a riesgo de su propia seguridad, dada la feroz represión contra la dirigencia sindical que caracteriza a este gobierno.
El gobierno se queja de que el informe de la OIT se refiere a las denuncias de los trabajadores y que debió limitarse a la queja de los empresarios, argumentando que esto constituye lo que en Derecho se conoce como Ultra petita, vicio conforme al cual una decisión judicial concede más de lo pedido. Es lamentable que el Ministro Piñate no entienda que en el derecho del trabajo no existe la ultra petita. De hecho, el mismo gobierno de Hugo Chávez la eliminó cuando aprobó el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (DLOTTT), cuyo artículo 6 establece que el juez del trabajo puede dar derechos que incluso no han sido reclamados. Entonces, esa idea de que el juez debe limitarse a lo solicitado, está abolida por el principio de la irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales.
En el fondo, lo que el gobierno debe reconocer es que los soportes documentales y testimoniales presentados ante la OIT por los trabajadores venezolanos son contundentes. La libertad sindical es una sola, se respeta o se viola y el gobierno venezolano la viene violando todos los días de todos los años, así como también incumple los convenios sobre salario mínimo y sobre consulta tripartita.
Por otra parte, en su lamentable respuesta, el Ministro Piñate califica a las organizaciones sindicales que no son afines al gobierno como sindicatos amarillos controlados por los empleadores. La realidad es que las organizaciones de trabajadores amarillas, es decir, patronales, controladas por los empleadores, son las que controla el gobierno a través de su partido, las cuales, por cierto, y afortunadamente, agrupan a muy pocos trabajadores porque la inmensa mayoría de los trabajadores está organizada en sindicatos, federaciones y confederaciones autónomas e independientes.
Las denuncias que las organizaciones sindicales y gremiales autónomas formularon ante la Comisión de Encuesta de la OIT, con pruebas irrefutables, son genuinamente sindicales ya que anteponen el interés de los trabajadores a cualquier otra consideración. Pero el gobierno, en vez de abordar el fondo del problema que es la violación de los convenios, y comprometerse a cumplirlos y a acatar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, lo que hace es atacar a las organizaciones sindicales y gremiales autónomas e independientes de Venezuela, ratificando de esta manera su absoluta intolerancia a la libertad. El gobierno cree erróneamente, que con estos argumentos puede librarse de responder por las claras y atroces violaciones a los derechos de los trabajadores en Venezuela.
Defiende el Ministro las citaciones y detenciones preventivas con que se reprime la acción sindical, alegando que su finalidad es investigar y tomar declaraciones para dictar una decisión ajustada a derecho, cuando la realidad es que el Estado utiliza la normativa legal para perseguir, hostigar e impedir la acción sindical autónoma de la clase trabajadora, desvirtuando de esa manera los fines previstos por el legislador y violando descaradamente el derecho a la protesta y a la acción sindical autónoma.
En su respuesta, el gobierno reconoce que la Asamblea Nacional (AN), es la instancia competente para llevar adelante las reformas legislativas necesarias. Efectivamente, esta materia es competencia de la AN, en la cual hay una bancada oficialista y una bancada opositora, por lo que exhortamos a la AN a que proceda a la discusión de esas reformas, comenzando por el DLOTTT, y a que inicie la discusión del proyecto de Ley de Libertad Sindical consignado en 2016 por la clase trabajadora venezolana ante la Comisión de Desarrollo Social de la AN.
Finalmente, el gobierno llega al extremo de justificar el juicio a civiles por tribunales militares, alegando que la jurisdicción es del juez natural con competencia en la materia. Al respecto, la Constitución es clara. Los civiles solo pueden ser juzgados por tribunales civiles. Pero el supuesto gobierno obrero de Venezuela le ha entregado el principal líder obrero del país a la cúpula militar que lo mantiene secuestrado. Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera y líder fundamental de los trabajadores de Guayana, sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar, debe ser liberado de inmediato, así lo ha dicho la Comisión de Encuesta de la OIT, la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, y así lo exige la clase trabajadora venezolana.
INTERSECTORIAL DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (I.T.V)
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