INTERSECTORIAL DE TRABAJADORES DE VENEZUELA EXIGE CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OIT PARA RESTITUIR DERECHOS LABORALES

EXIGIMOS CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OIT PARA RESTITUIR DERECHOS LABORALES

En rueda de prensa convocada el día 31-12-2019, representantes de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela denunciaron que la respuesta del gobierno a la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo evade responder sobre derechos laborales conculcados a los trabajadores venezolanos. Así mismo, exigieron la inmediata libertad de Rubén González y demás presos políticos.

El pasado 27 de diciembre, el Ministro del trabajo, Germán Eduardo Piñate envió su respuesta al Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre Venezuela en relación con las violaciones reiteradas de los Convenios Internacionales N°26, sobre Salario Mínimo. N°87 sobre Libertad Sindical y N° 144 sobre Consulta Tripartita. Con un mal discurso leguleyo que evita entrar en el fondo del problema, el gobierno demuestra que no tiene defensa, no tiene absolutamente nada que argumentar en relación con las contundentes pruebas testimoniales y documentales sobre la violación de sus derechos establecidos en los citados convenios, aportadas por la clase trabajadora a la Comisión de Encuesta de la OIT a riesgo de su propia seguridad, dada la feroz represión contra la dirigencia sindical que caracteriza a este gobierno.

El gobierno se queja de que el informe de la OIT se refiere a las denuncias de los trabajadores y que debió limitarse a la queja de los empresarios, argumentando que esto constituye lo que en Derecho se conoce como Ultra petita, vicio conforme al cual una decisión judicial concede más de lo pedido. Es lamentable que el Ministro Piñate no entienda que en el derecho del trabajo no existe la ultra petita. De hecho, el mismo gobierno de Hugo Chávez la eliminó cuando aprobó el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (DLOTTT), cuyo artículo 6 establece que el juez del trabajo puede dar derechos que incluso no han sido reclamados. Entonces, esa idea de que el juez debe limitarse a lo solicitado, está abolida por el principio de la irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales.

En el fondo, lo que el gobierno debe reconocer es que los soportes documentales y testimoniales presentados ante la OIT por los trabajadores venezolanos son contundentes. La libertad sindical es una sola, se respeta o se viola y el gobierno venezolano la viene violando todos los días de todos los años, así como también incumple los convenios sobre salario mínimo y sobre consulta tripartita.

Por otra parte, en su lamentable respuesta, el Ministro Piñate califica a las organizaciones sindicales que no son afines al gobierno como sindicatos amarillos controlados por los empleadores. La realidad es que las organizaciones de trabajadores amarillas, es decir, patronales, controladas por los empleadores, son las que controla el gobierno a través de su partido, las cuales, por cierto, y afortunadamente, agrupan a muy pocos trabajadores porque la inmensa mayoría de los trabajadores está organizada en sindicatos, federaciones y confederaciones autónomas e independientes.

Las denuncias que las organizaciones sindicales y gremiales autónomas formularon ante la Comisión de Encuesta de la OIT, con pruebas irrefutables, son genuinamente sindicales ya que anteponen el interés de los trabajadores a cualquier otra consideración. Pero el gobierno, en vez de abordar el fondo del problema que es la violación de los convenios, y comprometerse a cumplirlos y a acatar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, lo que hace es atacar a las organizaciones sindicales y gremiales autónomas e independientes de Venezuela, ratificando de esta manera su absoluta intolerancia a la libertad. El gobierno cree erróneamente, que con estos argumentos puede librarse de responder por las claras y atroces violaciones a los derechos de los trabajadores en Venezuela.

Defiende el Ministro las citaciones y detenciones preventivas con que se reprime la acción sindical, alegando que su finalidad es investigar y tomar declaraciones para dictar una decisión ajustada a derecho, cuando la realidad es que el Estado utiliza la normativa legal para perseguir, hostigar e impedir la acción sindical autónoma de la clase trabajadora, desvirtuando de esa manera los fines previstos por el legislador y violando descaradamente el derecho a la protesta y a la acción sindical autónoma.

En su respuesta, el gobierno reconoce que la Asamblea Nacional (AN), es la instancia competente para llevar adelante las reformas legislativas necesarias. Efectivamente, esta materia es competencia de la AN, en la cual hay una bancada oficialista y una bancada opositora, por lo que exhortamos a la AN a que proceda a la discusión de esas reformas, comenzando por el DLOTTT, y a que inicie la discusión del proyecto de Ley de Libertad Sindical consignado en 2016 por la clase trabajadora venezolana ante la Comisión de Desarrollo Social de la AN.

Finalmente, el gobierno llega al extremo de justificar el juicio a civiles por tribunales militares, alegando que la jurisdicción es del juez natural con competencia en la materia. Al respecto, la Constitución es clara. Los civiles solo pueden ser juzgados por tribunales civiles. Pero el supuesto gobierno obrero de Venezuela le ha entregado el principal líder obrero del país a la cúpula militar que lo mantiene secuestrado. Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera y líder fundamental de los trabajadores de Guayana, sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar, debe ser liberado de inmediato, así lo ha dicho la Comisión de Encuesta de la OIT, la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, y así lo exige la clase trabajadora venezolana.

INTERSECTORIAL DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (I.T.V)

Organizaciones sindicales y FAPUV denunciaron ante la OIT violación de la libertad sindical y ausencia de diálogo social en Venezuela

Dirigentes sindicales y gremiales de Caracas y Guayana declararon este lunes 6 de mayo ante la Comisión de Encuesta de la OIT, designada en marzo de 2018 y presidida por Manuel Herrera Carbuccia, que conoce la queja contra el gobierno de Venezuela por violaciones al CONVENIO 87, sobre la LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, de 1948; violaciones al CONVENIO SOBRE LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS, 1928 (#26), y violaciones al CONVENIO 144 SOBRE LA CONSULTA TRIPARTITA (NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO), 1976: AUSENCIA DE DIÁLOGO TRIPARTITO EN TEMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES.

Como parte de la declaración se trataron los casos de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales, recluidos en prisión y luego sometidos a régimen de presentación para impedir el ejercicio de su actividad sindical y se denunció el particular ensañamiento contra Rubén González, Secretario General del Sindicato de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), sometido a la injusticia militar por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido, quien se encuentra recluido en la cárcel de La Pica desde noviembre de 2018.

De la misma manera, se denunciaron los casos de Omar Escalante, Presidente de Fetracarabobo, detenido en 2017, quien también fue juzgado en un tribunal militar, y de cuatro trabajadores de Venalum detenidos en diciembre de 2018 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la empresa.

En la reunión, también se conocieron los casos de sicariato y de agresiones físicas a dirigentes sindicales, y la discriminación contra las organizaciones sindicales autónomas.

En su derecho de palabra, FAPUV denunció el desconocimiento de las Normas de Homologación por parte del Ejecutivo Nacional y la exclusión reiterada del gremio profesoral de la negociación colectiva, la represión contra los universitarios y la judicialización del conflicto universitario.

En efecto, en el sector universitario, en el año 2013, fue desconocida la legitimidad de FAPUV para representar al profesorado en la discusión de la Primera Convención Colectiva Única del sector. Argumentó el gobierno que ni FAPUV ni sus asociaciones afiliadas estaban constituidas, ni registradas como sindicatos, aunque  es la organización mayoritaria en el sector, con 45.000 afiliados, y desde su fundación, hace más de 50 años, ha venido cumpliendo funciones sindicales y negociando y celebrando acuerdos salariales y otros beneficios.

En 2015, las federaciones del sector, incluida FAPUV, consignaron el proyecto de Segunda Convención Única,  pero en la convocatoria de la reunión normativa laboral el Ministerio del Trabajo excluyó a las Universidades Autónomas y a las organizaciones sindicales mayoritarias[1], y en cambio incluyó y convirtió  en signataria a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv). No le importó al Despacho que esa federación hubiera sido registrada el 01-05-2015, es decir, dos semanas después de consignado el proyecto.La idea fue discriminar a las organizaciones autónomas mayoritarias con el argumento de la “mora electoral# e imponer a los militantes del partido de gobierno, que si ese es el caso, también estaban en mora, creándoles un parapeto nuevo, en abierta violación a su propio Decreto de Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLTTT)

Asimismo, para la discusión de la Tercera Convención Colectiva Única del Sector Universitario, de 2017, fueron excluidos FAPUV, 14 sindicatos de la Federación de Trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación de Obreros (FENASOESV), los Sindicatos No Federados de Obreros y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (FENASIPRUV). 

Finalmente, FAPUV denunció la eliminación de las tablas salariales y los derechos adquiridos, a partir del paquetazo de Maduro de agosto de 2018. Como se recordará, el 31-08-2018 se produjo un ajuste inconsulto del salario mínimo. El 4 de septiembre, el Ministro de Comunicación e Información anunció la aprobación de una Tabla Salarial Única para toda la Administración Pública, y el 11-10-2018, el Ministerio del Trabajo dictó el Memorando Circular N° 2792 con los “lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo”. En esos lineamientos se crea una comisión para “racionalizar” los beneficios laborales de los trabajadores del sector público y privado –beneficios estos que no pueden ser intervenidos por el Estado en virtud de los principios constitucionales de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales– y se crean unas “mesas técnicas” cuyo efecto es el de desconocer el derecho constitucional a la negociación colectiva e impedir en la práctica el ejercicio del derecho constitucional a la huelga. Dichas mesas y lineamientos desconocen la negociación colectiva libre de injerencias estatales.

En abril de 2019, el Ejecutivo Nacional, nuevamente modificó las tablas del sector universitario y las tablas de la administración pública, si consultarlo con gremios y sindicatos, y desconociendo, una vez más, el punto de arranque, las escalas salariales y los beneficios adicionales conquistados por los trabajadores durante décadas de lucha y de negociación colectiva.


[1] Federación Nacional de Profesores Jubilados y Pensionados de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela (FENAPROJUPICUV), FETRAESUV, FENASOESV,  FENASIPRUV,  Sindicatos de Obreros No Federados y FAPUV.