FAPUV rechaza amenazas contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización nacional de carácter académico-gremial que agrupa a las Asociaciones de Profesores Universitarios de las Universidades Públicas Nacionales, fiel a sus fines de “promover, desarrollar, consolidar y defender la función rectora de la Universidad Venezolana en la conducción del quehacer científico, cultural y académico”, se dirige a la opinión pública nacional a fin de rechazar las amenazas proferidas desde la televisora estatal contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, por publicar un informe en el que expertos analizan el estado de epidemia de la COVID-19 en Venezuela, y sus posibles escenarios, a partir de modelos matemáticos, con base en información epidemiológica oficial.

Con el conocimiento que nuestra Academia Nacional de Ciencias ha compartido, de manera responsable y desinteresada, a través del documento titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, el ejecutivo nacional debería proponerse ajustar el sistema sanitario a los posibles escenarios planteados y diseñar las estrategias de distanciamiento social en consecuencia. También podría confrontar estos escenarios con otros, de otros expertos. Lo que resulta inaceptable, es que se intimide, se difame y se exponga al desprecio público a los científicos venezolanos que hacen tanto con tan poco por nuestro país.

La verdad no atiende amenazas. El conocimiento científico es esencial para prevenir y manejar de mejor manera todo lo atinente a esta enfermedad, en función de controlar su impacto social y salvar vidas. Esto cobra mayor importancia cuando estamos frente a una crisis de salud pública generada por una pandemia para la cual no estamos preparados.

Las Universidades y las Academias deben ser consultadas y escuchadas en relación con los asuntos más importantes de la Nación, en los distintos ámbitos del conocimiento, y deben recibir todo el apoyo que requieren para la producción de conocimiento, la formación de talento y para dotar a la sociedad de la comprensión de la realidad, de la ciencia y de la tecnología necesarias.

Para atender situaciones de tanta gravedad como la de la pandemia por el coronavirus, lo que hace todo gobierno que se preocupa por la salud de su pueblo es abrir el diálogo con la comunidad científica nacional, apoyar a los investigadores y estimular el estudio del fenómeno con diversidad de enfoques, así como la búsqueda de soluciones, hasta lograrlas.

Pero en Miraflores creen que gobernar es reprimir. A las decenas de trabajadores de la salud y comunicadores sociales detenidos arbitrariamente luego del decreto de Estado de Alarma por el brote de la epidemia COVID-19, solo por opinar o informar al respecto, se suman estas amenazas a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Esta epidemia y las medidas que se han tomado para controlarla afectan significativamente la vida de todos los venezolanos, no solo a las cúpulas burocráticas en el poder. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar en el análisis y solución de esta grave situación. En las Universidades seguiremos ejerciendo nuestros derechos.

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16-05-2020

En el Día del Trabajador, FAPUV rechaza las tablas de hambre y convoca a la protesta unitaria por salario digno

Con motivo del 1° de mayo, Día del Trabajador, en Venezuela, el Ejecutivo Nacional fijó precios en dólares a los productos de la canasta alimentaria y definió, nuevamente de manera unilateral y autoritaria, un salario mínimo de Bs. 400.000, equivalente a dos dólares (2$) al mes que se traduce en más empobrecimiento para la clase trabajadora, y un beneficio mensual de alimentación de Bs. 400.000 (2$). Estos montos representan una ofensa a los venezolanos y no son suficientes  ni siquiera para pagar la comida de un día de una familia, mucho menos la de un mes.

En el Día del Trabajador, los universitarios no tenemos nada que celebrar, y sí mucho que protestar, empezando por esa política salarial que solo anuncia más pobreza, desnutrición, violación de todos los derechos sociales, y es la mayor traición que se haya hecho jamás a la dignidad de los venezolanos.

En el sector universitario, la consecuencia del nuevo salario mínimo es la imposición de unas tablas salariales que profundizan el hambre, la violación de la libertad sindical, de los derechos progresivos y del derecho a la negociación colectiva, como parte de la política de destrucción de las universidades. La situación es similar en los subsistemas de educación básica y media, y en toda la administración pública.

La pandemia del COVID-19, que nos mantiene recluidos en nuestros hogares para evitar los contagios, nos impide, además, la generación de ingresos adicionales para el sustento, y no hay respuesta de parte de las universidades ni de parte del Ministerio a los constantes llamados que hemos hecho para la atención urgente de este drama social que hoy sufren los hogares de los profesores universitarios.   

La violación continuada del artículo 91 de la Constitución, el cual estipula que el salario mínimo debe acordarse con trabajadores y empleadores, tomando en cuenta el costo de la canasta básica, amerita una respuesta unificada de todos los asalariados del país. Urge reunir el apoyo y la voluntad de todos los venezolanos para decirle al mundo lo que este gobierno opresor hace con los trabajadores.

Convocamos a nuestros agremiados, e invitamos a todos los trabajadores venezolanos, a  manifestar el próximo viernes 1° DE MAYO a las 8pm su desacuerdo con las tablas de hambre a través de una PROTESTA PACÍFICA  DESDE SU LUGAR DE RESIDENCIA, haciendo sonar cacerolas y pitos, para exigir lo que por derecho nos corresponde: salario digno, seguridad social y diálogo social. Invitamos a utilizar en sus redes sociales las etiquetas #1MSalarioDeMiseria y #PorSalarioDignoYEducaciónDeCalidad, durante todo el día de los oprimidos  trabajadores Venezolanos,  para elevar la protesta a nivel no sólo nacional sino también internacional.

Invitamos a la Asamblea Nacional a declarar un compromiso formal con la recuperación del salario real y el mejoramiento sustancial en las condiciones de vida y de trabajo de los universitarios, y a construir con los gremios y sindicatos iniciativas ante la actual coyuntura que, teniendo como norte la restitución de los derechos sociales de los venezolanos, permitan atender en el corto plazo las necesidades más urgentes de salud y alimentación.

Junta Directiva

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Ciudadano CÉSAR TRÓMPIZ

Ministro de Educación Universitaria

La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APROUPEL), acompaña el planteamiento público efectuado por la Federación de Centros de Estudiantes y del Cogobierno Estudiantil de la UPEL, formulado en relación con su propósito de darle continuidad a la programación académica de la Universidad a través de la vía on line. Esta propuesta es INEJECUTABLE en una Universidad donde la plataforma tecnológica y comunicacional no funciona debido a que las periódicas y recurrentes fallas del SERVICIO ELÉCTRICO NACIONAL han provocado: 1) Caída de la conectividad con las sedes de los Institutos Pedagógicos y sus diferentes Extensiones Académicas que funcionan en los más apartados rincones del país; 2) Dificultad en el acceso a distintos sitios web, tanto académicos como comerciales y líneas telefónicas de CANTV; 3) Con robos intencionados de cableado repuesto; 4) repetidos “bajones de Tensión Eléctrica” que provocan el apagón general del CENTRO de Datos Nacionales; 5) Caída de los enlaces satelitales en siete (7) Extensiones Académicas que funcionan en San Fernando de Apure,

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Tucupita, Valencia, El Tigre, Los Teques, Maracaibo y Mérida, porque la empresa que prestaba el servicio abandonó el país; 6) Daño de la tarjeta Digital del CPA de la emisión de salida del centro de operaciones del sistema UPEL que funciona en la sede rectoral (Catia-Caracas) y 7) La veintena de reclamos e informes presentados ante las autoridades administrativas y técnicas competentes, que hasta la fecha no han generado solución alguna. En el mes de Noviembre/2018 en reunión efectuada con la Dirección Nacional de operaciones de la CANTV se propusieron soluciones y aún esperamos acciones efectivas. Unido a lo anterior, tanto a nivel del profesorado, como del estudiantado, no se dispone de un número significativo de equipos adecuados que garanticen la interacción que se aspira PROFESORALUMNO. Señor Ministro, a los hechos puntualizados en párrafos anteriores, debemos incorporarle la reducción presupuestaria en forma progresiva y la confiscación de su autonomía para gerenciarlo, lo cual ahonda la situación denunciada al observar con impotencia la ausencia de disponibilidad económica para reponer los equipos tecnológicos que han sido hurtados por bandas delictivas que frecuentemente incursionan en las edificaciones de nuestros Institutos

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Pedagógicos ante la indiferencia de los cuerpos policiales después de efectuarse las denuncias. Señor Ministro, nuestro cuerpo docente y estudiantil también es víctima de la crisis socio-económica que azota a la población en general, producto de la disminución creciente del poder adquisitivo.de sus ingresos salariales ante un modelo económico dolarizado e hiperinflacionario y de las pírricas y desactualizadas Becas Estudiantiles. En estas condiciones, Señor Ministro, lo mejor es quedarnos en casa y en medio de esta cuarentena sanitaria de aislamiento social, renovar esfuerzos por la lucha para que cese la emergencia humanitaria y compleja de la educación y por rescatar el desarrollo del país y lograr una mejor calidad de vida. Luego, una vez superada la crisis, nos reincorporaremos aspirando concertar esfuerzos que garanticen, además de obtener respuestas efectivas a las carencias señaladas en este documento, disponer de los servicios básicos de energía eléctrica, sin interrupciones abruptas y prolongadas, agua, transporte y alimentos requeridos para poder reiniciar el funcionamiento de la universidad. Las debilidades señaladas han provocado en docentes y estudiantes una gran desmotivación ante lo incierto de los escenarios que se le plantean

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para su desempeño y el silencio gubernamental en hallarles solución, no puede ser una respuesta inteligente para superarlas.
En Caracas, a los 29 días del mes de Abril del año 2020

Por la Junta Directiva Nacional de APROUPEL
Prof. Romelio Belo Rodríguez (LS) Prof. Gilmer Gómez Ramos(LS) Presidente Sec. Actas, Correspondencia e Información

Prof. Oscar Bolívar Bolívar (LS) Prof. Tomás Pérez (LS) Secretario de Finanzas Secretario de Reivindicaciones y Seguridad Social

Profa. Norma Chávez de Escobar (LS) Profa. Yasmeri González (LS) Secretaria de Asuntos Académicos y Gremiales Secretaria de Cultura, Deportes y Recreación

Profa. Verónica B. Oliveros (LS) Profa. Gisela Herrera (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional Caracas Presidente de la APROUPEL Seccional Miranda

Prof. Juan Rafael Pita (LS) Prof. Niuman Páez (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional I.M.P.M. Presidente de la APROUPEL Seccional Maracay Profa. Blanca Terán de Arrieta (LS) Prof. Hernán Azócar (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional Barquisimeto Presidente de la APROUPEL Seccional Maturín

Prof. Luís A. Escalona (LS) Prof. Fredelino Pérez (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional I.P.R. El Mácaro Presidente de la APROUPEL Seccional I.P.R. Rubio
Profa. Livia Becerra (LS) Presidente (E) de CONPROJUPEL

APUNELLARG APJPUNERG AETAS – SINDEA UNERG

COMUNICADO


Estamos ante una situación inédita, donde los venezolanos nos enfrentamos a una pandemia y en un contexto de agudización de la crisis social, económica y política, razón por la cual la inter-gremial de trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, consecuente con sus responsabilidades, ha mantenido un monitoreo y análisis de la situación actual que enfrentan los trabajadores, en tal sentido, se dirige a la comunidad universitaria con el fin de contribuir a la toma de conciencia y a la búsqueda de soluciones con carácter de urgencia.
1-. El gobierno incumple el derecho al salario digno consagrado en el artículo 91 de la Constitución, imponiendo por decreto un salario mínimo de hambre. En base a éste, se han establecido de forma inconsulta, tablas salariales para el sector universitario que desconocieron, desde el 2018 hasta la fecha, los derechos progresivos e intangibles de los trabajadores, violentando el derecho de discutir las condiciones laborales y remuneración liquidando así la convención colectiva. Esto ha traído como consecuencia que los sueldos y salarios de los trabajadores universitarios hayan perdido su vigencia, quedando peligrosamente muy por debajo del costo real de la canasta básica. Por tal razón, exigimos que la tabla salarial de los trabajadores universitarios inicie con un monto en dólares equivalente al valor de la Canasta Básica debido a la devaluación diaria y la pérdida del poder adquisitivo del bolívar y se restituyan los acuerdos contemplados en la Contratación Colectiva.
2-. En esta coyuntura de emergencia, muchos trabajadores activos y jubilados con enfermedades crónicas están imposibilitados de adquirir los medicamentos necesarios para resguardar su vida. Exigimos a las autoridades rectorales, como representantes del Ministerio para la Educación Universitaria, garantizar el derecho constitucional a la salud. Es urgente hacer las articulaciones necesarias con las instituciones del
Estado y con algunas ONGs para conseguir los medicamentos que requieren apremiadamente nuestros trabajadores.
3-. La educación es un derecho humano. Por lo tanto, todos los estudiantes están en su elemental derecho de recibir educación de calidad, lo cual, en éstas circunstancias, no está garantizado. Del mismo modo, ningún profesor puede ser limitado en sus labores por carecer de los medios materiales y técnicos para asumir de forma inconsulta la modalidad de educación a distancia. Una gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso a equipos móviles de nueva generación, ni disponen de equipos de computación conectados a Internet, mientras que aquellos que si los tienen enfrentan una permanente precariedad de los servicios de electricidad y de conectividad. Urge reprogramar de forma responsable el calendario escolar, la educación a distancia en el actual contexto es excluyente. No podemos ser cómplices de un cumplo y miento para satisfacer improvisaciones del Ministerio.

Exhortamos a la población universitaria a mantenernos activos por las redes sociales, a estar pendientes de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, a no perder la fe, la esperanza y hacer lo propio para sobrevivir a la pandemia del coronavirus.
Continuaremos atentos mientras dure la cuarentena y seremos una expresión clara de las necesidades y reclamos justos de los trabajadores ante las autoridades competentes. Es importante la Unidad.
San Juan de los Morros, 23 de Abril de 2020.

Jesús Lárez Secretario de Organización APUNELLARG.

Luis Silva Secretario de Organización AETAS – SINDEA UNERG

Elzi León Presidenta de APJPUNERG

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

En junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) se dirigió a la comunidad universitaria y en particular a la comunidad profesoral ucevista, a fin de manifestar su preocupación por el desacuerdo entre la Asociación de Profesores (APUCV) y las autoridades de la UCV, en relación con la situación del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), el HCM y los programas de seguridad social. En esa ocasión, manifestamos que para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad social de su personal docente y de investigación a que la obliga el artículo 114 de la Ley de Universidades, la UCV debía brindarle un apoyo decidido al IPP y entregar puntualmente los recursos necesarios para el financiamiento de sus programas. El acta convenio que rige las relaciones UCV-APUCV y acuerdos posteriores suscritos entre las partes es el instrumento para  regular esa materia.

Posteriormente, la discrepancia entre autoridades y gremio continuó. Un tema conflictivo ha sido  el uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones de los profesores ucevistas por parte de las autoridades, sin consultar a la APUCV ni al Consejo de Profesores Jubilados (CPUJUCV). Debemos recordar que la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV (FONJUCV) fue disuelta el 24 de marzo de 2014. La APUCV hizo esto con la intención de proteger los recursos del FONJUCV y garantizar que ese patrimonio, administrado de común acuerdo entre la UCV, la APUCV y los profesores jubilados, fuera destinado  a la seguridad social del profesorado de la UCV. 

Si bien FAPUV no acompañó en su momento la decisión de liquidar el FONJUCV, sino que, tanto en las reuniones de Junta Directiva como en las del Núcleo de Fondos de Jubilaciones, prevaleció la opinión de defender la institucionalidad previsional existente, una vez decidida la liquidación de FONJUCV por parte de los entes fundantes, nuestra Federación ha defendido y va a seguir defendiendo que ahí hubo un acuerdo que las partes deben honrar. 

En efecto, el acta de disolución fue suscrita por los tres entes fundantes (UCV, APUCV y CPUJUCV) y dispone, en su cláusula primera, que todos los bienes pertenecientes a la fundación serían cedidos en plena propiedad a la UCV “a los fines del restablecimiento material del fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente y de investigación de esta Casa de Estudios, en cumplimiento de su Reglamento de Jubilaciones y Pensiones vigente”; dicho Reglamento estipula que la administración del fondo corresponde  a una Junta Directiva integrada por cinco miembros: dos designados por el CU-UCV, dos por la APUCV y un profesor jubilado, electo por los jubilados y pensionados de la UCV en elecciones convocadas por el Consejo Universitario y organizadas por la Comisión Electoral de la UCV. Por lo tanto, el reclamo que viene haciendo la APUCV es justo y apegado a la norma.

Dado que la administración de los bienes provenientes de la liquidación de FONJUCV por parte de la UCV debe contar con el acuerdo de la APUCV y del CPUJUCV, la adquisición inconsulta del Centro de Diagnóstico para la Vida, C.A. (CEDIVI) y la pretensión de comprar una clínica con recursos del Fondo de Jubilaciones generó mucho malestar en el gremio y sigue siendo motivo de disputa.

Otras diferencias entre el Consejo Universitario de la UCV y la APUCV tienen su origen en concepciones distintas de cómo garantizar la seguridad social del profesorado, ya que se han emprendido iniciativas por parte de las autoridades que apuntan al montaje de un sistema paralelo de seguridad social: es el caso del intento de compra de una clínica y del proyecto de contratación de un seguro privado de hospitalización, cirugía y maternidad para profesores de la UCV. Al respecto, la Junta Directiva de FAPUV, fiel a lo que ha sido su línea de trabajo, insiste en la defensa de los IPP como instituciones previsionales de los profesores universitarios. Los IPP ofrecen garantías de cumplimiento efectivo y eficiente de su misión en materia de seguridad social que las universidades no pueden ofrecer, fundamentalmente porque ese no es su objeto, pero además, porque no tienen experiencias exitosas que exhibir al respecto.

En el caso específico del IPP-UCV, es indiscutible que por años ha logrado cumplir su misión y que hoy, a pesar de la pulverización del salario y del quebrantamiento de los acuerdos federativos por causa del cerco presupuestario contra las universidades, el IPP-UCV ha logrado mantener con éxito sus programas previsionales. Eso se debe, en buena medida, a una experiencia institucional de décadas, a la previsión de las distintas directivas en la administración de los recursos y al ahorro en moneda extranjera, cuyos rendimientos permiten mantener el Sistema de Atención Médica y Hospitalaria, el Sistema de Cobertura Funeraria y los centros educativos de Caracas y Maracay.

En el caso del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria (SAMHOI), por acuerdo con el CU-UCV, los costos deben ser compartidos entre los aportes provenientes del Fondo de Jubilaciones y el IPP-UCV. Los retrasos por parte de la UCV en honrar este compromiso han sido otra fuente de desacuerdo entre la institución y su profesorado.

Por otra parte, cualquier decisión en el ámbito de dicho acuerdo debe ser considerado entre la APUCV y el CU-UCV. Sin embargo, el CU-UCV del 01-04-2020 resolvió unilateralmente abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. Esta decisión ha sido una nueva fuente de discordia.

La situación actual del país y la política anti-universitaria del Ejecutivo Nacional desaconsejan los enfrentamientos internos. La Universidad es un espacio plural y democrático donde el pensamiento es diverso y la crítica es la norma, por lo que todos estos temas deben ser abordados con total claridad y apertura. Lo que no es aconsejable es que estas diferencias nos lleven a conflictos internos. En consecuencia acordamos:

  1. Hacer un llamado al abordaje de esta situación con la mejor voluntad de llegar a acuerdos en el marco de la normativa interna vigente, y con el propósito de fortalecer la seguridad social de los profesores y su Instituto de Previsión,  así como de cohesionar a la comunidad universitaria en esta hora tan dura para la universidad y para la Nación. En tal sentido invitamos al CU-UCV y a la APUCV a preparar una agenda con todos los puntos en discusión, a reunirse, a procurar soluciones y a cumplir los acuerdos.
  2. Reivindicar la plena vigencia del Acta Convenio APUCV-UCV, instrumento normativo que regula las relaciones de trabajo ente la UCV y sus profesores, así como los derechos y obligaciones de la UCV como institución empleadora y la APUCV como representante del profesorado.
  3. Exhortar al cumplimiento estricto del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de la UCV.
  4. Advertir que el ejercicio del diálogo social es el mecanismo previsto normativamente para la discusión y modificación de los derechos regulados en el Acta Convenio APUCV-UCV a través de las comisiones bipartitas que ella prevé  en su articulado, y desconocer, en consecuencia, cualquier acción de carácter unilateral por parte de la UCV que menoscabe los derechos de los profesores y su Asociación.
  5. De acuerdo con la Cláusula 20 del Acta Convenio APUCV-UCV, corresponde a la Comisión Mixta de Seguros conocer, controlar y auditar todo lo atinente al programa de cofinanciamiento de SAMHOI pactado entre la UCV y la APUCV. En consecuencia, es esa Comisión Mixta la que deberá considerar la propuesta patronal de abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. 
  6. En virtud de la emergencia humanitaria compleja que vive la Nación, agravada por la pandemia por el COVID-19, es indispensable que los profesores de la UCV puedan contar con la cobertura de SAMOHI tal como ella fue acordada. Es decir, que se respete al pie de la letra el convenio APUCV-UCV de cofinanciamiento de dos mil dólares ($2.000) para la cobertura y que se envíen los recursos por trimestre adelantado.

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23-04-2020

NOTIAPUNEG COMUNICADO La luz de Guayana en una nota de voz

La Asociación de Profesores de la UNEG (APUNEG), ante las estrategias para el proceso enseñanza aprendizaje anunciadas por las autoridades universitarias con el fin de iniciar el semestre 2020-I de manera on line, hace las siguientes observaciones:

  • Es un hecho la desconexión de las autoridades, algunos Jefes de Departamentos y Coordinadores de Carrera con la realidad que viven los docentes, empleados, obreros y estudiantes de la UNEG y la realidad de la región Guayana.
  • La pretensión de exigir el cumplimiento del semestres de manera on line es virtualmente uno de los más grandes desaciertos de estas autoridades, dado que no se cuenta con el mínimo soporte técnico, el colapso de los servicios de electricidad y telecomunicaciones que nos afectan a todos los venezolanos día a día, aunado al nivel de deterioro de los sueldos y las condiciones socioeconómicas que aquejan a estudiantes y profesores por igual. Es necesario mencionar que muchos profesores no cuentan con equipos tecnológicos porque se han tenido que desprender de los mismos para darle de comer a su familia.
  • Del comunicado CU-SAC – 026/20 del 13/04 se desprende que se aprobó contratar con CANTV para que dé soporte de Internet a la plataforma tecnológica de la universidad, lo que nos lleva a preguntar si en ese posible “contrato” la CANTV se compromete a prestarle el servicio de Internet en sus hogares a los profesores y estudiantes que no cuenten con ello y tengan acceso a la Web.
  • El envío de encuestas improvisadas (de forma tardía) a los profesores para conocer su disponibilidad de equipos, conectividad y el pago mensual del plan de datos de la telefonía fija y móvil reitera el desconocimiento de las autoridades sobre la realidad de los docentes. Entonces nos preguntamos: ¿Esta encuesta es para costear los gastos de los profesores o tan solo es una mera curiosidad? Es necesario resaltar que el servicio de telecomunicaciones en la región es significativamente deficiente por no decir inexistente.
  • Como recordatorio, la APUNEG obsequió un Pendrive de Movistar con acceso a Internet a todos sus agremiados, pero estas autoridades en su miopía académica fallaron ante la comunidad universitaria, luego de haber dado su palabra oficialmente para apoyar el mantenimiento del funcionamiento del servicio de Internet Movistar, que hoy en día, irónicamente, nos hace falta para implementar lo que ellos hoy quieren.
  • Consecutivamente semestre tras semestre las paupérrimas condiciones de infraestructura, sueldos, servicios estudiantiles, seguridad, entre tantos otros son superados por la misma realidad grotesca de una universidad moribunda y de un país corrompido por un Estado fallido y al cual estas autoridades ciegas, sordas y mudas apoyan complacientemente sin la menor vergüenza. Si se da inicio a este semestre las clases van “a trocha y mocha”, no importa la calidad, no importan las condiciones, se debe aparentar la normalidad.

Por tan solo citar un ejemplo, ahora las defensas de tesis se realizarán usando notas de voz de WhatsApp.

  • La APUNEG marca distancia de semejantes intenciones pues no existen las condiciones mínimas para implementar clases on line.

Desde la APUNEG exhortamos a nuestros agremiados a NO PARTICIPAR DE CLASES ON LINE sin las mínimas condiciones para el proceso enseñanza aprendizaje, hasta tanto no se subsanen las realidades que aquejan a la comunidad unegista con especial atención a sus profesores.

JUNTA DIRECTIVA DE LA APUNEG

FAPUV FRENTE AL PLAN UNIVERSIDAD EN CASA

La extensión de la cuarentena por el COVID-19 significa que no habrá vuelta a las aulas por ahora. El Ministerio de Educación Universitaria, ha anunciado un plan “Universidad en Casa” que se extendería hasta el mes de agosto; si existe tal plan, no es del conocimiento de las universidades, ya que el Ministerio no ha presentado una propuesta estructurada, con objetivos claros, actividades a desarrollar, plazos, responsables y presupuesto. Tampoco hubo una consulta previa a las autoridades universitarias ni al profesorado, lo que contraviene la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Queda claro, entonces, que el Ministerio no tiene cualidad para ofrecer un “Plan de Universidad en Casa”. Tampoco tiene elementos para afirmar, como lo ha hecho, que el 95% de las universidades se han sumado a dicho “plan”. En las actuales condiciones del país, es imposible la “Universidad en Casa”, por múltiples razones, todas ellas atribuibles a la pésima gestión del Ejecutivo Nacional y de su Ministerio de Educación Universitaria.

Esta oferta pública de formación de los futuros profesionales por parte de los profesores universitarios desde sus hogares, la ha hecho el Ministerio sin que concurran las mínimas condiciones para darle cumplimiento: la planta física, los laboratorios tecnológicos y los institutos especializados en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación de las universidades venezolanas se encuentran en franco deterioro, producto de años de cerco presupuestario, y de la inseguridad en el campus, pues muchos de sus espacios han sido desvalijados totalmente, y sustraído el material para ejercer la docencia, la investigación y la extensión. A esto hay que agregar las universidades que no pueden tener las plataformas tecnológicas operativas por falta de servicios elementales como la electricidad. Esta grave situación demuestra lo negativa y peligrosa que resultó para la Nación la política de cerco económico y de hostigamiento permanente contra las universidades y sus comunidades.

En la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos, una elevada proporción de estudiantes y profesores no tiene conexión a internet. Muchos sufren largos cortes del servicio eléctrico todos los días. Los salarios pulverizados, la salud precaria, el peligro de contagio por COVID-19, la cuarentena sin producción, sin ingresos, sin alimentos, sin gasolina y sin agua, son el contexto de la fantasía ministerial de unas supuestas clases a distancia, a ser dictadas sin internet, sin electricidad y sin dotación de equipos de computación. 

Por otra parte, muchas asignaturas solo son posibles en la modalidad presencial. Es el caso de las carreras que requieren prácticas de laboratorio y clínicas para la formación del estudiante, las asignaturas con componente práctico y profesional, los talleres, el servicio comunitario, los trabajos de grado experimentales y los de campo, entre otras.

En los casos en que sí es posible la educación a distancia, corresponde al profesorado universitario valorar su viabilidad y someterla a discusión y revisión en sus escuelas, departamentos y cátedras, ya que ella no se puede improvisar. Pasar de regímenes presenciales a la modalidad virtual supone un trabajo adicional para el docente, de adaptar los cursos y montarlos en un aula virtual, enseñar a los estudiantes a usarla y atenderlos en sus actividades. El “plan  de Universidad en Casa”, depende, entonces, de un trabajo enorme por parte de un profesorado, cuya labor académica no viene siendo remunerada  como corresponde, dado que entre el año 2001 y el año 2020 el salario real ha perdido el 99% de su valor.

El contacto académico que en la actualidad mantenemos con nuestros estudiantes, busca preservar su ritmo y disposición al estudio, y en algunos casos permite avanzar en los contenidos; pero para garantizar la formación de calidad que conduzca a un título profesional, y la culminación exitosa de todos los cursos, las universidades van a tener que analizar la situación, considerar las condiciones reales de las instituciones, sus profesores y sus estudiantes, y con base en ese análisis, reprogramar.

La reprogramación del período académico en las universidades debe incluir la reconsideración de las remuneraciones. Desde que comenzó la cuarentena hemos advertido por todas las vías posibles, de manera permanente, la debilidad con que nuestros agremiados están afrontando esta situación, al carecer de un ingreso que garantice la alimentación del núcleo familiar, y al estar imposibilitados de generar un ingreso alternativo a través del ejercicio libre de sus profesiones, toda vez que las actividades económicas están en su mayoría paralizadas. No ha habido respuesta, de nadie, ni siquiera para decir “lo vamos a tomar en cuenta”. Así pagan el compromiso y la entrega de una comunidad docente que, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, la pulverización de su salario y el deterioro de su seguridad social, ha logrado mantener la labor de formación en las universidades públicas y ha hecho enormes esfuerzos por preservar su calidad.

Es por eso que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización gremial constituida por las Asociaciones de Profesores de las 18 universidades públicas venezolanas de mayor prestigio nacional e internacional, formadoras del 90 % de los estudiantes regulares del sector público de la Educación Superior en Venezuela, acuerda:

  1. Rechazar la pretensión de obligar a los profesores universitarios a desarrollar actividades virtuales de docencia que sustituyan los programas presenciales interrumpidos por la cuarentena por el COVID-19. Esta modalidad solo se adoptará donde existan las condiciones, y de común acuerdo entre profesores y estudiantes.
  • Demandar el pago de un bono compensatorio mensual de $300, que cubra el costo de la canasta básica, para todos los profesores universitarios, activos y jubilados.
  • Solicitar la dotación de recursos económicos, medicinas e insumos a los institutos de previsión de los profesores universitarios (IPP) de las distintas universidades.
  • Ratificar que corresponde a los consejos universitarios reprogramar el período académico garantizando la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.
  • Exigir la discusión de la tabla salarial con la Federación, que permita volver a las aulas con salario digno.

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14-04-2020