POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEROGACIÓN DEL INSTRUCTIVO ONAPRE,SALARIO DIGNO,PRESTACIONES Y RETENCIONES

            Los artículos 91 (salario suficiente), 95 (derecho de sindicación) y 96 (derecho a la negociación colectiva voluntaria) de la Constitución Nacional (CRBV), así como los Convenios 95, 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos y ratificados por Venezuela, protegen los derechos al salario digno, la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores. El incumplimiento y la violación de tales principios constitucionales y legales es una práctica gubernamental que se ha profundizado en los últimos meses. Esto explica que la exigencia de derechos laboralessea la principal causa de protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2022, con amplia y constante participación del magisterio y el sector universitario.

Esta protesta laboral fue respondida por el gobierno con el encarcelamiento de dirigentes sindicales, la firma de “acuerdos” con organizaciones paragubernamentales, apéndices del partido de gobierno, y amenazas por voceros del oficialismo desde los medios del Estado, lo que elevó el descontento.

El Estado venezolano no solo no garantiza la inclusión y el derecho a la educación en ninguno de sus dos subsistemas, sino que con sus acciones menoscaba directamente la capacidad de las instituciones públicas de educación básica, media y universitaria de cumplir con su elevada misión.

En el sector universitario, dada la imposibilidad e incapacidad por parte del partido de gobierno de ganar ni una elección, se han impedido las elecciones de las organizaciones autónomas y se creó la ftuv, organización paragubernamental, para simular la negociación de convenios. La última convención firmada con dicha organización paragubernamental, es la IV CCU, cuyas mesas de discusión fueron instaladas por el gobierno venezolano el 28 de mayo de 2021, sin participación de FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que congregan a más del 90% de los trabajadores universitarios. La instalación de esas mesas de negociación con los ministerios del Trabajo, de Planificación y Universitario, fue ampliamente rechazada por los universitarios cuyos intereses no estuvieron ahí representados. No obstante, el 28 de julio de 2021 se anunció la firma del convenio y se dieron a conocer unas tablas salariales cuyo salario más elevado, el de profesor titular a dedicación exclusiva, era de once dólares ($ USA 11) AL MES.

El documento definitivo de la IVCCU no fue publicado. Oficialmente, de la IV CCU solo se dio a conocer la tabla salarial y un instructivo enviado a las universidades. En el instructivo enviado a las universidades, el Estado venezolano se comprometió con unas interescalas y unas fórmulas de cálculo de las primas salariales, que son conquistas y derechos laborales de los universitarios.

Sin embargo, en el mes de marzo de 2022, luego del decreto del ajuste del salario mínimo a Bs. 130, la ONAPRE emitió un nuevo instructivo en el cual se eliminaron unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores de la administración pública, con la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de los demás beneficios socioeconómicos.

En el sector universitario, para legitimar esta nueva violación a los derechos laborales, el gobierno se reunió con la ftuv, a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones legítimas, y homologó la IV convención, que está a punto de vencerse. La homologación de la convención, después de tantos meses, se produjo por el interés del gobierno de “legitimar” un nuevo atropello contra los derechos de los universitarios: fraccionar el bono vacacional y recreacional correspondiente al mes de agosto, y postergar la mayor parte de su pago para el venidero año. A través de este acuerdo, además, y a cambio de los favores recibidos, el gobierno le otorgó a su organización paragubernamental ftuv el 5% de la nómina, para garantizar su sostenimiento y sumisión. Evidentemente, el gobierno se valió de la facultad de la homologación que le da el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT) para imponer a los universitarios condiciones inferiores a las pre-existentes.

Gracias a la lucha nacional sostenida y en ascenso de los universitarios y el magisterio, a la cual se sumó el movimiento estudiantil en algunos estados con sus propias demandas, el gobierno pagó los 95 días que faltan del bono vacacional, pero con salario ONAPRE. Al respecto debemos señalar:

  1. Las vacaciones comenzaron a partir del momento en que se hizo efectivo ese pago.
  2. Se mantiene la demanda de la derogatoria del instructivo ONAPRE y de la deuda de salario que ha generado su aplicación, incluyendo su impacto negativo en el bono vacacional y recreacional.

La articulación intergremial en nuestras universidades, e intersectorial en la capital y en el interior de la República, y la participación creciente de los universitarios y demás sectores afectados en las acciones convocadas, es la causa del pago de los 95 días del bono vacacional, y debe mantenerse si queremos efectivamente lograr la restitución de nuestros derechos laborales. Por eso convocamos a nuestros agremiados a participar en las nuevas convocatorias de las asociaciones de profesores, las intergremiales y las intersectoriales. La lucha sigue por:

  • Derogatoria del instructivo ONAPRE y pago de la deuda de salario por su aplicación.
  • Pago de la deuda por retenciones de cajas de ahorro, asociaciones de profesores, sindicatos, y organizaciones previsionales.
  • Regreso de las nóminas a las universidades.
  • Providencias estudiantiles.
  • Presupuesto justo para la educación y para la investigación científica.
  • Pago de la deuda por prestaciones sociales.
  • Negociación con las federaciones mayoritarias, realmente representativas de los universitarios, de nuevas condiciones de trabajo y remuneración con garantía de salario digno, restitución de nuestra seguridad social, respeto a la libertad académica, a la libertad de asociación y a la autonomía universitaria.

¡EXIGIMOS RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES!

Junta Directiva

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FAPUV DEMANDA DEROGATORIA DE INSTRUCTIVO ONAPRE Y PAGO COMPLETO DE LAS VACACIONES

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) demanda una vez más, públicamente, la derogatoria del instructivo ONAPRE, por ser violatorio de los principios laborales constitucionales y derechos adquiridos. Exigimos el ajuste de los salarios y las jubilaciones al cálculo correcto conforme a derecho que reiteradamente han hecho llegar las universidades al ministerio, en función de la inmediata restitución de los derechos laborales de los universitarios.

El Estado venezolano está en la obligación de respetar y pagar los beneficios adquiridos, establecidos en las Actas Convenio Institucionales, Normas de Homologación y Convenciones Colectivas. FAPUV y sus asociaciones hemos mantenido desde el mes de marzo una actividad de movilización y denuncia con los demás gremios universitarios y organizaciones sindicales de la administración pública en defensa de la intangibilidad y progresividad de nuestros derechos laborales.

Así mismo, hemos apoyado la Demanda de Nulidad con Medida Cautelar de Amparo, contra el instructivo ONAPRE, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia por autoridades de la AVERU. Rechazamos que se haya negado el amparo que acompaña la solicitud de nulidad, con el argumento de que van a decidir «rápido», después de que se tardaron más de un mes en admitir el recurso. Y exigimos al TSJ que sentencie la materia de fondo de dicho recurso conforme a derecho, es decir, con respeto estricto de los principios constitucionales, las normas legales y los convenios internacionales suscritos por la República, garantes de los derechos de los trabajadores, que deben privar sobre cualquier otra consideración.

Demandamos del Ejecutivo Nacional el pago de las vacaciones en un solo monto, con base en los derechos progresivos de los universitarios, así como el reconocimiento del retroactivo desde el mes de marzo por el cálculo incorrecto del salario normal de los universitarios. Las vacaciones comenzarán después de que se haya cancelado el bono vacacional

Rechazamos una vez más cualquier pretensión de pasar los jubilados del sector universitario al régimen de la administración pública, y reivindicamos los derechos, vigentes por décadas, del régimen de pensiones y jubilaciones del sector universitario.

Así mismo, reiteramos la denuncia sobre el secuestro de las retenciones que se hacen al salario de nuestros agremiados y que no llegan a su destino desde agosto de 2021, lo que constituye una apropiación indebida de recursos, que viola gravemente la libertad sindical y limita la operatividad de los organismos gremiales y de previsión: Asociaciones, Institutos de Previsión Social, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y Cajas de Ahorro

Finalmente, convocamos a nuestros agremiados a seguir participando en las actividades de las asociaciones por la restitución de los derechos laborales y a mantener la articulación intergremial e intersectorial en función de fortalecer nuestra lucha

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FAPUV RECHAZA NUEVA ESCALADA CONTRA LOS DERECHOS LABORALES DE LOS UNIVERSITARIOS

La implementación del ajuste de las tablas salariales, luego del ajuste de salario mínimo, se ha convertido en una sucesión de atropellos y violaciones a la Constitución y a todas las leyes y demás instrumentos que regulan el trabajo en el sector universitario.

Lejos de responder a los justos reclamos y protestas de los universitarios que se suscitaron apenas se conoció el instructivo enviado a las universidades para la aplicación del ajuste, cuya ilegalidad y anticonstitucionalidad fue denunciada por FAPUV en su Cartelera de marzo de 2022, así como por nuestras asociaciones de profesores, la ONAPRE y la OPSU se dedicaron durante todo el mes de abril a jugar con los derechos laborales, con las nóminas y con las necesidades acumuladas de los universitarios, al punto de que, en varias instituciones, en la segunda quincena de abril se pagaron montos de alrededor del 50% de lo cancelado anteriormente.

De nada han valido las reuniones de autoridades, técnicos de las universidades y directivos sindicales y gremiales con la OPSU; para nada han tomado en cuenta las denuncias públicas de los universitarios, donde se demuestran y documentan punto por punto las violaciones a los derechos laborales progresivos e intangibles en las máximas casas de estudio. La intransigencia y prepotencia gubernamental alienta que cualquier funcionario ministerial se sitúe por encima de la Constitución y las leyes de la República y atropelle a su antojo a nuestras comunidades.

A este grave abuso con las tablas salariales, se suma el desconocimiento por parte del gobierno de la deuda social con miles de jubilados. La instrucción emitida para actualizar el pago de las prestaciones sociales de los jubilados entre 2018 y 2022, y el anuncio dado el primero de mayo de un bono para los jubilados de la administración pública de dicho período, constituye un desconocimiento descarado de la deuda por prestaciones sociales en las universidades cuyos jubilados de toda la última década no han recibido el pago de sus prestaciones. El recálculo de las prestaciones y la compensación por el daño patrimonial causado a nuestros jubilados deben ser universales.

El secuestro de la nómina universitaria a través del sistema Patria ha servido como alcabala para expropiar los aportes y retenciones de nuestros agremiados que se descuentan de los salarios, pero no llegan a su destino: cajas de ahorro, institutos de previsión y asociaciones de profesores.

Llamamos a mantener la movilización y la lucha por nuestros derechos laborales y a agotar en todas las universidades la instancia administrativa en la formulación de nuestros reclamos, para proceder a la vía judicial si es necesario

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NO MÁS SALARIOS DE HAMBRE: ¡SE IMPONE TOMAR LA CALLE!

La Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela FAPUV rechaza el instructivo ilegal que, con ocasión del decreto unilateral de ajuste del salario mínimo, se ha enviado a las universidades públicas para la elaboración y pago de la nómina, el cual fue elaborado a espaldas de la comunidad universitaria y de sus federaciones mayoritarias, violando el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

En dicho instructivo, el ejecutivo nacional impuso, una vez más, la reducción de las interescalas, de las primas y demás beneficios con carácter salarial del sector universitario, de manera unilateral y arbitraria, completamente al margen de la ley, y violando la progresividad e intangibilidad de los derechos y beneficios laborales (art. 89 de la CRBV) así como convenios internacionales de protección del trabajo suscritos por Venezuela tales como el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

En relación con las tablas salariales, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) redujo la distancia entre cargos (inter-escala) de obreros y empleados administrativos, generando la disminución en alrededor del 40% de los salarios de todos los sectores. En consecuencia, el profesor titular pasa a ganar lo que sería el sueldo de un profesor instructor si ONAPRE no hubiera mutilado la tabla de la manera en que lo hizo.

Las primas y demás beneficios salarizados que, con la tabla se salario básico constituyen el salario normal, también fueron reducidos a través de la modificación de la fórmula de cálculo. Es así como la prima de actividad universitaria fue reducida de 25% a 12,5% y la prima familiar de 40% a 10%. De la misma manera, la prima doctoral pasó de 60% a 40%, la de Maestría de 50% a 35%, y la prima de Profesor Titular fue eliminada, para desestimular el estudio, el ascenso y el desarrollo de la carrera académica.

El cálculo de la Prima de Antigüedad, que en la universidad se hace multiplicando 2% por el número de años de servicio, fue homologado al de la administración pública, lo que reduce significativamente su monto. No conformes con esta reducción, se le impuso un techo de 30% a dicha prima. La prima de antigüedad es un beneficio que premia la permanencia, destruirlo fomenta el éxodo de los trabajadores de mayor antigüedad, en un momento en que la Universidad venezolana tiene serias dificultades para captar y retener el talento debido a las precarias condiciones de trabajo y remuneración.

Beneficios como becas, prima por hijos, útiles escolares, tan importantes en esta circunstancia en que el salario no cubre ni siquiera la canasta alimentaria, fueron llevados al irrisorio monto de Bs. 12,50 y otros bonos fueron simplemente eliminados.

Con esta arremetida antiuniversitaria, el ejecutivo nacional insiste en su política de destriucción de los derechos constitucionales y humanos a la educación, al trabajo, al salario digno, a la negociación colectiva y a a libertad sindical. En consecuencia, acordamos:

  • Convocar a concentraciones y asambleas intergremiales en nuestras instituciones durante la semana del 27 de marzo al 1º de abril
  • Ratificar que, en ausencia de las condiciones de trabajo y remuneración indispensables para la realización de la actividad académica, NO SE PUEDE OBLIGAR A LOS UNIVERSITARIOS A PRESTAR SERVICIOS.
  • Articular con los demás gremios y sindicatos universitarios, colegios universitarios, organizaciones sindicales de otros sectores laborales y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil la DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
  • Solicitar a los consejos universitarios que aprueben una resolución o acuerdo en el cual reconozcan y ratifiquen la vigencia de la fórmula de cálculo de las primas de antigüedad, doctoral y de maestría, así como la prima de titularidad.
  • Exigir a las autoridades universitarias que, en virtud de la situación de EMERGENCIA HUMANITARIA COMPELJA en nuestras universidades, se ABSTENGAN de perseguir, intimidar, hostigar y sancionar A LAS VÍCTIMAS DE DICHA EMERGENCIA.
  • Introducir una queja formal ante la OIT por violación de los convenios 98 y 87 suscritos por Venezuela.

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AUTORIDADES DE LA UCLA SUSPENDEN EL “SUELDO” DE UN GRUPO DE PROFESORES

¡NO AL CHANTAJE!

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza la suspensión del salario de un grupo de colegas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y emplaza a las autoridades a trabajar en mecanismos de reactivación de la actividad académica basados en los principios de justicia, derecho a la vida, a la salud, al trabajo decente y a la libertad sindical.

La respuesta de las autoridades a la crisis no puede ser ir contra los profesores y convertirse en instrumento de chantaje y represión contra una comunidad que ha dedicado su vida a la universidad, que la ha defendido y que hoy se ve materialmente imposibilitada de garantizar la actividad académica normal porque carece de salario, de seguridad social y de los servicios indispensables para ello.

FAPUV ha denunciado nacional e internacionalmente esta grave situación que amenaza con destruir todo el subsistema de educación universitaria, debido a que el Estado venezolano se ha desentendido de su obligación de financiarlo y ha desviado los recursos de la educación a destinos desconocidos para la Nación. Los profesores universitarios no son responsables de la crisis a la que esta nefasta política estatal ha llevado a nuestras instituciones.

La suspensión del salario es una amenaza directa a la estabilidad laboral. ¿No les parece a las autoridades que es suficiente con que los universitarios hayamos sido despojados de nuestro salario, nuestros ahorros, nuestras prestaciones y nuestra seguridad social? ¿También van a despojarnos de nuestra estabilidad laboral? Esa estabilidad es un elemento fundamental de la carrera académica y garantía de la libertad de cátedra. Se están prestando a suspender el salario de unos colegas asfixiados por la situación de emergencia humanitaria que azota a la mayoría de la sociedad venezolana, y eso es muy grave.

Los profesores objeto de esta medida draconiana de las autoridades de la UCLA tienen todo el apoyo de su asociación y de su federación. FAPUV ha dicho claramente, en repetidas oportunidades y de manera formal, que los colegas imposibilitados de asistir a su actividad académica normal debido a la falta de condiciones salariales y de ambiente de trabajo, NO PUEDEN SER OBLIGADOS. Esta posición del gremio debe ser respetada por todos, empezando por las autoridades que también son agremiados. Lo contrario constituye una grave violación a la libertad de asociación, ya que los colegas actuaron de conformidad con las orientaciones de su gremio e informaron de su situación, en detalle, a las autoridades, las cuales debieron y deben buscar soluciones, no exigir imposibles.

En consecuencia, FAPUV y sus 18 asociaciones acordamos asumir la defensa de nuestros colegas de la UCLA, exhortamos a las autoridades a revertir esa medida, solicitamos una reunión con carácter de urgencia a la AVERU para discutir este punto, convocamos la solidaridad de todos los universitarios e invitamos a las federaciones hermanas a definir un plan conjunto de respuesta a este tipo de situaciones.

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Acción universitaria para la restitución del derecho a la educación, los derechos laborales, las libertades ciudadanas y la institucionalidad universitaria.

El Estado venezolano ha impuesto, por la vía de una práctica de ya muchos años, como norma general, someter al hambre y a la miseria a los universitarios, destruir las casas del saber y desconocer sus organizaciones sindicales y gremiales.

Como saldo de 2021 tenemos:

  • la sustitución del derecho a la negociación colectiva por una convención írrita refrendada con una federación paragubernamental antiuniversitaria;
  • el secuestro de las nóminas y con ellas, de las retenciones de los salarios de nuestros agremiados como aporte a sus asociaciones, de los aportes a las cajas de ahorro y de los acuerdos federativos;
  • una nueva reconversión que de la mano con la hiperinflación terminó de liquidar nuestra capacidad de compra;
  • la destrucción de las prestaciones sociales y de la seguridad social;
  • pagos irregulares y a destiempo de los montos impuestos por el mismo gobierno como remuneración a nuestro trabajo;
  • violación de la autonomía universitaria; violación de los recintos universitarios y en especial de la sede de la tricentenaria Universidad Central de Venezuela,
  • y despido indirecto de todo el personal al desconocer el valor del trabajo académico, pulverizar los salarios y convertirlos en humillantes propinas.

Comenzamos un nuevo año sin condiciones, bajo cualquier modalidad, para la docencia de excelencia que nos caracteriza. La sola ausencia de salario determina esa imposibilidad, pero a ella hay que agregarle la deplorable situación de la infraestructura de las universidades, la falta de recursos materiales de las universidades para garantizar la actividad académica, la llegada a Venezuela de la variante Ómicron del Covid-19, altamente contagiosa y cuyos efectos a largo plazo aún se desconocen, y la crisis irresoluta de servicios esenciales de electricidad e internet.

En consecuencia, exhortamos a las autoridades universitarias a reconocer este hecho objetivo, a coordinar con nuestras asociaciones las respuestas necesarias y, sobre todo, a no exigirle imposibles a nuestros agremiados; es indispensable que las autoridades entiendan la situación que están viviendo las universidades y sus trabajadores y busquen soluciones reales que no pueden incluir medidas coercitivas contra una comunidad que ha defendido por años a la universidad y que hoy se encuentra materialmente impedida de cumplir su trabajo en condiciones normales.

Para 2022, no esperamos un comportamiento diferente de parte de la Dictadura, empeñada como está en destruir el pensamiento plural y la educación en todos sus niveles. Está en las manos de los miembros del personal docente y de investigación de las universidades venezolanas, junto al resto de trabajadores y el sector estudiantil, generar rutas para la salvación de la institución universitaria, la recuperación de nuestro poder adquisitivo, la restitución de nuestros derechos sociales y humanos y la recuperación de nuestras libertades

En tal sentido, éste debe ser un año de renovación del liderazgo universitario y del liderazgo gremial, de organización y reunión de la comunidad académica para labrar un camino común de solidaridad, porque los universitarios la estamos pasando muy mal, así como de acción universitaria para enfrentar con éxito la operación sistemática gubernamental de destrucción de la educación en Venezuela.

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LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS EDUCAMOS DICTANDO CÁTEDRA Y CON EL EJEMPLO

DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
(05-12-2021)

Hoy, 5 de diciembre, conmemoramos el «DÍA NACIONAL DEL PROFESOR UNIVERSITARIO», en una Venezuela sumida en una gran crisis humanitaria, sociopolítica y económica, que ha afectado gravemente la institucionalidad, los principios y valores, los derechos humanos fundamentales y hasta el derecho a la vida. Situación agravada por la pandemia mundial desde el año 2020.

La Universidad Venezolana ha sido una de las Instituciones sometidas a un ataque desmedido de un régimen nefasto que no tiene ningún interés por la educación del pueblo sino más bien por el oscurantismo, para evitar la formación de mentes críticas, demócratas y libertarias.

Cómo producto de los arteros ataques no solo las universidades se han visto devastadas en su planta física, sino también en la academia.

La docencia, investigación y extensión, las condiciones laborales y la seguridad social de sus comunidades, han sido gravemente afectadas, desmejorando la calidad de la educación universitaria que siempre ha tenido un importante reconocimiento a nivel nacional e internacional.

La violación de la Autonomía Universitaria, con rango constitucional, es una acción que diariamente se cumple desde el Ministerio de Educación Universitaria a través del Consejo Nacional de Universidades bajo la mirada complaciente de un grupo de Rectores designados a dedo para actuar políticamente y llevar la universidad al pensamiento único, contrario a la universalidad y diversidad de pensamiento que la debe caracterizar.

Los PROFESORES UNIVERSITARIOS y todos los miembros de nuestras comunidades hemos resultado empobrecidos, algunos hasta llegar a la indigencia, ante el premeditado objetivo de un régimen que ha logrado profundizar las diferencias políticas y sociales en nuestro país.

Nos corresponde como PROFESORES UNIVERSITARIOS cumplir la función de educar a los hijos del pueblo venezolano pero sin poner en riesgo nuestra vida y la seguridad de nuestras familias.

No podemos permitir que se violenten nuestros derechos porque estaríamos diciéndole a los estudiantes que pueden aceptar la violación de la Constitución.

ABRAMOS CAMINO COLEGAS CON LA SERENA CONFIANZA DE SER PROTAGONISTAS EN LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y DE NUESTRA QUERIDA VENEZUELA

PROF. LOURDES RAMÍREZ DE VILORIA

PRESIDENTE DE FAPUV

«FAPUV SE PRONUNCIA ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA USB»

El pasado 29 de agosto de 2021, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) publicó un comunicado titulado “FAPUV RECHAZA INTERVENCIÓN DE LA USB”, debido a que luego del sensible fallecimiento del Rector Enrique Planchart, el Consejo Directivo de la Universidad Simón  Bolívar  (USB) había designado como Rector interino al Vicerrector Académico impuesto por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 2017, quien no es miembro del personal académico de la USB, violando la Ley de Universidades y el Reglamento de la USB.

En consecuencia, FAPUV hizo un llamado a que se consultara a la comunidad uesebista sobre quién debería ocupar el cargo rectoral.

La Asociación de Profesores (APUSB) envía una lista de 10 profesores, solventes con los requisitos necesarios para ser Rector, al Consejo Directivo de la USB. Está instancia, optó por recomendar, el 14 de septiembre, ante la convocatoria de una sesión del CNU para tratar la situación de la USB por la muerte del Rector,  una lista de 20 profesores, todos uesebistas, los 10  postulados por la representación profesoral, 8 por el representante del Ministro, y 2 del Consejo Directivo.

En sesión extraordinaria del CNU de fecha 16-09-2021, de esa misma lista enviada por el Consejo Directivo, además de nombrar Rector interino, el CNU, con los votos salvados de la USB, UCV, ULA, LUZ, UNEXPO y UCLA tomó dos nombres para designar Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo, aunque en esos cargos no había faltas absolutas.

En tal sentido, la Junta Directiva de la FAPUV, en Reunión Extraordinaria realizada el día viernes 17 de septiembre, acordó RECHAZAR DE MANERA CATEGÓRICA  la designación y juramentación, no ajustada a derecho, de  autoridades, para los cargos de Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo,  de la Universidad Simón Bolívar (USB)

 La verdad es que el gobierno, a través del TSJ, ha impedido, desde 2013, las elecciones libres de autoridades en todas las universidades, agotando las gestiones y proscribiendo  la democracia universitaria.

Actuación que responde al empeño gubernamental de dominación de las universidades autónomas.

*FAPUV*ratifica y exige al CNU, el respeto a la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA FUNCIONAL.

El artículo 109 consagra la autonomía universitaria, incluida la autonomía normativa:

“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas, dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.

Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, …”

La USB es plenamente autónoma según decreto presidencial No. 755 del 18 de julio de 1995, publicado en Gaceta Oficial No. 35.756 del 19 de julio de 1995. Amparada en el artículo 10 de la vigente Ley de Universidades.

En acato a esta AUTONOMÍA FUNCIONAL, cómo Principio y Jerarquía Constitucional, está muy claro que el CNU no tiene competencia para tal designación, que  corresponde a la máxima autoridad de esta Universidad , su Consejo Directivo, la designación del Rector Encargado, así como también la de cualquier otra autoridad rectoral, y convocar un proceso de elecciones en 180 días.

En la lucha por el rescate de la autonomía e institucionalidad universitaria, sea propicia la ocasión para que en 180 días a más tardar se celebre la elección de autoridades en la Universidad Simón Bolívar y en todas las universidades del país.

«LA UNIVERSIDAD NO ES PENSAMIENTO ÚNICO, ES PLURALIDAD, ES CONTROVERSIA, ES DISCUSIÓN LIBRE DE IDEAS»

   Junta Directiva

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LOS UNIVERSITARIOS QUEREMOS CLASES, PERO EL GOBIERNO LO IMPIDE

Los universitarios queremos clases, pero el gobierno no quiere, no está interesado en resolver la crisis.

Los profesores agremiados en FAPUV tenemos el máximo interés en reincorporarnos a la actividad académica presencial, para continuar formando juventudes, para el impulso de la investigación científica y tecnológica, para profundizar la relación de la universidad con la sociedad a través de la labor de extensión y para defender la universidad autónoma y de calidad desde adentro.

Denunciamos que lo que el gobierno pretende con el llamado a reinicio de actividades presenciales, con la complacencia de algunas autoridades, es fingir un funcionamiento normal de nuestras instituciones sin resolver ni uno solo de los graves problemas que de hecho lo impiden. Y llamamos a la lucha común por la solución efectiva y sostenible de esos problemas para que la vuelta a clases sea una realidad duradera y accesible para todos, estudiantes, profesores, empleados y obreros, sin distingo por razones de situación socioeconómica ni ubicación geográfica.

En la universidad venezolana, al día de hoy, se quebrantan todos los derechos y conquistas laborales, no se cumplen los beneficios estudiantiles, no se ha verificado la vacunación masiva contra el Covid 19, las condiciones físicas de las facultades están por debajo de los niveles requeridos para su funcionamiento, servicios básicos como agua, fluido eléctrico e internet son intermitentes, no hay seguridad interna, ni existen condiciones presupuestarias para que la Universidad cumpla con las medidas de bioseguridad según el área de trabajo. Las universidades han sido sometidas al desmantelamiento de estructuras, aulas, bibliotecas, oficinas, laboratorios, etc., y al robo de bienes y equipos producto del vandalismo.

La toma de las universidades por parte del gobierno ha ido avanzando destruyéndolas a su paso. Por solo poner tres ejemplos: 1) Con el pago de salarios por la plataforma patria, las universidades perdieron el control administrativo sobre la nómina con implicaciones nefastas para el personal y para las asociaciones e institutos de previsión que no reciben oportunamente las retenciones, lo que afecta su funcionamiento y el salario de los trabajadores de dichas instituciones. 2) El impedimento para la realización de elecciones de autoridades ha agotado las gestiones y liquidado la democracia universitaria. 3) La política gubernamental de pulverización del salario y de desconocimiento de la intangibilidad y progresividad de los derechos ha generado el éxodo masivo de profesores, enormes dificultades para garantizar el necesario relevo ya que los concursos quedan vacíos y ha llevado a la pobreza extrema a personal activo y jubilado.

Nuestras asociaciones de profesores son las primeras interesadas en el reinicio de actividades académicas. Para ello, en reunión de junta directiva celebrada el 17-09-2021, identificamos y acordamos por unanimidad un conjunto de exigencias que deben ser atendidas en lo inmediato, dada la necesidad imperiosa de que se activen las universidades. Estas exigencias son:

  1._ Mejora significativa en los sueldos y salarios de todo el personal que labora en la Universidad y seguridad social, con énfasis en seguro de HCM y atención primaria en salud.

   2._ Condiciones de bioseguridad para proteger al personal y a los estudiantes de la pandemia.

  3._ Vacunación de todo el personal y a los estudiantes.

  4._ Reparación y mantenimiento de todas las instalaciones que actualmente están en condiciones de poco uso o de imposibilidad de uso. Sobre todo, en los espacios donde se desarrollan actividades académicas de extensión, investigación y posgrado.

   5._ Mantenimiento y reposición de equipos y prestación de los servicios fundamentales de agua, servicio eléctrico e internet.

  6._ Acondicionamiento de las aulas y escalonamiento de las actividades con grupos pequeños de estudiantes de modo de garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social mientras dure la pandemia.

 7._ Providencias estudiantiles suficientes con énfasis en becas, atención en salud, transporte, comedores y acceso a internet.

8._ Seguridad en el campus.

9.- Equipos y plan de datos para las actividades bajo la modalidad virtual.

10.- Inicio de los procesos de elección de autoridades

La reincorporación a las aulas debe partir de la discusión acerca de la situación universitaria, de la restitución del derecho de los universitarios a elegir a nuestras autoridades, del cese de los distintos mecanismos de intervención y violación de la autonomía universitaria, incluido el secuestro del presupuesto universitario que debe ser suficiente y administrado por las universidades.

Demandamos de las autoridades y consejos universitarios de facultad y de escuela el apoyo a estas exigencias, y llamamos a los demás gremios universitarios, así como a los gremios del subsistema de educación básica y media, a la lucha común por el derecho a la educación en Venezuela.

Los profesores universitarios queremos el retorno a clases, y exigimos las condiciones aquí expuestas, para que dicho retorno pueda ser materializado.

Junta Directiva

ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS