FAPUV SALUDA A LOS ESTUDIANTES EN SU DÍA

FAPUV SALUDA A LOS ESTUDIANTES EN SU DÍA

Hace 63 años, los estudiantes de educación media y los estudiantes universitarios se rebelaron contra la dictadura perezjimenista con la huelga estudiantil y las acciones de calle impulsadas por el Frente Universitario. La protesta fue reprimida duramente por los cuerpos policiales y la policía política allanó la Universidad Central de Venezuela, detuvo arbitrariamente a numerosos estudiantes y cerró los centros de Educación Superior. Por esta lucha, clave en el derrocamiento de la dictadura, el 21 de noviembre es el Día del Estudiante en Venezuela.

Hoy, como entonces, una tiranía ha cerrado la educación superior en Venezuela. La diferencia es que esta vez no lo ha hecho con uniformados armados sino con la pulverización del presupuesto universitario y la destrucción del salario: el trabajo académico no se remunera en Venezuela.

La pandemia por COVID-19 ha llevado a las universidades del planeta a explorar y adaptar sus planes de estudio a formas de enseñanza a distancia y en línea.  En Venezuela, la respuesta se ha limitado a declaraciones oficialistas hueras de llamados a clase y repartición de cupos sin garantizar las condiciones materiales indispensables para que el derecho a la educación universitaria de calidad, consagrado en la Constitución, se haga realidad.

La reprogramación del período académico interrumpido por la pandemia por parte de los consejos universitarios debe garantizar la calidad de la educación, el desarrollo de la investigación científica y los derechos de profesores, estudiantes, empleados y obreros, activos y jubilados. Al movimiento universitario le corresponde unirse en la lucha por la restitución de estos derechos. Y en esa unidad, debe privar la defensa de la educación de calidad para todos. Educación de calidad con equidad es la consigna.

La brecha de la equidad se amplió con la Covid-19. En estas circunstancias, una política académica que no considere la realidad social del país puede empujar a los estudiantes más vulnerables al abandono, por fallas en los servicios, carencia de internet y equipos, y profundización de la pobreza en el hogar, y aumentar la exclusión considerablemente. Similar situación vive la comunidad profesoral nacional, con mayor dificultad en el interior de la República, y en general, con poco acceso a servicios permanentes de agua, electricidad e internet, y a los bienes materiales y culturales indispensables para el trabajo académico.

La apertura de los nuevos períodos académicos debe garantizar el acceso de todos nuestros estudiantes y la participación de todos nuestros profesores. Porque la universidad no se va a salvar con una política de ir dejando en el camino a los estudiantes que no tienen los recursos para acceder a una clase en línea. No se va a salvar con una política de abandonar en el camino a los profesores que no tienen el equipo, ni los servicios, ni ingresos económicos alternativos al salario para seguir sosteniendo la educación universitaria sobre sus hombros. Eso sería vaciar a la universidad de talento y de relevo.

Unamos nuestras fuerzas para volver a las aulas preservando la dignidad de nuestros estudiantes, la dignidad de nuestros profesores, empleados y obreros, y la calidad de nuestra educación.

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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Caracas, 21 de noviembre de 2020

A LA CALLE POR SALARIO DIGNO Y EDUCACIÓN

 El Estado venezolano es el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación

El derecho a la educación es un derecho social fundamental. Su reconocimiento como tal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) obliga a los órganos del poder público a garantizar su cumplimiento. Desde que en septiembre de 2018 la Asamblea Nacional reconociera la emergencia humanitaria de la educación en el país, nada se ha hecho en la esfera pública para afrontar esta situación, que ha empeorado al punto de que el Estado no ha podido garantizar la apertura del nuevo ciclo académico en ninguno de los subsistemas.

Esta situación ha sido suficientemente denunciada por FAPUV y por las federaciones independientes del magisterio que hemos demostrado la imposibilidad material de reinicio de actividades debido a la política gubernamental de desinversión en la educación y desalarización, la cual ha llevado a la ruina a los entornos escolares y ha dejado sin sustento a las familias de los educadores del país.

Con la COVID-19, la falta del servicio constante de fluido eléctrico y de internet en vastas regiones del territorio nacional y la carencia de equipos adecuados para maestros, profesores y estudiantes, se han sumado a los factores determinantes que imposibilitan la vuelta real a clases de las amplias mayorías.

Los educadores del país hemos unido esfuerzos para llevar a la calle este clamor que no está siendo asimilado por la sociedad en su exacta dimensión. Dejar sin educación pública a un país entero es un hecho gravísimo, eso es lo que ocurre hoy en Venezuela y no hay respuesta.

Como continuación de las acciones por el derecho a la educación y al salario digno, convocamos a la jornada de protesta pacífica de mañana miércoles 04-11-2020, organizada por el sector educación y el sector salud de manera conjunta, con concentraciones y movilizaciones en todos los municipios del país. Instamos a participar en ella, atendiendo todas las medidas de bioseguridad.

¡SALARIO DIGNO PARA EL REINICIO DE CLASES!

¡CONVOCAMOS AL PAÍS A DEFENDER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS!

JUNTA DIRECTIVA

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 EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS

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QUÉ BLOQUEA LA “LEY ANTIBLOQUEO”


Con la llamada Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, presentada y aplaudida el 01-10-2020 en la “Asamblea Nacional Constituyente”, y publicada en Gaceta Oficial el ejecutivo nacional pretende formalizar su desconocimiento del orden jurídico vigente incluida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con el objetivo de apropiarse, junto con sus aliados y operadores nacionales y transnacionales, de todos los activos y empresas de la Nación, comprometiendo la soberanía nacional, porque, al parecer, todo lo saqueado hasta ahora del erario nacional, no les parece suficiente. La industria petrolera, las tierras, empresas básicas, de servicios, agroindustria, etc., todo, absolutamente, podrá pasar a sus manos con esta nueva tramoya.
El mencionado instrumento no tiene ninguna legalidad, ya que la ANC que lo sancionó carece de legitimidad, y dado que la única Asamblea con competencia para aprobar leyes en Venezuela es la Asamblea Nacional, la cual ya se pronunció en su contra y lo declaró nulo.
En el referido instrumento ilegal, se desconoce el artículo 58 sobre el derecho a la información, toda vez que se establece que solo la Contraloría y el Poder Judicial podrán tener acceso a informaciones confidenciales, las cuales son nada menos que “cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que considere el ejecutivo, el cual controla a ambas instituciones.
Así mismo, viola otros artículos fundamentales de la CRBV tales como: el 131, que establece el
principio de legalidad; el 150, que establece la obligatoriedad de aprobación por parte de la Asamblea Nacional de los contratos de interés público nacional; el 302, que reserva al Estado la explotación de riquezas estratégicas como petróleo y otras de interés público; el 312, que limita el endeudamiento público; el 314 que ordena que no se harán gastos que no se hayan previsto en la Ley de Presupuesto; el 334, sobre la competencia para la desaplicación de normas de rango legal, entre otros.
Esta mal llamada Ley está formulada de tal manera que le da poderes infinitos y absolutos a Miraflores, además de un presupuesto paralelo e inauditable. ¿Qué pueden privatizar y qué no? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores de las empresas que les “vendan” a sus amigos a precios de gallina flaca? Lo que ella bloquea claramente son los intereses nacionales y los derechos laborales, cuya desaplicación de hecho ya tiene en la miseria al 90% de los venezolanos, y podrá ser formalizada con las facultades absolutas para ‘desaplicar’ normas legales y decisiones judiciales que el Ejecutivo se auto-confiere con esta mal llamada ley. De ese modo, le garantizarán mano de obra calificada, barata y esclava a las transnacionales aliadas. Una vuelta al siglo XIX, pero con trabajadores alfabetizados y formados.
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¿Reiniciar, ha dicho usted?


Víctor Rago A.

El Consejo Universitario y los Consejos de Facultad en más de una ocasión han
pedido a las escuelas, institutos y otros órganos académicos y de gestión administrativa
información actualizada sobre sus condiciones para retomar la actividad en la Universidad
Central de Venezuela. Desde el ámbito en que me desenvuelvo –la Escuela de Antropologíaveo las cosas de la siguiente manera. Los departamentos de la escuela han respondido a una
consulta del director sobre el denominado «reinicio» señalando que no están en condiciones
de reanudar los quehaceres académicos por medios telemáticos –las funciones in situ han
sido de momento descartadas por el propio Consejo Universitario- en una escala y de una
forma que haga de ellos algo equivalente al régimen presencial, en términos de resultados
pedagógicos, estándares de calidad y garantías de equidad. Algunos departamentos no han
todavía dado a conocer su opinión, pero parece previsible que coincidan con los que ya
respondieron. Las razones están a la vista: o bien no se dispone de acceso estable a internet
o bien se carece de él, no se cuenta con el equipamiento necesario, no hay condiciones locales
adecuadas (el hogar fungiría de gabinete de trabajo), el servicio eléctrico está sujeto a
discontinuidad frecuente, otros servicios básicos se reciben precariamente, no se está
suficientemente formado en la didáctica de educación a distancia, etc., etc. Estas limitaciones
actúan de modo similar en lo que a los estudiantes se refiere.
Con escrupulosa pudibundez, las autoridades universitarias y decanales (y la mayor
parte de las que siguen en la jerarquía directiva) regatean mencionar en el necesarísimo
primer lugar una limitación adicional cuyo efecto no obstante es decisivo para el apropiado
desempeño de las obligaciones académicas: la misérrima remuneración del profesorado. Se
comprende con facilidad que este no se muestre muy entusiasta por cumplir tareas laborales a
cambio de un ingreso que no supera la centésima parte del que debería percibir y no alcanza
a cubrir las necesidades esenciales de la persona, menos aún de su familia. Esta actitud
encuentra además firme amparo en la posición que han adoptado los gremios universitarios
a propósito de la indigencia salarial y la presión para el «reinicio». La Federación de
Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ha sido categórica en este
particular. E igualmente la Asociación de Profesores de la UCV en numerosas declaraciones
públicas extensamente difundidas (así como otras organizaciones gremiales y sindicales
universitarias no académicas).
No sería sensato, sin embargo, oponerse de plano a que la universidad, sus facultades,
escuelas, institutos y demás cuerpos vinculados a la investigación y la docencia lleven a cabo
ciertas actividades y estimo razonable que cada universitario contribuya en alguna medida a
que así sea, dentro de las limitaciones arriba indicadas y con la flexibilidad que estas exigen.
Es el caso, por ejemplo, de tutorías y otras formas de asesoramiento, discusión de tesis
estudiantiles, profesorales y trabajos de ascenso, conferencias, foros, grupos de discusión,
talleres sobre temas académicos u otros de valor institucional, quizás alguna producción
editorial y otras modalidades de difusión de conocimientos, etc., etc. Por lo demás, cada quien
debe gozar de la posibilidad, por reducida que sea, de organizar su tiempo y administrar sus
energías para la lectura, el estudio y la investigación destinados a satisfacer sus propios
intereses intelectuales y profesionales, lo cual a la postre siempre redundará en beneficio de
la institución.
De otro lado, la comunidad académica (y aun la comunidad universitaria en general)
debería dedicar una parte significativa de su esfuerzo a la consideración de asuntos capitales
para la institución no determinados, aunque sí obstaculizados y complicados, por la
pandemia. Estos asuntos, concernientes a la tensión entre cometidos permanentes y sentido
contemporáneo de la universidad, conforman una agenda que con tenacidad digna de mejor
causa ha sido reiteradamente eludida por quienes deberían ponerla en práctica. No hay que
escrutar demasiado para darse cuenta de que tales cuestiones representan hoy por hoy un
gravoso pasivo que exige sin dilación el ejercicio crítico de las capacidades reflexivas y
deliberativas de la universidad, señaladamente de su cuerpo de profesoral.
La situación en su conjunto debería también ser correctamente entendida por el
alumnado. Se comprende que este se encuentre ansioso por proseguir con su formación pero
no es algo que pueda hacerse de cualquier manera. Pretender «recuperar el tiempo perdido»
es ingenuo e irresponsable si los procedimientos que hubieran de implementarse no
garantizaran la calidad académica y la inclusión necesarias. Debemos ciertamente acoger con
beneplácito todas las iniciativas estudiantiles encaminadas a preservar la solvencia
académica pero por ningún respecto hay que transigir con las que aun invocando el derecho
al estudio la erosionen o comprometan. Para todos ha de estar meridianamente claro que las
causas de que aquel derecho sea de difícil cumplimiento en la universidad pública venezolana
actual son ajenas al profesorado e imputables en cambio a factores cuyos patentes orígenes
nos dispensan de su mención en esta oportunidad.
Por lo que toca a las autoridades, les compete ineludiblemente formular directrices
tan claras como sea posible para que, salvadas las diferencias locales de una facultad y de un
espacio académico particular a otro, la institución universitaria pueda funcionar con un grado
razonable de sentido unitario. El papel de los responsables de la conducción institucional en
los diferentes niveles no consiste, como con frecuencia parecen creer algunos a pie juntillas,
en el empeño de que haya imperativamente clases y otras actividades, sino en dictaminar a
partir del examen atento de las condiciones prevalecientes qué es factible y qué no lo es.
Naturalmente, para ello deben contar con el insumo de las más variadas fuentes (cátedras,
departamentos, escuelas, institutos de investigación, departamentos administrativos…) y con
la opinión de profesores, estudiantes y empleados. Pero su propia responsabilidad en cuanto
autoridades, especialmente en el caso de las rectorales y decanales, les exige encabezar sin
titubeos la evaluación de la situación y asumir con decisión la tarea de diseñar las medidas
generales y específicas que dicha situación demande, contando –hay que repetirlo- con el
concurso de los diferentes sectores universitarios a los cuales habría que convocar sin
distinciones discriminatorias. Conviene recordarlo porque pudiera ser que en amplios
sectores del profesorado se haya estado incubando últimamente la fundada impresión de que
no es esto lo que acontece.
Me permito insistir para finalizar en que la cuestión remunerativa del personal
académico (así como del sector administrativo e incluso de los estudiantes en lo que respecta
a becas y otros beneficios materiales consagrados normativamente en la vida universitaria)
constituye parte central de dicha evaluación. Más allá de su necesidad legal y su significación
moral, la apropiada remuneración del profesorado tiene un impacto directo en la calidad del
ejercicio docente e investigativo: no cabe esperar rendimientos óptimos en la producción
científica y en la formación de profesionales con profesores cuyo ingreso los reduce a un
estado paupérrimo. Tampoco cabe esperarlos en las funciones de gestión institucional (cargos
de autoridades universitarias, decanales, de dirección y coordinación de postgrados, escuelas,
institutos…), pero en este caso las «primas de responsabilidad», así llamadas, han constituido
un paliativo, aunque el procedimiento de su institución sea cuestionable. No parece haber
justificación para que quienes las perciben (fracción minoritaria del cuerpo académico)
apremien machaconamente –de vez en cuando apelando a motivaciones éticas como para que
les remuerda la conciencia- a quienes desde hace mucho tiempo trabajan en abusivas
condiciones infrasalariales, depauperados por la implacable política gubernamental
antiuniversitaria que ha liquidado tanto la mayoría de los programas académicos esenciales
como las condiciones de vida de quienes deben instrumentarlos para que la universidad
merezca ese nombre.

12 octubre 2020

NO HAY GARANTÍA DE REGRESO A CLASES

Nicolás Maduro y César Trómpiz han anunciado el reinicio de clases para el 16 de septiembre bajo el “Plan de Universidad en casa” y han planteado que en el mes de octubre podría considerase la vuelta a clases bajo la combinación de la modalidad presencial con la educación a distancia. Al respecto, debemos señalar que el calendario académico lo define la universidad autónoma y que la activación de un nuevo período académico no es posible sin salario suficiente, bajo ninguna modalidad.

En las actuales circunstancias de vulneración de nuestros derechos humanos, en las que el supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida, y en las que la COVID-19 se ha sumado al hambre generalizada y a la situación de colapso de las universidades que ya se tenía, los universitarios estamos viviendo una verdadera tragedia y no hay condiciones para el reinicio de actividades.

La Universidad venezolana, sometida a dos décadas de cerco presupuestario, de persecución judicial a su autonomía, de violencia política y criminal, lleva ya varios años funcionando gracias a los universitarios que, a pesar de la pulverización del salario, hemos asumido la defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología y el derecho a la educación en Venezuela. No vamos a renunciar a ese propósito, pero el gremio profesoral no puede sostener a las universidades. Sencillamente, no podemos.

El reinicio de actividades académicas pasa por garantizar a los universitarios un ingreso suficiente, y un sistema de seguridad social que funcione pues el hambre y las enfermedades hacen estragos en la comunidad universitaria. Pasa igualmente por revertir la destrucción del sistema de bienestar estudiantil, pues en este contexto de emergencia social y pandemia se amplía cada vez más la brecha de inequidad en el acceso a la educación por razones de carácter socioeconómico. Pasa por la discusión de las nuevas condiciones de trabajo que se plantean tanto para la educación a distancia como para la modalidad presencial en virtud del problema sanitario y de servicios existente en el país. Y pasa por la readecuación de los espacios universitarios y la dotación a los profesores universitarios de los equipos y servicios necesarios para cumplir con la modalidad virtual.

Con el discurso sobre el plan Universidad en casa y ahora con el llamado a clases semipresenciales, el ministerio está aparentando ante el país y ante el mundo que garantiza la educación universitaria, porque reparte cupos y órdenes, cuando la cruda realidad es que no están garantizando absolutamente nada. La realidad es que han secuestrado los recursos de funcionamiento y de salario de las universidades, y pretenden que ellas se reactiven a costa de nuestros derechos y de nuestras vidas. Ni siquiera han sido capaces de evitar los actos diarios de vandalismo y robos en las distintas universidades del país durante la cuarentena.

Por tal motivo, y luego del análisis por parte de nuestras asociaciones de la situación en cada una de sus instituciones, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) reunida en sesión extraordinaria el día 07-09-2020, acordó por unanimidad dirigirse a las autoridades universitarios, a nuestras bases profesorales, a los demás sectores de la comunidad universitaria, al país y al mundo, a fin de hacer de su conocimiento las condiciones indispensables para que se pueda iniciar un nuevo período académico en nuestras universidades.

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

SALARIO:

Para el reinicio de actividades demandamos la discusión con el gremio de nuevas tablas salariales, definidas en dólares aunque se paguen en bolívares, y por encima del costo de la canasta básica familiar definida por el CENDAS.  Las asociaciones de profesores han entregado a sus autoridades la propuesta de tablas salariales de FAPUV, elaborada con base en las Normas de Homologación, cuya plena vigencia reivindicamos, en virtud del principio de progresividad de derechos laborales.

SALUD

  • COVID-19: Dado que no tenemos seguro, y que siempre existe el riesgo de contagio en la universidad, se debe considerar la COVID-19 como enfermedad ocupacional. En consecuencia, la universidad cubrirá en su totalidad los costos del tratamiento, la atención hospitalaria y médica, de cualquier universitario que asista al campus por razones de trabajo y resulte positivo para COVID-19.
  • HCM:  Restitución de los recursos para un sistema de salud que se corresponda con el gasto real en Venezuela. Cobertura en HCM acorde con la realidad.
  • IPP: Pago de los recursos de previsión a los IPP, establecidos en los acuerdos federativos, los cuales están plenamente vigentes.

DIÁLOGO SOCIAL:  Se requiere una agenda de negociación entre cada universidad y su asociación para producir acuerdos suscritos por las partes en relación con las nuevas condiciones de trabajo y actualizar las actas convenio.

Se abrirá un canal de comunicación permanente entre el gremio y las autoridades

Reivindicamos la vigencia de las Normas de Homologación, cuya aplicación fue suspendida unilateralmente. Se deberá instalar la discusión de un mecanismo de recuperación del salario con base en las Normas de Homologación.

Se deberá instalar, igualmente, la discusión sobre el cálculo y pago de deudas por distintos conceptos con los profesores universitarios

PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: Además de salario suficiente, se deben garantizar las siguientes condiciones:

  • Cada profesor debe recibir la canasta básica de tecnologías propuesta por la CEPAL integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, o los recursos para adquirirla, de acuerdo con el cálculo hecho por el CENDAS. El plan de conexión debe incluir modem y router.
  • Acceso a internet con el mejor ancho de banda posible. Entre un 15 y un 20% de profesores universitarios de la región central, y alrededor de un 50% en los estados fronterizos, no tienen acceso a internet, dado que CANTV no llega a todos los hogares y no disponen de recursos para contratar con proveedores privados del servicio. Se deberá establecer un pago mensual por este concepto para todos los profesores que atiendan cursos en línea.
  • Actualización de la formación en entornos virtuales y apoyo técnico.
  • El plan de racionamiento eléctrico deja a los hogares, sobre todo en el interior del país, a veces hasta 12 horas sin el servicio, lo que le impide a profesores y estudiantes cumplir con la programación y daña los equipos. Para la educación a distancia es indispensable que se garantice un servicio eléctrico continuo.

PARA LA EDUCACIÓN PRESENCIAL: En este momento, las clases presenciales están descartadas. Para proteger la vida de estudiantes y profesores, empleados y obreros, solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la COVID-19.  Hacemos un llamado a la conciencia de los universitarios a no ceder en esto. Se deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:

  • Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad y la Locymat.
  • Implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de equipos de protección personal. De no mantenerse la dotación de equipos de bioseguridad y materiales de limpieza no se seguirá laborando de manera presencial
  • Higiene y limpieza a fondo de las instalaciones universitarias.
  • Reparación de baños y dotación de agua corriente permanente
  • Grupos pequeños de estudiantes, salones amplios y aireados, y escalonamiento.
  • Transporte y regularización del suministro de combustible
  • Mantenimiento de infraestructura y seguridad en el campus, ya que durante la cuarentena han ocurrido por lo menos 139 incidentes de inseguridad y vandalismo.
  • Habilitación del servicio de comedor.

CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO: Proponemos que losconsejos de escuela, facultad y universitario, aborden la discusión de estrategias para la defensa y relanzamiento de la universidad autónoma, que incluyan:

  • la actualización de sus reglamentos,
  • la democratización de la vida universitaria,
  • la captación de donaciones,
  • la generación de ingresos propios,
  • el rescate inmediato de institutos y centros de investigación para la producción del conocimiento científico.

La educación pública es responsabilidad del Estado. La situación en el subsistema público de educación básica en el país tiene muchos elementos en común con la de nuestras universidades. No hay, por ende, garantía de acceso a la educación pública en Venezuela en ninguno de sus niveles para el próximo período académico. Acabaron con la educación pública y hacen convocatorias a clases sin garantizar nada. No podemos permitir, como sociedad, que se aparente la prestación de un servicio fundamental como lo es la educación, mientras a nuestra juventud se le niega en la práctica el acceso y se atenta contra el derecho a la vida de los docentes. En la educación y el trabajo, está la clave para la superación de la emergencia social en Venezuela, la realización individual, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el impulso de una nueva estrategia de desarrollo. Esta lucha no es solo de los universitarios o de los maestros. Es de la sociedad en su conjunto.

¡SALARIO DIGNO PARA EL REINICIO DE CLASES!

¡CONVOCAMOS AL PAÍS A DEFENDER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS!

JUNTA DIRECTIVA

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APUCV Informa No.1107 NUEVAMENTE EL GOBIERNO DE FACTO ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los lineamientos de la OPSU recibidos por la UCV los días 14 y 15 de julio, ratificados el 29 y 30 del mismo mes, plantean unilateralmente, por instrucciones del ministro para la Educación Universitaria, César Trompiz, eliminar en algunos casos y ajustar en otros, las primas de cargo, responsabilidad, jerárquicas y de confianza asociadas a la gestión directiva en las universidades. Estos lineamientos generan como resultado: una disminución de las remuneraciones del personal activo y jubilado que ejerce o ejercía tales responsabilidades en la institución. Esta arbitraria decisión es sorpresiva pero no es novedosa.

Es sorpresiva, porque se trata de beneficios con incidencia salarial que venía cancelando el Estado en forma recurrente y en consecuencia, cualquier variación suponía, en principio, consultar a las instituciones de educación universitaria y las organizaciones de trabajadores y en segundo lugar, porque todo cambio en relación de beneficios laborales sólo podría hacerse para favorecer al trabajador.

No es novedosa, porque el gobierno de facto acumula un largo historial de atropellos contra los derechos laborales de los universitarios. Por razones de espacio mencionaremos sólo cuatro de ellos:

  1. El desconocimiento de las Normas de Homologación desde el año 2004 a través de decretos unilaterales de aumento salarial y por medio de la imposición de tablas salariales en las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), que solo han traído pobreza y ruina a los universitarios.
  2. El acuerdo firmado con diversas organizaciones de trabajadores en abril de 2018, en el cual se establecía en 4,75 salarios mínimos la base del tabulador salarial de la educación universitaria, la cual fue disminuida a 1 salario mínimo con motivo de la fracasada reconversión monetaria del 2018, provocando una reducción significativa de los sueldos de los universitarios.
  3. Los intentos de reducir la pensión del personal jubilado y el robo de las prestaciones sociales, causado a través de la reconversión monetaria y la pretensión de negar sistemáticamente beneficios del personal activo.
  4. Más recientemente, el pago fraccionado del bono vacacional 2020, desconociendo lo planteado en diversas Actas Convenio y en la cláusula 20 de la propia III CCU, la cual plantea que este pago debe hacerse completo en los primeros quince días del mes de Julio.

Durante años y especialmente en tiempos de pandemia, la arbitrariedad del gobierno de facto no se detiene, al contrario, se acelera. La medida de reducir las remuneraciones de los universitarios que ocupan cargos de gestión universitaria en sus diferentes tipos, no cuenta con sustento jurídico alguno. Es una medida regresiva que desmejora las condiciones laborales del personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado que percibe o podría percibir tales beneficios. Este atropello del régimen viola principios generales de la protección del trabajo de aceptación universal, específicamente la regla de la condición más beneficiosa, la cual establece que una nueva norma no debe suponer, en ningún caso, desmejora de condiciones laborales preexistentes.
Atropella disposiciones constitucionales en materia de protección del trabajo, establecidas en los artículos 89 y 91 de la constitución nacional.
Desconoce que las relaciones laborales de los profesores universitarios son reguladas por las Normas de Homologación, las Actas Convenio y las Convenciones Colectivas Únicas, lo que conduce a que el instrumento jurídico que debe prevalecer en cada materia es aquel que mayores beneficios genere al trabajador y no el que la dictadura pretenda imponer.

Aunque la calidad de vida de los universitarios y la destrucción de las instituciones de educación universitaria se impulsa desconociendo el orden jurídico nacional e internacional que regula su funcionamiento y el trabajo que en ellas se realiza, este no es un problema jurídico exclusivamente, es, esencialmente, un asunto político vinculado a la pretensión de silenciar la voz crítica y la movilización de las universidades.

Debemos activar a la universidad para lograr salarios dignos y defender derechos laborales preestablecidos para el personal activo y jubilado, aún en medio de las dificultades que impone la coyuntura actual. Los ajustes sobre asuntos polémicos debemos realizarlos en el marco de la autonomía, con la participación de todos los actores y en las instancias correspondientes.

Ninguna lucha por derechos laborales se edifica sobre el perjuicio de otros, por eso lo pertinente es sumar esfuerzos y luchar por la dignificación de la carrera docente, como lo ha planteado la FAPUV a través del documento “Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios”.

Abordaremos, en próximas publicaciones, otras inequidades salariales que afectan al profesorado en general y a los pensionados en particular.

Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV.

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESORADO DE LA UCV

Los Chaguaramos 1040 Caracas, VE

00582125369604 apucv.informa@ucv.ve

http://www.apucvipp.org/

NOTA DE CONDOLENCIA

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, cumplen con el penoso deber de informar el fallecimiento, la noche del 31 de julio de 2020, del Profesor

Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (APUNET), directivo de la Asociación de Profesores Jubilados de la UNET (ASOPJUNET) y miembro principal de la Junta Directiva de FAPUV.

Con la partida del Profesor Cárdenas, nuestra Federación pierde un miembro destacado, siempre activo y preocupado por las condiciones de vida y de trabajo de nuestros agremiados, quien se ganó el aprecio y la admiración de todos quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.

Expresamos nuestras sentidas palabras de condolencia a los familiares y amigos del Profesor Cárdenas, al cuerpo docente de la UNET y a la APUNET

Paz a su alma