Felicitamos a los trabajadores venezolanos por la clara demostración de firmeza y compromiso de ayer, 1º de mayo, cuando llenamos las calles y avenidas del país con nuestra presencia, nuestras pancartas y nuestras consignas por la restitución de los derechos laborales hoy secuestrados por el gobierno. Hacía años que la conmemoración del Día del Trabajador no alcanzaba esa magnitud y elevada participación en Venezuela. Este es el resultado de la lucha que venimos librando desde el año pasado por salario digno y justo, y significa que nuestra lucha sigue en ascenso. Hay que arreciar.
Los últimos anuncios oficiales en materia laboral son una ratificación de la estrategia antisalarial que viene desarrollando el gobierno como parte de una política económica errática que ha sumido al país en la miseria. El valor del salario mínimo es ínfimo y continúa en descenso, arrastrando con él a todos los tabuladores salariales. La negativa pública del gobierno a mejorarlo significativamente anuncia su aniquilación y la destrucción de todas sus incidencias en materia de beneficios socioeconómicos como primas, vacaciones, bono decembrino y prestaciones sociales.
De este modo, el gobierno venezolano incumple doblemente con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que establece el derecho a un salario suficiente que le permita al trabajador cubrir para su familia y para sí las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, y que el salario mínimo vital será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
En el mes de abril de 2022, con participación de las centrales sindicales, las organizaciones patronales y el gobierno, se instaló el diálogo tripartito en Venezuela a través de la figura de Foro Social y con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de las recomendaciones formuladas por este organismo dado el gravísimo incumplimiento de los convenios 26 sobre salario mínimo, 87 sobre libertad sindical y 144 sobre diálogo social. El Foro Social tiene la tarea de acordar un método para la fijación del salario mínimo. Después de más de un año de su instalación, el gobierno ni siquiera ha entregado la información relevante que le fue solicitada desde el primer día sobre costo de la canasta alimentaria, índices de inflación, ingreso real de la Nación, tamaño y frecuencia de cargos en la administración pública, el presupuesto nacional, etc.
El anuncio de nuevos montos de dos bonos, el de guerra económica por 30$ (Bs. 742,5) y el de alimentación por 40$ (Bs 990) sin ajuste salarial, constituye una desnaturalización del salario. El ingreso mínimo, a la tasa oficial de cambio actual (Bs. 24,75) queda en Bs. 1.862,5 de los cuales solo Bs. 130 son salario. Es decir, del total de ingreso mínimo, solo 6.9% es salario. Con la bonificación del salario, se aniquilan las prestaciones sociales, las vacaciones y las utilidades de los trabajadores, y se pulverizan los aportes a las cajas de ahorro y al Seguro Social.
Por otra parte, este ingreso mínimo está muy lejos de cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Y el monto de las pensiones es aún menor ya que los pensionados han sido excluidos del bono de alimentación.
La Junta Directiva de FAPUV rechaza la tiranía laboral que a través de la pulverización del salario ha situado a los trabajadores por debajo de los umbrales de pobreza extrema, obligándolos a desempeñar actividades informales para poder comer, lo que hace que su jornada de trabajo supere los máximos legales con grave perjuicio para su salud.
Llamamos a todos los trabajadores a participar masivamente en todas las nuevas acciones que se convoquen en el desarrollo del conflicto por la restitución de nuestros derechos laborales.
¡LA LUCHA ES DE TODOS!
En Caracas, a los dos días del mes de mayo de 2023
En el primer trimestre de 2023, la sociedad venezolana fue testigo, con justificada repugnancia, del destape gubernamental de gravísimos casos de corrupción que habrían sido perpetrados por sus altos funcionarios.
Al airear estos casos ante la opinión pública, el gobierno reconocía lo que han sido denuncias constantes de desfalcos mil millonarios en divisas a las arcas de la Nación en los últimos años, las cuales, inexplicablemente, ni el Ministerio Público ni la Contraloría se habían dignado investigar.
Por ejemplo, entre 2018 y marzo de 2023, Transparencia Venezuela detectó 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano. La mayoría de estos casos se comenzaron a procesar en otros países, para mayor vergüenza nacional, mientras acá nada se decía. En el 61% de las causas registradas, el atraco asciende a sesenta y ocho mil trescientos once millones, ochenta y siete mil trescientos noventa y cinco dólares americanos con quinientos noventa y un centavos (USD 68.311.087.395,591).
A medida que el ingreso de la Nación fue desviado a las cuentas de los corruptos, la calidad de vida del pueblo venezolano se fue reduciendo hasta límites inaguantables que llevaron a más de 7 millones de compatriotas a huir del país por hambre, mientras los salarios se reducían hasta prácticamente desaparecer: entre 2013 y 2023, los salarios y las pensiones disminuyeron sostenidamente, pasando así de US$ 128 a US$ 5,3 mensuales. En la misma proporción, la maxi-corrupción provocó la destrucción de los sistemas de salud y de educación, y la calidad de los servicios públicos, al desviar los recursos que debieron financiar la inversión social y el desarrollo nacional, para beneficio de particulares, socios del gobierno. El sufrimiento generalizado que ha causado esta situación convierte a la macro-corrupción en delito de lesa humanidad.
En el mes de marzo del presente año, también se cumplió un año de movilizaciones diarias a nivel nacional en demanda de salario digno, negociación colectiva y libertad sindical, derechos laborales fundamentales violados por el gobierno con decretos de salario insuficiente, devaluación de la moneda y del salario, destrucción de contratos a través del instructivo ONAPRE, hostigamiento y detención arbitraria de dirigentes sindicales y apropiación indebida de las cotizaciones de los trabajadores a sus sindicatos, asociaciones y cajas de ahorro a través del Sistema Patria.
Ante la demanda de salario digno sostenible, el gobierno alega que no tiene recursos debido a las sanciones y mantiene ocultas las cifras de ingreso de recursos financieros por distintas vías al erario nacional. Hemos insistido en que el gobierno sí tiene los recursos, y el estallido de la olla podrida de la corrupción demuestra que teníamos y tenemos razón. Plata sí hay. La tienen los corruptos del gobierno.
Es por esto que convocamos este Primero de Mayo, Día del Trabajador a tomar las calles de todo el territorio nacional, levantando nuestras justas demandas con ímpetu, unidad y la convicción de que mantendremos y arreciaremos esta lucha hasta lograr la restitución plena de nuestros derechos laborales, democráticos y humanos.
En el presente informe las Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), la Central ASI Venezuela y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) exponemos las violaciones a la libertad sindical y derechos civiles de sindicalistas y trabajadores por parte del Estado venezolano.
Debemos destacar en primer lugar la falta de información de fuentes oficiales tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016.
El informe de la Comisión de Encuesta de la OIT de 2019 sobre Venezuela demostró el irrespeto al derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos y actuar a través de ellos para mejorar sus condiciones laborales y económicas y formuló un conjunto de recomendaciones para la restitución de la libertad sindical pero el gobierno ha hecho caso omiso y mantiene la práctica de hostigar, reprimir, detener arbitrariamente y judicializar a sindicalistas y trabajadores por protestar pacíficamente en defensa de sus derechos laborales.
La Comisión de Encuesta de la OIT señaló en sus conclusiones que el Estado venezolano ha creado “un complejo entramado que hostiliza y socava la acción de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno”. Dicho informe señala expresamente:
387. A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que en el país tuvieron y tienen lugar una serie de actos de violencia contra empleadores y contra sindicalistas, que son violatorios de las libertades civiles básicas, en particular la seguridad e integridad física de la persona, requisito indispensable para asegurar el libre ejercicio de las garantías previstas en el Convenio núm. 87. La Comisión concluye asimismo que la gran mayoría de estos actos de suma gravedad quedan impunes, ya sea porque no se investigan, porque se investigan insuficientemente, o porque su investigación es tan lenta que los procesos se perpetúan, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva.
La Comisión de Encuesta documentó una serie de detenciones y procesos penales arbitrarios, sin el más mínimo cumplimiento del debido proceso cuya única finalidad es amedrentar a los dirigentes sindicales:
425. La Comisión constata que, en la mayoría de estos casos, la detención de los líderes empleadores y sindicales se hizo sin orden judicial y tuvieron por objeto exigir explicaciones sobre actividades que están en el marco del accionar legítimo de las organizaciones sindicales y gremiales
De este modo, quedó demostrado que las detenciones de los dirigentes sindicales carecen de fundamento jurídico y que su finalidad es criminalizar la actividad sindical. Por ello, la Comisión determinó que dichas detenciones demuestran la ausencia de Estado de derecho en el país:
425. En ausencia total de justificación por parte de las autoridades competentes sobre los elementos que dieron fundamento a tales imputaciones, así como en ausencia de examen y determinación judicial en cuanto al fondo (más allá de certificar ciertas admisiones de hechos), la Comisión considera que tal aplicación entraña un gran riesgo de penalización severa de la actividad sindical, que pone en entredicho el adecuado funcionamiento del Estado de derecho
Las prácticas anti-sindicales del gobierno se sostienen en la falta de independencia de los poderes públicos. Los sindicalistas y trabajadores se convierten así en víctimas indefensas de la acción conjunta de órganos policiales dependientes del Ejecutivo nacional, del ministerio público y del sistema de administración de justicia, y el Estado con todo su poderío le da apariencia de legalidad a las detenciones arbitrarias
La judicialización de dirigentes sindicales y trabajadores supone su sometimiento a interminables procesos penales, inclusive en la justicia militar, y en muchos casos, son obligados a admitir hechos a cambio de libertad bajo medidas cautelares que les impide el ejercicio de la actividad sindical y le lavan la cara a los atropellos de las autoridades.
Los delitos imputados son, generalmente, incitación al odio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y lesiones genéricas. En la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias, se mantienen abiertos y en suspenso los procedimientos penales y se les prohíbe verbalmente dar declaraciones o participar en protestas, lo que impide el ejercicio pleno de la libertad sindical
La Misión de determinación de los hechos (Doc. A/HRC/45/CRP.11) identificó en 2020 dicha práctica gubernamental como uno de los patrones de conducta en las detenciones arbitrarias y el procesamiento penal para la represión de trabajadores y ciudadanos en general; y si el acusado aún siendo inocente, no reconoce los hechos, lo mantienen encarcelado durante años, sin juicio justo, como ocurrió con Rodney Álvarez quien no cedió a las presiones para confesar un crimen que no cometió y luego de 11 años fue absuelto y liberado.
Debemos denunciar que hoy, Rodney Älvarez está siendo revictimizado por el Estado venezolano al impedir su reincorporación a su puesto de trabajo en Ferrominera y al negarle el pago de la deuda acumulada durante todos esos años de injusta prisión.
Al respecto, podemos señalar la condena de los trabajadores Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Alexis Perdomo, Jaime García, Douglas Álvarez, Exdy Perdomo, Josney Monsalve, Tony Briceño y Nino Perdomo, de FERROMINERA, quienes fueron imputados por traición a la patria, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo, daño a la Nación y porte ilícito de armas por defender sus derechos laborales; en relación con este caso, el tribunal ordenó, el 19 de marzo de 2019, su libertad bajo régimen de presentación durante dos años y medio. Similar situación fue la de José Hidalgo, Noel Gerdez, Ernesto Morillo y Andrés Rojas, de VENALUM, detenidos el 4 de diciembre de 2018 en la empresa, en el marco de una acción de protesta, imputados por prohibición de salida de material estratégico, resistencia, supresión y paralización de la faena, agavillamiento, desacato y obstaculización, quienes fueron liberados con medidas cautelares el 15 de febrero de 2019, previa confesión inducida de los inculpados, todos ellos inocentes.
En el segundo semestre de 2020, además de las detenciones arbitrarias, se produjeron tres casos de represión que no resultaron en detenciones sino en el asesinato de trabajadores por ejercer el derecho a la protesta:
El asesinato del pescador Joe Luis Albornoz Paz durante una protesta por gasolina en la Isla de Toas, municipio Almirante Padilla del estado Zulia, el 17 de julio del presente año[1]. Tras la llegada de la gasolina a la Isla de Toas la guardia costera de la zona apuntó y accionó sus armas contra los pescadores con la excusa de “administrar” el surtido del combustible[2].
El asesinato de dos trabajadores de Guacamaya TV, en el estado Zulia por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES). De acuerdo con declaraciones del fiscal “de las experticias realizadas y con protocolos de necropsia se determinó que los hoy occisos se encontraban en un estado inferior a su tirador, de rodillas o sentados, con lo que se ratifica la hipótesis de ajusticiamiento”[3].
El asesinato de Carlos Chaparro el 26 de julio, en la estación de servicio Buenos Aires en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, por funcionarios de la GNB que dispararon para dispersar una protesta. En un video compartido por la red social Twitter, se puede ver a los funcionarios disparando para dispersar una protesta que ocurrió en el sitio, deteniendo y golpeando manifestantes[4][5].
En sus comentarios con respecto a la aplicación en Venezuela del convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación en Venezuela (Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022), la CEACR expone:
Por otra parte, la Comisión toma nota con preocupación de las observaciones de la CTV, ASI y FAPUV alertando sobre la utilización de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, así como de acusaciones de terrorismo, como pretexto para criminalizar la actividad sindical, llevar a cabo detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales e imponerles penas de prisión por el ejercicio de su libertad de expresión.
La Comisión reitera las recomendaciones aludidas relativas a cuestiones legislativas y urge al Gobierno a que, en el marco de las mesas de diálogo, someta sin mayor demora a la consulta tripartita la revisión de las leyes y normas que plantean problemas de compatibilidad con el Convenio, como la LOTTT, a la luz de las conclusiones de la comisión de encuesta (como las relativas al registro sindical, a la mora electoral o a los CPTs) y de los comentarios de los demás órganos de control de la OIT. La Comisión pide igualmente al Gobierno que, en vista de los alegatos de los interlocutores sociales, incluya en dicho diálogo tripartito la discusión del impacto para el ejercicio de la libertad sindical de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, así como de toda medida necesaria para asegurar que la aplicación de esta ley no pueda coartar o reprimir su ejercicio
No obstante, ni esa, ni ninguna otra disposición legal que limita o impida el pleno ejercicio de la libertad sindical en Venezuela, ha sido discutida en el foro social sobre diálogo tripartito ni mucho menos derogada.
Por otra parte, se viene evidenciando un aumento en la persecución contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden derechos humanos y desarrollan actividades de carácter humanitario. Ejemplo de ello es la detención de 5 trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, investigados por la entrega de tarjetas prepagadas a familias vulnerables para garantizarles su acceso a alimentos de la canasta básica, proyecto este que se enmarca dentro de los proyectos de ayuda humanitaria de Naciones Unidas. Año y medio después, en junio de 2022, el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia otorgó el sobreseimiento del caso a los cinco detenidos, con libertad plena y sin las medidas cautelares que pesaban en su contra desde febrero de 2021[1].
Otro ejemplo es la detención de Javier Tarazona, profesor universitario afiliado a la APROUPEL y a la FAPUV y director de FUNDAREDES, quien fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira en el período 2010-2018, y de los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García, detenidos el 2 de julio de 2021 por denunciar en la sede del Ministerio Público del estado Falcón el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado en su contra. Desde agosto de 2022, se celebraron seis audiencias en este proceso y se interrumpió el juicio quedando todas las audiencias celebradas sin efecto. El profesor Javier Tarazona continúa detenido
Durante 2022, se mantuvo este patrón de represión selectiva, orientado hacia la dirigencia sindical independiente del gobierno, a través de jubilaciones forzosas de directivos sindicales, secuestro de las cuotas que los trabajadores de la administración pública cotizan a sus sindicatos, asociaciones y organizaciones previsionales, y detención de activistas sindicales y sociales. De este modo, el Estado profundiza la violación del convenio 87 de libertad sindical, a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT en su informe de 2019.
En tal sentido, destacan las detenciones arbitrarias de Reynaldo José Cortés Gutiérrez, Delegado Principal del Consejo Regional de Trabajadores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Guárico (CTV-GUARICO); Gabriel Blanco (Secretario de Medios de la Seccional Caracas de la Alianza Sindical Independiente, ASI)[2], Emilio Negrín (presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial[3]); Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Alcides Bracho trabajadores que se dedican a la acción humanitaria, la pesca artesanal, las artes plásticas y la construcción.
Destaca, igualmente, el caso del Secretario General del sindicato de Coca-Cola en el estado Zulia, Benito Mambel, quien fue acusado por la empresa de boicot y daños a la Nación, para criminalizar su actividad sindical en defensa de los derechos de los trabajadores, y citado por la Fiscalía 48 del Ministerio Público en calidad de imputado el 22 de septiembre de 2022. Recordemos que la Ley de Precios Justos tipifica como delito penal lo que denomina “boicot”, de este modo se criminaliza la huelga, con penas privativas de libertad de 12 a 15 años (artículo 53). Esta Ley, el DLOTTT, el Código Penal y la Ley del Odio n un papel destacado en el marco legal de criminalización de la actividad sindical y deben ser modificadas.
En 2023, la generalización y profundización de las luchas sindicales por respeto a los derechos laborales, salario digno e indexado, negociación colectiva, seguridad social y libertad sindical por parte de los trabajadores en todo el territorio nacional, ha sido respondido por parte del gobierno con la más cruenta represión. No conforme con haber levado el salario mínimo a seis dólares AL MES, el gobierno hostiga, persigue y reprime a la dirigencia sindical.
la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicada en el Club Caronoco y amedrentamiento generalizado por participar en la protesta de cincio días para exigir mejoras salariales, cumplimiento en el pago de bonos laborales y la dolarización de sus quincenas, entre ellos Remys Ramos, Fray Toledo, Avilio Manrique, Juan Carlos Arias, Juan Mendoza, Nery González (ya liberada), David Torres, Luis Coros, Ronald Hernández, Dennis Torres y Luis Santoyo. Como respuesta, el movimiento de trabajadores exigió el respeto a la vida, integridad de los trabajadores en conflicto y la libertad de los trabajadores detenidos, y reivindicó su derecho a huelga y a laprotesta cívica tanto en la empresa Sidor como en las demás empresas Básicas de Guayana y en el resto del país, y mantuvo la protesta en la avenida de los trabajadores. En la madrugada del jueves 12 de enero la gobernación de Bolívar envió una comisión y se firmó un acuerdo enfocado en la liberación de los detenidos y no en las reivindicaciones laborales que dieron origen a la huelga. Los detenidos fueron liberados con medidas cautelares que impiden su actividad sindical[1]
Colegio de Enfermeros y Enfermeras del estado Carabobo, Julio García: en el marco de una asamblea extraordinaria en fecha 11 de enero 2023, la sede del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del estado Carabobo, ubicada en la Urbanización Parque Valencia, sector 72., manzana 32, fue asediada desde la 7:00 am hasta las 12:30 pm, por cuerpos policiales identificados como efectivos de la Guardia Nacional (Motorizados) e inteligencia quienes ingresaron a la sede tomando gráficas y grabando conversaciones de los asambleístas. El12 de enero de 2023, en el marco de una movilización de los trabajadores de la salud, que salió a las 9am de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera CHET, hasta la concentración de maestros en la Av. Bolívar / Cedeño, a las 10:30am, jefes en de seguridad del Estado, encabezados por el secretario de seguridad del estado Carabobo, comenzaron a señalar al profesor Julio García, de manera directa, de desestabilizar y ser responsable de supuestos desórdenes en el marco de las protestas laborales. Y el 20 de enero, a las 5:40pm, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se apersonaron en los alrededores de la vivienda del profesor Julio García, ubicada en la urb. La Trigaleña Av. 89-B casa 127-70, en dos camionetas Toyota, causando zozobra y malestar en la familia y vecinos; los efectivos permanecieron por lo menos durante 90 minutos, hecho que quedó registrado en medios de comunicación y las denuncias respectivas[2].
Rodaron a muy baja velocidad por toda la calle de su casa. Como a los cinco minutos pasaron dos calles cercanas y media hora después volvieron a pasar frente a su casa a baja velocidad[3]
El movimiento sindical venezolano tiene como una de sus banderas fundamentales de lucha la inmediata restitución y garantía del pleno ejercicio de la libertad sindical que consagra el Convenio de la OIT núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, así lo ratifica y hace votos porque este diálogo conduzca a la brevedad al logro de tan importante objetivo.
En la Federación de Asociaciones de profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), esperamos que este 2023 que comienza sea de salud y bienestar para los venezolanos y sabemos que para que eso sea posible, tendrá que ser un año de organización y lucha laboral. La situación de miseria que sufren millones de personas en nuestro país es directamente proporcional a la pobreza del ingreso familiar causada por la pulverización de los salarios y por la destrucción de la seguridad social.
El año 2022 se distinguió por la consuetudinaria protesta laboral en todo el territorio nacional, con fuerte presencia y movilización de los educadores de todos los niveles del sistema público de educación. Al enorme descontento generado por la destrucción de las contrataciones públicas a través de la imposición del instructivo de la ONAPRE, la deuda salarial y por prestaciones sociales, y el secuestro de las nóminas por el Sistema Patria, se sumó la violación a la libertad sindical a través del desconocimiento de las organizaciones sindicales, legítimas y mayoritarias, y el secuestro de los aportes y retenciones de los universitarios, que se descuentan de los salarios para cajas de ahorro, institutos de previsión, asociaciones de profesores y sindicatos y no llegan a su destino, lo que impide el funcionamiento de nuestras organizaciones.
En este contexto, convertir los buenos deseos de salud y bienestar para 2023 en realidad va a requerir del esfuerzo común por una vida digna y un futuro mejor. El Estado venezolano se niega a financiar la educación y ha dejado sobre los hombros de los trabajadores del sector garantizarles este derecho fundamental a las nuevas generaciones. Una educación de calidad no es posible con educadores en pobreza extrema, insuficiencia de espacios adecuados y de recursos indispensables para la labor académica.
Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar y fortalecer las luchas de los universitarios y del Magisterio por una educación de calidad, y por condiciones dignas de trabajo y de remuneración, y a enfrentar la política estatal de expropiación del presupuesto para la educación, del ingreso familiar y del futuro nacional.
Vienen grandes jornadas de protesta por la restitución de los derechos humanos, económicos y sociales de los venezolanos. FAPUV invita a reavivar nuestros sueños y afianzar nuestras metas de cara al futuro. Hacemos votos para que se fortalezca nuestra unión como hermanos, como familia por un futuro mejor, que no podremos lograr sin la participación de cada uno de nosotros desde el lugar donde estemos y a través de cada granito de arena que pongamos.
Gracias por la confianza depositada en nuestra Federación y sus asociaciones a lo largo de estos difíciles años. Con perseverancia lograremos que el 2023 sea el año de la recuperación de nuestros derechos, de las universidades autónomas y de nuestra hermosa Venezuela.
Hoy, 5 de diciembre, se celebra en Venezuela el Día del Profesor Universitario, para conmemorar y reivindicar la restitución de la autonomía universitaria por la Ley de Educación Superior de 1958.
En 1999, con la aprobación de la Constitución nacional, se le dio a la autonomía universitaria rango constitucional. No hay ley, norma, decreto, instructivo ni capricho gubernamental por encima de ella. Cada afrenta en su contra (y han sido muchas durante este siglo) es una afrenta a la Constitución, al legado de Bolívar y a la sociedad en su conjunto.
Sin autonomía no hay libertad académica ni educación de calidad, derechos humanos fundamentales que los profesores universitarios ejercemos y defendemos en cada clase y en cada investigación.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela reconoce, felicita y acompaña el esfuerzo de todo el profesorado nacional por una mejor Universidad y por mejores condiciones de trabajo y de remuneración, acordes con la dignidad humana y con la relevancia de nuestra elevada misión, así como por la restitución de la democracia en Venezuela.
Invitamos a la sociedad venezolana a incorporarse en la defensa del derecho a la educación, del cual el Estado hoy excluye a miles de jóvenes, niños y adolescentes, a través de su política de destrucción de la carrera docente, acoso a las universidades, desalarización del trabajo y secuestro del presupuesto de la educación.
En los últimos años, para muchos de nuestros jóvenes la educación pasó de una situación de emergencia a una situación de inexistencia. El retiro del Estado de su obligación de garantizar el derecho a la educación es causa directa del aumento de la desigualdad y de la pobreza estructural en nuestra sociedad, lo que compromete el futuro de las amplias mayorías y el desarrollo nacional.
El compromiso del magisterio en el sector básico de la educación y del profesorado en nuestras universidades ha impedido el cierre definitivo de las instituciones públicas de educación, pero no es suficiente para darles sostenibilidad, para revertir el éxodo de docentes y estudiantes, para generar el relevo indispensable y la inclusión, para garantizar la disponibilidad de espacios suficientes y adecuados, ni para dotarlos de los bienes y servicios requeridos para la investigación, la docencia y la extensión.
Recibimos con mucha gratitud todas las felicitaciones en el Día del profesor Universitario y, más allá de ellas, alentamos a la sociedad venezolana a acompañarnos y poner en el centro del debate nacional el futuro de nuestra juventud y de nuestra Nación.
El pasado 26 de octubre luego de una movilización universitaria hasta la OPSU, donde consignamos un documento para que fuera entregado a las autoridades del MPPEU, representantes de las federaciones universitarias autónomas y mayoritarias de profesores, empleados, profesionales y obreros fuimos invitados a una reunión con usted, la cual se celebró el 1º de noviembre de 2022, en horas de la tarde, en la sede de la OPSU con la participación de representantes de FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV, Sindicatos No Federados, APUCV, SINATRA, APUFAT, SUTRA, por los universitarios, y el director Julián Eljuri y la Lic. Zaidee Cayama, por la OPSU.
En relación con el pago de la deuda por retenciones y aportes de las organizaciones sindicales, gremiales y previsionales, en dicha reunión, alcanzamos los siguientes acuerdos
La OPSU reconoce la deuda por retenciones y aportes a las organizaciones sindicales, gremiales y previsionales
La OPSU se compromete a pagar la deuda por retenciones y aportes a las organizaciones sindicales, gremiales y previsionales este mismo año.
El motivo de la presente es solicitar información en relación con la conciliación de las cuentas por estos conceptos con las universidades, la cuantificación de la deuda, la autorización del pago y su ejecución.
Debemos insistir en que la retención de las cuotas de nuestros afiliados constituye una grave violación a la libertad sindical ya que impide el funcionamiento de nuestras organizaciones sindicales y gremiales. Igualmente, a medida que pasan los meses se causa un daño patrimonial cada vez mayor debido a la devaluación de esos recursos.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, informan con profunda tristeza el fallecimiento de la Profesora
MARÍA ELENA QUINTERO LÓPEZ
Q.E.P.D.
Nuestra querida colega y amiga María Elena Quintero López, Profesora jubilada de UPEL Maracay, ex Presidenta de APROUPEL Maracay y Presidenta del Tribunal Disciplinario de FAPUV fue una consecuente y admirada gremialista.
Hoy nos deja un inmenso vacío, pero también la fuerza de su ejemplo de vida.
Que el recuerdo de su hermosa sonrisa nos dé consuelo y fuerza para continuar.
Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos, a sus colegas de UPEL y a la APROUPEL.
Reunión entre organizaciones universitarias sindicales y gremiales y la OPSU
El pasado 26 de octubre los universitarios nos fuimos en movilización de protesta hasta la OPSU, donde consignamos un documento para que fuera entregado a las autoridades del MPPEU. En dicho documento, solicitamos que las mismas honraran el acuerdo del día 25 de mayo de 2022, día de la movilización universitaria que tuvo como destino Miraflores, donde una representación de nuestras federaciones se reunió con representantes de Presidencia, Vicepresidencia y MPPEU y se suscribió un acuerdo con los representantes del Ejecutivo nacional para el inicio de reuniones con las organizaciones legítimas de los trabajadores universitarios, con el propósito de la restitución de nuestros derechos laborales.
Como respuesta, fuimos invitados a una reunión para hoy, 1º de noviembre de 2022, en la sede de la OPSU, por su director. La reunión comenzó a las 3:30 pm con la participación de representantes de FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV, Sindicatos No Federados, APUCV, SINATRA, APUFA, y SUTRA, por los universitarios, y el director Julián Eljuri y la Lic. Zaidee Cayama, por la OPSU.
El temario propuesto por los universitarios en el documento entregado el 26 de octubre fue:
El pago completo de nuestros salarios de acuerdo con las fórmulas de cálculo de beneficios salariales y la estructura de la tabla salarial que se describen en el Instructivo para la Aplicación de Beneficios Acordados en la Cuarta Convención Colectiva Única (I V CCU)
El bono navideño en un solo pago en noviembre.
El pago de la deuda de salario acumulada desde marzo del presente año por cancelación incompleta de los salarios y del bono vacacional.
El pago completo e inmediato de toda la deuda por las retenciones y aportes a las organizaciones gremiales, sindicales y previsionales que no se han enviado a sus destinatarios.
Al respecto, el director de la OPSU aseguró haber entregado el documento de los universitarios a las autoridades del ministerio y manifestó que la mayoría de los temas planteados excedían sus competencias, por lo que deberán ser tratados en próximas reuniones con otros funcionarios del Ejecutivo nacional.
El Director de la OPSU manifestó igualmente que la demanda del pago de la deuda por retenciones de nuestras organizaciones sindicales, gremiales y previsionales sí es de su competencia y se comprometió a activar el mecanismo para el pago de todas las retenciones del año 2022 antes de que termine el año.
Esto significa que la OPSU debe conciliar las cuentas por estos conceptos con las universidades y cuantificar la deuda para que ONAPRE autorice el pago y ejecutarlo.
La información que al respecto tiene el Director de la OPSU no coincide con la que tenemos los universitarios. Según él, no hay deuda por retenciones correspondientes al año 2021, ya que hubo un crédito adicional para pagar a finales de ese año; además, mandaron a pagar enero y febrero de este año 2022. La información que tenemos las federaciones es que en algunas universidades pagaron hasta diciembre de 2021, en otras hasta noviembre, en otras hasta agosto y en otras hasta mayo de 2021. A pesar de que el criterio de la OPSU es que cuando se ordena el pago de la cuota por retenciones es para todas las universidades, tal parece que eso no es lo que ha ocurrido, puesto que a algunas no les pagan desde mayo y a otras les pagaron hasta diciembre del año pasado.
En cualquier caso, constituye una afrenta contra los trabajadores y sus organizaciones y una grave violación a la libertad sindical que no se paguen las retenciones mensualmente como corresponde, ya que sí son descontadas mensualmente de nuestros salarios y se está impidiendo el funcionamiento de los sindicatos, las asociaciones de profesores y las federaciones.
En el caso de las cajas de ahorro, el director de la OPSU manifestó que se va a pagar este año la deuda por retenciones y aportes, probablemente antes que las de las organizaciones sindicales y gremiales, para lo cual se está activando un mecanismo especial.
Otro tema tratado fue el 5% de la nómina para previsión social, el cual se lo intenta apropiar la ftuv y le pertenece a todos los trabajadores. Al respecto, el director de la OPSU aseguró que no se le ha entregado ese 5% de la nómina a la ftuv.
Acuerdos de la reunión
La OPSU reconoce la deuda por retenciones y aportes a las organizaciones sindicales, gremiales y previsionales
La OPSU se compromete a pagar la deuda por retenciones y aportes a las organizaciones sindicales, gremiales y previsionales este mismo año.
Conclusiones
1.- Con la reunión de los universitarios con la OPSU no puede considerarse que se ha cumplido el acuerdo con los representantes de Presidencia, Vicepresidencia y MPPEU del 25 de mayo del presente año, dado que nuestras demandas exceden las competencias de la Oficina. Por consiguiente, hay que insistir con las movilizaciones para:
El pago completo de nuestros salarios de acuerdo con las fórmulas de cálculo de beneficios salariales y la estructura de la tabla salarial que se describen en el Instructivo para la Aplicación de Beneficios Acordados en la Cuarta Convención Colectiva Única (I V CCU)
El bono navideño en un solo pago en noviembre.
El pago de la deuda de salario acumulada desde marzo del presente año por cancelación incompleta de los salarios y del bono vacacional.
2.- Además de las demandas generadas por la aplicación del instructivo ONAPRE, debemos defender los recursos para previsión social, específicamente el 5% de la nómina que debe ser entregado a las distintas organizaciones como siempre se hizo.
3,- Igualmente, debemos discutir un nuevo instrumento para la recuperación de los salarios, demás beneficios y condiciones de trabajo. En esa discusión deben participar todas las federaciones y debemos defender tanto nuestros derechos laborales como la carrera académica.
4,- En cuanto a la deuda por retenciones y aportes, debemos estar vigilantes para que se cumpla el acuerdo alcanzado hoy. Es muy importante, además, que solicitemos a las autoridades universitarias de cada una de nuestras instituciones información sobre las insuficiencias y hasta qué fecha se enviaron esos recursos, ya que el director de la OPSU cree que no hay deudas de 2021 por ese concepto, sino solamente de 2022. El acuerdo es que se pague toda la deuda así tengan que pedir un crédito adicional para ello. Las asociaciones saben desde cuándo no les pagan, las universidades también. Hay que ordenar esa información lo antes posible.
5.- La lucha sigue. Hay que impulsar un nuevo plan de acción.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, expresan su profundo pesar por el fallecimiento del reverendo padre y Rector de la Universidad Católica Andrés Bello
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, S.J.
Q.E.P.D.
Hecho acaecido en la ciudad de Caracas hoy, 20 de octubre de 2022.
La universidad venezolana está de luto por la partida de este ser humano excepcional, baluarte de la educación y de la lucha por la democracia en Venezuela, y amigo de nuestra federación.
Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, a la UCAB y a la Compañía de Jesús.
El inicio de un nuevo período académico llega sin que se hayan solucionado los graves problemas de infraestructura, servicios y seguridad en los campus. A pesar de las permanentes denuncias y movilizaciones antes y durante el período vacacional, el Estado venezolano, a través de la connivencia del Ejecutivo nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, mantiene la violación de los derechos laborales progresivos e intangibles en las universidades. Esto ha profundizado el deterioro de la calidad de vida de los universitarios, con ingresos insuficientes para garantizar el sustento familiar, sin seguridad social ni acceso a servicios de salud.
Durante el período vacacional, la FAPUV, además del impulso y participación en la movilización nacional por la derogación del instructivo ONAPRE, emprendió acciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de denuncia de las violaciones a los derechos laborales. Dichas acciones fueron desarrolladas en unidad con las centrales sindicales CTV y ASI, y permitieron documentar el incumplimiento de 10 convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela:
Nº 26 sobre fijación del salario mínimo
Nº 87 sobre libertad sindical
Nº 88 sobre servicio de empleo
Nº 95 sobre protección del salario
Nº 98 sobre negociación colectiva
Nº 117 sobre política social
Nº 122 sobre política de empleo
Nº 144 sobre consulta tripartita
Nº 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores
Nº 158 sobre terminación de la relación de trabajo
NUEVAS ACCIONES
En virtud del reinicio de actividades y de una nueva agresión del gobierno al imponer el pago fraccionado del bono de diciembre, en las regiones se están impulsando encuentros de trabajadores para dar respuesta a la situación, y las intergremiales universitarias están planificando acciones, como ruedas de prensa para dar a conocer las deudas del gobierno con el sector universitario y la movilización a la OPSU prevista para el martes 25 de octubre en Caracas. Convocamos a nuestros agremiados a sumarse a esta lucha por nuestros derechos y al impulso de las siguientes actividades acordadas por la Junta Directiva de FAPUV:
1. Mantener la denuncia sobre los derechos laborales y humanos que nos han sido conculcados, y acerca del estado de indefensión que se nos ha impuesto a través del Ministerio y del TSJ debido a la inexistencia de Estado de derecho, a nivel nacional y ante los organismos internacionales.
2.. A nivel nacional,es imperativo mantener la protesta en la calle de manera permanente, aglutinando a todos los sectores de trabajadores de la administración pública que han sido afectados. Cada asociación definirá su estrategia, de acuerdo a sus particularidades, para sumarse a esa lucha de calle.
3. Realizar asambleas en los espacios académicos para mantener informados a los profesores sobre la cuantía del robo y tomar decisiones para la lucha de calle, incluyendo la definición de nuevas y creativas formas de lucha.
4. Intensificar la lucha por el pago de las retenciones ante el MPPEU, accionar jurídicamente el reclamo de dichas retenciones, denunciar a nivel internacional el robo de estos aportes y elevar una queja ante la OIT por violación del C 87 sobre la libertad sindical, al impedir el funcionamiento de los gremios y sindicatos.
5. Solicitar a los Rectores que se dirijan a la OPSU para reclamar el envío de las retenciones.
6. Calcular y difundir el monto de las pérdidas generadas por la aplicación del instrumento ONAPRE y exigir su restitución como deuda de salario.
7. Formular denuncias específicas sobre los recursos para salud que han sido secuestrados a través de las Convenciones Colectivas y la quiebra a la que fue sometido nuestro sistema de salud (IPP, SMO, HCM, contingencia médica, etc).
TOQUES
Las elecciones en APUNELLEZ, realizadas el pasado 5 de octubre, fueron un éxito. Ganó la plancha 1. El nuevo Presidente de la APUNELLEZ Principal es el profesor PEDRO RAMÍREZ. ¡Felicitaciones y éxito en la gestión!
El pasado 6 de octubre de 2022 se realizaron las elecciones de la APUCV de manera exitosa. Ganó la plancha Gremio Activo. El nuevo presidente de la APUCV es el profesor JOSÉ GREGORIO AFONSO. ¡Felicitaciones y éxito en la gestión!
En el marco del día mundial de la seguridad del paciente y del Día Mundial del farmacéutico, más de 50 organizaciones brindaron un gran apoyo a los profesionales de la salud preocupados por la presencia en la cadena de comercialización de medicamentos inseguros, inefectivos y de mala calidad. ¡FAPUV presente!
IPP-APULA informan la creación de un programa de atención primaria de emergencias con servicio a domicilio para sus afiliados, en horario de 7 am a 7 pm,de lunes a domingo, con un excelente equipo médico y paramédico y atención a domicilio. Para solicitarlo llamar al 04122880572
Convocamos a la solidaridad con nuestros compatriotas damnificados por las lluvias y la desidia gubernamental.
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