ACUERDO DE DUELO

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela declara su duelo y profunda tristeza por el fallecimiento de nuestra querida colega y gremialista

GLADYS LUCENA DE MARVAL

Profesora emérita de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ), dos veces Presidenta de la Asociación de Profesores de LUZ (APUZ) y ex Presidenta del Fondo de Jubilaciones de los Profesores de LUZ (FJP-LUZ), Gladys Lucena de Marval fue una economista destacada, formadora de juventudes, luchadora ejemplar por los principios democráticos y universitarios, y por los derechos, reivindicaciones y seguridad social del gremio docente, amiga y hermana, que supo desarrollar su vasta actividad gremial con honestidad, inteligencia y valentía en las circunstancias más difíciles y mostró siempre la mayor disposición para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de las demás asociaciones de profesores y de la federación.

Para FAPUV y sus asociaciones, la partida de nuestra querida y admirada profesora Gladys Lucena de Marval deja un gran vacío. Ella habita por siempre en nuestros corazones y su memoria nos impulsa a continuar con su legado.

Expresamos nuestras palabras de condolencia a sus familiares y amigos, por tan irreparable pérdida. Paz a su alma.

Caracas, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil veinte

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL ARREMETE, NUEVAMENTE, CONTRA LOS FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

                                                                                                                            Absalón Méndez Cegarra

  1. La Superintendencia de Seguridad Social es un órgano creado en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad (LOSSS,2002), con la finalidad de: “…fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros de los regímenes prestacionales que integran el Sistema de Seguridad Social” (Art.28. LOSSS, original).
  2. ¿A cuál Sistema de Seguridad Social se refiere el Legislador Orgánico?  Sin duda alguna, al establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y desarrollado por la LOSSS, la cual, en su artículo 5, lo define, así: “A los fines de esta Ley se entiende por Sistema de Seguridad Social el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho Sistema”. Los sistemas que integran el Sistema de Seguridad Social (SSS) son: Sistema Prestacional de Salud; Sistema Prestacional de Previsión Social; y, Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat. Y, los regímenes prestacionales, son: Régimen Prestacional de Salud; Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas; Régimen Prestacional de Empleo; Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas; Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
  3. Señor Superintendente de Seguridad Social, entérese de una vez por todas, ese SSS que crea la CRBV y desarrolla en extenso la LOSSS, NO EXISTE EN VENEZUELA, ES UNA FICCIÓN. Y, no existe, porque el gobierno del cual usted forma parte no ha tenido la voluntad política ni la capacidad para ponerlo en marcha, al contrario, ha conspirado contra él, creando una institucionalidad paralela, grandes misiones y micro misiones, que lo han desnaturalizado totalmente antes de nacer. En consecuencia, no hable en nombre de algo inexistente. ¿Dónde está el Sistema Público Nacional de Salud? ¿Dónde el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor? ¿El Régimen Prestacional de Empleo? ¿El Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas? ¿Dónde el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat?
  4. Origen de la Superintendencia de Seguridad Social. Es costumbre de este gobierno colocar la carreta delante de los caballos. El SSS no existe; pero, se crearon dos instituciones importantes: La Superintendencia y la Tesorería de la Seguridad Social. Ninguna de las dos tiene funciones que cumplir. La Superintendencia no tiene nada que fiscalizar, supervisar y controlar, pues el SSS no existe; y, la Tesorería, no tiene nada que recaudar, distribuir e invertir, pues, repetimos, el SSS no existe. Se trata de dos parapetos causantes de gastos al erario público nacional, totalmente injustificados. ¿Por qué fueron creados estos dos organismos? Simplemente, por la ineptitud y sumisión de la Asamblea Nacional y la dominación centralista y autoritaria del Presidente Hugo Chávez. El artículo 29 de la LOSSS, original, establecía que; “La Superintendencia de Seguridad Social estará bajo la dirección de un Superintendente. A efecto de su designación, la Asamblea Nacional nombrará un comité de evaluación de postulaciones que se regirá por el reglamento respectivo. De la preselección de los postulados, la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes, integrará una terna que será presentada al Presidente de la República, quien en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de la presentación, designará y juramentará al Superintendente de Seguridad Social”
  5. La pereza mental, incapacidad y sumisión de la Asamblea Nacional (AN) determinaron la vía fácil de reformar parcialmente la LOSSS, año 2012, y complacer el totalitarismo de Chávez, facultándolo en exclusiva para designar directamente al Superintendente de Seguridad Social (tercera reforma parcial de la LOSSS), recayendo esta designación en el médico Julio César Alviárez, como premio de consolación por los favores concedidos a la “revolución”
  6. El Superintendente, así nombrado, al no tener nada que hacer, se confabuló con un grupo de profesores universitarios jubilados, con el consultor jurídico del Ministerio de Educación Universitaria, el Ministro de Educación Universitaria, el Consejo Nacional de Universidades ( CNU, año 2008) y, posteriormente, con la Contraloría General de la República, para ir en contra de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Personal  de las Universidades nacionales, buscar apoderarse de sus recursos y procurar su destrucción. Tales propósitos fueron logrados en dos Fondos (UNA y UNESR) en los que sus haberes fueron repartidos cual cotillón; en otro, se procedió a su liquidación y condicionamiento    de sus haberes (UCV); y, los demás Fondos, con buen criterio, se resistieron a los ataques del Superintendente, por no tener facultades para ello, y, aún, sobreviven cumpliendo con su objeto.
  7. El Superintendente, parece olvidar, que, en virtud de ciertas acciones malintencionadas, el CNU, aplicó el artículo 119, parte final, de la LOSSS, ordenó la excepción de los profesores jubilados y pensionados a seguir cotizando a los Fondos, la devolución a éstos de las cotizaciones realizadas desde el 01-01-2003 y la suspensión del aporte institucional a los Fondos por los conceptos señalados. Posteriormente, también, suspendió, de manera ilegal, el aporte institucional a los Fondos por concepto del personal activo, aunque las Universidades que mantuvieron los Fondos continúan reteniendo la cotización del personal activo. Decimos, ilegal, y, no nos equivocamos, por cuanto los Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la Universidades nacionales fueron creados por el CNU, en el año 1976, mediante Pautas Reglamentarias, forma de expresar su voluntad el Órgano Institucional; y, de conformidad, con estas Pautas Reglamentarias, llevadas a rango legal, artículo 26, numeral 18,  de la Ley de Universidades vigente (1970), los Consejos Universitarios están facultados para: “Dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades, el régimen de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo lo relacionado con la asistencia y previsión social de los miembros del personal universitario;”. Estas Pautas Reglamentarias están vigentes. No han sido derogadas por el CNU ni anuladas por la autoridad judicial competente .Por consiguiente, los Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades nacionales son de origen legal (Ley de Universidades) y han debido crearse en todas las Universidades públicas nacionales, con lo cual, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Miembros del Personal Docente y de investigación de las Universidades públicas nacionales, pasó de asistencial a contributivo directo, a partir de febrero de 1976. Para la Venezuela del momento, este hecho, era algo inesperado, sorprendente. Estos Fondos, al no establecer las Pautas Reglamentarias la naturaleza jurídica de su constitución, asumieron formas diversas y regulaciones especiales. Hoy día son instituciones que tienen su fundamento legal, reglamentario y contractual y constituyen derechos adquiridos de los trabajadores.
  8. Sí, el gobierno de Chávez, primero, hubiese tenido la firme voluntad de aplicar y   poner en marcha la LOSSS, Venezuela sería un gigante en materia de Seguridad Social; pero, no, optó por destruirla, fortalecer, aparentemente, el IVSS,  y crear el paralelismo asistencialista  misionero, conducta que ha seguido al pie de la letra sus sucesor, Nicolás Maduro, en grado superlativo, por cuanto este señor con sus ejecutorias  lo ha destruido todo, incluyendo  la institucionalidad de los seguros sociales.
  9. Para mayor abundamiento jurídico e ilustración del Superintendente, sí, el gobierno nacional (Chávez-Maduro) hubiese creído en la LOSSS, en su necesidad e importancia, nada de lo que comentamos estuviese ocurriendo, ya que tenía lapsos perentorios para su aplicación y puesta en marcha del SSS. El primero de enero del año 2007, Venezuela ha debido despertar con un nuevo SSS. No ocurrió nada. La diligente AN se apresuró a reformar parcialmente la LOSSS (primera reforma parcial de la LOSSS, 2007), eliminando todos los lapsos que obligaban al Ejecutivo Nacional poner en ejecución el SSS. A partir de este momento el Ejecutivo Nacional entró en desacato a la Ley y la AN en omisión legislativa. Toda la institucionalidad previsional prexistente a la LOSSS adquirió ultractividad, se hizo, nuevamente, vigente, y, es lo que tenemos en la actualidad por Seguridad Social. A la prueba nos remitimos, el artículo 145, LOSSS, original, establece, que: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los trabajadores que ingresen al servicio del Estado no podrán afiliarse a regímenes especiales, prexistentes, de jubilaciones y pensiones del sector público financiados total o parcialmente por el Fisco Nacional distintos al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas”. Pero, resulta que este Régimen Prestacional no existe, la Ley especial que lo regula no ha sido sancionada por la AN, ni promulgada por el Ejecutivo Nacional.  ¿Cuál es el régimen único de jubilaciones y pensiones que afilia a los viejos y nuevos trabajadores del TSJ y Poder Judicial, del CNE, de la AN, de la CGR, del BCV, de las Universidades públicas, etcétera? Pues, el mismo que han tenido siempre, un régimen especial preexistente, que no ha sido derogado, ni siquiera por ese adefesio jurídico del cual no se acuerda nadie, por su inefectividad, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2014 (G.O. N° 6156 Extraordinario del 19-11-2014. El artículo 3° de este Decreto exceptúa de su campo de aplicación a los regímenes especiales de fuente legar, aunque los obliga a cotizar a la Tesorería de la Seguridad Social. Valdría la pena que la Tesorería y la Superintendencia informaran cuántos de los regímenes especiales cotizan, su porcentaje y cuántos jubilados y pensionados están a su cargo y reciben sus pensiones mensuales por taquilla propia de la Tesorería de la Seguridad Social. Todo es un entramado de mentiras y argucias para engañar a la gente.
  10. Por último, en lo que refiere a aspectos legales, el artículo 148 de la LOSSS, original 2002, establece lo siguiente: “Queda derogada toda disposición normativa que en materia de seguridad social contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la presente Ley” ¿Existe algo que haya derogado la LOSSS, con excepción, de la excepción de los jubilados y pensionados a seguir cotizando? Nada, absolutamente, nada, todo lo preexistente es existente. Ni por asomo la LOSSS se aplica. El mismo artículo que excepciona a los jubilados y pensionados a seguir cotizando, agrega, salvo que realicen actividades laborales remuneradas. Y, cuando jubilados, perciben remuneraciones y no cotizan a ninguna parte. ¿Qué tenemos en Venezuela por Seguridad Social? El IVSS, desnaturalizado totalmente, alejado de su regulación legal y reglamentaria; múltiples regímenes de jubilaciones y pensiones; un modesto e insuficiente Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo, un precario régimen asistencial de atención médica y hospitalaria y la red de limosnas llamadas misiones sociales. Una pregunta viene a acotación. ¿Supervisa, fiscaliza y controla la Superintendencia de Seguridad Social el IVSS y los regímenes de jubilaciones y pensiones de la Administración Pública con Autonomía Funcional? Nada que ver. ¿Dónde está el Fondo de Pensiones del IVSS? ¿A cuál lugar van a parar las cotizaciones de los trabajadores afiliados al IVSS y los aportes patronales? ¿Cuál es el monto de las reservas técnicas del Fondo de Pensiones del IVSS’? ¿Cuántas pensiones se pagan con cargo a dicho Fondo? De estos asuntos debería dar cuenta la Superintendencia. Pero, no puede. El IVSS ha prohibido, inclusive, el ingreso del Superintendente a sus instalaciones. El IVSS es un instituto autónomo, regulado por ley especial, adscrito a lo que ayer fue el Ministerio del Trabajo. No está subordinado a la Superintendencia. ¿Entonces, de cuál SSS habla el Superintendente?  ¿Del sueño que construyó la Comisión Técnica de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, a partir del año 1999, cuando usted era Constituyente y fue plamado en la LOSSS, vigente, pero sin efectividad alguna?
  11. Reiteramos, repetimos, la Superintendencia de Seguridad Social es una entelequia, carece de facultades para regular los Fondos de Jubilaciones y Pensiones. El Régimen prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas no existe. No ha sido sancionada y promulgada su Ley Especial, después de18 años de haberlo ordenado la LOSSS.
  12. La comunicación que ha enviado el Superintendente de la Seguridad Social al Rector de la Ilustre Universidad de Los Andes (ULA) es una grosería y un irrespeto a la majestad de la autoridad universitaria y a la autonomía universitaria. Y, la misma, debe ser rechazada por la comunidad universitaria en todos sus términos. Es, sin duda alguna, una usurpación de funciones. Carente de toda base legal. Es posible que el procedimiento seguido por los peticionarios de una ayuda económica a FONPRULA, más que justificada, por cierto, no esté del todo ajustado a derecho, por no consagrar esa facultad la norma estatutaria, pese a la modificación y ampliación del objeto de FONPRULA, no exclusivo al pago de jubilaciones y pensiones. Pero, la ULA dispone de un 10% de aporte de FONPRULA al pago de las jubilaciones y pensiones causadas, producto de su ganancia neta anual que bien pudiese la ULA utilizar para mejorar la precariedad laboral de su personal docente, toda vez que ese aporte, como sabemos, no se aplica al pago de las jubilaciones y pensiones causadas. Y, en tal sentido, no habría ilegalidad alguna. Para información del Superintendente. La Ley del Seguro Social establece un régimen de pensiones por vejez para los trabajadores afiliados y cotizantes al seguro social. No contempla el pago de pensiones no contributivas. Menos aún la equiparación de las pensiones contributivas con las no contributivas. La Ley y el Reglamento del Seguro Social establecen una fórmula para el cálculo de la pensión por vejez: una parte fija y una parte variable, proporcional al esfuerzo contributivo, más un porcentaje adicional (2%) por cada 50 cotizaciones en exceso. Nada de esto se cumple. Los recursos del Fondo de Pensiones se desvían a otros destinos no contemplados en la Ley. Las pensiones por vejez contributivas y no contributivas se igualaron al salario mínimo. Esto, sí, es una flagrante violación de Ley. ¿Qué ha dicho el Superintendente de la Seguridad Social, tan celoso de los Fondos Universitarios, sobre este particular? Ni una sola palabra.
  13. Amigos de la ULA, colegas profesores. “Nunca falta un diablo en misa”, dice un sabio refrán popular de frecuente uso en nuestros pueblos andinos. Ustedes tienen ese diablo por dentro, instalado en el CU, para seguir agrediendo a la Universidad que se resiste a sus designios. Ese diablo necesita congraciarse con el gobierno nacional y nada más oportuno que llamar al caballero que desde el 2012 en adelante ha encontrado en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades nacionales su entretenimiento preferido, de alguna manera hay que justificar el sueldo que se percibe y el de su excesiva burocracia. Hay que decirle no al Superintendente, pues, este puede ser el comienzo de otra andanada de golpes contra la Universidad venezolana. Y, parece mentira, propiciada, al igual que ayer, por los mismos profesores universitarios. Lo que es ignorar la importancia de un régimen de jubilaciones y pensiones de carácter contributivo directo.  Perdónalos Señor. Pido al señor Superintendente que refute uno solo de los argumentos expuestos. Mis respetos.  Absalón Méndez Cegarra

Liberen YA a RUBÉN GONZÁLEZ. Él es inocente.

RUBÉN GONZÁLEZ, Secretario General del Sindicato de Ferrominera, preso de conciencia, acusado de “ataque al centinela”, es un ícono para la clase trabajadora que hoy clama por su libertad, porque él representa la dignidad, la conciencia de clase y el liderazgo honesto, y porque es inocente de los cargos de que fue objeto para someterlo a juicio militar y encarcelamiento, separado arbitrariamente y por la fuerza de sus jueces naturales, en violación flagrante de la Constitución Nacional.

Al exigir respeto a los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en sus luchas, RUBÉN GONZÁLEZ ofrendó su seguridad personal y su libertad a la causa de la justicia social y de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores de Ferrominera Orinoco, de Guayana y de toda Venezuela.

Tememos por la seguridad y la vida de Rubén González quien, a pesar de estar gravemente enfermo, ha sido objeto de vejaciones y no ha recibido la atención médica que requiere. Así mismo, el acoso se ha extendido a su sindicato SINTRAFERROMINERA y a su familia con saña nunca antes vista contra un dirigente sindical en Venezuela.

La demostración de que RUBÉN GONZÄLEZ ES INOCENTE de los cargos de que lo acusan, y de que su detención y condena responden a una decisión política de quebrar al sindicalismo independiente, autónomo y clasista que él encarna, es que paralelamente a su detención, juicio y condena, ha habido fuertes intentos de desmantelar a SINTRAFERROMINERA, y a impedir la acción de sus directivos, quienes han sido hostigados, perseguidos, sometidos a medidas cautelares, órdenes de captura, jubilación de oficio o despidos indirectos. Se les ha impedido la entrada a la empresa y sus sedes sindicales de Puerto Ordaz y de Ciudad Piar fueron tomadas.  A Yarudid González, hija de Rubén González y directiva de SINTRAFERROMINERA, además de despedirla junto con su esposo de la empresa Ferrominera Orinoco, el gobierno le allanó la casa y dictó orden de captura contra su hermano y su cuñado.

En su nombre, en nombre de su familia y en nombre de la clase trabajadora, quienes suscribimos esta comunicación solicitamos la libertad inmediata de RUBÉN GONZÁLEZ, que se le devuelvan todos y cada uno de sus derechos conculcados y que se reivindique su nombre, para que pueda continuar ejerciendo sus actividades sindicales y luchando por los derechos e intereses de los trabajadores.

Suscriben este documento las siguientes personas y organizaciones:

             Adán Franco 
             Adiby Rodriguez 
             Alba Rojas Luzardo 
             Alexandra Téllez 
             Alix Garcia 
             América Salazar Álvarez 
             Ana Gutierrez 
             Andrea Tavares, Caracas 
             Andrés Caleca 
            Andryxs Leal. Docente Universitario 
            Angel Brito 
            Angela Leonor Angulo Calzadilla 
            Antonio Rodriguez 
            Ariana Tarhan 
            Arlette Danglades 
            Atenea Jiménez Lemon 
             Beatriz Yañez 
             Caridad Rondón, Dir Formación Sindical CODESA 
             Carlos José Carmona, Pdte Dindite-Monagas, FENATEV 
             Carlos Jose Gamboa Villarroel 
             Carlos Larrazábal 
             Carlos Petit, Sec Gral FETRAZULIA 
             Carlos Ramirez 
             Carmela Garipoli 
             Carmen Algindigue 
             Cecilio Pineda 
             CÉSAR SÁNCHEZ 
             Claudio Rivas (FETRABANCA) 
             Convite AC 
             Bertini Pierluissi, Copei 
             Damián Prat 
             Daniel Santolo 
             Déborah Van Berkel 
             Degrain Marichales 
             Dick Guanique 
             Jairo Antonio Bao B. Diputado de la A N 
             Domingo Fernández 
             Douglas Zabala 
             Eddy Vegas 
             Edgar López, Cantv 
             Eduardo Moran. Sutizez Zulia. Cordinador Justicia Obrera. Maracaibo 
             Efrain Gomez 
             Eleisi Espina, AD 
            Elías Aponte 
            Endre Laczky 
            Enrique Marín 
            Exddy González 
            Froilán Barrios 
            Feliciano Reyna Ganteaume 
            Félix Arellano 
            Fernando Mora 
            Flavia Pesci Feltri 
            Francisco Belisario 
            Francisco J. Sánchez 
            Francisco Javier González Rodríguez 
            Francisco Martinez G, ex-Presidente FEDECÁMARAS 
            Freddy Lucena SEC Organización APROUPEL Mácaro 
            Gabriel Voglar 
            Gioconda San Blas 
            Giorfelis Suárez 
            Giuseppe Giannetto, Universidad Central de Venezuela 
            Guillermo Carrasco 
            Gustavo Barrios, UNISINTRAFERROVEN-BOLÍVAR 
            Héctor Lucena, Universidad de Carabobo 
            Héctor Sánchez 
            Hender Zabala 
            Henry Cubillán Quintero 
            Herminia Torres Gómez 
            Noel Hernández, Intersectorial de Trabajadores de Guayana 
            Irama Betancourt 
            Isisbeth Pérez Cantv 
            Nisbel José Bolívar ITG-Heres 
            Noel Hernández, ITGUAYANA 
            Ivonne Muñoz 
            Ivonne Torres 
            Jacqueline Richter 
            Jessika Olivero 
             Jesús Chuo Torrealba, periodista y activista social 
             Jesús Elorza 
             Jesus Irausquin 
             Jesus Malavé 
             Joan Manuel Chávez García, CANTV 
             Jonatan Alzuru Aponte 
             Jorge Álvarez 
             Jorge Rodríguez, AD, jub pqvene 
             Jorge Onailime Machuca Coro (ITG) 
             José Hernán 
             José BENCOMO GONZÁLEZ 
             Jose Correia, Cantv 
             José Domingo Mujica 
             Jose Gamez 
             José Gregorio Afonso Castilla 
             José Luis Rodríguez 
             Jose Marcano 
             José Moreno 
             Jose Rafael Lopez Pasrino 
             José Requena 
             José Rivas 
             Josmar Brazon 
Juan Carlos Rivero 
Juan Luis Sosa 
J. Chuchú Carmona Jubilados UCV 
Judith Mendoza Bastidas 
Justa Blanco 
Karen Garcés 
Karina Molina, Movimiento de Educadores Simón Rodríguez 
Karla Nieves 
Katiuska Russo 
Keta Stephany 
Kira Kariakin 
Lena Yau 
León Arismendi 
Leonardo Morales P. 
Leonardo Pachano 
Leonardo Regnault 
Yngrid Rodríguez 
Lisseth Boon 
Luis Alberto Ramírez 
LUIS ALFREDO ADAMS GAMEZ 
Luis Francisco Cabezas 
Luis Marciales R 
Luis Omaña, de Alianza Social de Trabajadores de Aragua
Luis Rosales 
Luisa Rodríguez 
Ma. Auxiliadora Morillo de Gordils 
Mabel Ettedgui 
Manuel Salvador RAMOS 
Marco González 
Maria Gabriela Mata 
María M. Aristeguieta P. 
Maria Teresa Prat 
Mariela Ramírez, activista social 
Mariella Rosso 
Marino Alvarado Betancourt 
Mario Enrique Mora Santana 
Mario Mariño 
Marisol Aguilera 
Marvin López 
Mauro Zambrano 
Mibelis Acevedo Donís 
Miguel Quiroz, pdte Frente de Trabajadores Valmore Rodríguez en Vzla 
Milagros Socorro 
Mildred Chacón 
Mirtha Guedez 
Moisés A. Durán 
Moraima Hernández 
Morella Martínez 
Raquel Figueroa, Movimiento de Educadores Simón Rodríguez 
Nelson Carreño 
Nisbel Jose Bolivar 
Ocarina Castillo 
Ofelia Rivera 
Olide Herrera (Fetramaquipes) 
Oly Millan Campos 
Orangel Palma 
Orlando Linares 
Oscar Hernández Alvarez 
Pablo Emilio Colmenares Bottaro 
PABLO MIGUEL PEÑARANDA HERNANDEZ 
Pablo Ríos 
Pedro Cabello sindicato de Cantv 
Pedro García 
Prieto Ali, miembro de MOSBASE 
Ramón Bello 
Ramón Gomez 8.873.054 (ITG) 
Rebeca Mota 
Reinaldo Rodriguez 
Renato Arrieta 
Ricardo Montero A. S. T. T. Z. 
Rolando Díaz 
Rolando Smith 3998375 
Romulo Ortiz Guevara 
Rosa Gil. Educadora 
Rosina Calcina 
Rudolfo León 
Sandra B. Giner, Caracas 
Sergio Serron 
Sergio Yánez 
Servando Carbone 
Sioly Mora de Orta 
Sol María Yánez de Meleán 
Tamara Herrera 
Tito Blanco 
Unidad Democrática del Sector Educativo 
Valdemar Álvarez ITG 
Vanessa Friedman 
Victor Caripe (ITG Heres) 
Víctor Rago Albujas 
Victor Richol, Cantv 
Victor Russo 
Víctor Urbáez 
William López, Secretario de prensa, sindicato Sintraemfor 
Yanet Rojas 
Yarudid González SINTRAFERROMINERA 
Yelitze Castillo 
Zenaida Tahhan 
Zileida Durán 
Alfa Ciudadana
Alianza Social y de Trabajadores de Aragua ASTA
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
Apufat-UCV
Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del Estado Aragua
Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital
Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital. ASOCEJUPRC
Central Alianza Sindical Independiente seccional Aragua
Central de Trabajadores ASI Venezuela
CODESA
Colegio de Enfermería Bolívar
Colegio de Enfermería del DC
Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y  Personas con Discapacidad.
Convite AC
Defiende Venezuela
FADESS
FECOBIOVE
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
Frente Valmore Rodríguez
Fundación Aguaclara.
Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI)
Intersectorial de Trabajadores de Guayana ( I.T.G.)
Intersectorial de Trabajadores de Venezuela ITV
Sindicato Cantv Caracas
Consejo de Jubilados UCV
MOSBASE
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Movimiento de Educadores “Simón Rodríguez”
Movimiento Popular Alternativo (MPA)
Observatorio Global Comunicación y Democracia
SEDUKAVZLA
Sindicato de Cantv
Sindicato de Caracas CANTV
Sindicato de Hospitales y Clínicas
Sindicato Único de Telecomunicaciones del Estado Anzoátegui
Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (SUNEP-INPARQUES)
SINTRAFERROMINERA
Sintrainces, seccional Aragua
Somos Alcasa
Sunepsas
SUNOFUTRAJAUP-MPPRE- SINDICATO DE LA CANCILLERÍA
Tendencia Clasista org
Unidad Democrática del Sector Educativo
Unidad Matancera Sidor.
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y sus Asociaciones afiliadas, en representación y defensa de los derechos de los Profesores Universitarios, hemos acordado hacer entrega de una síntesis de los derechos laborales que constitucionalmente nos corresponden, de acuerdo con el principio de progresividad de derechos, a las Autoridades Universitarias como patronos de los trabajadores universitarios y representantes legales delas Instituciones Universitarias, y a las Autoridades de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a quienes compete discutir y aprobar la Ley de Presupuesto y de Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior, y a las cuales les solicitamos, por ende, la ratificación de nuestros derechos conculcados a través de un acuerdo que allane el camino para su ejecución.

Estos derechos han sido sistemáticamente violados año tras año, a pesar de nuestras luchasy reclamos, en un proceso de deterioro acentuado de las condiciones de vida y de trabajo de los universitarios, hoy imposibles de sobrellevar, y que debe ser revertido.

Nuestra estrategia de lucha ha estado centrada en la defensa de la Constitución Nacional y los derechos laborales como punto de convergencia para la discusión de cualquier instrumento que regule las relaciones de trabajo de los profesores universitarios con sus patronos, representados por las Universidades Públicas Nacionales, a través de la aplicación de cualquier Norma o Ley más beneficiosa al trabajador, la cual debe ser aplicada en su integridad (Art. 89, Numeral 3 de la CRBV).

Las universidades públicas nacionales en Venezuela, instituciones autónomas de acuerdo con el Art. 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el Art. 9 de la Ley de Universidades, son los organismos empleadores de los profesores universitarios. Hasta el año 1982, la discusión sobre salario la realizaban las Asociaciones de Profesores con los Consejos Universitarios y/o Directivos de sus respectivas instituciones. Ese año, se aprobaron las Normas de Homologación (NH) por Decreto Presidencial N°93.500 publicado en Gaceta Oficial N° 32.539 el 17 de agosto de 1982, que comenzaron a regular la materia salarial y otros beneficios socioeconómicos de los profesores universitarios, y cuyo Art 13 establece que “el ajuste salarial se hará cada dos años tomando en cuenta la variación del índice inflacionario de los dos años anteriores y la opinión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)”.

Sin embargo, a partir del bienio 2004-2005, y hasta la fecha, el gobierno ha venido incumpliendo las Normas de Homologación e imponiendo las tablas salariales de los profesores universitarios.

De acuerdo con los principios constitucionales de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales, las Normas de Homologación mantienen su plena vigencia y no pueden ser derogadas. Así fue reconocido en fecha 06-08-2013, en la DECLARACIÓN que surgió como resultado de una mesa de trabajo instalada entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), Rectores agrupados en AVERU, representantes de la FAPUV y otras organizaciones gremiales, en el marco de la paralización de actividades y conflicto laboral desarrollado por los profesores universitarios: “Como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos laborales son intangibles y progresivos tal como señala en el Numeral 1 del Artículo 89, … ‘e irrenunciables como lo señala el Numeral 2 del citado Artículo 89’ … Por tanto, las Actas Convenio válidamente suscritas entre las Asociaciones de Profesores y Consejos Universitarios o sus equivalentes, así como los Acuerdos Federativos preexistentes y válidamente suscritos entre la FAPUV y los entes gubernamentales competentes, tienen vigencia siempre que no sean superados por otros derechos o beneficios para las trabajadoras y trabajadores que se consagren en otros instrumentos legales. Se entiende que los beneficios acordados por distintos instrumentos no son acumulables”.

En esta Declaración, los acuerdos federativos preexistentes hacen referencia directa a las Normas de Homologación y los beneficios establecidos en las mismas no han sido superados por otros derechos o beneficios consagrados en otros instrumentos legales.En la IICCU, en cuya discusión participó FAPUV, las tablas salariales fueron impuestas a los profesores universitarios, en montos muy por debajo de lo solicitado. La pronunciada pérdida del poder adquisitivo de losuniversitarios demuestra que FAPUV tuvo razón en sus demandas y en su negativa a firmar la cláusula salarial.

Para la IICCU, a FAPUV no se le dejó participar y el salario real disminuyó una vez más; y en agosto de 2018, el paquetazo gubernamental y la reconversión monetaria vinieron acompañados del aplanamiento de todas las tablas salariales lo que se constituyó en el golpe final al derecho a la negociación colectiva, y al valor del salario, que hoy representa una
centésima parte del salario del año 2001.

De esta manera, se ha venido violando sistemáticamente el derecho a la libre asociación señalado en el pacto internacional de derechos civiles de la ONU en su artículo 22 numeral 1, que a la letra dice: (…) “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”; esta práctica violatoria ha sido calificada como nociva por la Relatoría para la Libertad de Asociación y
reunión pacífica de la ONU. Así mismo, se sigue violando el Convenio 87, de 1948, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, como bien lo subrayó en su informe sobre Venezuela, la Comisión de Encuesta de la OIT que visitó nuestro país en 2019.

A pesar del contexto autoritario y de emergencia humanitaria en el que hoy sobrevivimos los venezolanos, como universitarios no podemos menos que ratificar de manera categórica la vigencia y plena validez de los derechos preexistentes adquiridos a través de las cláusulas que por Normas de Homologación, Actas Convenio Institucionales, Convenciones Colectivas y otros acuerdos, le son más favorables al profesorado. A continuación exponemos como se expresan concretamente esos derechos que reivindicamos y que hoy son el norte para conducir un proceso de lucha por el mejoramiento progresivo de nuestro salario real y beneficios adicionales, con el cual aspiramos a que se comprometan y lo ratifiquen tanto las autoridades universitarias como las fuerzas políticas democráticas que hacen vida en el Parlamento venezolano

I. LAS TABLAS SALARIALES
Recuperar el poder adquisitivo que han perdido nuestros salarios, pasa por restablecer las interescalas, como requisito indispensable para el reimpulso de la carrera académica. En el año 2001 las interescalas eran de 18%-19% para los profesores a tiempo completo (TC), y 23%-25% para los profesores a dedicación exclusiva (DE). En 2020, las interescalas, disminuidas unilateralmente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), son de 13%, para TC y DE. En 2001, los instructores DE ganaban 24,5% más que los InstructoresTC, mientras en 2020 la diferencia se redujo a 18%.

En el caso de los auxiliares docentes, en 2001 las interescalas eran de 13% para los auxiliares docentes TC y 16% para los auxiliares docentes DE. En 2020 las han aumentado hasta el 17%, para TC y DE, pero han reducido las categorías de 5 a 3, lo que produce una disminución de sus ingresos relativos. En 2001, los Categoría I DE ganaban 22% más que los Categoría I TC, mientras en 2020 la diferencia se redujo a 18%.

En cuanto al monto en dólares de los sueldos básicos, en enero de 2001 los instructores TC ganaban el equivalente a USD 903,43 y los titulares DE USD 2.659,63. En enero de 2001 los auxiliares docentes categoría I, TC ganaban el equivalente a USD 735,48 y los categoría V DE, USD 1.625,05. Hoy todos ganan alrededor del 1% de lo que ganaban entonces.

En virtud del artículo 13 de las Normas de Homologación arriba citado y dado que se está construyendo la tabla en dólares, se consideró la inflación de los EE.UU. durante el período 2001-2019, aplicándole a cada una de las remuneraciones en dólares percibidas en enero 2001, por cada categoría de cargos, el siguiente factor de ajuste: (1 + %Inflac/100) = 1.47686. De esa manera, se pueden recuperar las condiciones salariales que nos corresponden, para
rescatar los derechos laborales conquistados en luchas de muchos años.

II. BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS CON INCIDENCIA SALARIAL
Los porcentajes de ajuste salarial deben tener incidencia sobre todos los beneficios socio-económicos y demás conceptos de carácter recurrente adquiridos por Normas de Homologación, Actas Convenio Institucionales, Convenciones Colectivas y otros acuerdos preexistentes.
 Primas por jerarquía o cargo: De acuerdo a las Normas de Homologación para el personal docente que está desempeñando cargos de dirección.
 Prima por hijos.
 Prima por hijos con discapacidad.
 Prima por hogar.
 Prima de Apoyo a la Actividad Docente y de Investigación.
 Prima por Titularidad a los Profesores Titulares a Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo.
 Prima por Titularidad a los Auxiliares Docentes, Categoría V, a Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo.
 Prima de antigüedad.
 Bono Doctoral.
 Aporte a las Cajas de Ahorros
 Bono vacacional (Bono Recreacional) y Bono de fin de año (aguinaldo): Calculados con base en 150 días, aplicando la fórmula establecida en la Ley (Para todo el Personal en condición de servicio, jubilado, pensionado y sobreviviente).

Todos estos beneficios son de carácter salarial por lo que deben tener incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales. Así mismo, se debe garantizar el respeto a las condiciones preexistentes en las instituciones universitarias, establecidas por Normas de Homologación, Actas Convenio, Convenciones Colectivas y Resoluciones de los Consejos Universitarios, en caso de ser más favorables.

III. BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DE CARÁCTER NO SALARIAL
 Planteles Educativos para educación inicial, básica y media para los hijos de los profesores universitarios.
 Contribución para la adquisición de útiles escolares
 Contribución para Juguetes navideños.
 Beca para estudio de los hijos de profesores.
 Aporte por matrimonio.
 Aporte por nacimiento de hijos.
 Ayuda por fallecimiento.
 Aportes Actividades deportivas y culturales: El MPPEUCT.
 Facilidades para adquisición de vehículos, equipos informáticos y otros bienes.
 Plan nacional de recreación y turismo social nacional para los profesores y sus familiares.
 Planes vacacionales para los hijos de los profesores.
 Financiamiento de actividades gremiales y sindicales
 Útiles de protección y seguridad.

IV. BENEFICIOS ADICIONALES
 Bono alimentación y Bono asistencial.
 En el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal, se pagará un bono navideño equivalente a sesenta días adicionales al beneficio de alimentación, sobre la base de cálculo vigente.

V. BENEFICIOS PARA LA SALUD
 Garantizar los aportes para los IPP, IPS, Servicios Médico-Odontológicos y contingencia médica de los trabajadores universitarios cuyos servicios de salud sean manejados a través de los IPP, IPS, Auto-administrado o Fondo Mutual.
 Aporte para HCM: Incrementar al 5% de la nómina anual actualizada de sueldos básicos del Personal Docente y de Investigación para mejorar los planes de HCM dependientes de los IPP.
 Fondo de Contingencia médica: Incrementar al 5% de la nómina anual básica actualizada del Personal Docente y de Investigación orientados a financiar los siniestros que excedan las pólizas de HCM dependientes de los IPP.
 Examen Médico Periódico o Tutorial: Garantizar de acuerdo a la LOTTT y para cumplir el mandato de la LOPCYMAT la realización de un (1) examen médico integral una vez al año, durante el primer trimestre de cada año y dos (2) veces al año para los trabajadores en condición de riesgo laboral.
 Fondo para enfermedades catastróficas.
 Cobertura de enfermedades pre-existentes.
 Póliza básica para HCM.
 Entrega de medicamento.
 Ayudas especiales para tratamientos correctivos.
 Seguro de vida y accidentes personales.
 Garantizar el 100% de cobertura para el pago de seguro funerario, dotación de medicamentos e insumos médicos, prótesis, lentes correctivos, exámenes de laboratorio y exámenes especiales, equipos clínicos (camas hospitalarias, sillas de rueda, andaderas, bastones, etc.) para todos los Profesores de las Universidades, Institutos y Colegios Universitarios.

VI. PREVISIÓN SOCIAL
 Previsión Social: Incrementar a 10% de la nómina anual básica actualizada del Personal Docente y de Investigación, como aporte federativo para ampliar y fortalecer la previsión social y planes recreacionales del profesor universitario.
 Fondo de Jubilaciones y Pensiones: Suspender cualquier tipo de proceso de eliminación de los Fondos; que se cancele el aporte patronal y se restituya su funcionamiento en su totalidad. Homologar el monto de los aportes profesorales e institucionales en todas las Universidades.
 Fondo para vivienda.
 Adelanto de Prestaciones Sociales: De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 144 de la LOTTT.
 Pago de Prestaciones Sociales: Las Prestaciones Sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. El MPPEUCT a través de las Instituciones Universitarias conviene en reconocer los Acuerdos Internos, Actas Convenio y Convenciones Colectivas previos a la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, siempre y cuando no se desmejoren las condiciones establecidas en esta.
 Anticipo de Intereses de Prestaciones Sociales: Constituir de inmediato el Fondo o Fideicomiso de Prestaciones Sociales para todo el personal universitario para cumplir con el mandato de la Ley y percibir anualmente el monto que corresponde por este concepto.
 Cotización al IVSS: el MPPEUCT y las Instituciones universitarias deben garantizar la inscripción y el pago oportuno de las cotizaciones a todos los miembros del Personal Docente y de Investigación. Además, deben asumir el compromiso de actualizar el pago del aporte a todos los profesores universitarios, en aquellas instituciones en las cuales no se ha pagado este concepto para cumplir con lo estipulado en el marco jurídico cnstitucional.

Una vez demostrado el trato discriminatorio e injusto de que hemos sido objeto los profesores universitarios mediante la continuada y flagrante violación de nuestros derechos socioeconómicos y laborales, política ésta que nos ha llevado a una catástrofe humanitaria compleja, nos permitimos solicitar la búsqueda de soluciones para la restitución de los derechos conculcados que permita revertir el éxodo de profesores universitarios y restituir la calidad de vida del personal docente activo, jubilado y pensionado, y su grupo familiar.

Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas De nuevo sobre las elecciones en la UCV

7 de junio 2020

A principios de enero de este año, faltando poco más de un mes para la expiración del plazo
fijado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (27 de febrero de 2020, según los
términos de la sentencia N° 0324) para la celebración de elecciones de autoridades en la
Universidad Central de Venezuela, el movimiento Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas
Democráticas se dirigió al Consejo Universitario a través de una declaración pública suscrita
por tres centenares de miembros del cuerpo académico. El texto mencionaba las peligrosas
consecuencias implicadas en el fallo del TSJ y deploraba la inercia de las autoridades.
Concluía haciéndoles un enérgico llamado:

(…) quienes suscribimos la presente comunicación, académicos docentes activos y jubilados de laUniversidad Central de Venezuela, exhortamos vivamente al Consejo Universitario y especialmente a las autoridades rectorales a cumplir con su ineludible obligación de salvaguardar la institución, convocando en inequívoco gesto de afirmación autonómica a la comunidad ucevista a movilizarse paraparticipar en comicios dignos de una institución académica, así como para poner en práctica cuantas acciones contribuyan a su defensa en esta grave hora de la vida universitaria.

No mucho después, el Consejo Universitario (sesión del 20 de enero de 2020) acordó declarar
a la UCV en «ambiente electoral», fórmula cautelosa con que la mayoría de ese cuerpo eludía
tomar posición sobre la necesidad imperiosa de convocar a elecciones pero que al menos
representaba un progreso con relación a su obstinado silencio de largos meses. Profesores
Ucevistas… hizo entonces circular entre dirigentes de distintos grupos de la comunidad
universitaria un Llamamiento al debate. Entendíamos que este debía preceder al evento
comicial para infundirle aliento y sustancia. El texto comenzaba así:

En la Universidad Central de Venezuela las elecciones no pueden postergarse. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias que han obrado contra su realización oportuna, todos los procesos pendientes deben celebrarse sin nuevas dilaciones. Esta exigencia concierne en primer término a las elecciones de autoridades rectorales y decanales cuyos períodos expiraron hace mucho, pero también a las del cogobierno universitario (Consejo Universitario, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela, Asambleas de Facultad y Claustro), por la significación que tal figura tiene en la estructura y funcionamiento de la universidad como un todo.

Sobre la vida universitaria gravitaba pesadamente la inminencia del vencimiento del plazo
fijado por la sentencia del TSJ sin que desde las instancias del alto gobierno de la institución
se hubiera hecho nada concreto –a excepción de algunas diligencias legales – de cara a la
comunidad universitaria a propósito del problema electoral. En medio de la expectativa
reinante, el propio 27 de febrero de 2020 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia emitió una segunda sentencia (N° 0047). Esta suspendía la medida cautelar contenida
en la anterior “atendiendo al compromiso de la representación de las Universidades
nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias…”, lo que equivalía a
la celebración de elecciones en idénticas condiciones a las establecidas originalmente.

Dos semanas más tarde el régimen madurista decretó una anticipada cuarentena nacional
obligatoria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El país vio de súbito
severamente limitado su desenvolvimiento ordinario, cuadro este agravado por la crisis
metastásica de los servicios públicos, el vértigo hiperinflacionario, la dolarización anárquica
y la aguda escasez de gasolina, cuyo suministro fue militarizado y asumido discrecionalmente
por el gobierno.

En tales condiciones, la universidad suspendió las actividades académicas y administrativas,
decisión inevitable pero adoptada en forma dubitativa, sin orientaciones claras para la
comunidad universitaria. A partir de entonces el Consejo Universitario y los consejos de
facultades y escuelas han procurado sesionar en forma telemática sin poder no obstante
superar las previsibles dificultades que han hecho disminuir aún más la modesta eficiencia
de la administración universitaria. De allí que no se haya conseguido hasta el momento
estructurar una agenda institucional de conjunto, mínimamente coordinada, capaz de
distinguir los diferentes aspectos de la situación y de establecer prioridades, cursos de acción
y modalidades de actuación para los distintos componentes de la colectividad ucevista. Ha
tendido a prevalecer en cambio en la mayor parte de las autoridades académicas cierta
ansiedad por la búsqueda de opciones alternas para la reanudación de la actividad docente y
a tal efecto se han dejado sentir sobre el profesorado presiones no siempre discretas.

Frente a semejante estado de cosas la pregunta que habría que formularse es si resulta
razonable plantear nuevamente como asunto de la mayor importancia el de las elecciones
universitarias. En nuestra opinión la respuesta es afirmativa. Veamos por qué.

Es evidente que en sus aspectos prácticos el proceso electoral no avanzará mientras
prevalezcan las limitaciones de la cuarentena. Pero ello no significa que la cuestión electoral
como objeto de debate de alto interés deba postergarse hasta que aquella concluya. En
realidad, dicha cuestión ha sido reiteradamente aplazada desde mucho antes de que la
pandemia se declarara y se impusieran las restricciones actuales. El debate, pues, debe
estimularse adoptando las formas que las condiciones permitan de suerte que cuando retorne
la normalidad -en alguna de sus versiones- el intercambio de puntos de vista sobre las
elecciones universitarias haya recorrido una parte del camino.

Parecida apreciación tienen los representantes profesorales ante el Consejo Universitario que
el 8 de mayo pasado suscribieron una carta pública en que hacen una pormenorizada relación
de las deficiencias de aquel cuerpo. Aparte de las denuncias de autoritarismo rectoral,
subestimación de prácticas democráticas, inobservancia de normas internas y alteración de
procedimientos con grave mengua de la calidad de desempeño del Consejo, los
representantes del profesorado se refieren explícitamente a un retraso intencional en la toma
de posición sobre el problema de las elecciones universitarias. Cierran su exposición en los
siguientes términos:

Toda esta casuística apunta a un solo sitio, es urgente e impostergable convocar en la UCV a
elecciones rectorales, decanales y de representantes profesorales, hay que cambiar la dirección
universitaria. Las autoridades rectorales y decanales deberían estar preparando su rendición de cuentas, no buscando deteriorar o debilitar el único mecanismo de protección social que nos queda a los profesores, ni alterar el normal funcionamiento del Consejo Universitario. (…). La UCV Autónoma no debe ni puede celebrar sus primeros 300 años con estas autoridades al frente. Es impostergable cambiar.

El parecer de que las elecciones universitarias deben llevarse a efecto sin demora tan pronto
cese la excepcionalidad circunstancial está extendido entre el profesorado, así como en otros
sectores de la comunidad ucevista. Y se extenderá aún más si el asunto se convierte en objeto
de activo debate. No sería sensato ignorar las razones que, en nuestra opinión, hacen este
debate necesario.

Por una parte, como es bien sabido los lapsos de ejercicio de las autoridades rectorales,
decanales y de representantes profesorales ante los diferentes órganos de cogobierno
universitario se encuentran vencidos hace años. Es verdad que causas de todos conocidas han
obstaculizado la celebración de los procesos electorales, pero hoy por hoy es imperativo que
tengan lugar y que la voluntad de que así sea supere viejos y nuevos obstáculos. Quienes
ocupan los cargos directivos y de representación profesoral deberían ser los primeros en
actuar en este sentido para contribuir así a la restauración del régimen institucional y a la
recuperación de sus ciclos funcionales, perturbados –qué duda cabe- por la hostilidad
gubernamental pero también rutinizados y desprovistos de vigor creativo en manos de una
dirección interna exhausta.

Por otra parte, es bueno recordar que las elecciones no son solo y simplemente un mecanismo
práctico para la renovación de los diferentes niveles de gestión. Tienen sobre todo un
significado esencial para la vida universitaria en la medida en que constituyen uno de los
aspectos medulares del principio autonómico en que la institución académica funda su
existencia. Convocar a elecciones ha sido siempre un acto de afirmación autonómica y lo
será en mayor medida en el momento actual si el proceso electoral se organiza al margen de
las condiciones que la inconstitucional sentencia del TSJ pretende imponer.

El primer paso, pues, sería la expresión rotunda y sin ambages de la voluntad de hacer
elecciones en los términos que la institución acuerde, conforme al ejercicio pleno de la
autonomía que le es propia. Esta voluntad tiene que manifestarla cuanto antes el Consejo
Universitario invitando a la comunidad ucevista a movilizarse en defensa de la universidad
y para emprender su rehabilitación como ámbito de florecimiento intelectual. Otro tanto
corresponderá enseguida a los consejos de las facultades y escuelas en cuanto órganos de
cogobierno y a las diversas organizaciones existentes en el seno de la institución. La
universidad, movilizada por el convencimiento de que ejerce un derecho inalienable del que
no consentirá ser despojada, representa la mejor garantía –quizás la única- de que el proceso
electoral pueda llevarse a cabo apropiadamente.

Será entonces cuando adquiera contenido real la tímida declaratoria de «ambiente electoral»
que meses atrás la insistencia de sectores organizados de la UCV y el tesón de la mayoría de
los representantes profesorales del Consejo Universitario le arrancaron a ese cuerpo. Y habrá
también entonces un clima propicio para que la universidad ejercite nuevamente su
entumecida vocación deliberativa y despliegue sus talentos analíticos dando a individuos y
grupos de los diferentes conglomerados que la conforman la oportunidad de exponer sus
ideas y de intervenir en un debate tantas veces aplazado. Ese debate no solo tendrá que
explicitar razonadamente los motivos por los cuales la institución se rebela contra la
servidumbre de un procedimiento de elección de autoridades que la desnaturaliza y la niega
en sus principios fundamentales, sino que servirá además para examinar con el espíritu crítico
que es el suyo la norma electoral interna a la luz de las nuevas configuraciones del mundo
contemporáneo.

Ambos aspectos entrañan el recurso a la autonomía que es un principio de acción constructiva
y no un inerte parapeto defensivo. Con la autonomía ciertamente la universidad le sale al
paso a las acometidas gubernamentales que desfiguran su fisonomía institucional. Y con la
autonomía igualmente perfecciona estructuras y mecanismos para que sus fines sigan
cumpliéndose con la eficacia de renovadas sensibilidades. Tarea compleja ciertamente puesto
que la reflexión sobre sí misma debe emplazarse en la intersección de dos legitimidades: la
que le otorga su propio cometido y la que le impone el mundo al que se debe.

En esa tarea debe participar resueltamente la comunidad académica porque así lo determina
la naturaleza de la institución. Este es un dato inmanente, una propiedad sustancial y por lo
mismo incuestionable. Pero no hay que impedir la incorporación de otros sectores de la
colectividad ucevista que se sientan concernidos por la suerte de la universidad. Los temas
electorales traen consigo los de la participación y componen un complejo de asuntos relativos
a la democracia universitaria. La agenda del debate debe contenerlos, es decir, debe reflejar
la complejidad real de la cuestión pues a ninguna conclusión razonable puede aspirarse si de
entrada sucumbimos a simplificaciones artificiosas. La movilización de las energías
intelectuales y volitivas de la institución debe producirse a la mayor escala posible para que
su defensa sea viable y las definiciones que los tiempos demandan reciban su vigoroso
impulso.

Ucevistas:

Exijamos al Consejo Universitario que manifieste cuanto antes la voluntad de celebrar
elecciones.

Demandemos a las autoridades rectorales y decanales que promuevan activamente el interés
de la comunidad por la cuestión electoral y pongan a su disposición medios para que se
exprese.

Exhortemos a los diferentes sectores organizados de la comunidad universitaria y a los
universitarios en general a incorporarse pronta y entusiastamente al debate sobre los
diferentes aspectos del régimen electoral de la UCV.

Repudiemos la sentencia inconstitucional del TSJ y organicemos las elecciones conforme al
principio de autonomía universitaria.

Víctor Abreu, José Gregorio Afonso C., Miguel Albujas Dorta, Rogelio Altez, Morella Alvarado, Rubén Álvarez, Maritza Álvarez, Carmen Leonor Álvarez, Luis Angarita, Pedro Arellán, Félix Arellano, Héctor Arrechedera, León Arismendi, Simón Arocha, Ignacio Ávalos, Olga Ávila, José Balza, Catalina Banko, Luis Bravo Jáuregui, Luis A. Calatrava Oramas, Elisaúl Calderón J., Azier Calvo, Ocarina Castillo, Gregorio Castro, Zugem Chamas, José Coll, Irma Chumaceiro, María Eugenia Cisneros, Santiago Clavijo, Ygor Colina, Guillermo Colmenares, Karenia Córdova, José Miguel Cortázar, Luis Crespo, Rafael E. Dávila C., Aura Díaz de Palacios, María Cristina Di Prisco, Rosana Figueroa Ruiz, Raquel Gamus, Alix García, Jeniffer García, Irama García, Carmen García Guadilla, Giuseppe Giannetto, María del Pilar González, Luisa González, Eliseo González Sánchez, Aquiles Gutiérrez, Carlos Guzmán, Sonia Hecker, Luis Eduardo Hernández Rávago, Oswaldo Hernández Blanco, Ángel Gustavo Infante, Consuelo Iranzo, María del Rosario Jiménez, Luis Lander, Vicente Lecuna, Florángel de Longobardi, Margarita López Maya, María Victoria Lugo Fernández, María Fernanda Madriz, Luis Marciales, Lidia Marciales, Víctor Márquez Corao, Xiomara Martínez, María Eugenia Martínez, Elizabeth Marval, María Gabriela Mata Carnevali, Hugo Medina Oropeza, Bernardo Méndez, Absalón Méndez Cegarra, María Antonieta Méndez Rodulfo, Alexis Mercado, Carlos Monsalve, Martha Inés Moreno Sarmiento, Mario Morenza, José Domingo Mujica, Zoraida Natale, Eleazar Narváez, Armando Notz, Eva Núñez, José Félix Oletta L., Tulio Olmos, Emilio Osorio Álvarez, Samuel Pérez Hermida, Antonio París, Pablo Peñaranda, Cristina Pérez Díaz, Zayda Pérez González, Mauricio Phelan, Elías Pino Iturrieta, Elizabeth Piña, Marina Polo, Delrosi Porras G., María del Pilar Puig, Luken Quintana, Inés Quintero, Víctor Rago Albujas, Tulio Ramírez, Alexis Ramos, Alexis Ramos Torrealba,
Eudoro Ramos Balza, Ana Rangel, Jean-Louis Rebillou, Flérida Rengifo Carrillo, Jacqueline Richter, Rodolfo Rico, Ricardo Ríos, Maritza Rivas, María de Jesús Roca, Fernando Rodríguez, Humberto Rojas, Dulce Ruiz, Nydia Ruiz Curcio, Benjamín Sánchez, Carlos Sandoval, Javier Seoane, Geovanny Siem, Héctor Silva Michelena, María Smeja, Keta Stephany, María Suárez Luque, Isabel Tapia, Ildemaro Torres, Raquel Urbach, Rubén Vargas, Luis Vásquez, Lola Vetencourt, José María Villavicencio, Rómulo Villegas, Carlos Viso, Victoria Walker, Marek Wesolowski, Eucaris Wills, Sylvia Wiertheim, Francisco Yánez, Mirna Yonis.

FAPUV rechaza amenazas contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización nacional de carácter académico-gremial que agrupa a las Asociaciones de Profesores Universitarios de las Universidades Públicas Nacionales, fiel a sus fines de “promover, desarrollar, consolidar y defender la función rectora de la Universidad Venezolana en la conducción del quehacer científico, cultural y académico”, se dirige a la opinión pública nacional a fin de rechazar las amenazas proferidas desde la televisora estatal contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, por publicar un informe en el que expertos analizan el estado de epidemia de la COVID-19 en Venezuela, y sus posibles escenarios, a partir de modelos matemáticos, con base en información epidemiológica oficial.

Con el conocimiento que nuestra Academia Nacional de Ciencias ha compartido, de manera responsable y desinteresada, a través del documento titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, el ejecutivo nacional debería proponerse ajustar el sistema sanitario a los posibles escenarios planteados y diseñar las estrategias de distanciamiento social en consecuencia. También podría confrontar estos escenarios con otros, de otros expertos. Lo que resulta inaceptable, es que se intimide, se difame y se exponga al desprecio público a los científicos venezolanos que hacen tanto con tan poco por nuestro país.

La verdad no atiende amenazas. El conocimiento científico es esencial para prevenir y manejar de mejor manera todo lo atinente a esta enfermedad, en función de controlar su impacto social y salvar vidas. Esto cobra mayor importancia cuando estamos frente a una crisis de salud pública generada por una pandemia para la cual no estamos preparados.

Las Universidades y las Academias deben ser consultadas y escuchadas en relación con los asuntos más importantes de la Nación, en los distintos ámbitos del conocimiento, y deben recibir todo el apoyo que requieren para la producción de conocimiento, la formación de talento y para dotar a la sociedad de la comprensión de la realidad, de la ciencia y de la tecnología necesarias.

Para atender situaciones de tanta gravedad como la de la pandemia por el coronavirus, lo que hace todo gobierno que se preocupa por la salud de su pueblo es abrir el diálogo con la comunidad científica nacional, apoyar a los investigadores y estimular el estudio del fenómeno con diversidad de enfoques, así como la búsqueda de soluciones, hasta lograrlas.

Pero en Miraflores creen que gobernar es reprimir. A las decenas de trabajadores de la salud y comunicadores sociales detenidos arbitrariamente luego del decreto de Estado de Alarma por el brote de la epidemia COVID-19, solo por opinar o informar al respecto, se suman estas amenazas a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Esta epidemia y las medidas que se han tomado para controlarla afectan significativamente la vida de todos los venezolanos, no solo a las cúpulas burocráticas en el poder. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar en el análisis y solución de esta grave situación. En las Universidades seguiremos ejerciendo nuestros derechos.

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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16-05-2020

En el Día del Trabajador, FAPUV rechaza las tablas de hambre y convoca a la protesta unitaria por salario digno

Con motivo del 1° de mayo, Día del Trabajador, en Venezuela, el Ejecutivo Nacional fijó precios en dólares a los productos de la canasta alimentaria y definió, nuevamente de manera unilateral y autoritaria, un salario mínimo de Bs. 400.000, equivalente a dos dólares (2$) al mes que se traduce en más empobrecimiento para la clase trabajadora, y un beneficio mensual de alimentación de Bs. 400.000 (2$). Estos montos representan una ofensa a los venezolanos y no son suficientes  ni siquiera para pagar la comida de un día de una familia, mucho menos la de un mes.

En el Día del Trabajador, los universitarios no tenemos nada que celebrar, y sí mucho que protestar, empezando por esa política salarial que solo anuncia más pobreza, desnutrición, violación de todos los derechos sociales, y es la mayor traición que se haya hecho jamás a la dignidad de los venezolanos.

En el sector universitario, la consecuencia del nuevo salario mínimo es la imposición de unas tablas salariales que profundizan el hambre, la violación de la libertad sindical, de los derechos progresivos y del derecho a la negociación colectiva, como parte de la política de destrucción de las universidades. La situación es similar en los subsistemas de educación básica y media, y en toda la administración pública.

La pandemia del COVID-19, que nos mantiene recluidos en nuestros hogares para evitar los contagios, nos impide, además, la generación de ingresos adicionales para el sustento, y no hay respuesta de parte de las universidades ni de parte del Ministerio a los constantes llamados que hemos hecho para la atención urgente de este drama social que hoy sufren los hogares de los profesores universitarios.   

La violación continuada del artículo 91 de la Constitución, el cual estipula que el salario mínimo debe acordarse con trabajadores y empleadores, tomando en cuenta el costo de la canasta básica, amerita una respuesta unificada de todos los asalariados del país. Urge reunir el apoyo y la voluntad de todos los venezolanos para decirle al mundo lo que este gobierno opresor hace con los trabajadores.

Convocamos a nuestros agremiados, e invitamos a todos los trabajadores venezolanos, a  manifestar el próximo viernes 1° DE MAYO a las 8pm su desacuerdo con las tablas de hambre a través de una PROTESTA PACÍFICA  DESDE SU LUGAR DE RESIDENCIA, haciendo sonar cacerolas y pitos, para exigir lo que por derecho nos corresponde: salario digno, seguridad social y diálogo social. Invitamos a utilizar en sus redes sociales las etiquetas #1MSalarioDeMiseria y #PorSalarioDignoYEducaciónDeCalidad, durante todo el día de los oprimidos  trabajadores Venezolanos,  para elevar la protesta a nivel no sólo nacional sino también internacional.

Invitamos a la Asamblea Nacional a declarar un compromiso formal con la recuperación del salario real y el mejoramiento sustancial en las condiciones de vida y de trabajo de los universitarios, y a construir con los gremios y sindicatos iniciativas ante la actual coyuntura que, teniendo como norte la restitución de los derechos sociales de los venezolanos, permitan atender en el corto plazo las necesidades más urgentes de salud y alimentación.

Junta Directiva

ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS

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Ciudadano CÉSAR TRÓMPIZ

Ministro de Educación Universitaria

La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APROUPEL), acompaña el planteamiento público efectuado por la Federación de Centros de Estudiantes y del Cogobierno Estudiantil de la UPEL, formulado en relación con su propósito de darle continuidad a la programación académica de la Universidad a través de la vía on line. Esta propuesta es INEJECUTABLE en una Universidad donde la plataforma tecnológica y comunicacional no funciona debido a que las periódicas y recurrentes fallas del SERVICIO ELÉCTRICO NACIONAL han provocado: 1) Caída de la conectividad con las sedes de los Institutos Pedagógicos y sus diferentes Extensiones Académicas que funcionan en los más apartados rincones del país; 2) Dificultad en el acceso a distintos sitios web, tanto académicos como comerciales y líneas telefónicas de CANTV; 3) Con robos intencionados de cableado repuesto; 4) repetidos “bajones de Tensión Eléctrica” que provocan el apagón general del CENTRO de Datos Nacionales; 5) Caída de los enlaces satelitales en siete (7) Extensiones Académicas que funcionan en San Fernando de Apure,

Av. Páez c/c Arismendi, Qta. APROUPEL, El Paraíso, Caracas. Tefls. 0212-4848719 / 6306 / 7156. E-mail: aproupel@cantv.net

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Tucupita, Valencia, El Tigre, Los Teques, Maracaibo y Mérida, porque la empresa que prestaba el servicio abandonó el país; 6) Daño de la tarjeta Digital del CPA de la emisión de salida del centro de operaciones del sistema UPEL que funciona en la sede rectoral (Catia-Caracas) y 7) La veintena de reclamos e informes presentados ante las autoridades administrativas y técnicas competentes, que hasta la fecha no han generado solución alguna. En el mes de Noviembre/2018 en reunión efectuada con la Dirección Nacional de operaciones de la CANTV se propusieron soluciones y aún esperamos acciones efectivas. Unido a lo anterior, tanto a nivel del profesorado, como del estudiantado, no se dispone de un número significativo de equipos adecuados que garanticen la interacción que se aspira PROFESORALUMNO. Señor Ministro, a los hechos puntualizados en párrafos anteriores, debemos incorporarle la reducción presupuestaria en forma progresiva y la confiscación de su autonomía para gerenciarlo, lo cual ahonda la situación denunciada al observar con impotencia la ausencia de disponibilidad económica para reponer los equipos tecnológicos que han sido hurtados por bandas delictivas que frecuentemente incursionan en las edificaciones de nuestros Institutos

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Pedagógicos ante la indiferencia de los cuerpos policiales después de efectuarse las denuncias. Señor Ministro, nuestro cuerpo docente y estudiantil también es víctima de la crisis socio-económica que azota a la población en general, producto de la disminución creciente del poder adquisitivo.de sus ingresos salariales ante un modelo económico dolarizado e hiperinflacionario y de las pírricas y desactualizadas Becas Estudiantiles. En estas condiciones, Señor Ministro, lo mejor es quedarnos en casa y en medio de esta cuarentena sanitaria de aislamiento social, renovar esfuerzos por la lucha para que cese la emergencia humanitaria y compleja de la educación y por rescatar el desarrollo del país y lograr una mejor calidad de vida. Luego, una vez superada la crisis, nos reincorporaremos aspirando concertar esfuerzos que garanticen, además de obtener respuestas efectivas a las carencias señaladas en este documento, disponer de los servicios básicos de energía eléctrica, sin interrupciones abruptas y prolongadas, agua, transporte y alimentos requeridos para poder reiniciar el funcionamiento de la universidad. Las debilidades señaladas han provocado en docentes y estudiantes una gran desmotivación ante lo incierto de los escenarios que se le plantean

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para su desempeño y el silencio gubernamental en hallarles solución, no puede ser una respuesta inteligente para superarlas.
En Caracas, a los 29 días del mes de Abril del año 2020

Por la Junta Directiva Nacional de APROUPEL
Prof. Romelio Belo Rodríguez (LS) Prof. Gilmer Gómez Ramos(LS) Presidente Sec. Actas, Correspondencia e Información

Prof. Oscar Bolívar Bolívar (LS) Prof. Tomás Pérez (LS) Secretario de Finanzas Secretario de Reivindicaciones y Seguridad Social

Profa. Norma Chávez de Escobar (LS) Profa. Yasmeri González (LS) Secretaria de Asuntos Académicos y Gremiales Secretaria de Cultura, Deportes y Recreación

Profa. Verónica B. Oliveros (LS) Profa. Gisela Herrera (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional Caracas Presidente de la APROUPEL Seccional Miranda

Prof. Juan Rafael Pita (LS) Prof. Niuman Páez (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional I.M.P.M. Presidente de la APROUPEL Seccional Maracay Profa. Blanca Terán de Arrieta (LS) Prof. Hernán Azócar (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional Barquisimeto Presidente de la APROUPEL Seccional Maturín

Prof. Luís A. Escalona (LS) Prof. Fredelino Pérez (LS) Presidente de la APROUPEL Seccional I.P.R. El Mácaro Presidente de la APROUPEL Seccional I.P.R. Rubio
Profa. Livia Becerra (LS) Presidente (E) de CONPROJUPEL

APUNELLARG APJPUNERG AETAS – SINDEA UNERG

COMUNICADO


Estamos ante una situación inédita, donde los venezolanos nos enfrentamos a una pandemia y en un contexto de agudización de la crisis social, económica y política, razón por la cual la inter-gremial de trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, consecuente con sus responsabilidades, ha mantenido un monitoreo y análisis de la situación actual que enfrentan los trabajadores, en tal sentido, se dirige a la comunidad universitaria con el fin de contribuir a la toma de conciencia y a la búsqueda de soluciones con carácter de urgencia.
1-. El gobierno incumple el derecho al salario digno consagrado en el artículo 91 de la Constitución, imponiendo por decreto un salario mínimo de hambre. En base a éste, se han establecido de forma inconsulta, tablas salariales para el sector universitario que desconocieron, desde el 2018 hasta la fecha, los derechos progresivos e intangibles de los trabajadores, violentando el derecho de discutir las condiciones laborales y remuneración liquidando así la convención colectiva. Esto ha traído como consecuencia que los sueldos y salarios de los trabajadores universitarios hayan perdido su vigencia, quedando peligrosamente muy por debajo del costo real de la canasta básica. Por tal razón, exigimos que la tabla salarial de los trabajadores universitarios inicie con un monto en dólares equivalente al valor de la Canasta Básica debido a la devaluación diaria y la pérdida del poder adquisitivo del bolívar y se restituyan los acuerdos contemplados en la Contratación Colectiva.
2-. En esta coyuntura de emergencia, muchos trabajadores activos y jubilados con enfermedades crónicas están imposibilitados de adquirir los medicamentos necesarios para resguardar su vida. Exigimos a las autoridades rectorales, como representantes del Ministerio para la Educación Universitaria, garantizar el derecho constitucional a la salud. Es urgente hacer las articulaciones necesarias con las instituciones del
Estado y con algunas ONGs para conseguir los medicamentos que requieren apremiadamente nuestros trabajadores.
3-. La educación es un derecho humano. Por lo tanto, todos los estudiantes están en su elemental derecho de recibir educación de calidad, lo cual, en éstas circunstancias, no está garantizado. Del mismo modo, ningún profesor puede ser limitado en sus labores por carecer de los medios materiales y técnicos para asumir de forma inconsulta la modalidad de educación a distancia. Una gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso a equipos móviles de nueva generación, ni disponen de equipos de computación conectados a Internet, mientras que aquellos que si los tienen enfrentan una permanente precariedad de los servicios de electricidad y de conectividad. Urge reprogramar de forma responsable el calendario escolar, la educación a distancia en el actual contexto es excluyente. No podemos ser cómplices de un cumplo y miento para satisfacer improvisaciones del Ministerio.

Exhortamos a la población universitaria a mantenernos activos por las redes sociales, a estar pendientes de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, a no perder la fe, la esperanza y hacer lo propio para sobrevivir a la pandemia del coronavirus.
Continuaremos atentos mientras dure la cuarentena y seremos una expresión clara de las necesidades y reclamos justos de los trabajadores ante las autoridades competentes. Es importante la Unidad.
San Juan de los Morros, 23 de Abril de 2020.

Jesús Lárez Secretario de Organización APUNELLARG.

Luis Silva Secretario de Organización AETAS – SINDEA UNERG

Elzi León Presidenta de APJPUNERG

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

En junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) se dirigió a la comunidad universitaria y en particular a la comunidad profesoral ucevista, a fin de manifestar su preocupación por el desacuerdo entre la Asociación de Profesores (APUCV) y las autoridades de la UCV, en relación con la situación del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), el HCM y los programas de seguridad social. En esa ocasión, manifestamos que para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad social de su personal docente y de investigación a que la obliga el artículo 114 de la Ley de Universidades, la UCV debía brindarle un apoyo decidido al IPP y entregar puntualmente los recursos necesarios para el financiamiento de sus programas. El acta convenio que rige las relaciones UCV-APUCV y acuerdos posteriores suscritos entre las partes es el instrumento para  regular esa materia.

Posteriormente, la discrepancia entre autoridades y gremio continuó. Un tema conflictivo ha sido  el uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones de los profesores ucevistas por parte de las autoridades, sin consultar a la APUCV ni al Consejo de Profesores Jubilados (CPUJUCV). Debemos recordar que la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV (FONJUCV) fue disuelta el 24 de marzo de 2014. La APUCV hizo esto con la intención de proteger los recursos del FONJUCV y garantizar que ese patrimonio, administrado de común acuerdo entre la UCV, la APUCV y los profesores jubilados, fuera destinado  a la seguridad social del profesorado de la UCV. 

Si bien FAPUV no acompañó en su momento la decisión de liquidar el FONJUCV, sino que, tanto en las reuniones de Junta Directiva como en las del Núcleo de Fondos de Jubilaciones, prevaleció la opinión de defender la institucionalidad previsional existente, una vez decidida la liquidación de FONJUCV por parte de los entes fundantes, nuestra Federación ha defendido y va a seguir defendiendo que ahí hubo un acuerdo que las partes deben honrar. 

En efecto, el acta de disolución fue suscrita por los tres entes fundantes (UCV, APUCV y CPUJUCV) y dispone, en su cláusula primera, que todos los bienes pertenecientes a la fundación serían cedidos en plena propiedad a la UCV “a los fines del restablecimiento material del fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente y de investigación de esta Casa de Estudios, en cumplimiento de su Reglamento de Jubilaciones y Pensiones vigente”; dicho Reglamento estipula que la administración del fondo corresponde  a una Junta Directiva integrada por cinco miembros: dos designados por el CU-UCV, dos por la APUCV y un profesor jubilado, electo por los jubilados y pensionados de la UCV en elecciones convocadas por el Consejo Universitario y organizadas por la Comisión Electoral de la UCV. Por lo tanto, el reclamo que viene haciendo la APUCV es justo y apegado a la norma.

Dado que la administración de los bienes provenientes de la liquidación de FONJUCV por parte de la UCV debe contar con el acuerdo de la APUCV y del CPUJUCV, la adquisición inconsulta del Centro de Diagnóstico para la Vida, C.A. (CEDIVI) y la pretensión de comprar una clínica con recursos del Fondo de Jubilaciones generó mucho malestar en el gremio y sigue siendo motivo de disputa.

Otras diferencias entre el Consejo Universitario de la UCV y la APUCV tienen su origen en concepciones distintas de cómo garantizar la seguridad social del profesorado, ya que se han emprendido iniciativas por parte de las autoridades que apuntan al montaje de un sistema paralelo de seguridad social: es el caso del intento de compra de una clínica y del proyecto de contratación de un seguro privado de hospitalización, cirugía y maternidad para profesores de la UCV. Al respecto, la Junta Directiva de FAPUV, fiel a lo que ha sido su línea de trabajo, insiste en la defensa de los IPP como instituciones previsionales de los profesores universitarios. Los IPP ofrecen garantías de cumplimiento efectivo y eficiente de su misión en materia de seguridad social que las universidades no pueden ofrecer, fundamentalmente porque ese no es su objeto, pero además, porque no tienen experiencias exitosas que exhibir al respecto.

En el caso específico del IPP-UCV, es indiscutible que por años ha logrado cumplir su misión y que hoy, a pesar de la pulverización del salario y del quebrantamiento de los acuerdos federativos por causa del cerco presupuestario contra las universidades, el IPP-UCV ha logrado mantener con éxito sus programas previsionales. Eso se debe, en buena medida, a una experiencia institucional de décadas, a la previsión de las distintas directivas en la administración de los recursos y al ahorro en moneda extranjera, cuyos rendimientos permiten mantener el Sistema de Atención Médica y Hospitalaria, el Sistema de Cobertura Funeraria y los centros educativos de Caracas y Maracay.

En el caso del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria (SAMHOI), por acuerdo con el CU-UCV, los costos deben ser compartidos entre los aportes provenientes del Fondo de Jubilaciones y el IPP-UCV. Los retrasos por parte de la UCV en honrar este compromiso han sido otra fuente de desacuerdo entre la institución y su profesorado.

Por otra parte, cualquier decisión en el ámbito de dicho acuerdo debe ser considerado entre la APUCV y el CU-UCV. Sin embargo, el CU-UCV del 01-04-2020 resolvió unilateralmente abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. Esta decisión ha sido una nueva fuente de discordia.

La situación actual del país y la política anti-universitaria del Ejecutivo Nacional desaconsejan los enfrentamientos internos. La Universidad es un espacio plural y democrático donde el pensamiento es diverso y la crítica es la norma, por lo que todos estos temas deben ser abordados con total claridad y apertura. Lo que no es aconsejable es que estas diferencias nos lleven a conflictos internos. En consecuencia acordamos:

  1. Hacer un llamado al abordaje de esta situación con la mejor voluntad de llegar a acuerdos en el marco de la normativa interna vigente, y con el propósito de fortalecer la seguridad social de los profesores y su Instituto de Previsión,  así como de cohesionar a la comunidad universitaria en esta hora tan dura para la universidad y para la Nación. En tal sentido invitamos al CU-UCV y a la APUCV a preparar una agenda con todos los puntos en discusión, a reunirse, a procurar soluciones y a cumplir los acuerdos.
  2. Reivindicar la plena vigencia del Acta Convenio APUCV-UCV, instrumento normativo que regula las relaciones de trabajo ente la UCV y sus profesores, así como los derechos y obligaciones de la UCV como institución empleadora y la APUCV como representante del profesorado.
  3. Exhortar al cumplimiento estricto del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de la UCV.
  4. Advertir que el ejercicio del diálogo social es el mecanismo previsto normativamente para la discusión y modificación de los derechos regulados en el Acta Convenio APUCV-UCV a través de las comisiones bipartitas que ella prevé  en su articulado, y desconocer, en consecuencia, cualquier acción de carácter unilateral por parte de la UCV que menoscabe los derechos de los profesores y su Asociación.
  5. De acuerdo con la Cláusula 20 del Acta Convenio APUCV-UCV, corresponde a la Comisión Mixta de Seguros conocer, controlar y auditar todo lo atinente al programa de cofinanciamiento de SAMHOI pactado entre la UCV y la APUCV. En consecuencia, es esa Comisión Mixta la que deberá considerar la propuesta patronal de abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. 
  6. En virtud de la emergencia humanitaria compleja que vive la Nación, agravada por la pandemia por el COVID-19, es indispensable que los profesores de la UCV puedan contar con la cobertura de SAMOHI tal como ella fue acordada. Es decir, que se respete al pie de la letra el convenio APUCV-UCV de cofinanciamiento de dos mil dólares ($2.000) para la cobertura y que se envíen los recursos por trimestre adelantado.

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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23-04-2020