NOTA DE CONDOLENCIA
Autor: infofapuv
NOTA DE DUELO
Universitarios exigen salario digno, vacunación y libertad sindical y convocan acciones unitarias para el 1º de mayo
Las federaciones universitarias exigen que se revierta en lo inmediato la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria; que se discuta con los gremios una nueva tabla salarial, garantía de servicio médico, HCM, y servicio funerario ante la agudización de la emergencia sanitaria y vacunación de todos los miembros de la comunidad universitaria nacional.
Reunidos en la entrada de la Universidad Central de Venezuela que da a las Tres Gracias, representantes de las federaciones universitarias autónomas e independientes declararon hoy, 14 de abril, a las 10 am, ante los medios, sus exigencias para la reactivación del sector e hicieron un llamado a la acción unitaria de los trabajadores el próximo 1º de mayo Día del Trabajador.
Los voceros de la rueda de prensa fueron Keta Stephany, de FAPUV, Argelia Castillo de FENASIPRUV y Eduardo Sánchez de FETRAESUV.
En sus intervenciones denunciaron el fracaso del Plan Universidad en casa debido a que la mayoría de los estudiantes a nivel nacional no tienen acceso al servicio de internet ni a los equipos de computación y comunicación necesarios. La situación se agrava en los estados del interior de la república sometidos a frecuentes y prolongados cortes del servicio eléctrico.
La situación de profesores, empleados, profesionales, técnicos y obreros tampoco permite el funcionamiento normal de las universidades ya que los pagos van de 1 dólar a máximo 6 dólares al mes, por lo que consideran que el Estado “rompió la relación laboral” pues “no remunera el trabajo” ya que “esos pagos no pueden ser considerados como salario”. Por otra parte, el gobierno se niega a la negociación colectiva con las federaciones universitarias mayoritarias y somete al sindicalismo a detenciones arbitrarias, hostigamiento y persecución por que demandan la liberación de todos los trabajadores detenidos y el respeto a la libertad sindical.
Denunciaron igualmente que la migración de las nóminas al sistema patria, además de violar la autonomía universitaria, ha empeorado la situación pues no se les han pagado las primas por distintos conceptos que establece el contrato de trabajo, ni los aportes de salud, caja de ahorro y otros beneficios. A muchos trabajadores les han pagado incompleto o no les han pagado y no hay donde reclamar dado que el empleador, que es la universidad, los remite al ministerio que es el que está haciendo los pagos y el ministerio tampoco da respuesta
Los universitarios señalaron que para volver a las aulas es indispensable la garantía de un salario digno y la vacunación de profesores, empleados, obreros y estudiantes, por lo cual se pronunciaron a favor de un plan de vacunación que con criterios técnicos garantice la inmunización a toda la población del país.
La situación en el sector es dramática. Los fallecimientos de miembros de la comunidad universitaria y sus familiares por Covid-19 y enfermedades crónicas van en continuo aumento porque ni el ministerio ni las universidades garantizan la seguridad social y el sistema público de salud está colapsado. Ante esta grave situación han realizado protestas y el pasado 23 de marzo se reunieron con el viceministro Domiciano Graterol, pero a la fecha no han obtenido respuesta a pesar de habérsela solicitado nuevamente por escrito el pasado 8 de abril. Por tal motivo se han visto obligados a acudir a instancias internacionales como la OIT y la CIDH.
Finalizaron haciendo un llamado a la unidad de todos los trabajadores por salario digno, vacunación y libertad sindical y propusieron como posibles acciones unitarias para el primero de mayo un cacerolazo nacional y concentraciones en lugares emblemáticos, garantizando todas las medidas de bioseguridad, a nivel nacional.
INFORME DE REUNIÓN DE LAS FEDERACIONES UNIVERSITARIAS AUTÓNOMAS MAYORITARIAS Y EL MPPEU
El pasado viernes 19 de marzo de 2021 se realizó en el centro de la ciudad de Caracas, en la esquina El Chorro, frente al edificio de los ministerios, una protesta impulsada por los gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en rechazo a la migración de la nómina Universitaria al sistema Patria, impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). En el desarrollo de la protesta, el viceministro Domiciano Graterol hizo acto de presencia y planteó una reunión con los gremios para el martes 23-03-2021 a las 2 de la tarde.
La reunión tuvo lugar en la sede de la misión Ribas, detrás de los ministerios, con adecuadas medidas de bioseguridad. En ella participaron:
David Mendoza, por los Sindicatos No Federados
Adrián Bolívar, por FENASOESV
Deyanira Romero, por FETRAESUV y SINATRA-UCV
Argelia Castillo, por FENASIPRUV y APUFAT
Gregorio Afonso, por APUCV
Keta Stephany, por FAPUV
En la reunión se abordaron tres puntos fundamentalmente:
1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria
2) Situación universitaria
3) Seguridad social de los universitarios
1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria
Todas las federaciones presentes coincidieron en su rechazo a la decisión unilateral del ministerio de llevarse la nómina universitaria al sistema Patria. Se destacó el rango constitucional de la autonomía universitaria que está siendo violada con esta medida y se demandó que se revierta y que las universidades continúen manejando la nómina y pagando los salarios. Los representantes de las distintas federaciones fueron muy críticos en relación con la forma como se impuso la migración de la nómina, por su carácter unilateral y compulsivo, y señalaron que esa medida unilateral también es violatoria del derecho a la libre asociación, ya que las federaciones autónomas mayoritarias no fueron consultadas y se ha involucrado a la ftuv, federación minoritaria, carente de representatividad.
Se denunció que con la ejecución abrupta de la medida se han violentado los acuerdos institucionales referidos a los aportes y retenciones para los organismos previsionales: Cajas de Ahorro, IPP, Fondos Mutuales, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, etc. Así mismo, que se han generado gran cantidad de reclamos de profesores, empleados y obreros, porque no han cobrado o los depósitos no se corresponden con la mínima tabla vigente, y que el sector de jubilados ha resultado particularmente afectado.
Se alertó en el sentido de que esta política, violatoria del marco constitucional y legal, no ayuda a resolver ni uno solo de los graves problemas que sufre hoy la universidad venezolana y solo genera un mayor caos y profundiza la catástrofe humanitaria de la comunidad universitaria.
Finalmente, la petición unánime de las federaciones universitarias fue demandar que se revierta la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria. El viceministro se comprometió a transmitir dicha demanda a sus superiores, ya que no está facultado para tomar esa decisión.
2) Situación universitaria
Se planteó la crítica situación de las universidades. Se subrayó la imposibilidad de la mayoría de los estudiantes de acceder a las clases en línea y la imposibilidad de profesores, empleados y obreros de seguir financiando la educación pública universitaria con trabajo voluntario, debido a la pulverización de los salarios. Se señaló el fracaso del plan universidad en casa por falta de servicios, equipos y remuneraciones indispensables y la necesidad de garantizar la vacunación de estudiantes, obreros, empleados y profesores universitarios, las condiciones adecuadas en los espacios universitarios, salarios y servicios estudiantiles, para volver a la presencialidad. Se planteó la necesidad de abordar esta grave situación en diálogo tripartito entre autoridades universitarias, organizaciones gremiales y sindicales de universitarios y ministerio, para generar soluciones con la urgencia que el caso lo amerita
El viceministro se comprometió a llevar los planteamientos al ministro con la propuesta de instalación de una mesa de discusión sobre salario, una mesa de discusión sobre vacunación y una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación pública universitaria, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio, para producir soluciones compartidas.
3) Seguridad social
Se denunció el fracaso de la política de centralización de los recursos a través del SISMEU que ha dejado a los trabajadores universitarios sin HCM, sin servicio médico y sin servicio funerario. Se planteó la necesidad de fortalecer los IPP y de fortalecer sistemas institucionales internos de salud de las universidades. Se recordó la gran cantidad de propuestas que han generado las federaciones y que han sido desestimadas por el ministerio. Y se demandó atender el tema de la salud y la seguridad social con carácter de emergencia en virtud de la grave situación que viven los universitarios, la proliferación de fallecimientos y de solicitudes de ayuda por contingencias de salud.
El viceministro se comprometió a llevar estos planteamientos al ministro con la solicitud de instalación de una mesa sobre seguridad social, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio para buscar soluciones urgentes a la emergencia en salud en el sector universitario.
Conclusiones
El viceministro va a elevar las demandas de los universitarios a instancias superiores y traerá respuesta a la brevedad sobre los siguientes planteamientos:
1) Que se revierta en lo inmediato la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria.
2) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre salario para producir una nueva tabla salarial de común acuerdo entre las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.
3) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación universitaria para el impulso de iniciativas y políticas que permitan la reactivación de las universidades.
4) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica para la vacunación de todos los miembros de la comunidad universitaria nacional con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.
5) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica sobre seguridad social con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio en función de garantizar el servicio médico, HCM, servicio funerario y demás programas previsionales en el sector universitario.
Keta Stephany
Secretaria de Actas, Memoria e Información
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,
EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
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NOTA DE CONDOLENCIA
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, expresan su profundo pesar por el fallecimiento del Doctor
AQUILES ENRIQUE RAVELO
Q.E.P.D.
Profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) donde dejó huella como Rector, Vicerrector de Docencia y Director Decano del Pedagógico de Caracas.
Miembro fundador de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y apoyo consecuente de nuestro gremio, el profesor Ravelo se distinguió por su estatura académica y humana, fue maestro de maestros y ejemplo de juventudes.
Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo y solidaridad a su familia y amigos, a toda la comunidad upelista y al magisterio nacional.
Que Dios le dé el descanso eterno.
Paz a su alma.
Queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación de la autonomía universitaria, la libertad sindical y el diálogo social tripartito en el sector de educación pública universitaria en Venezuela
Caracas, 12 de marzo de 2021
Señor
Guy Ryder
Director General
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
Avenue des Morillons
CH-1211 Ginebra 22
Suiza.
Ref: Queja contra el gobierno de Venezuela por políticas y medidas antisindicales contra los obreros, empleados, profesionales y profesores, y sus organizaciones sindicales y gremiales, del subsistema de educación universitaria pública
Señor Director General:
Nos dirigimos a usted en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), la Federación de Trabajadores de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales en funciones administrativas de las Universidades de Venezuela (FENASIPRUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior en Venezuela (FENASOESV) y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que agrupan a todas las categorías de trabajadores del sector universitario, con el objeto de interponer una queja formal por violaciones de la libertad sindical contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Señor director, las disposiciones del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, núm. 98 son permanentemente violadas en nuestras universidades públicas autónomas. Las universidades iniciaron una práctica de negociación colectiva desde hace varias décadas. En un principio, firmaron contratos colectivos de trabajo con los sindicatos obreros y actas convenio con las asociaciones del personal administrativo, técnico y docente desde mediados de los años 70 del siglo pasado. En los 80, en el sector profesoral se acordaba el porcentaje de aumento salarial nacionalmente para todas las universidades, a través de la negociación de las Normas de Homologación con FAPUV, y con acuerdos en el caso de las federaciones de empleados y obreros; los porcentajes de ajuste se discutían entre todas las federaciones y existía la figura de la extensión de beneficios, de manera que el porcentaje de aumento que lograba un sector se aplicaba a todas las categorías de trabajadores universitarios, y las actas convenio seguían regulando las condiciones de trabajo, incluidos ingreso y ascenso, y otros beneficios. El gobierno actual ha acabado con esa práctica. Con la aplicación de la convención colectiva única, desde un principio, el gobierno segregó a las federaciones independientes, que tuvieron que forzar su participación y tolerar el trato preferente a la federación oficialista patronal, hasta que simplemente fueron completamente excluidas en la discusión de la IIICCU.
Así mismo, a pesar de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT, las cuales han pasado a ser obligatorias, en el sector universitario se han producido nuevas violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87, y al derecho de las organizaciones de trabajadores para la fijación del salario mínimo, contemplado en el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, núm. 26, lo cual afecta directamente a nuestro sector ya que el salario mínimo es determinante para la construcción negociada de las tablas salariales en la administración publica en Venezuela
A continuación, exponemos las principales violaciones que hoy denunciamos:
1.- Incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.
Pretensión de imponer unilateralmente las condiciones de trabajo
El gobierno nacional impide y dificulta el ejercicio de la libertad sindical, por la sustitución en la práctica de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, de 19…, a través de unos lineamientos impuestos en 2018 mediante el memorando 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo, del cual anexamos copia y que la clase trabajadora ha rechazado de plano. Ese documento elimina unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores: en nuestro caso eso significó la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos. La convención está vencida y el gobierno incumple el derecho a la negociación colectiva. Se niega a discutir con las federaciones y sindicatos independientes, que representamos a más del 90% de los trabajadores universitarios.
En lugar de negociar, el gobierno impone unilateralmente ajustes a las tablas de remuneraciones, muy rezagados en relación con el contexto hiperinflacionario en el que vivimos. En el último ajuste, decretado para este mes de marzo de 2021 y del cual anexamos copia, el primer salario de la tabla, el de Obrero 1, es menor a un dólar ($1) AL MES y el más alto, el de Profesor Titular a Dedicación Exclusiva es de $3,6 AL MES. Además, todavía ni siquiera lo han pagado y desde luego ya comenzó a devaluarse por efecto de la constante devaluación de la moneda, la cual ronda los 2 millones de bolívares por dólar[1]
Violación de cláusulas de salud y seguridad social
A la imposición unilateral de ajustes salariales hay que agregar la violación de las cláusulas de salud y seguridad social, con la eliminación de los servicios de salud primaria a obreros y empleados, la confiscación de las cuotas para el servicio contributivo de los profesores, la ausencia de un beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) que realmente garantice la atención de los trabajadores y sus familiares, y la imposición de un sistema centralizado de atención de emergencia que no garantiza la salud y vida de los universitarios.
La práctica de desconocer el derecho de negociación colectiva y de negarse a discutir con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias ha conducido a la pulverización del salario y de la seguridad social, lo cual constituye en la práctica una ruptura unilateral de la relación laboral pues no se remunera el trabajo. Éste es un claro ejemplo de cómo la violación continuada de la libertad sindical deja indefensos a los trabajadores y liquida su calidad de vida y de trabajo.
2.- Ausencia de diálogo social tripartito: ni consulta ni negociación
Ausencia de consultas para la fijación del salario mínimo
El gobierno no ha adoptado ninguna medida para consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la fijación del salario mínimo como está establecido en el Convenio 26 y como le recomendó que hiciera la Comisión de Encuesta. De esta manera, el gobierno se ha permitido destruir el salario mínimo, el cual fija unilateral y caprichosamente. Esta violación al Convenio 26 afecta al sector universitario ya que la tabla salarial se construye a partir del salario mínimo: mientras más pequeño es el salario mínimo, más bajos son los salarios de la tabla.
Injerencia en la relación entre las universidades y su personal en desmedro de la negociación colectiva
Supuesta negociación colectiva con organización minoritaria
Desde el Ministerio para la Educación Universitaria (MPPEU) se imponen políticas sobre asuntos cruciales sin consultar con el empleador, que son las universidades, cuya autonomía está establecida taxativamente en la Constitución Nacional, y sin consultar con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias, representativas de los trabajadores.
Es así como ni a las universidades ni a las federaciones de trabajadores independientes se les ha permitido participar en la discusión de la tercera convención colectiva única del sector (IIICCU), la cual se firmó en 2017, con la única participación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv), federación minoritaria del partido de. No hubo allí verdadero diálogo social.
Sustitución de las universidades como empleadores y violación del derecho de negociar colectivamente
La última acción de desprecio al diálogo social por parte del gobierno, que se desarrolla en estos momentos, consiste en la sustitución de las universidades como empleadores, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), del Ministerio de Educación Universitaria y la pretensión de pagar a los trabajadores universitarios desde el sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). La práctica inveterada en las universidades autónomas es que cada institución administra y remunera su personal, con fondos presupuestarios que el gobierno le transfiere, aunque con el inconveniente de que desde hace varios años ha habido una política de estrangulamiento de esas instituciones, con presupuestos insignificantes y entregados con retraso. Lo que el gobierno pretende ahora es establecer un cortocircuito financiero, quitar de hecho a las universidades la competencia de remunerar a su personal y migrar todas las nóminas de pago hacia la plataforma tecnológica denominada Sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). De esta manera se producirían dos efectos con un solo toque de billar: violar el principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades y liquidar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.
Con esta queja denunciamos la violación del derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios, pero es importante que el Comité sepa que esta maniobra centralizadora es de mucho mayor alcance y afecta más ampliamente los derechos y libertades de los trabajadores. Para ingresar al Sistema las personas se procuran el llamado Carnet de Patria y éste es el vehículo para muy diversas operaciones del gobierno, desde el pago de remuneraciones y bonos de todo tipo hasta el suministro de gasolina subsidiada, pero también es un medio de control social y político, que ha sido utilizado de manera muy especial cuando se hacen elecciones. La OPSU ha instruido a las autoridades universitarias, a través de la red social Telegram, para “migrar” las nóminas de las distintas universidades al sistema PATRIA y centralizarlas ahí. Esta medida inconsulta, ilegal e inconstitucional ha sido rechazada por los universitarios en forma firme y contundente. Consideramos que ésta es una grave violación a la libertad sindical y a la autonomía universitaria.
3) Irrespeto a la autonomía sindical y al derecho de las organizaciones de escoger libremente sus directivas
El gobierno, a través del Ministerio para la Educación Universitaria impidió la participación de nuestras organizaciones en la discusión de la Convención Colectiva alegando que estábamos en “mora electoral”, figura violatoria del Convenio 87, establecida en el artículo 402 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras (DLOTTT). Es el caso, señor Director, que esa decisión de excluirnos fue violatoria de la libertad sindical, pero es que además de ilegal la conducta del gobierno es contradictoria, porque la organización sindical con la que el Ministerio sí “discute” es absolutamente minoritaria y nunca ha hecho elecciones.
Además, nuestro atraso en celebrar elecciones se debe a otra violación del Convenio, la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalada por los órganos de control de la OIT, el cual controla las elecciones sindicales y, aunque ha permitido elecciones en algunos sindicatos y asociaciones, rechaza los proyectos electorales de nuestras federaciones.
Esperamos que el Comité de Libertad Sindical dé curso sin demora a esta queja y exija al gobierno que subsane las violaciones aquí denunciadas y restituya plenamente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios.
Atentamente,
POR FAPUV
Lourdes Ramírez de Viloria, Presidente Keta Stephany, secretaria de Actas, Memoria e Información
Contacto: fapuvdirectivos@gmail.com
POR FETRAESUV
Eduardo Sánchez, Presidente Elsy Navas, Secretaria de Asuntos Sociales
Contacto:fetrauniversitarios@gmail.com
POR FENASIPRUV
Dionis Dávila, Presidente
Contacto: fenasiprup1@gmail.com
POR FENASOESV
Adrián Bolívar
Contacto: fenasoesv@gmail.com
POR LOS SINDICATOS NO FEDERADOS
David Mendoza Vocero Principal Nacional Heedmara Velázquez Vocera Nacional
Incumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta de la OIT: nuevos casos de violaciones a la libertad sindical, el convenio sobre fijación del salario mínimos y el diálogo social tripartito
Caracas, 11 de marzo de 2021
Señor Apurva Chandra,
Presidente del Consejo de Administración de la OIT
Señor. Mthunzi Mdwaba y señora Catelene Passchier
Vicepresidentes.
4 Avenue des Morillons
CH- Genève 22
Suiza
Asunto: Respuesta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela al informe de la comisión de encuesta: incumplimiento de las recomendaciones
Señores:
Con ocasión de la discusión en ese Consejo sobre el asunto en referencia, y de la comunicación del 26 de febrero de 2021 enviada por el Ministro del Trabajo al Director General de la OIT, nos permitimos darles nuestro punto de vista sobre el comportamiento del gobierno respecto de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta, las cuales han pasado a ser obligatorias, como le expresó claramente y en forma reiterada la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en el Informe de su última reunión, de 2020.
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)
El gobierno no ha adoptado ninguna medida para consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la fijación del salario mínimo, como lo dispone el artículo 3 del Convenio. En este sentido no se ha dado cumplimiento alguno a las recomendaciones de la comisión de encuesta. Mientras tanto, la destrucción del salario y de la institución del salario mínimo se profundiza cada día por la hiperinflación, la dolarización de facto de la economía y las miserables remuneraciones que reciben los trabajadores. A inicios de marzo el precio del dólar de los Estados Unidos se acerca a los dos millones de bolívares, los billetes en bolívares son escasos y de mínima utilidad por su bajísimo valor y las monedas desaparecieron hace ya tiempo.
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
Las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta relativas a este Convenio tampoco han tenido aplicación alguna.
Por lo pronto continúa privado de libertad el trabajador Rodney Álvarez, a pesar de la recomendación expresa de que fuese liberado. Es preciso recordar que en Venezuela la persona procesada penalmente por lo general queda privada de libertad durante el proceso, en contradicción con lo dispuesto por la Constitución. Por ese motivo, Rodney lleva preso más de diez años, en condiciones precarias y de mucho peligro para su integridad física. En términos prácticos, Rodney lleva cumpliendo ya, de hecho, una condena de más de diez años, por un delito que no cometió y por un proceso en el cual no ha habido sentencia y que se ha hecho interminable, más bien de duración indefinida. Solicitamos que ese Consejo exija al gobierno de Venezuela la liberación inmediata de Rodney Álvarez, como lo recomendó la comisión de encuesta y se cumplió en el caso de Rubén González.
Además, desde la adopción del informe de la comisión de encuesta, el gobierno venezolano no ha desarrollado ninguna acción tendiente a garantizar en el país un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales y sindicales podamos ejercer nuestras actividades legítimas, incluida la participación en un diálogo social con todas las garantías, tal y como lo recomendó la comisión. Mucho menos ha dado muestras de interés en recibir la asistencia técnica de la OIT, a la cual ha hecho referencia el Ministro en su muy reciente comunicación.
Por el contrario, luego del último informe que enviamos el 30 de septiembre de 2021, en el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19 y de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela se ha mantenido el patrón de intimidación y detenciones arbitrarias a trabajadores que denunciamos en dicho informe.
En los últimos tres meses de 2020, se verificaron nuevamente eventos reseñados por la prensa, de detenciones masivas[1], represión de la protesta social[2], detenciones arbitrarias, intimidación y privación de libertad a comunicadores sociales[3] y a los ciudadanos en el ejercicio de su libertad de expresión, allanamientos arbitrarios de viviendas a raíz de protestas sociales[4][5], utilización de la llamada ley del odio para justificar las detenciones y enjuiciamientos con el auxilio del poder judicial.[6].
Especial atención requiere el ensañamiento gubernamental contra líderes sindicales como los mencionados a continuación.
Detenciones arbitrarias de sindicalistas
El sindicalista petrolero Guillermo Zárraga fue detenido el 14/11/2020 en su vivienda en Coro, estado Falcón, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)[7], por su actividad sindical ypor sus denuncias sobre las condiciones de las instalaciones petroleras en el país. Girot había sido despedido de Pdvsa hace año y medio, donde era secretario de reclamos del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF). Tenía orden de reenganche, pero el 11 de noviembre de 2020, lo detuvo el SEBIN para interrogarlo. El 14 de noviembre, a las 3 de la mañana, funcionarios de la División General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) tumbaron la puerta de su casa y se lo llevaron, sin orden judicial ni de allanamiento. Solo con posterioridad, el 16 de noviembre de 2020 fue emitida orden de aprehensión en su contra por el Juzgado Especial 3° de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, suscrita por la Juez Carol Padilla. Se le acusó de: terrorismo (art. 52 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo); asociación (art. 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo); revelación de información confidencial (art. 134 código penal); conspiración (art. 132 código penal). A Guillermo Zárraga lo trasladaron a Caracas, donde fue presentado ante un tribunal el día 24 de noviembre, y le imputaron los cargos arriba señalados. A su abogada privada la sacaron de la sala de audiencia y a Zárraga le impusieron una defensora pública en la misma audiencia[8]
Eudis Felipe Girot, operador de Planta PDVSA y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV) fue detenido en su residencia ubicada en el Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoategui, el 18 de noviembre 2020 a las 7:00 p.m., por la DGCIM N°52 del Estado Anzoátegui, por ejercer sus obligaciones sindicales y denunciar la situación de PDVSA, la falta de gasolina y la violación de los derechos de los trabajadores. Fue recluido en la DGCIM Puerto La Cruz, en espera de su traslado a Caracas[9].
A José Saracual, César Soto, Carlos Ramírez y Cruz Hernández, dirigentes sindicales de SIDOR, les fue suspendido el salario el 17 de febrero. Esta medida fue tomada en represalia por las jornadas de lucha que vienen librando los trabajadores de Guayana por la recuperación del empleo, salario digno y libertad sindical[10]. La denuncia fue hecha por a Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).
Normas violatorias del Convenio
Siguen vigentes disposiciones legales violatorias del Convenio, señaladas por la comisión de encuesta, como lo habían hecho con anterioridad, desde hace años, la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical.
El Ministro dice en su comunicación que ha enviado a la Asamblea Nacional la lista de esas normas, que en realidad son conocidas por los poderes públicos desde hace tiempo. Lo que corresponde al gobierno no es enviar una lista de normas violatorias del Convenio, sino hacer propuestas legislativas para su reforma, como las que contiene el proyecto de ley de libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social que organizaciones sindicales y gremiales autónomas introdujeron en la Asamblea nacional en 2016.
Injerencia y favoritismo, ausencia de negociación
Las agresiones contra el movimiento sindical, así como la negativa a la discusión del salario mínimo, y la negativa a discutir las negociaciones colectivas con las organizaciones sindicales independientes, han sido denunciadas ante la Fiscalía y ante la Defensoría, pero nuestros alegatos son desestimados. Ni siquiera los investigan.
En la administración pública, los ajustes salariales se imponen unilateralmente desde el ejecutivo nacional. El caso más reciente, que ha causado un gran malestar y descontento en el sector universitario (el tercero más grande de la administración pública) lo constituye la imposición de unas nuevas tablas salariales, que se han anunciado para el mes de marzo, cuyo salario más bajo (obrero 1) es de menos de un (1) dólar AL MES y cuyo salario más alto (profesor titular a dedicación exclusiva) es de 3,65 dólares AL MES. Esta imposición se ha acompañado con otra: el traslado de la nómina de las universidades autónomas, que son las empleadoras, al Sistema Patria, con el cual el gobierno viene pagando algunos bonos y pensiones a sectores de la población. Se trata de una nueva violación a la libertad sindical y a la autonomía universitaria, ya que no pasó por el necesario diálogo social tripartito entre las universidades autónomas (empleadoras), los gremios y sindicatos (representantes de los trabajadores) y el ejecutivo nacional.
Esto responde a que no hay independencia de los demás poderes del Estado en relación con el Ejecutivo Nacional.
Por otra parte, los consejos productivos de trabajadores no solo no han sido eliminados, sino que se ha impulsado su crecimiento para injerir en la autonomía de las organizaciones sindicales y en la vida laboral de los trabajadores. A la vez, el gobierno sigue privilegiando a las organizaciones sindicales menos representativas, funcionales al partido de gobierno, en desmedro de la legítima representatividad de los trabajadores.
Finalmente, tampoco se han impulsado programas de formación con la OIT para promover la libertad sindical, la consulta tripartita y en general el diálogo social conforme a las normas internacionales del trabajo, aspectos a los que de alguna manera se refiere ahora el Ministro en su comunicación cercana al inicio de la reunión del Consejo de Administración.
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)
El gobierno no ha cumplido las obligaciones de consulta establecidas en el Convenio 144: no ha celebrado consultas tripartitas sobre ninguno de los temas establecidos en el artículo 5, 1, del Convenio; mantiene su política de exclusión de organizaciones sindicales y gremiales autónomas, y carece de procedimientos de consulta tripartita efectiva. En síntesis, no hay avance alguno en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta relativas al Convenio 144.
En el mes de febrero de 2021 se produjeron reuniones entre el gobierno y representantes de algunas organizaciones de trabajadores, aunque otras decidieron no participar en esas reuniones, convocadas ya en vísperas del Consejo y sin una programación de cierto alcance.
Las reuniones celebradas no han conducido todavía a la instalación formal de una mesa de diálogo, con un temario, una metodología y un cronograma establecidos de consenso, y con la posibilidad de participación de todas las organizaciones de trabajadores que así lo deseen. Solicitamos que este Consejo exija al gobierno de Venezuela la instalación de las mesas con garantía de un diálogo bipartito y un diálogo tripartito que conduzca efectivamente a acuerdos y a soluciones para la clase trabajadora venezolana, que las necesita con urgencia.
Para el sindicalismo venezolano es de la mayor importancia que se cumpla con la instalación de la mesa de diálogo tripartito y la definición de un cronograma de reuniones, pero de acuerdo con las recomendaciones de la comisión de encuesta y con la asistencia técnica de la OIT, tomando en cuenta la opinión del movimiento sindical.
Solicitamos que el Consejo de Administración llame la atención del gobierno para que cumpla sin más demora con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y con toda urgencia ponga en libertad a Rodney Álvarez y a los demás sindicalistas detenidos y procesados.
[2] http://www.laverdad.com/sucesos/172585-detienen-arbitrariamente-a-tres-personas-en-protestas-de-paraguaipoa.html#:~:text=Yohendri%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Yhon%20Franco%20Valbuena,del%20Estado%20Zulia%20(Codhez)
[3] https://www.laprensalara.com.ve/nota/23232/2020/10/acusan-a-roland-carreo-de-intentar-promover-acciones-violentas
[4] https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/11/6MesesCovid19.pdf
[5] http://www.lossinluzenlaprensa.com/merida-gn-detiene-arbitrariamente-a-hombre-en-apartaderos-tras-protesta-por-apagones/
[6] https://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1950
[7] https://comisionadoddhhv.org/sebin-detiene-por-segunda-vez-al-sindicalista-guillermo-zarraga-en-falcon/
[8] https://comisionadoddhhv.org/sebin-detiene-por-segunda-vez-al-sindicalista-guillermo-zarraga-en-falcon/
[9] https://cronica.uno/detencion-de-eudis-girot-reavivo-momentos-tensos-vividos-durante-el-paro-petrolero-de-2002/
NOTA DE CONDOLENCIA
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, expresan su profundo pesar por el fallecimiento de
JESÚS ANTONIO BASTARDO ALIENDRES
Q.E.P.D.
Profesor de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y Secretario de la Junta Directiva de su Asociación de Profesores (APUNEG), quién cumplió funciones como Coordinador de Deportes de la referida Asociación durante muchos años, y fue un gran baluarte en la organización de todas las ediciones de los Juegos Nacionales de Profesores Universitarios (JUNAPUV) y de los Invitacionales Nacionales Inter-Asociaciones de Profesores.
Jesús, además de ser un gran deportista y gremialista era un ser humano maravilloso y mejor amigo. El gremio, el deporte, nuestras vidas, están de luto.
Para su familia y amigos, para la APUNEG y la comunidad de la UNEG, va nuestro mensaje de profunda tristeza y gran solidaridad. Que Dios les de la fortaleza física y espiritual para superar su enorme dolor.
Que Dios le dé el descanso eterno. Paz a su alma.
MINISTRO DE MADURO ANUNCIA INTERVENCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS
En un contexto de incremento de los contagios por la COVID 19 y de emergencia sanitaria, en el cual las clases presenciales han sido suspendidas desde hace un año, el ejecutivo nacional ha tomado la ofensiva en su política de CERRAR LAS UNVERSIDADES.
La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), a través del director del programa Administrativo Financiero, Omar Oberto Aparicio, informó vía Telegram a las autoridades universitarias la decisión INCONSULTA de que el pago al personal universitario venezolano se hará desde este lunes 8 de marzo exclusivamente mediante el sistema Patria. Ni el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ni mucho menos la OPSU, que es una oficina asesora del CNU, están facultados para intervenir administrativamente a las universidades que, desde 1999 gozan de AUTONOMÍA ORIGINARIA establecida con precisión en el artículo 109 de la Constitución Nacional (CRBV)
Las universidades son las empleadoras de los profesores universitarios. Corresponde a sus autoridades la administración eficiente de su patrimonio, de la nómina y de la academia. RECHAZAMOS la pretensión del ejecutivo nacional de intervenir las universidades a través de la imposición del pago de la nómina del personal con el Sistema Patria. La nómina de los universitarios activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes debe permanecer en las universidades.
A esta decisión inconsulta se le suma el anuncio de las nuevas TABLAS DEL HAMBRE, vigentes a partir del mes de marzo. Se trata de otra IMPOSICIÓN, VIOLATORIA DE LA LIBERTAD SINDICAL Y DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, ya que no pasó por el necesario diálogo social tripartito entre las universidades autónomas (nuestras empleadoras), los gremios y sindicatos (representantes de los universitarios) y el ejecutivo nacional. El ministro de Maduro ha escogido el mes de marzo, cuando tiene que dar respuesta final ante la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, para añadir una nueva violación a su prontuario antilaboral.
La ruptura de la relación laboral en las universidades por la pulverización del salario se agrava con la imposición del pago por el sistema patria. Primero, el ejecutivo nacional se llevó las prestaciones, luego, los aportes a la seguridad social con el pretexto del sistema único (SISMEU), quebrado e inútil desde un principio. Ahora, el ejecutivo lesiona gravemente la autonomía universitaria, y compromete los aportes a las cajas de ahorro, los gremios y los IPP.
Las universidades han dejado de recibir los recursos para funcionar por parte de la OPSU. Ahora, al pretender llevarse la nómina, estamos ante la CONFISCACIÓN DEFINITIVA del presupuesto universitario, un paso más hacia el CIERRE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA VENEZOLANA.
Con este nuevo atropello a la autonomía, la emergencia laboral en las universidades se profundiza. Es por eso que instamos a las autoridades universitarias para que, en ejercicio de las facultades que les da la Constitución nacional y dado el carácter de nulidad de la comunicación de la OPSU, organismo que carece de atribuciones legales para tomar decisiones que son competencia exclusiva de las universidades, SE ABSTENGAN DE REMITIR LAS NÓMINAS DE SU PERSONAL PARA SU CANCELACIÓN POR EL SISTEMA PATRIA.
El poder ejecutivo no tiene derecho a imponer decisiones a las universidades porque la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES ORIGINARIA Y CONSTITUCIONAL. Invitamos a nuestros gremios hermanos de estudiantes, empleados, obreros y egresados, a unirnos en la DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA, del DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD VENEZOLANA y del derecho AL TRABAJO DECENTE Y AL SALARIO DIGNO.
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
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FAPUV DECLARA LA EMERGENCIA LABORAL EN LAS UNIVERSIDADES
Y DEMANDA SALARIO DIGNO, PRESUPUESTO JUSTO Y VACUNACIÓN MASIVA CONTRA LA COVID-19
En Venezuela no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad. Al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio, ni bajo amenaza. Las asociaciones de profesores defenderán a cada profesor que manifieste su imposibilidad de cumplir con su labor académica en las actuales condiciones.
La Junta Directiva de nuestra Federación acordó exhortar a los Rectores y Consejos Universitarios al diálogo social institucional respetuoso para la toma de decisiones con nuestro gremio, en función de garantizar el respeto a los derechos de nuestros agremiados y la defensa de la autonomía universitaria.
Nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para propiciar las elecciones de autoridades, gremios y sindicatos, a través de los reglamentos institucionales, sin injerencias externas.
Los derechos laborales de los universitarios deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y co-gobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico).
Ratificamos que el derecho al estudio es una responsabilidad del Estado venezolano, el cual debe garantizar las condiciones indispensables a las instituciones, los estudiantes, los profesores y demás trabajadores, para una educación de calidad.
Las asociaciones de profesores se comprometen a reunirse con las federaciones de centros y diferentes sectores de estudiantes para elaborar un plan de acción conjunto en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación. Hacemos un llamado a nuestros agremiados a realizar con sus asociaciones de profesores un levantamiento gráfico de la situación de la infraestructura universitaria en cada una de las Instituciones.
Así mismo, debemos activar los comandos intergremiales en cada Universidad y acordar un plan de acción que incluya a todos los sectores universitarios (estudiantes, profesionales, empleados y obreros), colegios profesionales, sindicatos y gremios de todos los sectores de trabajadores y las ONG, para exigir nuestro derecho a un trabajo decente, la defensa de los derechos laborales y del salario, el derecho a la educación y a la salud.
Es indispensable aunar esfuerzos con el Magisterio, a través de un plan de acción conjunto, para la defensa del derecho a una educación de calidad y por nuestros derechos laborales, ya que, en la actualidad, el Estado se ha retirado completamente de esta obligación, y ha liquidado la accesibilidad de la mayoría de la juventud venezolana a la educación.
Rechazamos la agenda del MPPEU para el año 2021, aprobada de manera inconsulta, así como las pretensiones de imponer líneas de acción académicas y políticas en las universidades, lo cual violenta la autonomía universitaria con rango constitucional.
Igualmente, rechazamos que se pretenda aprobar una nueva Ley de Universidades en un Parlamento que solo representa al ejecutivo nacional y no representa al pueblo venezolano. Y repudiamos el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria.
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
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