APUCV Informa No.1107 NUEVAMENTE EL GOBIERNO DE FACTO ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los lineamientos de la OPSU recibidos por la UCV los días 14 y 15 de julio, ratificados el 29 y 30 del mismo mes, plantean unilateralmente, por instrucciones del ministro para la Educación Universitaria, César Trompiz, eliminar en algunos casos y ajustar en otros, las primas de cargo, responsabilidad, jerárquicas y de confianza asociadas a la gestión directiva en las universidades. Estos lineamientos generan como resultado: una disminución de las remuneraciones del personal activo y jubilado que ejerce o ejercía tales responsabilidades en la institución. Esta arbitraria decisión es sorpresiva pero no es novedosa.

Es sorpresiva, porque se trata de beneficios con incidencia salarial que venía cancelando el Estado en forma recurrente y en consecuencia, cualquier variación suponía, en principio, consultar a las instituciones de educación universitaria y las organizaciones de trabajadores y en segundo lugar, porque todo cambio en relación de beneficios laborales sólo podría hacerse para favorecer al trabajador.

No es novedosa, porque el gobierno de facto acumula un largo historial de atropellos contra los derechos laborales de los universitarios. Por razones de espacio mencionaremos sólo cuatro de ellos:

  1. El desconocimiento de las Normas de Homologación desde el año 2004 a través de decretos unilaterales de aumento salarial y por medio de la imposición de tablas salariales en las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), que solo han traído pobreza y ruina a los universitarios.
  2. El acuerdo firmado con diversas organizaciones de trabajadores en abril de 2018, en el cual se establecía en 4,75 salarios mínimos la base del tabulador salarial de la educación universitaria, la cual fue disminuida a 1 salario mínimo con motivo de la fracasada reconversión monetaria del 2018, provocando una reducción significativa de los sueldos de los universitarios.
  3. Los intentos de reducir la pensión del personal jubilado y el robo de las prestaciones sociales, causado a través de la reconversión monetaria y la pretensión de negar sistemáticamente beneficios del personal activo.
  4. Más recientemente, el pago fraccionado del bono vacacional 2020, desconociendo lo planteado en diversas Actas Convenio y en la cláusula 20 de la propia III CCU, la cual plantea que este pago debe hacerse completo en los primeros quince días del mes de Julio.

Durante años y especialmente en tiempos de pandemia, la arbitrariedad del gobierno de facto no se detiene, al contrario, se acelera. La medida de reducir las remuneraciones de los universitarios que ocupan cargos de gestión universitaria en sus diferentes tipos, no cuenta con sustento jurídico alguno. Es una medida regresiva que desmejora las condiciones laborales del personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado que percibe o podría percibir tales beneficios. Este atropello del régimen viola principios generales de la protección del trabajo de aceptación universal, específicamente la regla de la condición más beneficiosa, la cual establece que una nueva norma no debe suponer, en ningún caso, desmejora de condiciones laborales preexistentes.
Atropella disposiciones constitucionales en materia de protección del trabajo, establecidas en los artículos 89 y 91 de la constitución nacional.
Desconoce que las relaciones laborales de los profesores universitarios son reguladas por las Normas de Homologación, las Actas Convenio y las Convenciones Colectivas Únicas, lo que conduce a que el instrumento jurídico que debe prevalecer en cada materia es aquel que mayores beneficios genere al trabajador y no el que la dictadura pretenda imponer.

Aunque la calidad de vida de los universitarios y la destrucción de las instituciones de educación universitaria se impulsa desconociendo el orden jurídico nacional e internacional que regula su funcionamiento y el trabajo que en ellas se realiza, este no es un problema jurídico exclusivamente, es, esencialmente, un asunto político vinculado a la pretensión de silenciar la voz crítica y la movilización de las universidades.

Debemos activar a la universidad para lograr salarios dignos y defender derechos laborales preestablecidos para el personal activo y jubilado, aún en medio de las dificultades que impone la coyuntura actual. Los ajustes sobre asuntos polémicos debemos realizarlos en el marco de la autonomía, con la participación de todos los actores y en las instancias correspondientes.

Ninguna lucha por derechos laborales se edifica sobre el perjuicio de otros, por eso lo pertinente es sumar esfuerzos y luchar por la dignificación de la carrera docente, como lo ha planteado la FAPUV a través del documento “Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios”.

Abordaremos, en próximas publicaciones, otras inequidades salariales que afectan al profesorado en general y a los pensionados en particular.

Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la UCV.

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESORADO DE LA UCV

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NOTA DE CONDOLENCIA

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, cumplen con el penoso deber de informar el fallecimiento, la noche del 31 de julio de 2020, del Profesor

Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (APUNET), directivo de la Asociación de Profesores Jubilados de la UNET (ASOPJUNET) y miembro principal de la Junta Directiva de FAPUV.

Con la partida del Profesor Cárdenas, nuestra Federación pierde un miembro destacado, siempre activo y preocupado por las condiciones de vida y de trabajo de nuestros agremiados, quien se ganó el aprecio y la admiración de todos quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.

Expresamos nuestras sentidas palabras de condolencia a los familiares y amigos del Profesor Cárdenas, al cuerpo docente de la UNET y a la APUNET

Paz a su alma

En su cumpleaños 43, la UNELLARG sigue luchando por su autonomía

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La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) fue creada el 25 de julio de 1977 por Decreto Presidencial de la República de Venezuela. Funciona en el estado Guárico, con sede principal en San Juan de los Morros, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Salud, Agronomía, Odontología, Ciencias Económicas, Ingeniería de Sistemas, (Ingeniería, Arquitectura y Tecnología) y Ciencias Jurídicas y Políticas; y otra sede en Calabozo, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Educación, Humanidades Letras y Artes.  Tiene núcleos en Zaraza, Valle de la Pascua y Altagracia de Orituco.

En la década de los años 70 del siglo XX, como respuesta al movimiento de renovación universitaria que cobraba fuerza en las universidades autónomas, el gobierno venezolano impulsó un sistema paralelo, con la creación de las Universidades Nacionales Experimentales, las cuales no gozaron de autonomía, reservándose el Ejecutivo Nacional la potestad de nombrar sus autoridades, hasta que lograran, con el correr del tiempo y después de sortear un sinfín de obstáculos, que se les concediera la autonomía y el derecho a elegir sus autoridades. Una de las Universidades experimentales así creadas, es la UNELLARG.

La UNELLARG logró que se le reconociera el derecho a elegir sus autoridades, pero fue intervenida a inicios del primer gobierno de Hugo Chávez. El Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra la autonomía universitaria. Este principio fundamental fue vulnerado cuando se decidió la intervención de instituciones universitarias y la violación de sus normativas. En 1999, fue intervenido el proceso de democratización de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) y luego, en orden cronológico, fueron intervenidas la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

En el caso de la UNELLARG, en marzo de 1999, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Prof. Héctor Navarro, derogó el Reglamento vigente de la Universidad, por Resolución 19 de ese Ministerio; suspendió el proceso electoral en curso, y designó Rector interino por 6 meses, con el compromiso de elaborar un nuevo Reglamento para la realización de elecciones democráticas. Un año después, por Resolución 55 de fecha 22 de marzo de 2000, se dictó un nuevo Reglamento, publicado en Gaceta Oficial N° 36.917 de fecha 23-03-2000, en cuyo capítulo II, sección segunda, artículos 7° y 9°, se establece que Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario General serán nombrados por el Presidente de la República por órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Las comunidades de las universidades intervenidas han sido víctimas de persecuciones, medidas represivas y vejaciones por parte de las autoridades impuestas, y no han dejado de exigir democracia y autonomía; no obstante, durante 20 años no se les ha permitido elegir a sus autoridades, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente N° 0445, de fecha 20-07-2000, ordenó al Ministerio dictar, en un lapso no mayor de seis (6) meses, la normativa que permitiera la participación de las comunidades universitarias de las instituciones intervenidas, en la elección de sus autoridades.

En la UNELLARG, a pesar de la cruenta represión por parte de las autoridades interventoras, el profesorado  ha seguido reclamando autonomía, democracia y condiciones de trabajo y de vida dignas.

 

SOBRE LAS PRIMAS DE RESPONSABILIDAD

Ciudad Universitaria, 20 de julio 2020

Ciudadana:
Prof. Cecilia García Arocha
Rectora y demás miembros del Consejo Universitario
Presente.-

Primas y salarios.

Un debate para avanzar.

Ante la precariedad de las remuneraciones del personal docente y de investigación y la inadmisible inequidad derivada de la cancelación de primas de responsabilidad a los docentes que ocupan cargos de gestión, la APUCV considera conveniente que este cuerpo y todos los Consejos de Facultad discutan esta medida para revertir las consecuencias que ha generado.

Para contribuir con la discusión y el logro de soluciones a esta problemática, la APUCV estima pertinente expresar algunas consideraciones para identificar el problema central y, en especial, orientar acciones institucionales y gremiales que favorezcan al profesorado y la universidad

  1. Sobre las primas:

La gestión universitaria es una labor académica y administrativa, no es una práctica prescindible. Sin ella las universidades pierden dirección y no es posible garantizar la docencia, la investigación y la extensión. Esto lo ha reconocido la UNESCO con la creación de la Cátedra de Dirección de Universidades y el Observatorio de Buenas Prácticas de Dirección de Universidades. De modo que, como instancia gremial, valoramos positivamente esta labor, que realizan una buena cantidad de nuestros afiliados.

La dirección académica y administrativa en la universidad ha sido muy difícil en los últimos años: sin presupuesto, personal, seguridad, renuncias recurrentes de docentes y reducción continuada de la matrícula estudiantil de pre y post grado.

Con la escalada del proceso hiperinflacionario, la diáspora docente creció. Se marcharon profesores que no ocupaban cargos de gestión universitaria y otros que si estaban en ellos. La consecuencia fue la perdida de valiosos docentes e investigadores y el vacío en muchas instancias de dirección universitaria, desde jefes de cátedra hasta decanos. La salida de las autoridades rectorales para afrontar esta realidad solo consideró sus efectos sobre la gestión universitaria, decidiendo unilateralmente ajustar las primas de responsabilidad del personal administrativo y extenderlas al personal docente.

La decisión tomada con las primas de responsabilidad para los que ocupan cargos de gestión académica fue tan desproporcionada, en relación con la estructura de las remuneraciones del personal docente y de investigación, que desde el punto de vista jurídico, académico y técnico admite muchos cuestionamientos, entre estos:

  • Desestimula la carrera académica.
  • Contradice el concepto de primas como remuneración adicional, las cuales no deberían superar un tercio del salario del docente.
  • Debió actualizarse la existente prima de cargo en vez de crear una nueva.

Para nosotros, aunque eso es muy importante, lo fundamental es que tal medida generó graves distorsiones en las tablas salariales, lo que impone trabajar para corregirlas.

Si la decisión sobre la cancelación de las primas de responsabilidad para los que ocupan cargos de gestión académica hubiera sido discutida abiertamente en el Consejo Universitario y en los Consejos de Facultad, estas instancias habrían estado obligadas a considerar su naturaleza e impacto. No se hizo así para evitar el ineludible debate sobre la asimetría que generan en los ingresos de los profesores ucevistas.

La democracia universitaria está severamente lesionada, por una gestión agotada que discute poco e impone mucho.
Las decisiones unilaterales como la señalada, debilitan la institución y hacen inviable cualquier propuesta. Debe propiciarse la consulta y la discusión, tal como lo establecen los reglamentos, y en los organismos de cogobierno correspondientes.

Esto lo hemos reiterado en innumerables oportunidades, en asuntos como la seguridad social de los docentes, en la que las posiciones autoritarias de las autoridades universitarias han querido imponer un nuevo sistema.

Nos parece plausible la aprobación de primas por cargo para Jefes de Departamento y Cátedras, pues son las unidades académicas centrales en la gestión de las labores de enseñanza e investigación en las distintas Escuelas y/o Facultades. Sus jefaturas, según los artículos 5 y 19 del Reglamento de Cátedras y Departamentos de la UCV muestran, claramente, que sus funciones estipulan tareas de supervisión, planeación, administración y evaluación de procesos.

Las primas por cargo para Jefes de Departamento y Cátedras deben ser extendidas a otras instancias de dirección universitaria que realizan labores académico-administrativas, como lo son, entre otras, las unidades docentes, las coordinaciones de programas de postgrado y formación continua, jefes de servicio comunitario, jefes de áreas de institutos y otras equivalentes, que, por motivos de orden académico, se denominan diferente. Ninguna de estas primas puede ser percibida por profesores que ya reciben las de responsabilidad.

La política para revertir la inequidad que ha generado la decisión unilateral de las autoridades rectorales con respecto a las primas de gestión debe ser, de un lado, aprobar y concretar incentivos para mejorar el ingreso de los profesores que no realizan actividades de gestión universitaria y de otro, lograr salarios que dignifiquen la labor de los docentes universitarios.

Entre las medidas inmediatas que debe tomar la universidad para sostener su equilibrio, porque no puede quedarse reconociendo exclusivamente los cargos de dirección, son las que planteamos a continuación:

  • Concretar en forma inmediata la actualización de la prima de titularidad aprobada por el Consejo Universitario en el mes de enero del presente año. Este beneficio de carácter socioeconómico no es el mismo de la prima de antigüedad y se asocia con el reconocimiento de manera exclusiva al que alcanza el último escalafón de la carrera universitaria. Se aplica durante décadas. Sobre este aspecto exigimos gestiones concretas, acciones institucionales efectivas, en fin, hechos más allá de declaraciones estériles.
  • De igual modo, deben incrementarse las diligencias para concretar la cancelación de las primas de responsabilidad para los profesores de los escalafones de Instructor, Asistente, Agregado y Asociado que no ocupan cargos de gestión universitaria, aprobadas por el Consejo Universitario, también en enero del presente año.
  • Aprobar la actualización, en forma extraordinaria, de la cláusula 67 del Acta Convenio: Bono de Apoyo Didáctico. Proponemos se cancele un bono especial para favorecer la conectividad de los docentes universitarios de todas las dedicaciones, equivalente al 90% del salario del profesor. Este en forma transitoria alcanzaría a los docentes que no ocupan cargos de gestión universitaria.
  • Debe establecerse una comisión del Consejo Universitario que, en conjunto con el gremio y aún en medio de la pandemia, se oriente a encontrar salidas a las inequidades generadas por las primas de responsabilidad.

Es urgente abandonar el autoritarismo y concertar medidas que detengan la atomización de la universidad.

  1. Sobre los salarios: Siempre hemos afirmado que las remuneraciones de los profesores universitarios son un asunto académico. Ellas permiten conservar el recurso humano de la institución. Por tanto, las acciones de las autoridades universitarias deben colocar este tema en el centro de sus actuaciones. La protección del salario de los profesores universitarios está establecida en el artículo 102 de la constitución, las Normas de Homologación y todos los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones laborales del profesorado. Su defensa cuenta con sólidas bases jurídicas. La declaratoria de Emergencia Humanitaria Compleja por parte de la UCV en el año 2018, no se ha superado, al contrario, se ha agravado. Por tanto, defender el salario es una demanda ética y humanitaria que debe involucrarnos a todos. Las razones académicas, jurídicas, éticas y humanitarias demandan asumir la lucha por salario. Lo primero es reconocer que con las actuales remuneraciones no es posible mantener al personal docente y de investigación, es decir, se pierde el personal que forma profesionales y es protagonista en la creación de conocimientos. De nada sirve, la reiterada actitud anti gremial de las autoridades y continuar fingiendo una normalidad que no es tal.

El aumento de salarios, conforme a lo que establece el marco jurídico que nos regula, es el medio para salvar la universidad de la deserción masiva y continuada de sus profesores, así como, permitiría corregir en forma progresiva la inequidad generada por las primas de gestión universitaria. Negar que esto último ocurre, es una distorsión, nos fragmenta y no brinda salidas para superar el problema.

Dijimos al inicio de este texto que los problemas de forma y fondo de las primas de gestión universitaria, se motivaron, porque se impusieron unilateralmente sin discusión alguna. Ahora con la solicitud de discutir el tema salarial en el CNU se repite la historia. Nuevamente en forma unilateral, al menos dos universidades de la AVERU van con dos propuestas distintas, cuando deberían, y lo pertinente es, que soliciten la presencia de la FAPUV, y si ello no ocurre deberían ir unificados con la propuesta salarial de la Federación profesoral.

La propuesta de ajuste salarial que defendemos se resume en el documento “Significado y Alcance de la Recuperación del Salario y la Seguridad Social de los Profesores Universitarios”. En él se plantea nuestro salario en dólares, recuperar las interescalas por dedicación y escalafón, los beneficios con y sin incidencia salarial, los beneficios de salud y previsión social. No es una propuesta idílica, es una plataforma de lucha, un programa que nos unifica.

Más allá de la conveniencia o no de las primas de responsabilidad o de cualquier otra naturaleza, lo que el profesorado requiere son condiciones salariales que justifiquen el esfuerzo que significa ser docente en una universidad autónoma hoy en día en Venezuela. Escuchar ese clamor y darle respuesta efectiva implica un trabajo común y la sincronización de intereses y esfuerzos de todos los actores universitarios en la única dirección posible: rescatar la dignidad de la profesión docente

Por último, motivado a que los ingresos de los profesores son nominales y también reales, reiteramos que la solicitud de 1300 profesores de incrementar la cobertura de SAMHOI y la cancelación de un bono humanitario mientras dure la pandemia, con recursos del FONJUCV, es un asunto pendiente.

Reducir los gastos de salud, fortaleciendo SAMHOI y sumar un aporte humanitario adicional a los que ha otorgado la APUCV, sería un aporte al ingreso real del profesorado ucevista.

APUCV Informa
No. 1106

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESORADO DE LA UCV

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NOTA DE CONDOLENCIA

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento, la madrugada de hoy 19 de julio de 2020, del Doctor

amantísimo esposo de nuestra Presidente, profesora Lourdes Ramírez de Viloria, a quien le hacemos llegar nuestras palabras de consuelo y solidaridad.

El Doctor Franklin Rafael Viloria Rincón, gran amigo de nuestra Federación, fue un miembro destacado del Foro venezolano, ex Presidente del Colegio de Abogados del estado Zulia, miembro del Directorio de INPREABOGADO, muy querido y respetado por nuestro gremio y por el gremio de abogados.

Con mucho pesar, acompañamos en su duelo a nuestra querida profesora Lourdes Ramírez de Viloria, a sus hijos, nietos y demás familiares y al gremio de abogados de Venezuela.

Rogamos a Dios le dé Franklin Viloria el descanso eterno y lo lleve a su gloria. Paz a su alma.

CORDINADORA NACIONAL DE INSTITUTOS DE PREVISIÓN SOCIAL UNIVERSITARIOS

La Coordinación Nacional de Institutos de Previsión Social del Sector Universitario se une al duelo que embarga al gremio profesoral y al institucionalismo previsional universitario, por el fallecimiento de la querida y muy respetada amiga, colega profesora:

                                                           GLADYS LUCENA DE MARVAL

                                                                           Q.E.P.D.

La profesora Gladys Lucena de Marval, economista de profesión, cultivó la docencia e investigación, el gremialismo, la previsión social del profesorado universitario y la amistad con verdadera pasión y desinterés. Con marcada paciencia, casi en silencio, hacía sentir su presencia en los más encendidos debates universitarios, actitud con la que se granjeó el afecto y respeto de todos los que tuvimos el honor de conocerla y compartir con ella importantes jornadas de lucha universitaria.

Su desempeño gremial y su participación como ferviente defensora de la seguridad social del profesorado universitario fueron actuaciones dignas de admiración, ellas la colocan como figura egregia del profesorado universitario. En momentos que ya se advertían las agresiones sistemáticas al profesorado universitario entregó al ente federativo un objetivo y riguroso análisis de las Normas de Homologación. Las Tablas de Sueldo, como reivindicaciones gremiales, llevan su impronta. Para la  Ilustre Universidad del Zulia, la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, el Instituto de Previsión Social, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el profesorado universitario nacional, la desaparición física de la profesora Gladys Lucena de Marval, constituye una gran pérdida, ella deja un enorme vacío en el gremialismo universitario en tiempos que requieren de la presencia de mujeres, combativas, luchadoras y de entrega total a la mejores causas, como ella supo hacerlo con la mayor maestría y gallardía.  Paz a su alma.

Caracas, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil veinte

                                                               Absalón Méndez Cegarra

                                 Coordinador Nacional de Institutos de Previsión Social Universitarios

ACUERDO DE DUELO

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela declara su duelo y profunda tristeza por el fallecimiento de nuestra querida colega y gremialista

GLADYS LUCENA DE MARVAL

Profesora emérita de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ), dos veces Presidenta de la Asociación de Profesores de LUZ (APUZ) y ex Presidenta del Fondo de Jubilaciones de los Profesores de LUZ (FJP-LUZ), Gladys Lucena de Marval fue una economista destacada, formadora de juventudes, luchadora ejemplar por los principios democráticos y universitarios, y por los derechos, reivindicaciones y seguridad social del gremio docente, amiga y hermana, que supo desarrollar su vasta actividad gremial con honestidad, inteligencia y valentía en las circunstancias más difíciles y mostró siempre la mayor disposición para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de las demás asociaciones de profesores y de la federación.

Para FAPUV y sus asociaciones, la partida de nuestra querida y admirada profesora Gladys Lucena de Marval deja un gran vacío. Ella habita por siempre en nuestros corazones y su memoria nos impulsa a continuar con su legado.

Expresamos nuestras palabras de condolencia a sus familiares y amigos, por tan irreparable pérdida. Paz a su alma.

Caracas, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil veinte

 “ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL ARREMETE, NUEVAMENTE, CONTRA LOS FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

                                                                                                                            Absalón Méndez Cegarra

  1. La Superintendencia de Seguridad Social es un órgano creado en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad (LOSSS,2002), con la finalidad de: “…fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros de los regímenes prestacionales que integran el Sistema de Seguridad Social” (Art.28. LOSSS, original).
  2. ¿A cuál Sistema de Seguridad Social se refiere el Legislador Orgánico?  Sin duda alguna, al establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y desarrollado por la LOSSS, la cual, en su artículo 5, lo define, así: “A los fines de esta Ley se entiende por Sistema de Seguridad Social el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho Sistema”. Los sistemas que integran el Sistema de Seguridad Social (SSS) son: Sistema Prestacional de Salud; Sistema Prestacional de Previsión Social; y, Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat. Y, los regímenes prestacionales, son: Régimen Prestacional de Salud; Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas; Régimen Prestacional de Empleo; Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas; Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
  3. Señor Superintendente de Seguridad Social, entérese de una vez por todas, ese SSS que crea la CRBV y desarrolla en extenso la LOSSS, NO EXISTE EN VENEZUELA, ES UNA FICCIÓN. Y, no existe, porque el gobierno del cual usted forma parte no ha tenido la voluntad política ni la capacidad para ponerlo en marcha, al contrario, ha conspirado contra él, creando una institucionalidad paralela, grandes misiones y micro misiones, que lo han desnaturalizado totalmente antes de nacer. En consecuencia, no hable en nombre de algo inexistente. ¿Dónde está el Sistema Público Nacional de Salud? ¿Dónde el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor? ¿El Régimen Prestacional de Empleo? ¿El Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas? ¿Dónde el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat?
  4. Origen de la Superintendencia de Seguridad Social. Es costumbre de este gobierno colocar la carreta delante de los caballos. El SSS no existe; pero, se crearon dos instituciones importantes: La Superintendencia y la Tesorería de la Seguridad Social. Ninguna de las dos tiene funciones que cumplir. La Superintendencia no tiene nada que fiscalizar, supervisar y controlar, pues el SSS no existe; y, la Tesorería, no tiene nada que recaudar, distribuir e invertir, pues, repetimos, el SSS no existe. Se trata de dos parapetos causantes de gastos al erario público nacional, totalmente injustificados. ¿Por qué fueron creados estos dos organismos? Simplemente, por la ineptitud y sumisión de la Asamblea Nacional y la dominación centralista y autoritaria del Presidente Hugo Chávez. El artículo 29 de la LOSSS, original, establecía que; “La Superintendencia de Seguridad Social estará bajo la dirección de un Superintendente. A efecto de su designación, la Asamblea Nacional nombrará un comité de evaluación de postulaciones que se regirá por el reglamento respectivo. De la preselección de los postulados, la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes, integrará una terna que será presentada al Presidente de la República, quien en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de la presentación, designará y juramentará al Superintendente de Seguridad Social”
  5. La pereza mental, incapacidad y sumisión de la Asamblea Nacional (AN) determinaron la vía fácil de reformar parcialmente la LOSSS, año 2012, y complacer el totalitarismo de Chávez, facultándolo en exclusiva para designar directamente al Superintendente de Seguridad Social (tercera reforma parcial de la LOSSS), recayendo esta designación en el médico Julio César Alviárez, como premio de consolación por los favores concedidos a la “revolución”
  6. El Superintendente, así nombrado, al no tener nada que hacer, se confabuló con un grupo de profesores universitarios jubilados, con el consultor jurídico del Ministerio de Educación Universitaria, el Ministro de Educación Universitaria, el Consejo Nacional de Universidades ( CNU, año 2008) y, posteriormente, con la Contraloría General de la República, para ir en contra de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Personal  de las Universidades nacionales, buscar apoderarse de sus recursos y procurar su destrucción. Tales propósitos fueron logrados en dos Fondos (UNA y UNESR) en los que sus haberes fueron repartidos cual cotillón; en otro, se procedió a su liquidación y condicionamiento    de sus haberes (UCV); y, los demás Fondos, con buen criterio, se resistieron a los ataques del Superintendente, por no tener facultades para ello, y, aún, sobreviven cumpliendo con su objeto.
  7. El Superintendente, parece olvidar, que, en virtud de ciertas acciones malintencionadas, el CNU, aplicó el artículo 119, parte final, de la LOSSS, ordenó la excepción de los profesores jubilados y pensionados a seguir cotizando a los Fondos, la devolución a éstos de las cotizaciones realizadas desde el 01-01-2003 y la suspensión del aporte institucional a los Fondos por los conceptos señalados. Posteriormente, también, suspendió, de manera ilegal, el aporte institucional a los Fondos por concepto del personal activo, aunque las Universidades que mantuvieron los Fondos continúan reteniendo la cotización del personal activo. Decimos, ilegal, y, no nos equivocamos, por cuanto los Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la Universidades nacionales fueron creados por el CNU, en el año 1976, mediante Pautas Reglamentarias, forma de expresar su voluntad el Órgano Institucional; y, de conformidad, con estas Pautas Reglamentarias, llevadas a rango legal, artículo 26, numeral 18,  de la Ley de Universidades vigente (1970), los Consejos Universitarios están facultados para: “Dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades, el régimen de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo lo relacionado con la asistencia y previsión social de los miembros del personal universitario;”. Estas Pautas Reglamentarias están vigentes. No han sido derogadas por el CNU ni anuladas por la autoridad judicial competente .Por consiguiente, los Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades nacionales son de origen legal (Ley de Universidades) y han debido crearse en todas las Universidades públicas nacionales, con lo cual, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Miembros del Personal Docente y de investigación de las Universidades públicas nacionales, pasó de asistencial a contributivo directo, a partir de febrero de 1976. Para la Venezuela del momento, este hecho, era algo inesperado, sorprendente. Estos Fondos, al no establecer las Pautas Reglamentarias la naturaleza jurídica de su constitución, asumieron formas diversas y regulaciones especiales. Hoy día son instituciones que tienen su fundamento legal, reglamentario y contractual y constituyen derechos adquiridos de los trabajadores.
  8. Sí, el gobierno de Chávez, primero, hubiese tenido la firme voluntad de aplicar y   poner en marcha la LOSSS, Venezuela sería un gigante en materia de Seguridad Social; pero, no, optó por destruirla, fortalecer, aparentemente, el IVSS,  y crear el paralelismo asistencialista  misionero, conducta que ha seguido al pie de la letra sus sucesor, Nicolás Maduro, en grado superlativo, por cuanto este señor con sus ejecutorias  lo ha destruido todo, incluyendo  la institucionalidad de los seguros sociales.
  9. Para mayor abundamiento jurídico e ilustración del Superintendente, sí, el gobierno nacional (Chávez-Maduro) hubiese creído en la LOSSS, en su necesidad e importancia, nada de lo que comentamos estuviese ocurriendo, ya que tenía lapsos perentorios para su aplicación y puesta en marcha del SSS. El primero de enero del año 2007, Venezuela ha debido despertar con un nuevo SSS. No ocurrió nada. La diligente AN se apresuró a reformar parcialmente la LOSSS (primera reforma parcial de la LOSSS, 2007), eliminando todos los lapsos que obligaban al Ejecutivo Nacional poner en ejecución el SSS. A partir de este momento el Ejecutivo Nacional entró en desacato a la Ley y la AN en omisión legislativa. Toda la institucionalidad previsional prexistente a la LOSSS adquirió ultractividad, se hizo, nuevamente, vigente, y, es lo que tenemos en la actualidad por Seguridad Social. A la prueba nos remitimos, el artículo 145, LOSSS, original, establece, que: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los trabajadores que ingresen al servicio del Estado no podrán afiliarse a regímenes especiales, prexistentes, de jubilaciones y pensiones del sector público financiados total o parcialmente por el Fisco Nacional distintos al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas”. Pero, resulta que este Régimen Prestacional no existe, la Ley especial que lo regula no ha sido sancionada por la AN, ni promulgada por el Ejecutivo Nacional.  ¿Cuál es el régimen único de jubilaciones y pensiones que afilia a los viejos y nuevos trabajadores del TSJ y Poder Judicial, del CNE, de la AN, de la CGR, del BCV, de las Universidades públicas, etcétera? Pues, el mismo que han tenido siempre, un régimen especial preexistente, que no ha sido derogado, ni siquiera por ese adefesio jurídico del cual no se acuerda nadie, por su inefectividad, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2014 (G.O. N° 6156 Extraordinario del 19-11-2014. El artículo 3° de este Decreto exceptúa de su campo de aplicación a los regímenes especiales de fuente legar, aunque los obliga a cotizar a la Tesorería de la Seguridad Social. Valdría la pena que la Tesorería y la Superintendencia informaran cuántos de los regímenes especiales cotizan, su porcentaje y cuántos jubilados y pensionados están a su cargo y reciben sus pensiones mensuales por taquilla propia de la Tesorería de la Seguridad Social. Todo es un entramado de mentiras y argucias para engañar a la gente.
  10. Por último, en lo que refiere a aspectos legales, el artículo 148 de la LOSSS, original 2002, establece lo siguiente: “Queda derogada toda disposición normativa que en materia de seguridad social contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la presente Ley” ¿Existe algo que haya derogado la LOSSS, con excepción, de la excepción de los jubilados y pensionados a seguir cotizando? Nada, absolutamente, nada, todo lo preexistente es existente. Ni por asomo la LOSSS se aplica. El mismo artículo que excepciona a los jubilados y pensionados a seguir cotizando, agrega, salvo que realicen actividades laborales remuneradas. Y, cuando jubilados, perciben remuneraciones y no cotizan a ninguna parte. ¿Qué tenemos en Venezuela por Seguridad Social? El IVSS, desnaturalizado totalmente, alejado de su regulación legal y reglamentaria; múltiples regímenes de jubilaciones y pensiones; un modesto e insuficiente Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo, un precario régimen asistencial de atención médica y hospitalaria y la red de limosnas llamadas misiones sociales. Una pregunta viene a acotación. ¿Supervisa, fiscaliza y controla la Superintendencia de Seguridad Social el IVSS y los regímenes de jubilaciones y pensiones de la Administración Pública con Autonomía Funcional? Nada que ver. ¿Dónde está el Fondo de Pensiones del IVSS? ¿A cuál lugar van a parar las cotizaciones de los trabajadores afiliados al IVSS y los aportes patronales? ¿Cuál es el monto de las reservas técnicas del Fondo de Pensiones del IVSS’? ¿Cuántas pensiones se pagan con cargo a dicho Fondo? De estos asuntos debería dar cuenta la Superintendencia. Pero, no puede. El IVSS ha prohibido, inclusive, el ingreso del Superintendente a sus instalaciones. El IVSS es un instituto autónomo, regulado por ley especial, adscrito a lo que ayer fue el Ministerio del Trabajo. No está subordinado a la Superintendencia. ¿Entonces, de cuál SSS habla el Superintendente?  ¿Del sueño que construyó la Comisión Técnica de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, a partir del año 1999, cuando usted era Constituyente y fue plamado en la LOSSS, vigente, pero sin efectividad alguna?
  11. Reiteramos, repetimos, la Superintendencia de Seguridad Social es una entelequia, carece de facultades para regular los Fondos de Jubilaciones y Pensiones. El Régimen prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas no existe. No ha sido sancionada y promulgada su Ley Especial, después de18 años de haberlo ordenado la LOSSS.
  12. La comunicación que ha enviado el Superintendente de la Seguridad Social al Rector de la Ilustre Universidad de Los Andes (ULA) es una grosería y un irrespeto a la majestad de la autoridad universitaria y a la autonomía universitaria. Y, la misma, debe ser rechazada por la comunidad universitaria en todos sus términos. Es, sin duda alguna, una usurpación de funciones. Carente de toda base legal. Es posible que el procedimiento seguido por los peticionarios de una ayuda económica a FONPRULA, más que justificada, por cierto, no esté del todo ajustado a derecho, por no consagrar esa facultad la norma estatutaria, pese a la modificación y ampliación del objeto de FONPRULA, no exclusivo al pago de jubilaciones y pensiones. Pero, la ULA dispone de un 10% de aporte de FONPRULA al pago de las jubilaciones y pensiones causadas, producto de su ganancia neta anual que bien pudiese la ULA utilizar para mejorar la precariedad laboral de su personal docente, toda vez que ese aporte, como sabemos, no se aplica al pago de las jubilaciones y pensiones causadas. Y, en tal sentido, no habría ilegalidad alguna. Para información del Superintendente. La Ley del Seguro Social establece un régimen de pensiones por vejez para los trabajadores afiliados y cotizantes al seguro social. No contempla el pago de pensiones no contributivas. Menos aún la equiparación de las pensiones contributivas con las no contributivas. La Ley y el Reglamento del Seguro Social establecen una fórmula para el cálculo de la pensión por vejez: una parte fija y una parte variable, proporcional al esfuerzo contributivo, más un porcentaje adicional (2%) por cada 50 cotizaciones en exceso. Nada de esto se cumple. Los recursos del Fondo de Pensiones se desvían a otros destinos no contemplados en la Ley. Las pensiones por vejez contributivas y no contributivas se igualaron al salario mínimo. Esto, sí, es una flagrante violación de Ley. ¿Qué ha dicho el Superintendente de la Seguridad Social, tan celoso de los Fondos Universitarios, sobre este particular? Ni una sola palabra.
  13. Amigos de la ULA, colegas profesores. “Nunca falta un diablo en misa”, dice un sabio refrán popular de frecuente uso en nuestros pueblos andinos. Ustedes tienen ese diablo por dentro, instalado en el CU, para seguir agrediendo a la Universidad que se resiste a sus designios. Ese diablo necesita congraciarse con el gobierno nacional y nada más oportuno que llamar al caballero que desde el 2012 en adelante ha encontrado en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades nacionales su entretenimiento preferido, de alguna manera hay que justificar el sueldo que se percibe y el de su excesiva burocracia. Hay que decirle no al Superintendente, pues, este puede ser el comienzo de otra andanada de golpes contra la Universidad venezolana. Y, parece mentira, propiciada, al igual que ayer, por los mismos profesores universitarios. Lo que es ignorar la importancia de un régimen de jubilaciones y pensiones de carácter contributivo directo.  Perdónalos Señor. Pido al señor Superintendente que refute uno solo de los argumentos expuestos. Mis respetos.  Absalón Méndez Cegarra