7 de junio 2020
A principios de enero de este año, faltando poco más de un mes para la expiración del plazo
fijado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (27 de febrero de 2020, según los
términos de la sentencia N° 0324) para la celebración de elecciones de autoridades en la
Universidad Central de Venezuela, el movimiento Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas
Democráticas se dirigió al Consejo Universitario a través de una declaración pública suscrita
por tres centenares de miembros del cuerpo académico. El texto mencionaba las peligrosas
consecuencias implicadas en el fallo del TSJ y deploraba la inercia de las autoridades.
Concluía haciéndoles un enérgico llamado:
(…) quienes suscribimos la presente comunicación, académicos docentes activos y jubilados de laUniversidad Central de Venezuela, exhortamos vivamente al Consejo Universitario y especialmente a las autoridades rectorales a cumplir con su ineludible obligación de salvaguardar la institución, convocando en inequívoco gesto de afirmación autonómica a la comunidad ucevista a movilizarse paraparticipar en comicios dignos de una institución académica, así como para poner en práctica cuantas acciones contribuyan a su defensa en esta grave hora de la vida universitaria.
No mucho después, el Consejo Universitario (sesión del 20 de enero de 2020) acordó declarar
a la UCV en «ambiente electoral», fórmula cautelosa con que la mayoría de ese cuerpo eludía
tomar posición sobre la necesidad imperiosa de convocar a elecciones pero que al menos
representaba un progreso con relación a su obstinado silencio de largos meses. Profesores
Ucevistas… hizo entonces circular entre dirigentes de distintos grupos de la comunidad
universitaria un Llamamiento al debate. Entendíamos que este debía preceder al evento
comicial para infundirle aliento y sustancia. El texto comenzaba así:
En la Universidad Central de Venezuela las elecciones no pueden postergarse. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias que han obrado contra su realización oportuna, todos los procesos pendientes deben celebrarse sin nuevas dilaciones. Esta exigencia concierne en primer término a las elecciones de autoridades rectorales y decanales cuyos períodos expiraron hace mucho, pero también a las del cogobierno universitario (Consejo Universitario, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela, Asambleas de Facultad y Claustro), por la significación que tal figura tiene en la estructura y funcionamiento de la universidad como un todo.
Sobre la vida universitaria gravitaba pesadamente la inminencia del vencimiento del plazo
fijado por la sentencia del TSJ sin que desde las instancias del alto gobierno de la institución
se hubiera hecho nada concreto –a excepción de algunas diligencias legales – de cara a la
comunidad universitaria a propósito del problema electoral. En medio de la expectativa
reinante, el propio 27 de febrero de 2020 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia emitió una segunda sentencia (N° 0047). Esta suspendía la medida cautelar contenida
en la anterior “atendiendo al compromiso de la representación de las Universidades
nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias…”, lo que equivalía a
la celebración de elecciones en idénticas condiciones a las establecidas originalmente.
Dos semanas más tarde el régimen madurista decretó una anticipada cuarentena nacional
obligatoria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El país vio de súbito
severamente limitado su desenvolvimiento ordinario, cuadro este agravado por la crisis
metastásica de los servicios públicos, el vértigo hiperinflacionario, la dolarización anárquica
y la aguda escasez de gasolina, cuyo suministro fue militarizado y asumido discrecionalmente
por el gobierno.
En tales condiciones, la universidad suspendió las actividades académicas y administrativas,
decisión inevitable pero adoptada en forma dubitativa, sin orientaciones claras para la
comunidad universitaria. A partir de entonces el Consejo Universitario y los consejos de
facultades y escuelas han procurado sesionar en forma telemática sin poder no obstante
superar las previsibles dificultades que han hecho disminuir aún más la modesta eficiencia
de la administración universitaria. De allí que no se haya conseguido hasta el momento
estructurar una agenda institucional de conjunto, mínimamente coordinada, capaz de
distinguir los diferentes aspectos de la situación y de establecer prioridades, cursos de acción
y modalidades de actuación para los distintos componentes de la colectividad ucevista. Ha
tendido a prevalecer en cambio en la mayor parte de las autoridades académicas cierta
ansiedad por la búsqueda de opciones alternas para la reanudación de la actividad docente y
a tal efecto se han dejado sentir sobre el profesorado presiones no siempre discretas.
Frente a semejante estado de cosas la pregunta que habría que formularse es si resulta
razonable plantear nuevamente como asunto de la mayor importancia el de las elecciones
universitarias. En nuestra opinión la respuesta es afirmativa. Veamos por qué.
Es evidente que en sus aspectos prácticos el proceso electoral no avanzará mientras
prevalezcan las limitaciones de la cuarentena. Pero ello no significa que la cuestión electoral
como objeto de debate de alto interés deba postergarse hasta que aquella concluya. En
realidad, dicha cuestión ha sido reiteradamente aplazada desde mucho antes de que la
pandemia se declarara y se impusieran las restricciones actuales. El debate, pues, debe
estimularse adoptando las formas que las condiciones permitan de suerte que cuando retorne
la normalidad -en alguna de sus versiones- el intercambio de puntos de vista sobre las
elecciones universitarias haya recorrido una parte del camino.
Parecida apreciación tienen los representantes profesorales ante el Consejo Universitario que
el 8 de mayo pasado suscribieron una carta pública en que hacen una pormenorizada relación
de las deficiencias de aquel cuerpo. Aparte de las denuncias de autoritarismo rectoral,
subestimación de prácticas democráticas, inobservancia de normas internas y alteración de
procedimientos con grave mengua de la calidad de desempeño del Consejo, los
representantes del profesorado se refieren explícitamente a un retraso intencional en la toma
de posición sobre el problema de las elecciones universitarias. Cierran su exposición en los
siguientes términos:
Toda esta casuística apunta a un solo sitio, es urgente e impostergable convocar en la UCV a
elecciones rectorales, decanales y de representantes profesorales, hay que cambiar la dirección
universitaria. Las autoridades rectorales y decanales deberían estar preparando su rendición de cuentas, no buscando deteriorar o debilitar el único mecanismo de protección social que nos queda a los profesores, ni alterar el normal funcionamiento del Consejo Universitario. (…). La UCV Autónoma no debe ni puede celebrar sus primeros 300 años con estas autoridades al frente. Es impostergable cambiar.
El parecer de que las elecciones universitarias deben llevarse a efecto sin demora tan pronto
cese la excepcionalidad circunstancial está extendido entre el profesorado, así como en otros
sectores de la comunidad ucevista. Y se extenderá aún más si el asunto se convierte en objeto
de activo debate. No sería sensato ignorar las razones que, en nuestra opinión, hacen este
debate necesario.
Por una parte, como es bien sabido los lapsos de ejercicio de las autoridades rectorales,
decanales y de representantes profesorales ante los diferentes órganos de cogobierno
universitario se encuentran vencidos hace años. Es verdad que causas de todos conocidas han
obstaculizado la celebración de los procesos electorales, pero hoy por hoy es imperativo que
tengan lugar y que la voluntad de que así sea supere viejos y nuevos obstáculos. Quienes
ocupan los cargos directivos y de representación profesoral deberían ser los primeros en
actuar en este sentido para contribuir así a la restauración del régimen institucional y a la
recuperación de sus ciclos funcionales, perturbados –qué duda cabe- por la hostilidad
gubernamental pero también rutinizados y desprovistos de vigor creativo en manos de una
dirección interna exhausta.
Por otra parte, es bueno recordar que las elecciones no son solo y simplemente un mecanismo
práctico para la renovación de los diferentes niveles de gestión. Tienen sobre todo un
significado esencial para la vida universitaria en la medida en que constituyen uno de los
aspectos medulares del principio autonómico en que la institución académica funda su
existencia. Convocar a elecciones ha sido siempre un acto de afirmación autonómica y lo
será en mayor medida en el momento actual si el proceso electoral se organiza al margen de
las condiciones que la inconstitucional sentencia del TSJ pretende imponer.
El primer paso, pues, sería la expresión rotunda y sin ambages de la voluntad de hacer
elecciones en los términos que la institución acuerde, conforme al ejercicio pleno de la
autonomía que le es propia. Esta voluntad tiene que manifestarla cuanto antes el Consejo
Universitario invitando a la comunidad ucevista a movilizarse en defensa de la universidad
y para emprender su rehabilitación como ámbito de florecimiento intelectual. Otro tanto
corresponderá enseguida a los consejos de las facultades y escuelas en cuanto órganos de
cogobierno y a las diversas organizaciones existentes en el seno de la institución. La
universidad, movilizada por el convencimiento de que ejerce un derecho inalienable del que
no consentirá ser despojada, representa la mejor garantía –quizás la única- de que el proceso
electoral pueda llevarse a cabo apropiadamente.
Será entonces cuando adquiera contenido real la tímida declaratoria de «ambiente electoral»
que meses atrás la insistencia de sectores organizados de la UCV y el tesón de la mayoría de
los representantes profesorales del Consejo Universitario le arrancaron a ese cuerpo. Y habrá
también entonces un clima propicio para que la universidad ejercite nuevamente su
entumecida vocación deliberativa y despliegue sus talentos analíticos dando a individuos y
grupos de los diferentes conglomerados que la conforman la oportunidad de exponer sus
ideas y de intervenir en un debate tantas veces aplazado. Ese debate no solo tendrá que
explicitar razonadamente los motivos por los cuales la institución se rebela contra la
servidumbre de un procedimiento de elección de autoridades que la desnaturaliza y la niega
en sus principios fundamentales, sino que servirá además para examinar con el espíritu crítico
que es el suyo la norma electoral interna a la luz de las nuevas configuraciones del mundo
contemporáneo.
Ambos aspectos entrañan el recurso a la autonomía que es un principio de acción constructiva
y no un inerte parapeto defensivo. Con la autonomía ciertamente la universidad le sale al
paso a las acometidas gubernamentales que desfiguran su fisonomía institucional. Y con la
autonomía igualmente perfecciona estructuras y mecanismos para que sus fines sigan
cumpliéndose con la eficacia de renovadas sensibilidades. Tarea compleja ciertamente puesto
que la reflexión sobre sí misma debe emplazarse en la intersección de dos legitimidades: la
que le otorga su propio cometido y la que le impone el mundo al que se debe.
En esa tarea debe participar resueltamente la comunidad académica porque así lo determina
la naturaleza de la institución. Este es un dato inmanente, una propiedad sustancial y por lo
mismo incuestionable. Pero no hay que impedir la incorporación de otros sectores de la
colectividad ucevista que se sientan concernidos por la suerte de la universidad. Los temas
electorales traen consigo los de la participación y componen un complejo de asuntos relativos
a la democracia universitaria. La agenda del debate debe contenerlos, es decir, debe reflejar
la complejidad real de la cuestión pues a ninguna conclusión razonable puede aspirarse si de
entrada sucumbimos a simplificaciones artificiosas. La movilización de las energías
intelectuales y volitivas de la institución debe producirse a la mayor escala posible para que
su defensa sea viable y las definiciones que los tiempos demandan reciban su vigoroso
impulso.
Ucevistas:
Exijamos al Consejo Universitario que manifieste cuanto antes la voluntad de celebrar
elecciones.
Demandemos a las autoridades rectorales y decanales que promuevan activamente el interés
de la comunidad por la cuestión electoral y pongan a su disposición medios para que se
exprese.
Exhortemos a los diferentes sectores organizados de la comunidad universitaria y a los
universitarios en general a incorporarse pronta y entusiastamente al debate sobre los
diferentes aspectos del régimen electoral de la UCV.
Repudiemos la sentencia inconstitucional del TSJ y organicemos las elecciones conforme al
principio de autonomía universitaria.
Víctor Abreu, José Gregorio Afonso C., Miguel Albujas Dorta, Rogelio Altez, Morella Alvarado, Rubén Álvarez, Maritza Álvarez, Carmen Leonor Álvarez, Luis Angarita, Pedro Arellán, Félix Arellano, Héctor Arrechedera, León Arismendi, Simón Arocha, Ignacio Ávalos, Olga Ávila, José Balza, Catalina Banko, Luis Bravo Jáuregui, Luis A. Calatrava Oramas, Elisaúl Calderón J., Azier Calvo, Ocarina Castillo, Gregorio Castro, Zugem Chamas, José Coll, Irma Chumaceiro, María Eugenia Cisneros, Santiago Clavijo, Ygor Colina, Guillermo Colmenares, Karenia Córdova, José Miguel Cortázar, Luis Crespo, Rafael E. Dávila C., Aura Díaz de Palacios, María Cristina Di Prisco, Rosana Figueroa Ruiz, Raquel Gamus, Alix García, Jeniffer García, Irama García, Carmen García Guadilla, Giuseppe Giannetto, María del Pilar González, Luisa González, Eliseo González Sánchez, Aquiles Gutiérrez, Carlos Guzmán, Sonia Hecker, Luis Eduardo Hernández Rávago, Oswaldo Hernández Blanco, Ángel Gustavo Infante, Consuelo Iranzo, María del Rosario Jiménez, Luis Lander, Vicente Lecuna, Florángel de Longobardi, Margarita López Maya, María Victoria Lugo Fernández, María Fernanda Madriz, Luis Marciales, Lidia Marciales, Víctor Márquez Corao, Xiomara Martínez, María Eugenia Martínez, Elizabeth Marval, María Gabriela Mata Carnevali, Hugo Medina Oropeza, Bernardo Méndez, Absalón Méndez Cegarra, María Antonieta Méndez Rodulfo, Alexis Mercado, Carlos Monsalve, Martha Inés Moreno Sarmiento, Mario Morenza, José Domingo Mujica, Zoraida Natale, Eleazar Narváez, Armando Notz, Eva Núñez, José Félix Oletta L., Tulio Olmos, Emilio Osorio Álvarez, Samuel Pérez Hermida, Antonio París, Pablo Peñaranda, Cristina Pérez Díaz, Zayda Pérez González, Mauricio Phelan, Elías Pino Iturrieta, Elizabeth Piña, Marina Polo, Delrosi Porras G., María del Pilar Puig, Luken Quintana, Inés Quintero, Víctor Rago Albujas, Tulio Ramírez, Alexis Ramos, Alexis Ramos Torrealba,
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