Acerca de

En su cumpleaños 43, la UNELLARG sigue luchando por su autonomía

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La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) fue creada el 25 de julio de 1977 por Decreto Presidencial de la República de Venezuela. Funciona en el estado Guárico, con sede principal en San Juan de los Morros, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Salud, Agronomía, Odontología, Ciencias Económicas, Ingeniería de Sistemas, (Ingeniería, Arquitectura y Tecnología) y Ciencias Jurídicas y Políticas; y otra sede en Calabozo, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Educación, Humanidades Letras y Artes.  Tiene núcleos en Zaraza, Valle de la Pascua y Altagracia de Orituco.

En la década de los años 70 del siglo XX, como respuesta al movimiento de renovación universitaria que cobraba fuerza en las universidades autónomas, el gobierno venezolano impulsó un sistema paralelo, con la creación de las Universidades Nacionales Experimentales, las cuales no gozaron de autonomía, reservándose el Ejecutivo Nacional la potestad de nombrar sus autoridades, hasta que lograran, con el correr del tiempo y después de sortear un sinfín de obstáculos, que se les concediera la autonomía y el derecho a elegir sus autoridades. Una de las Universidades experimentales así creadas, es la UNELLARG.

La UNELLARG logró que se le reconociera el derecho a elegir sus autoridades, pero fue intervenida a inicios del primer gobierno de Hugo Chávez. El Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra la autonomía universitaria. Este principio fundamental fue vulnerado cuando se decidió la intervención de instituciones universitarias y la violación de sus normativas. En 1999, fue intervenido el proceso de democratización de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) y luego, en orden cronológico, fueron intervenidas la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

En el caso de la UNELLARG, en marzo de 1999, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Prof. Héctor Navarro, derogó el Reglamento vigente de la Universidad, por Resolución 19 de ese Ministerio; suspendió el proceso electoral en curso, y designó Rector interino por 6 meses, con el compromiso de elaborar un nuevo Reglamento para la realización de elecciones democráticas. Un año después, por Resolución 55 de fecha 22 de marzo de 2000, se dictó un nuevo Reglamento, publicado en Gaceta Oficial N° 36.917 de fecha 23-03-2000, en cuyo capítulo II, sección segunda, artículos 7° y 9°, se establece que Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario General serán nombrados por el Presidente de la República por órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Las comunidades de las universidades intervenidas han sido víctimas de persecuciones, medidas represivas y vejaciones por parte de las autoridades impuestas, y no han dejado de exigir democracia y autonomía; no obstante, durante 20 años no se les ha permitido elegir a sus autoridades, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente N° 0445, de fecha 20-07-2000, ordenó al Ministerio dictar, en un lapso no mayor de seis (6) meses, la normativa que permitiera la participación de las comunidades universitarias de las instituciones intervenidas, en la elección de sus autoridades.

En la UNELLARG, a pesar de la cruenta represión por parte de las autoridades interventoras, el profesorado  ha seguido reclamando autonomía, democracia y condiciones de trabajo y de vida dignas.

 

LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES ANTE LOS REPETIDOS ACTOS VANDÁLICOS CONTRA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE


El pasado 3 de junio de 2020, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) emitió un comunicado de rechazo al incendio provocado de la Biblioteca Central del Núcleo Sucre de la Universidad de Oriente (UDO), en el cual reclamábamos el atropello contra el conocimiento y la cultura no solo en esa institución sino en las diversas universidades autónomas, todo lo cual parece dibujar un patrón destinado a impedir que Venezuela salga del subdesarrollo cultural, científico e industrial en que está sumergida.
Hoy, con gran pesar, debemos consignar de nuevo nuestra más enérgica protesta por los continuados ataques a la infraestructura y equipamiento de la UDO en sus diversos núcleos, que tan solo entre la segunda quincena de marzo hasta finales de junio de 2020 sumó al menos 56 robos, además del ya mencionado incendio a la Biblioteca Central que destruyó el acervo bibliográfico allí existente.
Los robos reiterados, desde cables, ventanas y puertas hasta techos, mobiliario y materiales de laboratorio y oficinas, han desmantelado a la institución en sus cinco sedes, sin que las autoridades nacionales, regionales o locales tomen cartas en el asunto. El más grave acto vandálico hasta la fecha ocurrió en diciembre de 2020, cuando sujetos no identificados destruyeron la infraestructura del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias
Aplicadas “Dra. Susan Tai” de la UDO-Sucre, de donde no solo sustrajeron gran cantidad de equipos de laboratorio sino que destruyeron a mandarriazos un microscopio electrónico de barrido con emisión de campo, valorado en US$ 2 millones. Asimismo, las autoridades rectorales denunciaron la destrucción de las instalaciones de Los Guairitos en el núcleo Monagas el 31 de diciembre de 2020 y la quema de la sede de la Escuela de Geología y
Minas en el Núcleo Bolívar, el 4 de enero de 2021.
Resulta evidente que detrás de todas estas acciones violentas se esconde una política sistemática de destrucción de la UDO, universidad fundada hace 62 años con el fin de elevar el desarrollo científico y cultural del oriente venezolano, expresado en los miles de graduados que hasta ahora se han formado en sus aulas y en los más de 13.700 alumnos que en sus cinco núcleos se ven perjudicados actualmente en su progreso curricular por causa de esta dramática situación de despojo.
Este ensañamiento extremo contra la UDO debe cesar. Una vez más, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hace un enérgico llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales a tomar las previsiones necesarias para sancionar a los culpables de tales hechos delictivos y evitar su repetición, un llamado que extendemos a la protección de todas las universidades autónomas que en mayor o menor grado también han sido objeto de hechos como los aquí descritos.
En estas instituciones se genera y transmite conocimiento, se construye el presente y el futuro de nuestra nación, por lo que llamamos nuevamente al respeto de la institucionalidad, de la legalidad y de los derechos humanos, así como a velar por los valores consagrados en nuestra Constitución y en los diferentes tratados internacionales firmados por la República.
En Caracas, a los nueve días del mes de enero de 2021

Mireya R. Goldwasser Deanna Marcano
Presidenta Secretaria Académica

CU AMPLIADO EN LUZ: APUZ ASISTE EN DEMANDA DE SEGURIDAD. LAS AUTORIDADES REGIONALES ASISTEN FUERTEMENTE ARMADAS Y SIN SOLUCIONES

Pasillo de la facultad de Humanidades de LUZ

APUZINFORMA.

CU AMPLIADO.7/01/2021.

La dirigencia de la #APUZ atendió a la convocatoria hecha por la @RectoraInforma cuyo único punto a tratar fue. “Seguridad en el campus”.
Se abre la agenda con la lectura del art. 7 de la Ley de Universidades que describe la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado Zulia en el resguardo del perimetraje de las instalaciones universitarias.
La agenda se desarrolló en la plazoleta del Rectorado nuevo de 2 y 35 pm y concluyó a las 5 y 45 pm.
La @RectoraInforma invitó al CU al Sr. Ricardo Lugo Comisionado Jefe Secretario General de Gobierno del Economista Omar Prieto, quien se apersonó con varios funcionarios fuertemente armados con armas largas y cortas, acotando estar en funciones de su cargo en ese instante.

El CU Se desarrolló abriendo el derecho de palabra a los presentes. Entre las intervenciones cuentan APUZ, SIPROLUZ, FCU, ASDELUZ y SOLUZ. Además de la intervención de la Decana de la FEC, el representante estudiantil presidente del Centro de Estudiante de la Facultad de Medicina entre otros.
La dirigencia gremial de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia representada por su presidente la Dra. Molly González, resume la intervención en tres puntos básicos.
1) Recordando los múltiples comunicados y solicitudes que se han hecho al despacho rectoral para que atienda de manera urgente el tema de seguridad del campus cuya solicitud comenzó en febrero del 2019 por esta dirigencia y continuó durante todo el año.
2)Afirma que es importante hacer uso del artículo 7 de la Ley y exigir a las autoridades regionales en materia de seguridad su fiel cumplimiento, destacando su tarea y obligación. Dirigiendo su intervención al Comisionado Jefe Secretario General del Gobierno del Economista Omar Prieto quien estaba presente, destacando la apremiante responsabilidad que deben ejercer para cumplir su cometido de resguardar la casa de estudios del hampa común y de los retos que tienen en una universidad devastada por la ausencia de políticas del ejecutivo nacional venezolano, situación que no ayuda a resolver el problema orgánico de #LUZ, haciendo énfasis en la falta de recursos asignados desde el ejecutivo, para un presupuesto justo que atienda las necesidades de nuestra alma mater en materia de seguridad, que consecuentemente garantice la educación que requieren las jóvenes generaciones del Estado Zulia.
3) La APUZ solicitó al CU que presentarán una propuesta de seguridad para el campus universitario y la validaran a través de un referéndum vía online, donde el gremio profesoral pueda exponer sus inquietudes en relación al tema de seguridad. La propuesta se hizo por la esperada ausencia de Profesores en el CU ampliado, producto de las restricciones de gasolina, además de las medidas de resguardo que atienden al tema de la pandemia.

Después de las propuestas de la Comunidad Universitaria, toma la palabra el ciudadano Ricardo Lugo Comisionado Jefe Secretario General de Gobierno del Economista Omar Prieto, quien se dirige a la comunidad informando que a traves del profesor Navarro en el mes de Agosto enviaron un plan de seguridad para #LUZ que aún no ha sido aprobado por el CU porque no ha entrado en agenda para la discusión. Argumentó el tema de la deficiencia de recursos presupuestarios de #LUZ dando exclusiva responsabilidad al bloqueo económico y se refirió a la presidente de la Asociación como una vergüenza para la institución quien no tenía ninguna autoridad en materia de seguridad y no iba a decirle como hacer su trabajo, afirmó además que la Universidad y el Gobierno regional de facto deben establecer relaciones bilaterales que les permitan resguardar el espacio cuyo punto principal es el ingreso de los cuerpos de seguridad dentro del campus.

Al concluir el CU ampliado los presentes se retiraron y el CU sesión con 15 miembros acordando mantenerse en sesión permanente y evaluar las propuestas de las intervenciones.

Dra. Molly González Presidente
Dr. Wilfido Briñez Secretario.

Nota de condolencia

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y su personal de apoyo, expresan su profundo pesar por el fallecimiento de

BOLIVIA SUÁREZ

Q.E.P.D.

Educadora de amplia trayectoria, luchadora social, dirigente política, diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el estado Lara y presidente de la Subcomisión de Educación del Parlamento.

La diputada Bolivia Suárez, gran amiga de nuestra Federación y de las causas justas que hoy movilizan al pueblo venezolano en sus distintos sectores, consagró los últimos años de su vida, con gran dedicación y compromiso, a la lucha por la democracia en Venezuela, por condiciones de vida dignas para los venezolanos y por educación de calidad para todos.

Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo y solidaridad a su familia y amigos, al magisterio nacional y al pueblo larense.  

Que Dios le dé el descanso eterno. Paz a su alma.

LIBERTAD Y DIGNIDAD EN EL DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

Todos los 5 de diciembre, en Venezuela, celebramos el DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO. Esta efeméride fue aprobada en 1991 por acuerdo de FAPUV y el Consejo Nacional de Universidades de la época, para conmemorar la promulgación de la Ley de Universidades en la cual se desarrolla la autonomía académica, electoral, administrativa y normativa de nuestras universidades. El principio de autonomía universitaria se reivindica con en esa Ley luego de una cruenta dictadura militar que allanó y trató de arrodillar a la universidad venezolana.

Hoy, la universidad ha tenido que vérselas con otra dictadura que la ha sometido al asedio presupuestario, la represión, la judicialización de sus luchas y la interrupción de su democracia, y que ha acabado con la calidad de vida de la comunidad universitaria. Sin embargo, seguimos celebrando los 5 de diciembre el DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO, en ratificación del principio de autonomía y de nuestro compromiso con la defensa de la universidad venezolana autónoma, democrática, popular y de calidad.

En Venezuela, un profesor de una universidad pública no puede vivir de su trabajo académico, independientemente de su dedicación y de su escalafón, porque no hay salario en las universidades públicas. La remuneración que contemplan las tablas que terminaron de imponerse a partir del paquete y la reconversión de agosto de 2018, y que se siguen ajustando por decreto, oscilan entre los 4 y los 10 dólares AL MES, de tal manera que eso es un fingimiento de salario.

Los profesores universitarios hemos sostenido la educación superior como un voluntariado, en un compromiso loable pero que no es sustentable. Los universitarios debemos sobrevivir con otras fuentes de ingreso que van desde la venta de los bienes personales, al ejercicio libre de la profesión sin seguridad social de ningún tipo, y al apoyo familiar.

Desde el mes de marzo de este año, la realidad del desarrollo de la pandemia por COVID-19 en el país nos ha llevado a evitar, en la medida de lo posible, las acciones que supongan aglomeración y contacto físico en la calle porque debemos detener la propagación de la enfermedad. La única manera de sobrevivir al virus, en un país con su sistema de salud devastado, es cuidarnos y cuidar a los demás del contagio, aplicando las medidas de distanciamiento y bio-protección recomendadas por los expertos en salud.

A nivel nacional, nuestras asociaciones, junto con las organizaciones sindicales del magisterio, han salido a defender, en varias jornadas de calle, el derecho a la educación y el derecho a un salario digno, dado que el Estado venezolano no garantiza la educación en ninguno de los subsistemas. Pero no hemos propuesto un plan que suponga grandes movilizaciones porque, evidentemente, no están dadas las condiciones para hacerlo.

La lucha por salario digno, sin embargo, se sostiene. Hay dos grandes banderas que los universitarios hemos enarbolado en los últimos años de cara al país, que son la lucha por la libertad y la lucha por la dignidad. La lucha por la libertad es la lucha por la democracia para que haya diálogo social, lo que supone la discusión entre las partes de las condiciones de trabajo y remuneración; para que el pueblo venezolano pueda decidir su destino, y para que el país tenga instituciones que respondan a las demandas de la sociedad, ya que las que teníamos han sido totalmente destruidas: en Venezuela, no hay división de poderes; aquí no hay una sola institución que le responda al pueblo venezolano por sus justas demandas.

La lucha por la dignidad es la lucha por el salario digno, por la educación de calidad, por el derecho a la salud, el ambiente sano, la seguridad social y personal, y servicios públicos permanentes. Es decir, es la lucha por garantizar condiciones dignas de existencia para todos los venezolanos. Esa lucha la hemos desarrollado de común acuerdo con otros sectores laborales y con otras organizaciones sociales pues sabemos que aislados no acumulamos la fuerza suficiente para lograr que en este país se entienda que el problema fundamental de la hambruna generalizada es la disminución drástica del ingreso familiar y el abandono total de sus responsabilidades por parte del Estado. El Estado se retiró, se fue, solo existe para reprimir, pero no garantiza ni uno solo de nuestros derechos fundamentales.

En consecuencia, convocamos a la lucha por la recuperación del salario, que en nuestro caso significa la reivindicación del valor real de las tablas del año 2001, porque ese es el salario digno que le corresponde al profesor universitario. Y hacemos un llamado a la lucha por la democracia y la restitución de la soberanía popular, es decir por elecciones generales competitivas y libres.

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Caracas, 05 de diciembre de 2020

FAPUV SALUDA A LOS ESTUDIANTES EN SU DÍA

FAPUV SALUDA A LOS ESTUDIANTES EN SU DÍA

Hace 63 años, los estudiantes de educación media y los estudiantes universitarios se rebelaron contra la dictadura perezjimenista con la huelga estudiantil y las acciones de calle impulsadas por el Frente Universitario. La protesta fue reprimida duramente por los cuerpos policiales y la policía política allanó la Universidad Central de Venezuela, detuvo arbitrariamente a numerosos estudiantes y cerró los centros de Educación Superior. Por esta lucha, clave en el derrocamiento de la dictadura, el 21 de noviembre es el Día del Estudiante en Venezuela.

Hoy, como entonces, una tiranía ha cerrado la educación superior en Venezuela. La diferencia es que esta vez no lo ha hecho con uniformados armados sino con la pulverización del presupuesto universitario y la destrucción del salario: el trabajo académico no se remunera en Venezuela.

La pandemia por COVID-19 ha llevado a las universidades del planeta a explorar y adaptar sus planes de estudio a formas de enseñanza a distancia y en línea.  En Venezuela, la respuesta se ha limitado a declaraciones oficialistas hueras de llamados a clase y repartición de cupos sin garantizar las condiciones materiales indispensables para que el derecho a la educación universitaria de calidad, consagrado en la Constitución, se haga realidad.

La reprogramación del período académico interrumpido por la pandemia por parte de los consejos universitarios debe garantizar la calidad de la educación, el desarrollo de la investigación científica y los derechos de profesores, estudiantes, empleados y obreros, activos y jubilados. Al movimiento universitario le corresponde unirse en la lucha por la restitución de estos derechos. Y en esa unidad, debe privar la defensa de la educación de calidad para todos. Educación de calidad con equidad es la consigna.

La brecha de la equidad se amplió con la Covid-19. En estas circunstancias, una política académica que no considere la realidad social del país puede empujar a los estudiantes más vulnerables al abandono, por fallas en los servicios, carencia de internet y equipos, y profundización de la pobreza en el hogar, y aumentar la exclusión considerablemente. Similar situación vive la comunidad profesoral nacional, con mayor dificultad en el interior de la República, y en general, con poco acceso a servicios permanentes de agua, electricidad e internet, y a los bienes materiales y culturales indispensables para el trabajo académico.

La apertura de los nuevos períodos académicos debe garantizar el acceso de todos nuestros estudiantes y la participación de todos nuestros profesores. Porque la universidad no se va a salvar con una política de ir dejando en el camino a los estudiantes que no tienen los recursos para acceder a una clase en línea. No se va a salvar con una política de abandonar en el camino a los profesores que no tienen el equipo, ni los servicios, ni ingresos económicos alternativos al salario para seguir sosteniendo la educación universitaria sobre sus hombros. Eso sería vaciar a la universidad de talento y de relevo.

Unamos nuestras fuerzas para volver a las aulas preservando la dignidad de nuestros estudiantes, la dignidad de nuestros profesores, empleados y obreros, y la calidad de nuestra educación.

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Caracas, 21 de noviembre de 2020

A LA CALLE POR SALARIO DIGNO Y EDUCACIÓN

 El Estado venezolano es el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación

El derecho a la educación es un derecho social fundamental. Su reconocimiento como tal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) obliga a los órganos del poder público a garantizar su cumplimiento. Desde que en septiembre de 2018 la Asamblea Nacional reconociera la emergencia humanitaria de la educación en el país, nada se ha hecho en la esfera pública para afrontar esta situación, que ha empeorado al punto de que el Estado no ha podido garantizar la apertura del nuevo ciclo académico en ninguno de los subsistemas.

Esta situación ha sido suficientemente denunciada por FAPUV y por las federaciones independientes del magisterio que hemos demostrado la imposibilidad material de reinicio de actividades debido a la política gubernamental de desinversión en la educación y desalarización, la cual ha llevado a la ruina a los entornos escolares y ha dejado sin sustento a las familias de los educadores del país.

Con la COVID-19, la falta del servicio constante de fluido eléctrico y de internet en vastas regiones del territorio nacional y la carencia de equipos adecuados para maestros, profesores y estudiantes, se han sumado a los factores determinantes que imposibilitan la vuelta real a clases de las amplias mayorías.

Los educadores del país hemos unido esfuerzos para llevar a la calle este clamor que no está siendo asimilado por la sociedad en su exacta dimensión. Dejar sin educación pública a un país entero es un hecho gravísimo, eso es lo que ocurre hoy en Venezuela y no hay respuesta.

Como continuación de las acciones por el derecho a la educación y al salario digno, convocamos a la jornada de protesta pacífica de mañana miércoles 04-11-2020, organizada por el sector educación y el sector salud de manera conjunta, con concentraciones y movilizaciones en todos los municipios del país. Instamos a participar en ella, atendiendo todas las medidas de bioseguridad.

¡SALARIO DIGNO PARA EL REINICIO DE CLASES!

¡CONVOCAMOS AL PAÍS A DEFENDER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS!

JUNTA DIRECTIVA

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QUÉ BLOQUEA LA “LEY ANTIBLOQUEO”


Con la llamada Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, presentada y aplaudida el 01-10-2020 en la “Asamblea Nacional Constituyente”, y publicada en Gaceta Oficial el ejecutivo nacional pretende formalizar su desconocimiento del orden jurídico vigente incluida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con el objetivo de apropiarse, junto con sus aliados y operadores nacionales y transnacionales, de todos los activos y empresas de la Nación, comprometiendo la soberanía nacional, porque, al parecer, todo lo saqueado hasta ahora del erario nacional, no les parece suficiente. La industria petrolera, las tierras, empresas básicas, de servicios, agroindustria, etc., todo, absolutamente, podrá pasar a sus manos con esta nueva tramoya.
El mencionado instrumento no tiene ninguna legalidad, ya que la ANC que lo sancionó carece de legitimidad, y dado que la única Asamblea con competencia para aprobar leyes en Venezuela es la Asamblea Nacional, la cual ya se pronunció en su contra y lo declaró nulo.
En el referido instrumento ilegal, se desconoce el artículo 58 sobre el derecho a la información, toda vez que se establece que solo la Contraloría y el Poder Judicial podrán tener acceso a informaciones confidenciales, las cuales son nada menos que “cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que considere el ejecutivo, el cual controla a ambas instituciones.
Así mismo, viola otros artículos fundamentales de la CRBV tales como: el 131, que establece el
principio de legalidad; el 150, que establece la obligatoriedad de aprobación por parte de la Asamblea Nacional de los contratos de interés público nacional; el 302, que reserva al Estado la explotación de riquezas estratégicas como petróleo y otras de interés público; el 312, que limita el endeudamiento público; el 314 que ordena que no se harán gastos que no se hayan previsto en la Ley de Presupuesto; el 334, sobre la competencia para la desaplicación de normas de rango legal, entre otros.
Esta mal llamada Ley está formulada de tal manera que le da poderes infinitos y absolutos a Miraflores, además de un presupuesto paralelo e inauditable. ¿Qué pueden privatizar y qué no? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores de las empresas que les “vendan” a sus amigos a precios de gallina flaca? Lo que ella bloquea claramente son los intereses nacionales y los derechos laborales, cuya desaplicación de hecho ya tiene en la miseria al 90% de los venezolanos, y podrá ser formalizada con las facultades absolutas para ‘desaplicar’ normas legales y decisiones judiciales que el Ejecutivo se auto-confiere con esta mal llamada ley. De ese modo, le garantizarán mano de obra calificada, barata y esclava a las transnacionales aliadas. Una vuelta al siglo XIX, pero con trabajadores alfabetizados y formados.
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¿Reiniciar, ha dicho usted?


Víctor Rago A.

El Consejo Universitario y los Consejos de Facultad en más de una ocasión han
pedido a las escuelas, institutos y otros órganos académicos y de gestión administrativa
información actualizada sobre sus condiciones para retomar la actividad en la Universidad
Central de Venezuela. Desde el ámbito en que me desenvuelvo –la Escuela de Antropologíaveo las cosas de la siguiente manera. Los departamentos de la escuela han respondido a una
consulta del director sobre el denominado «reinicio» señalando que no están en condiciones
de reanudar los quehaceres académicos por medios telemáticos –las funciones in situ han
sido de momento descartadas por el propio Consejo Universitario- en una escala y de una
forma que haga de ellos algo equivalente al régimen presencial, en términos de resultados
pedagógicos, estándares de calidad y garantías de equidad. Algunos departamentos no han
todavía dado a conocer su opinión, pero parece previsible que coincidan con los que ya
respondieron. Las razones están a la vista: o bien no se dispone de acceso estable a internet
o bien se carece de él, no se cuenta con el equipamiento necesario, no hay condiciones locales
adecuadas (el hogar fungiría de gabinete de trabajo), el servicio eléctrico está sujeto a
discontinuidad frecuente, otros servicios básicos se reciben precariamente, no se está
suficientemente formado en la didáctica de educación a distancia, etc., etc. Estas limitaciones
actúan de modo similar en lo que a los estudiantes se refiere.
Con escrupulosa pudibundez, las autoridades universitarias y decanales (y la mayor
parte de las que siguen en la jerarquía directiva) regatean mencionar en el necesarísimo
primer lugar una limitación adicional cuyo efecto no obstante es decisivo para el apropiado
desempeño de las obligaciones académicas: la misérrima remuneración del profesorado. Se
comprende con facilidad que este no se muestre muy entusiasta por cumplir tareas laborales a
cambio de un ingreso que no supera la centésima parte del que debería percibir y no alcanza
a cubrir las necesidades esenciales de la persona, menos aún de su familia. Esta actitud
encuentra además firme amparo en la posición que han adoptado los gremios universitarios
a propósito de la indigencia salarial y la presión para el «reinicio». La Federación de
Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ha sido categórica en este
particular. E igualmente la Asociación de Profesores de la UCV en numerosas declaraciones
públicas extensamente difundidas (así como otras organizaciones gremiales y sindicales
universitarias no académicas).
No sería sensato, sin embargo, oponerse de plano a que la universidad, sus facultades,
escuelas, institutos y demás cuerpos vinculados a la investigación y la docencia lleven a cabo
ciertas actividades y estimo razonable que cada universitario contribuya en alguna medida a
que así sea, dentro de las limitaciones arriba indicadas y con la flexibilidad que estas exigen.
Es el caso, por ejemplo, de tutorías y otras formas de asesoramiento, discusión de tesis
estudiantiles, profesorales y trabajos de ascenso, conferencias, foros, grupos de discusión,
talleres sobre temas académicos u otros de valor institucional, quizás alguna producción
editorial y otras modalidades de difusión de conocimientos, etc., etc. Por lo demás, cada quien
debe gozar de la posibilidad, por reducida que sea, de organizar su tiempo y administrar sus
energías para la lectura, el estudio y la investigación destinados a satisfacer sus propios
intereses intelectuales y profesionales, lo cual a la postre siempre redundará en beneficio de
la institución.
De otro lado, la comunidad académica (y aun la comunidad universitaria en general)
debería dedicar una parte significativa de su esfuerzo a la consideración de asuntos capitales
para la institución no determinados, aunque sí obstaculizados y complicados, por la
pandemia. Estos asuntos, concernientes a la tensión entre cometidos permanentes y sentido
contemporáneo de la universidad, conforman una agenda que con tenacidad digna de mejor
causa ha sido reiteradamente eludida por quienes deberían ponerla en práctica. No hay que
escrutar demasiado para darse cuenta de que tales cuestiones representan hoy por hoy un
gravoso pasivo que exige sin dilación el ejercicio crítico de las capacidades reflexivas y
deliberativas de la universidad, señaladamente de su cuerpo de profesoral.
La situación en su conjunto debería también ser correctamente entendida por el
alumnado. Se comprende que este se encuentre ansioso por proseguir con su formación pero
no es algo que pueda hacerse de cualquier manera. Pretender «recuperar el tiempo perdido»
es ingenuo e irresponsable si los procedimientos que hubieran de implementarse no
garantizaran la calidad académica y la inclusión necesarias. Debemos ciertamente acoger con
beneplácito todas las iniciativas estudiantiles encaminadas a preservar la solvencia
académica pero por ningún respecto hay que transigir con las que aun invocando el derecho
al estudio la erosionen o comprometan. Para todos ha de estar meridianamente claro que las
causas de que aquel derecho sea de difícil cumplimiento en la universidad pública venezolana
actual son ajenas al profesorado e imputables en cambio a factores cuyos patentes orígenes
nos dispensan de su mención en esta oportunidad.
Por lo que toca a las autoridades, les compete ineludiblemente formular directrices
tan claras como sea posible para que, salvadas las diferencias locales de una facultad y de un
espacio académico particular a otro, la institución universitaria pueda funcionar con un grado
razonable de sentido unitario. El papel de los responsables de la conducción institucional en
los diferentes niveles no consiste, como con frecuencia parecen creer algunos a pie juntillas,
en el empeño de que haya imperativamente clases y otras actividades, sino en dictaminar a
partir del examen atento de las condiciones prevalecientes qué es factible y qué no lo es.
Naturalmente, para ello deben contar con el insumo de las más variadas fuentes (cátedras,
departamentos, escuelas, institutos de investigación, departamentos administrativos…) y con
la opinión de profesores, estudiantes y empleados. Pero su propia responsabilidad en cuanto
autoridades, especialmente en el caso de las rectorales y decanales, les exige encabezar sin
titubeos la evaluación de la situación y asumir con decisión la tarea de diseñar las medidas
generales y específicas que dicha situación demande, contando –hay que repetirlo- con el
concurso de los diferentes sectores universitarios a los cuales habría que convocar sin
distinciones discriminatorias. Conviene recordarlo porque pudiera ser que en amplios
sectores del profesorado se haya estado incubando últimamente la fundada impresión de que
no es esto lo que acontece.
Me permito insistir para finalizar en que la cuestión remunerativa del personal
académico (así como del sector administrativo e incluso de los estudiantes en lo que respecta
a becas y otros beneficios materiales consagrados normativamente en la vida universitaria)
constituye parte central de dicha evaluación. Más allá de su necesidad legal y su significación
moral, la apropiada remuneración del profesorado tiene un impacto directo en la calidad del
ejercicio docente e investigativo: no cabe esperar rendimientos óptimos en la producción
científica y en la formación de profesionales con profesores cuyo ingreso los reduce a un
estado paupérrimo. Tampoco cabe esperarlos en las funciones de gestión institucional (cargos
de autoridades universitarias, decanales, de dirección y coordinación de postgrados, escuelas,
institutos…), pero en este caso las «primas de responsabilidad», así llamadas, han constituido
un paliativo, aunque el procedimiento de su institución sea cuestionable. No parece haber
justificación para que quienes las perciben (fracción minoritaria del cuerpo académico)
apremien machaconamente –de vez en cuando apelando a motivaciones éticas como para que
les remuerda la conciencia- a quienes desde hace mucho tiempo trabajan en abusivas
condiciones infrasalariales, depauperados por la implacable política gubernamental
antiuniversitaria que ha liquidado tanto la mayoría de los programas académicos esenciales
como las condiciones de vida de quienes deben instrumentarlos para que la universidad
merezca ese nombre.

12 octubre 2020

NO HAY GARANTÍA DE REGRESO A CLASES

Nicolás Maduro y César Trómpiz han anunciado el reinicio de clases para el 16 de septiembre bajo el “Plan de Universidad en casa” y han planteado que en el mes de octubre podría considerase la vuelta a clases bajo la combinación de la modalidad presencial con la educación a distancia. Al respecto, debemos señalar que el calendario académico lo define la universidad autónoma y que la activación de un nuevo período académico no es posible sin salario suficiente, bajo ninguna modalidad.

En las actuales circunstancias de vulneración de nuestros derechos humanos, en las que el supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida, y en las que la COVID-19 se ha sumado al hambre generalizada y a la situación de colapso de las universidades que ya se tenía, los universitarios estamos viviendo una verdadera tragedia y no hay condiciones para el reinicio de actividades.

La Universidad venezolana, sometida a dos décadas de cerco presupuestario, de persecución judicial a su autonomía, de violencia política y criminal, lleva ya varios años funcionando gracias a los universitarios que, a pesar de la pulverización del salario, hemos asumido la defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología y el derecho a la educación en Venezuela. No vamos a renunciar a ese propósito, pero el gremio profesoral no puede sostener a las universidades. Sencillamente, no podemos.

El reinicio de actividades académicas pasa por garantizar a los universitarios un ingreso suficiente, y un sistema de seguridad social que funcione pues el hambre y las enfermedades hacen estragos en la comunidad universitaria. Pasa igualmente por revertir la destrucción del sistema de bienestar estudiantil, pues en este contexto de emergencia social y pandemia se amplía cada vez más la brecha de inequidad en el acceso a la educación por razones de carácter socioeconómico. Pasa por la discusión de las nuevas condiciones de trabajo que se plantean tanto para la educación a distancia como para la modalidad presencial en virtud del problema sanitario y de servicios existente en el país. Y pasa por la readecuación de los espacios universitarios y la dotación a los profesores universitarios de los equipos y servicios necesarios para cumplir con la modalidad virtual.

Con el discurso sobre el plan Universidad en casa y ahora con el llamado a clases semipresenciales, el ministerio está aparentando ante el país y ante el mundo que garantiza la educación universitaria, porque reparte cupos y órdenes, cuando la cruda realidad es que no están garantizando absolutamente nada. La realidad es que han secuestrado los recursos de funcionamiento y de salario de las universidades, y pretenden que ellas se reactiven a costa de nuestros derechos y de nuestras vidas. Ni siquiera han sido capaces de evitar los actos diarios de vandalismo y robos en las distintas universidades del país durante la cuarentena.

Por tal motivo, y luego del análisis por parte de nuestras asociaciones de la situación en cada una de sus instituciones, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) reunida en sesión extraordinaria el día 07-09-2020, acordó por unanimidad dirigirse a las autoridades universitarios, a nuestras bases profesorales, a los demás sectores de la comunidad universitaria, al país y al mundo, a fin de hacer de su conocimiento las condiciones indispensables para que se pueda iniciar un nuevo período académico en nuestras universidades.

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

SALARIO:

Para el reinicio de actividades demandamos la discusión con el gremio de nuevas tablas salariales, definidas en dólares aunque se paguen en bolívares, y por encima del costo de la canasta básica familiar definida por el CENDAS.  Las asociaciones de profesores han entregado a sus autoridades la propuesta de tablas salariales de FAPUV, elaborada con base en las Normas de Homologación, cuya plena vigencia reivindicamos, en virtud del principio de progresividad de derechos laborales.

SALUD

  • COVID-19: Dado que no tenemos seguro, y que siempre existe el riesgo de contagio en la universidad, se debe considerar la COVID-19 como enfermedad ocupacional. En consecuencia, la universidad cubrirá en su totalidad los costos del tratamiento, la atención hospitalaria y médica, de cualquier universitario que asista al campus por razones de trabajo y resulte positivo para COVID-19.
  • HCM:  Restitución de los recursos para un sistema de salud que se corresponda con el gasto real en Venezuela. Cobertura en HCM acorde con la realidad.
  • IPP: Pago de los recursos de previsión a los IPP, establecidos en los acuerdos federativos, los cuales están plenamente vigentes.

DIÁLOGO SOCIAL:  Se requiere una agenda de negociación entre cada universidad y su asociación para producir acuerdos suscritos por las partes en relación con las nuevas condiciones de trabajo y actualizar las actas convenio.

Se abrirá un canal de comunicación permanente entre el gremio y las autoridades

Reivindicamos la vigencia de las Normas de Homologación, cuya aplicación fue suspendida unilateralmente. Se deberá instalar la discusión de un mecanismo de recuperación del salario con base en las Normas de Homologación.

Se deberá instalar, igualmente, la discusión sobre el cálculo y pago de deudas por distintos conceptos con los profesores universitarios

PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: Además de salario suficiente, se deben garantizar las siguientes condiciones:

  • Cada profesor debe recibir la canasta básica de tecnologías propuesta por la CEPAL integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, o los recursos para adquirirla, de acuerdo con el cálculo hecho por el CENDAS. El plan de conexión debe incluir modem y router.
  • Acceso a internet con el mejor ancho de banda posible. Entre un 15 y un 20% de profesores universitarios de la región central, y alrededor de un 50% en los estados fronterizos, no tienen acceso a internet, dado que CANTV no llega a todos los hogares y no disponen de recursos para contratar con proveedores privados del servicio. Se deberá establecer un pago mensual por este concepto para todos los profesores que atiendan cursos en línea.
  • Actualización de la formación en entornos virtuales y apoyo técnico.
  • El plan de racionamiento eléctrico deja a los hogares, sobre todo en el interior del país, a veces hasta 12 horas sin el servicio, lo que le impide a profesores y estudiantes cumplir con la programación y daña los equipos. Para la educación a distancia es indispensable que se garantice un servicio eléctrico continuo.

PARA LA EDUCACIÓN PRESENCIAL: En este momento, las clases presenciales están descartadas. Para proteger la vida de estudiantes y profesores, empleados y obreros, solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la COVID-19.  Hacemos un llamado a la conciencia de los universitarios a no ceder en esto. Se deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:

  • Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad y la Locymat.
  • Implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de equipos de protección personal. De no mantenerse la dotación de equipos de bioseguridad y materiales de limpieza no se seguirá laborando de manera presencial
  • Higiene y limpieza a fondo de las instalaciones universitarias.
  • Reparación de baños y dotación de agua corriente permanente
  • Grupos pequeños de estudiantes, salones amplios y aireados, y escalonamiento.
  • Transporte y regularización del suministro de combustible
  • Mantenimiento de infraestructura y seguridad en el campus, ya que durante la cuarentena han ocurrido por lo menos 139 incidentes de inseguridad y vandalismo.
  • Habilitación del servicio de comedor.

CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO: Proponemos que losconsejos de escuela, facultad y universitario, aborden la discusión de estrategias para la defensa y relanzamiento de la universidad autónoma, que incluyan:

  • la actualización de sus reglamentos,
  • la democratización de la vida universitaria,
  • la captación de donaciones,
  • la generación de ingresos propios,
  • el rescate inmediato de institutos y centros de investigación para la producción del conocimiento científico.

La educación pública es responsabilidad del Estado. La situación en el subsistema público de educación básica en el país tiene muchos elementos en común con la de nuestras universidades. No hay, por ende, garantía de acceso a la educación pública en Venezuela en ninguno de sus niveles para el próximo período académico. Acabaron con la educación pública y hacen convocatorias a clases sin garantizar nada. No podemos permitir, como sociedad, que se aparente la prestación de un servicio fundamental como lo es la educación, mientras a nuestra juventud se le niega en la práctica el acceso y se atenta contra el derecho a la vida de los docentes. En la educación y el trabajo, está la clave para la superación de la emergencia social en Venezuela, la realización individual, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el impulso de una nueva estrategia de desarrollo. Esta lucha no es solo de los universitarios o de los maestros. Es de la sociedad en su conjunto.

¡SALARIO DIGNO PARA EL REINICIO DE CLASES!

¡CONVOCAMOS AL PAÍS A DEFENDER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS!

JUNTA DIRECTIVA

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS

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