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INFORME DE REUNIÓN DE LAS FEDERACIONES UNIVERSITARIAS AUTÓNOMAS MAYORITARIAS Y EL MPPEU

El pasado viernes 19 de marzo de 2021 se realizó en el centro de la ciudad de Caracas, en la esquina El Chorro, frente al edificio de los ministerios, una protesta impulsada por los gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en rechazo a la migración de la nómina Universitaria al sistema Patria, impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). En el desarrollo de la protesta, el viceministro Domiciano Graterol hizo acto de presencia y planteó una reunión con los gremios para el martes 23-03-2021 a las 2 de la tarde.

La reunión tuvo lugar en la sede de la misión Ribas, detrás de los ministerios, con adecuadas medidas de bioseguridad. En ella participaron:

David Mendoza, por los Sindicatos No Federados

Adrián Bolívar, por FENASOESV

Deyanira Romero, por FETRAESUV y SINATRA-UCV

Argelia Castillo, por FENASIPRUV y APUFAT

Gregorio Afonso, por APUCV

Keta Stephany, por FAPUV

En la reunión se abordaron tres puntos fundamentalmente:

1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria

2) Situación universitaria

3) Seguridad social de los universitarios

1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria

Todas las federaciones presentes coincidieron en su rechazo a la decisión unilateral del ministerio de llevarse la nómina universitaria al sistema Patria. Se destacó el rango constitucional de la autonomía universitaria que está siendo violada con esta medida y se demandó que se revierta y que las universidades continúen manejando la nómina y pagando los salarios. Los representantes de las distintas federaciones fueron muy críticos en relación con la forma como se impuso la migración de la nómina, por su carácter unilateral y compulsivo, y señalaron que esa medida unilateral también es violatoria del derecho a la libre asociación, ya que las federaciones autónomas mayoritarias no fueron consultadas y se ha involucrado a la ftuv, federación minoritaria, carente de representatividad.

Se denunció que con la ejecución abrupta de la medida se han violentado los acuerdos institucionales referidos a los aportes y retenciones para los organismos previsionales:  Cajas de Ahorro, IPP, Fondos Mutuales, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, etc. Así mismo, que se han generado gran cantidad de reclamos de profesores, empleados y obreros, porque no han cobrado o los depósitos no se corresponden con la mínima tabla vigente, y que el sector de jubilados ha resultado particularmente afectado.

Se alertó en el sentido de que esta política, violatoria del marco constitucional y legal, no ayuda a resolver ni uno solo de los graves problemas que sufre hoy la universidad venezolana y solo genera un mayor caos y profundiza la catástrofe humanitaria de la comunidad universitaria.

Finalmente, la petición unánime de las federaciones universitarias fue demandar que se revierta la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria. El viceministro se comprometió a transmitir dicha demanda a sus superiores, ya que no está facultado para tomar esa decisión.

2) Situación universitaria

Se planteó la crítica situación de las universidades. Se subrayó la imposibilidad de la mayoría de los estudiantes de acceder a las clases en línea y la imposibilidad de profesores, empleados y obreros de seguir financiando la educación pública universitaria con trabajo voluntario, debido a la pulverización de los salarios. Se señaló el fracaso del plan universidad en casa por falta de servicios, equipos y remuneraciones indispensables y la necesidad de garantizar la vacunación de estudiantes, obreros, empleados y profesores universitarios, las condiciones adecuadas en los espacios universitarios, salarios y servicios estudiantiles, para volver a la presencialidad. Se planteó la necesidad de abordar esta grave situación en diálogo tripartito entre autoridades universitarias, organizaciones gremiales y sindicales de universitarios y ministerio, para generar soluciones con la urgencia que el caso lo amerita

El viceministro se comprometió a llevar los planteamientos al ministro con la propuesta de instalación de una mesa de discusión sobre salario, una mesa de discusión sobre vacunación y una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación pública universitaria, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio, para producir soluciones compartidas.

3) Seguridad social

Se denunció el fracaso de la política de centralización de los recursos a través del SISMEU que ha dejado a los trabajadores universitarios sin HCM, sin servicio médico y sin servicio funerario. Se planteó la necesidad de fortalecer los IPP y de fortalecer sistemas institucionales internos de salud de las universidades. Se recordó la gran cantidad de propuestas que han generado las federaciones y que han sido desestimadas por el ministerio. Y se demandó atender el tema de la salud y la seguridad social con carácter de emergencia en virtud de la grave situación que viven los universitarios, la proliferación de fallecimientos y de solicitudes de ayuda por contingencias de salud.

El viceministro se comprometió a llevar estos planteamientos al ministro con la solicitud de instalación de una mesa sobre seguridad social, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio para buscar soluciones urgentes a la emergencia en salud en el sector universitario.

Conclusiones

El viceministro va a elevar las demandas de los universitarios a instancias superiores y traerá respuesta a la brevedad sobre los siguientes planteamientos:

1) Que se revierta en lo inmediato la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria.

2) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre salario para producir una nueva tabla salarial de común acuerdo entre las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.

3) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación universitaria para el impulso de iniciativas y políticas que permitan la reactivación de las universidades.

4) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica para la vacunación de todos los miembros de la comunidad universitaria nacional con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.

5) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica sobre seguridad social con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio en función de garantizar el servicio médico, HCM, servicio funerario y demás programas previsionales en el sector universitario.

 Keta Stephany

Secretaria de Actas, Memoria e Información

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En su cumpleaños 43, la UNELLARG sigue luchando por su autonomía

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La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) fue creada el 25 de julio de 1977 por Decreto Presidencial de la República de Venezuela. Funciona en el estado Guárico, con sede principal en San Juan de los Morros, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Salud, Agronomía, Odontología, Ciencias Económicas, Ingeniería de Sistemas, (Ingeniería, Arquitectura y Tecnología) y Ciencias Jurídicas y Políticas; y otra sede en Calabozo, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Educación, Humanidades Letras y Artes.  Tiene núcleos en Zaraza, Valle de la Pascua y Altagracia de Orituco.

En la década de los años 70 del siglo XX, como respuesta al movimiento de renovación universitaria que cobraba fuerza en las universidades autónomas, el gobierno venezolano impulsó un sistema paralelo, con la creación de las Universidades Nacionales Experimentales, las cuales no gozaron de autonomía, reservándose el Ejecutivo Nacional la potestad de nombrar sus autoridades, hasta que lograran, con el correr del tiempo y después de sortear un sinfín de obstáculos, que se les concediera la autonomía y el derecho a elegir sus autoridades. Una de las Universidades experimentales así creadas, es la UNELLARG.

La UNELLARG logró que se le reconociera el derecho a elegir sus autoridades, pero fue intervenida a inicios del primer gobierno de Hugo Chávez. El Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra la autonomía universitaria. Este principio fundamental fue vulnerado cuando se decidió la intervención de instituciones universitarias y la violación de sus normativas. En 1999, fue intervenido el proceso de democratización de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) y luego, en orden cronológico, fueron intervenidas la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

En el caso de la UNELLARG, en marzo de 1999, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Prof. Héctor Navarro, derogó el Reglamento vigente de la Universidad, por Resolución 19 de ese Ministerio; suspendió el proceso electoral en curso, y designó Rector interino por 6 meses, con el compromiso de elaborar un nuevo Reglamento para la realización de elecciones democráticas. Un año después, por Resolución 55 de fecha 22 de marzo de 2000, se dictó un nuevo Reglamento, publicado en Gaceta Oficial N° 36.917 de fecha 23-03-2000, en cuyo capítulo II, sección segunda, artículos 7° y 9°, se establece que Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario General serán nombrados por el Presidente de la República por órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Las comunidades de las universidades intervenidas han sido víctimas de persecuciones, medidas represivas y vejaciones por parte de las autoridades impuestas, y no han dejado de exigir democracia y autonomía; no obstante, durante 20 años no se les ha permitido elegir a sus autoridades, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente N° 0445, de fecha 20-07-2000, ordenó al Ministerio dictar, en un lapso no mayor de seis (6) meses, la normativa que permitiera la participación de las comunidades universitarias de las instituciones intervenidas, en la elección de sus autoridades.

En la UNELLARG, a pesar de la cruenta represión por parte de las autoridades interventoras, el profesorado  ha seguido reclamando autonomía, democracia y condiciones de trabajo y de vida dignas.

 

FAPUV RECHAZA NUEVA ESCALADA CONTRA LOS DERECHOS LABORALES DE LOS UNIVERSITARIOS

La implementación del ajuste de las tablas salariales, luego del ajuste de salario mínimo, se ha convertido en una sucesión de atropellos y violaciones a la Constitución y a todas las leyes y demás instrumentos que regulan el trabajo en el sector universitario.

Lejos de responder a los justos reclamos y protestas de los universitarios que se suscitaron apenas se conoció el instructivo enviado a las universidades para la aplicación del ajuste, cuya ilegalidad y anticonstitucionalidad fue denunciada por FAPUV en su Cartelera de marzo de 2022, así como por nuestras asociaciones de profesores, la ONAPRE y la OPSU se dedicaron durante todo el mes de abril a jugar con los derechos laborales, con las nóminas y con las necesidades acumuladas de los universitarios, al punto de que, en varias instituciones, en la segunda quincena de abril se pagaron montos de alrededor del 50% de lo cancelado anteriormente.

De nada han valido las reuniones de autoridades, técnicos de las universidades y directivos sindicales y gremiales con la OPSU; para nada han tomado en cuenta las denuncias públicas de los universitarios, donde se demuestran y documentan punto por punto las violaciones a los derechos laborales progresivos e intangibles en las máximas casas de estudio. La intransigencia y prepotencia gubernamental alienta que cualquier funcionario ministerial se sitúe por encima de la Constitución y las leyes de la República y atropelle a su antojo a nuestras comunidades.

A este grave abuso con las tablas salariales, se suma el desconocimiento por parte del gobierno de la deuda social con miles de jubilados. La instrucción emitida para actualizar el pago de las prestaciones sociales de los jubilados entre 2018 y 2022, y el anuncio dado el primero de mayo de un bono para los jubilados de la administración pública de dicho período, constituye un desconocimiento descarado de la deuda por prestaciones sociales en las universidades cuyos jubilados de toda la última década no han recibido el pago de sus prestaciones. El recálculo de las prestaciones y la compensación por el daño patrimonial causado a nuestros jubilados deben ser universales.

El secuestro de la nómina universitaria a través del sistema Patria ha servido como alcabala para expropiar los aportes y retenciones de nuestros agremiados que se descuentan de los salarios, pero no llegan a su destino: cajas de ahorro, institutos de previsión y asociaciones de profesores.

Llamamos a mantener la movilización y la lucha por nuestros derechos laborales y a agotar en todas las universidades la instancia administrativa en la formulación de nuestros reclamos, para proceder a la vía judicial si es necesario

Junta Directiva

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NO MÁS SALARIOS DE HAMBRE: ¡SE IMPONE TOMAR LA CALLE!

La Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela FAPUV rechaza el instructivo ilegal que, con ocasión del decreto unilateral de ajuste del salario mínimo, se ha enviado a las universidades públicas para la elaboración y pago de la nómina, el cual fue elaborado a espaldas de la comunidad universitaria y de sus federaciones mayoritarias, violando el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

En dicho instructivo, el ejecutivo nacional impuso, una vez más, la reducción de las interescalas, de las primas y demás beneficios con carácter salarial del sector universitario, de manera unilateral y arbitraria, completamente al margen de la ley, y violando la progresividad e intangibilidad de los derechos y beneficios laborales (art. 89 de la CRBV) así como convenios internacionales de protección del trabajo suscritos por Venezuela tales como el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

En relación con las tablas salariales, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) redujo la distancia entre cargos (inter-escala) de obreros y empleados administrativos, generando la disminución en alrededor del 40% de los salarios de todos los sectores. En consecuencia, el profesor titular pasa a ganar lo que sería el sueldo de un profesor instructor si ONAPRE no hubiera mutilado la tabla de la manera en que lo hizo.

Las primas y demás beneficios salarizados que, con la tabla se salario básico constituyen el salario normal, también fueron reducidos a través de la modificación de la fórmula de cálculo. Es así como la prima de actividad universitaria fue reducida de 25% a 12,5% y la prima familiar de 40% a 10%. De la misma manera, la prima doctoral pasó de 60% a 40%, la de Maestría de 50% a 35%, y la prima de Profesor Titular fue eliminada, para desestimular el estudio, el ascenso y el desarrollo de la carrera académica.

El cálculo de la Prima de Antigüedad, que en la universidad se hace multiplicando 2% por el número de años de servicio, fue homologado al de la administración pública, lo que reduce significativamente su monto. No conformes con esta reducción, se le impuso un techo de 30% a dicha prima. La prima de antigüedad es un beneficio que premia la permanencia, destruirlo fomenta el éxodo de los trabajadores de mayor antigüedad, en un momento en que la Universidad venezolana tiene serias dificultades para captar y retener el talento debido a las precarias condiciones de trabajo y remuneración.

Beneficios como becas, prima por hijos, útiles escolares, tan importantes en esta circunstancia en que el salario no cubre ni siquiera la canasta alimentaria, fueron llevados al irrisorio monto de Bs. 12,50 y otros bonos fueron simplemente eliminados.

Con esta arremetida antiuniversitaria, el ejecutivo nacional insiste en su política de destriucción de los derechos constitucionales y humanos a la educación, al trabajo, al salario digno, a la negociación colectiva y a a libertad sindical. En consecuencia, acordamos:

  • Convocar a concentraciones y asambleas intergremiales en nuestras instituciones durante la semana del 27 de marzo al 1º de abril
  • Ratificar que, en ausencia de las condiciones de trabajo y remuneración indispensables para la realización de la actividad académica, NO SE PUEDE OBLIGAR A LOS UNIVERSITARIOS A PRESTAR SERVICIOS.
  • Articular con los demás gremios y sindicatos universitarios, colegios universitarios, organizaciones sindicales de otros sectores laborales y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil la DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
  • Solicitar a los consejos universitarios que aprueben una resolución o acuerdo en el cual reconozcan y ratifiquen la vigencia de la fórmula de cálculo de las primas de antigüedad, doctoral y de maestría, así como la prima de titularidad.
  • Exigir a las autoridades universitarias que, en virtud de la situación de EMERGENCIA HUMANITARIA COMPELJA en nuestras universidades, se ABSTENGAN de perseguir, intimidar, hostigar y sancionar A LAS VÍCTIMAS DE DICHA EMERGENCIA.
  • Introducir una queja formal ante la OIT por violación de los convenios 98 y 87 suscritos por Venezuela.

Junta Directiva

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AUTORIDADES DE LA UCLA SUSPENDEN EL “SUELDO” DE UN GRUPO DE PROFESORES

¡NO AL CHANTAJE!

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza la suspensión del salario de un grupo de colegas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y emplaza a las autoridades a trabajar en mecanismos de reactivación de la actividad académica basados en los principios de justicia, derecho a la vida, a la salud, al trabajo decente y a la libertad sindical.

La respuesta de las autoridades a la crisis no puede ser ir contra los profesores y convertirse en instrumento de chantaje y represión contra una comunidad que ha dedicado su vida a la universidad, que la ha defendido y que hoy se ve materialmente imposibilitada de garantizar la actividad académica normal porque carece de salario, de seguridad social y de los servicios indispensables para ello.

FAPUV ha denunciado nacional e internacionalmente esta grave situación que amenaza con destruir todo el subsistema de educación universitaria, debido a que el Estado venezolano se ha desentendido de su obligación de financiarlo y ha desviado los recursos de la educación a destinos desconocidos para la Nación. Los profesores universitarios no son responsables de la crisis a la que esta nefasta política estatal ha llevado a nuestras instituciones.

La suspensión del salario es una amenaza directa a la estabilidad laboral. ¿No les parece a las autoridades que es suficiente con que los universitarios hayamos sido despojados de nuestro salario, nuestros ahorros, nuestras prestaciones y nuestra seguridad social? ¿También van a despojarnos de nuestra estabilidad laboral? Esa estabilidad es un elemento fundamental de la carrera académica y garantía de la libertad de cátedra. Se están prestando a suspender el salario de unos colegas asfixiados por la situación de emergencia humanitaria que azota a la mayoría de la sociedad venezolana, y eso es muy grave.

Los profesores objeto de esta medida draconiana de las autoridades de la UCLA tienen todo el apoyo de su asociación y de su federación. FAPUV ha dicho claramente, en repetidas oportunidades y de manera formal, que los colegas imposibilitados de asistir a su actividad académica normal debido a la falta de condiciones salariales y de ambiente de trabajo, NO PUEDEN SER OBLIGADOS. Esta posición del gremio debe ser respetada por todos, empezando por las autoridades que también son agremiados. Lo contrario constituye una grave violación a la libertad de asociación, ya que los colegas actuaron de conformidad con las orientaciones de su gremio e informaron de su situación, en detalle, a las autoridades, las cuales debieron y deben buscar soluciones, no exigir imposibles.

En consecuencia, FAPUV y sus 18 asociaciones acordamos asumir la defensa de nuestros colegas de la UCLA, exhortamos a las autoridades a revertir esa medida, solicitamos una reunión con carácter de urgencia a la AVERU para discutir este punto, convocamos la solidaridad de todos los universitarios e invitamos a las federaciones hermanas a definir un plan conjunto de respuesta a este tipo de situaciones.

Junta Directiva

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Acción universitaria para la restitución del derecho a la educación, los derechos laborales, las libertades ciudadanas y la institucionalidad universitaria.

El Estado venezolano ha impuesto, por la vía de una práctica de ya muchos años, como norma general, someter al hambre y a la miseria a los universitarios, destruir las casas del saber y desconocer sus organizaciones sindicales y gremiales.

Como saldo de 2021 tenemos:

  • la sustitución del derecho a la negociación colectiva por una convención írrita refrendada con una federación paragubernamental antiuniversitaria;
  • el secuestro de las nóminas y con ellas, de las retenciones de los salarios de nuestros agremiados como aporte a sus asociaciones, de los aportes a las cajas de ahorro y de los acuerdos federativos;
  • una nueva reconversión que de la mano con la hiperinflación terminó de liquidar nuestra capacidad de compra;
  • la destrucción de las prestaciones sociales y de la seguridad social;
  • pagos irregulares y a destiempo de los montos impuestos por el mismo gobierno como remuneración a nuestro trabajo;
  • violación de la autonomía universitaria; violación de los recintos universitarios y en especial de la sede de la tricentenaria Universidad Central de Venezuela,
  • y despido indirecto de todo el personal al desconocer el valor del trabajo académico, pulverizar los salarios y convertirlos en humillantes propinas.

Comenzamos un nuevo año sin condiciones, bajo cualquier modalidad, para la docencia de excelencia que nos caracteriza. La sola ausencia de salario determina esa imposibilidad, pero a ella hay que agregarle la deplorable situación de la infraestructura de las universidades, la falta de recursos materiales de las universidades para garantizar la actividad académica, la llegada a Venezuela de la variante Ómicron del Covid-19, altamente contagiosa y cuyos efectos a largo plazo aún se desconocen, y la crisis irresoluta de servicios esenciales de electricidad e internet.

En consecuencia, exhortamos a las autoridades universitarias a reconocer este hecho objetivo, a coordinar con nuestras asociaciones las respuestas necesarias y, sobre todo, a no exigirle imposibles a nuestros agremiados; es indispensable que las autoridades entiendan la situación que están viviendo las universidades y sus trabajadores y busquen soluciones reales que no pueden incluir medidas coercitivas contra una comunidad que ha defendido por años a la universidad y que hoy se encuentra materialmente impedida de cumplir su trabajo en condiciones normales.

Para 2022, no esperamos un comportamiento diferente de parte de la Dictadura, empeñada como está en destruir el pensamiento plural y la educación en todos sus niveles. Está en las manos de los miembros del personal docente y de investigación de las universidades venezolanas, junto al resto de trabajadores y el sector estudiantil, generar rutas para la salvación de la institución universitaria, la recuperación de nuestro poder adquisitivo, la restitución de nuestros derechos sociales y humanos y la recuperación de nuestras libertades

En tal sentido, éste debe ser un año de renovación del liderazgo universitario y del liderazgo gremial, de organización y reunión de la comunidad académica para labrar un camino común de solidaridad, porque los universitarios la estamos pasando muy mal, así como de acción universitaria para enfrentar con éxito la operación sistemática gubernamental de destrucción de la educación en Venezuela.

Junta Directiva

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LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS EDUCAMOS DICTANDO CÁTEDRA Y CON EL EJEMPLO

DÍA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
(05-12-2021)

Hoy, 5 de diciembre, conmemoramos el «DÍA NACIONAL DEL PROFESOR UNIVERSITARIO», en una Venezuela sumida en una gran crisis humanitaria, sociopolítica y económica, que ha afectado gravemente la institucionalidad, los principios y valores, los derechos humanos fundamentales y hasta el derecho a la vida. Situación agravada por la pandemia mundial desde el año 2020.

La Universidad Venezolana ha sido una de las Instituciones sometidas a un ataque desmedido de un régimen nefasto que no tiene ningún interés por la educación del pueblo sino más bien por el oscurantismo, para evitar la formación de mentes críticas, demócratas y libertarias.

Cómo producto de los arteros ataques no solo las universidades se han visto devastadas en su planta física, sino también en la academia.

La docencia, investigación y extensión, las condiciones laborales y la seguridad social de sus comunidades, han sido gravemente afectadas, desmejorando la calidad de la educación universitaria que siempre ha tenido un importante reconocimiento a nivel nacional e internacional.

La violación de la Autonomía Universitaria, con rango constitucional, es una acción que diariamente se cumple desde el Ministerio de Educación Universitaria a través del Consejo Nacional de Universidades bajo la mirada complaciente de un grupo de Rectores designados a dedo para actuar políticamente y llevar la universidad al pensamiento único, contrario a la universalidad y diversidad de pensamiento que la debe caracterizar.

Los PROFESORES UNIVERSITARIOS y todos los miembros de nuestras comunidades hemos resultado empobrecidos, algunos hasta llegar a la indigencia, ante el premeditado objetivo de un régimen que ha logrado profundizar las diferencias políticas y sociales en nuestro país.

Nos corresponde como PROFESORES UNIVERSITARIOS cumplir la función de educar a los hijos del pueblo venezolano pero sin poner en riesgo nuestra vida y la seguridad de nuestras familias.

No podemos permitir que se violenten nuestros derechos porque estaríamos diciéndole a los estudiantes que pueden aceptar la violación de la Constitución.

ABRAMOS CAMINO COLEGAS CON LA SERENA CONFIANZA DE SER PROTAGONISTAS EN LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y DE NUESTRA QUERIDA VENEZUELA

PROF. LOURDES RAMÍREZ DE VILORIA

PRESIDENTE DE FAPUV

«FAPUV SE PRONUNCIA ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA USB»

El pasado 29 de agosto de 2021, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) publicó un comunicado titulado “FAPUV RECHAZA INTERVENCIÓN DE LA USB”, debido a que luego del sensible fallecimiento del Rector Enrique Planchart, el Consejo Directivo de la Universidad Simón  Bolívar  (USB) había designado como Rector interino al Vicerrector Académico impuesto por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 2017, quien no es miembro del personal académico de la USB, violando la Ley de Universidades y el Reglamento de la USB.

En consecuencia, FAPUV hizo un llamado a que se consultara a la comunidad uesebista sobre quién debería ocupar el cargo rectoral.

La Asociación de Profesores (APUSB) envía una lista de 10 profesores, solventes con los requisitos necesarios para ser Rector, al Consejo Directivo de la USB. Está instancia, optó por recomendar, el 14 de septiembre, ante la convocatoria de una sesión del CNU para tratar la situación de la USB por la muerte del Rector,  una lista de 20 profesores, todos uesebistas, los 10  postulados por la representación profesoral, 8 por el representante del Ministro, y 2 del Consejo Directivo.

En sesión extraordinaria del CNU de fecha 16-09-2021, de esa misma lista enviada por el Consejo Directivo, además de nombrar Rector interino, el CNU, con los votos salvados de la USB, UCV, ULA, LUZ, UNEXPO y UCLA tomó dos nombres para designar Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo, aunque en esos cargos no había faltas absolutas.

En tal sentido, la Junta Directiva de la FAPUV, en Reunión Extraordinaria realizada el día viernes 17 de septiembre, acordó RECHAZAR DE MANERA CATEGÓRICA  la designación y juramentación, no ajustada a derecho, de  autoridades, para los cargos de Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo,  de la Universidad Simón Bolívar (USB)

 La verdad es que el gobierno, a través del TSJ, ha impedido, desde 2013, las elecciones libres de autoridades en todas las universidades, agotando las gestiones y proscribiendo  la democracia universitaria.

Actuación que responde al empeño gubernamental de dominación de las universidades autónomas.

*FAPUV*ratifica y exige al CNU, el respeto a la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA FUNCIONAL.

El artículo 109 consagra la autonomía universitaria, incluida la autonomía normativa:

“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas, dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.

Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, …”

La USB es plenamente autónoma según decreto presidencial No. 755 del 18 de julio de 1995, publicado en Gaceta Oficial No. 35.756 del 19 de julio de 1995. Amparada en el artículo 10 de la vigente Ley de Universidades.

En acato a esta AUTONOMÍA FUNCIONAL, cómo Principio y Jerarquía Constitucional, está muy claro que el CNU no tiene competencia para tal designación, que  corresponde a la máxima autoridad de esta Universidad , su Consejo Directivo, la designación del Rector Encargado, así como también la de cualquier otra autoridad rectoral, y convocar un proceso de elecciones en 180 días.

En la lucha por el rescate de la autonomía e institucionalidad universitaria, sea propicia la ocasión para que en 180 días a más tardar se celebre la elección de autoridades en la Universidad Simón Bolívar y en todas las universidades del país.

«LA UNIVERSIDAD NO ES PENSAMIENTO ÚNICO, ES PLURALIDAD, ES CONTROVERSIA, ES DISCUSIÓN LIBRE DE IDEAS»

   Junta Directiva

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LOS UNIVERSITARIOS QUEREMOS CLASES, PERO EL GOBIERNO LO IMPIDE

Los universitarios queremos clases, pero el gobierno no quiere, no está interesado en resolver la crisis.

Los profesores agremiados en FAPUV tenemos el máximo interés en reincorporarnos a la actividad académica presencial, para continuar formando juventudes, para el impulso de la investigación científica y tecnológica, para profundizar la relación de la universidad con la sociedad a través de la labor de extensión y para defender la universidad autónoma y de calidad desde adentro.

Denunciamos que lo que el gobierno pretende con el llamado a reinicio de actividades presenciales, con la complacencia de algunas autoridades, es fingir un funcionamiento normal de nuestras instituciones sin resolver ni uno solo de los graves problemas que de hecho lo impiden. Y llamamos a la lucha común por la solución efectiva y sostenible de esos problemas para que la vuelta a clases sea una realidad duradera y accesible para todos, estudiantes, profesores, empleados y obreros, sin distingo por razones de situación socioeconómica ni ubicación geográfica.

En la universidad venezolana, al día de hoy, se quebrantan todos los derechos y conquistas laborales, no se cumplen los beneficios estudiantiles, no se ha verificado la vacunación masiva contra el Covid 19, las condiciones físicas de las facultades están por debajo de los niveles requeridos para su funcionamiento, servicios básicos como agua, fluido eléctrico e internet son intermitentes, no hay seguridad interna, ni existen condiciones presupuestarias para que la Universidad cumpla con las medidas de bioseguridad según el área de trabajo. Las universidades han sido sometidas al desmantelamiento de estructuras, aulas, bibliotecas, oficinas, laboratorios, etc., y al robo de bienes y equipos producto del vandalismo.

La toma de las universidades por parte del gobierno ha ido avanzando destruyéndolas a su paso. Por solo poner tres ejemplos: 1) Con el pago de salarios por la plataforma patria, las universidades perdieron el control administrativo sobre la nómina con implicaciones nefastas para el personal y para las asociaciones e institutos de previsión que no reciben oportunamente las retenciones, lo que afecta su funcionamiento y el salario de los trabajadores de dichas instituciones. 2) El impedimento para la realización de elecciones de autoridades ha agotado las gestiones y liquidado la democracia universitaria. 3) La política gubernamental de pulverización del salario y de desconocimiento de la intangibilidad y progresividad de los derechos ha generado el éxodo masivo de profesores, enormes dificultades para garantizar el necesario relevo ya que los concursos quedan vacíos y ha llevado a la pobreza extrema a personal activo y jubilado.

Nuestras asociaciones de profesores son las primeras interesadas en el reinicio de actividades académicas. Para ello, en reunión de junta directiva celebrada el 17-09-2021, identificamos y acordamos por unanimidad un conjunto de exigencias que deben ser atendidas en lo inmediato, dada la necesidad imperiosa de que se activen las universidades. Estas exigencias son:

  1._ Mejora significativa en los sueldos y salarios de todo el personal que labora en la Universidad y seguridad social, con énfasis en seguro de HCM y atención primaria en salud.

   2._ Condiciones de bioseguridad para proteger al personal y a los estudiantes de la pandemia.

  3._ Vacunación de todo el personal y a los estudiantes.

  4._ Reparación y mantenimiento de todas las instalaciones que actualmente están en condiciones de poco uso o de imposibilidad de uso. Sobre todo, en los espacios donde se desarrollan actividades académicas de extensión, investigación y posgrado.

   5._ Mantenimiento y reposición de equipos y prestación de los servicios fundamentales de agua, servicio eléctrico e internet.

  6._ Acondicionamiento de las aulas y escalonamiento de las actividades con grupos pequeños de estudiantes de modo de garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social mientras dure la pandemia.

 7._ Providencias estudiantiles suficientes con énfasis en becas, atención en salud, transporte, comedores y acceso a internet.

8._ Seguridad en el campus.

9.- Equipos y plan de datos para las actividades bajo la modalidad virtual.

10.- Inicio de los procesos de elección de autoridades

La reincorporación a las aulas debe partir de la discusión acerca de la situación universitaria, de la restitución del derecho de los universitarios a elegir a nuestras autoridades, del cese de los distintos mecanismos de intervención y violación de la autonomía universitaria, incluido el secuestro del presupuesto universitario que debe ser suficiente y administrado por las universidades.

Demandamos de las autoridades y consejos universitarios de facultad y de escuela el apoyo a estas exigencias, y llamamos a los demás gremios universitarios, así como a los gremios del subsistema de educación básica y media, a la lucha común por el derecho a la educación en Venezuela.

Los profesores universitarios queremos el retorno a clases, y exigimos las condiciones aquí expuestas, para que dicho retorno pueda ser materializado.

Junta Directiva

ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS

La IVCCU

UNA FARSA PARA DESTRUIR LA ACADEMIA Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS UNIVERSITARIOS

El gobierno venezolano desconoce a la legítima dirigencia sindical y gremial de las universidades para imponer un convenio colectivo anticonstitucional y contrario a la esencia de toda convención colectiva de trabajo, que viola el derecho al salario digno, destruye la carrera académica y acaba con todas las conquistas laborales del sector.

La Constitución nacional y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, han sido nuevamente violados en nuestras universidades públicas.

El pasado 28 de mayo, sin participación de la FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que congregan a más del 90% de los trabajadores universitarios, el gobierno venezolano inició la “discusión” de la IV Convención colectiva de los universitarios con la ftuv, federación afiliada a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), absolutamente funcional al partido de gobierno y nada representativa de los universitarios.  

La instalación de esas mesas de negociación con los ministerios del Trabajo, de Planificación y Universitario, fue ampliamente rechazada por los trabajadores universitarios cuyos intereses no estuvieron ahí representados. No obstante, el pasado 28 de julio se anunció la firma del convenio y se dieron a conocer unas tablas salariales cuyo salario más elevado, el de profesor titular a dedicación exclusiva, es de once dólares ($ USA 11), cuyo valor se reduce cada día con la devaluación de nuestra moneda.

LA DESTRUCCIÓN DE LA RACIONALIDAD ACADÉMICA Y LA DEGRADACIÓN DEL SALARIO

Oficialmente, de la IV CCU solo se ha dado a conocer la tabla salarial y un instructivo enviado a las universidades que resultó peor a lo que se venía pagando desde el mes de mayo. Lo primero que evidencia la tabla es que no hubo discusión de la cláusula salarial en la supuesta negociación colectiva, ya que la tabla es la misma que viene imponiendo el gobierno unilateralmente a partir de 2018, que consiste en equiparar el primer salario, el de obrero 1, al salario mínimo, y construir la tabla a partir de ahí aplicando la interescala aplanada, impuesta también por el gobierno, mediante el memorando 2792, del Ministerio del Trabajo. Una convención colectiva sin negociación de la cláusula salarial es, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, una farsa total. Por eso afirmamos que la IV CCU no es una convención sino una patraña, de la misma manera que la tabla no es salarial, sino un fraude a los universitarios.

Además, la fijación del salario mínimo, que determina toda la tabla, se hace sin consultar con las organizaciones de trabajadores, violando el convenio 26 sobre salario mínimo de la OIT, con alevosía, para no remunerar el trabajo en la administración pública.

A continuación, en el cuadro 1, comparamos el salario impuesto a través de la IV CCU con el salario conquistado, veinte años antes por FAPUV, a través de las Normas de Homologación.


En este cuadro se comparan los salarios de la IV CCU negociada en 2021 por la ftuv con el gobierno de Nicolás Maduro, con las NORMAS DE HOMOLOGACIÓN, negociadas por FAPUV con el gobierno de Hugo Chávez en el año 2001. En él, se advierte una interescala que estimula el ascenso y la carrera académica en 2001, vs una interescala disminuida, en perjuicio de la carrera académica, en 2021. Salta a la vista la desaparición del salario como justa contraprestación por el trabajo en la IV CCU. El profesor de mayor escalafón y dedicación pasó de dos mil seiscientos cincuenta y nueve dólares al mes en 2001 a once dólares al mes en 2021: una diferencia abismal. De esos once dólares para abajo es, hoy, la “remuneración” de todos los demás.

De acuerdo con la CRBV los derechos laborales son progresivos. Las Normas de Homologación solo pueden ser sustituidas por acuerdo entre las partes, por un instrumento mejor. Lo que se ha hecho es todo lo contrario: la imposición de un instrumento peor para acabar con las conquistas socioeconómicas y la calidad de vida de los universitarios.

De este modo el gobierno viola el artículo 91 de la CRBV, garante de la suficiencia del salario, el cual establece la revisión anual del salario mínimo vital tomando como referencia el costo de la canasta básica; viola igualmente el artículo  102 de la CRBV, que obliga al Estado a asumir la educación “como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”, ya que lo que ha hecho al negarse a remunerar el trabajo en el sector es retirarse de esa obligación. Y viola igualmente el art 104 de la CRBV según el cual, el Estado debe garantizar la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente “en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”.

Y por supuesto, viola el artículo 13 de las Normas de Homologación que establecen el ajuste de las tablas de sueldos y beneficios adicionales del personal docente y de investigación de las universidades nacionales, cada dos años, por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en consulta con FAPUV, “tomando en cuenta como criterio para su modificación el índice promedio del costo de la vida durante los dos años anteriores”, y cuya vigencia reivindicamos.

No conforme con eso, en las disposiciones finales del documento de la IV CCU, se prohíbe el acuerdo de nuevos beneficios a través de actas convenio u otros instrumentos entre las universidades y gremios y sindicatos. Eso dificulta la actuación de las universidades para garantizar remuneraciones adicionales, dadas las circunstancias, aunque los recursos provengan de ingresos propios. Es una camisa de fuerza que hay que romper, porque también se establece que no se pueden introducir nuevos proyectos contractuales, aunque esta convención sea una farsa. Estas disposiciones demuestran la confabulación del gobierno y su federación apéndice para tratar de impedir la demanda de reivindicaciones por parte de los universitarios, y así mantenerlos en la miseria.

OTROS CONCEPTOS ANTICONSTITUCIONALES

El atentado oficialista contra la Universidad no se trata solo del salario o, mejor dicho, de la ausencia de salario para su personal. Por las redes sociales ha sido distribuido un mamotreto, calificado como definitivo, con muchas similitudes y algunas diferencias con el proyecto difundido por la federación creada y controlada por el ministerio. Dicho documento no cumple con la doctrina de la negociación colectiva, que estructura los contratos en cláusulas económicas, administrativas, sindicales y gremiales, sino que está constituido por un rosario de 92 cláusulas en 8 módulos.

1. Desconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

El rechazo de FAPUV a la IV CCU en su totalidad, por anticonstitucional, es unánime. La imposición de esta convención constituye un grave incumplimiento por parte del Estado del artículo 96 de la CRBV que garantiza el derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo; y del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificado por nuestro país (G.O N°28.709 Extraordinaria del 22/08/68), que es uno de los ocho convenios considerados como derechos fundamentales del trabajo.

Como se pudo advertir en el cuadro 1, la sustitución de las Normas de Homologación por la modalidad de contrato único, que ha sido utilizada para impedir que el gremio representativo de los profesores universitarios discuta sus condiciones de trabajo y remuneración, ha destruido todas las conquistas laborales y calidad de vida de los universitarios. El abismo entre los resultados de uno y otro instrumento es colosal. Con el argumentode unificar las condiciones de trabajo de todo el personal del sector de educación universitaria, el gobierno acabó con la negociación colectiva y la libertad sindical de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y gremiales que los representan al promover una organización paralela y nada representativa, que funciona como tentáculo del ministerio.

El argumento tradicional del gobierno para no discutir con las federaciones mayoritarias del sector universitario ha sido la mora electoral. Se nos niega el derecho a la negociación colectiva por no haber podido renovar las directivas de nuestras organizaciones, aunque eso responda a las restricciones de que se ha valido el Consejo Nacional Electoral (CNE) para imposibilitar las elecciones sindicales y gremiales. La Comisión de Expertos y la Comisión de Encuesta de la OIT han reprochado el mecanismo de “mora electoral” en sus observaciones al cumplimiento del Convenio 87 de libertad sindical, pero el gobierno insiste. Sin embargo, la federación oficialista, creada en el ministerio del trabajo el 1º de mayo de 2015, jamás ha hecho elecciones y con ella usurpando la representación de los trabajadores, el gobierno sí “negoció” la IV CCU.

Con esta nueva violación al derecho a la negociación colectiva de los universitarios, además de incumplir los citados convenios y las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y de la Comisión de Encuesta de la OIT, el gobierno desconoce las últimas dos reuniones del Consejo de Administración de la OIT, donde se le ha exhortado a dejar de atropellar a los trabajadores de Venezuela y a respetar y cumplir los convenios internacionales suscritos por la nación en esta materia.

2. Desnaturalización de lo que es un contrato colectivo de trabajo

El documento de la IV CCU desnaturaliza el propósito y alcance de una convención colectiva, y es inaceptable en su forma y contenido. Veamos algunos de sus despropósitos:

  • El llamado módulo de desarrollo productivo (módulo 1) le concede a la ftuv cometidos de gestión y formulación de políticas para los cuales no tiene competencia, y que en algunos casos contrarían a la Ley de Universidades. Según esto, por poner un ejemplo, van a desarrollar un “modelo científico y tecnológico” para “la construcción del modelo productivo socialista”, en abierta contradicción con el artículo 102 de la CRBV que establece taxativamente que la educación es un servicio público y se fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. El propósito real de este módulo es intervenir espacios fundamentales de las universidades, usando a la ftuv como caballito de Troya.
  • El llamado módulo de defensa integral de la nación (módulo 2) es completamente improcedente en una convención colectiva, y pasa también por la violación de la autonomía universitaria. Ni nuestras asociaciones de profesores ni el movimiento sindical en general tienen nada que hacer con la supuesta unión cívico militar de que se habla en la cláusula 10, pero que no contempla nuestra Constitución; mucho menos con la conformación de cuerpos de combatientes, así como tampoco con la promoción de actividades militares en las instituciones universitarias. No solo nos negamos a aceptar la sustitución del birrete por una gorra militar, sino que rechazamos la creación de este tipo de organización paramilitar en nuestras universidades, y denunciamos que su finalidad es la represión a nuestras luchas por la universidad autónoma y de calidad.

A la vez que incorpora políticas y cometidos que nada tienen que ver con cuna convención colectiva de trabajo, el documento de la IV CCU deja de lado la grave crisis social que sufren los universitarios en el actual contexto de hiperinflación y emergencia humanitaria compleja.

  • El llamado módulo social (módulo 3), desde el punto de vista de las acciones necesarias que demanda la emergencia humanitaria compleja que sufre nuestra sociedad y golpea especialmente a los universitarios, no aporta ninguna solución real, significativa. Lo que sí hace es crear un “estado mayor de salud universitario” para meter a la ftuv en la gestión ministerial del sistema de salud. Mientras el módulo 4 de desarrollo integral del trabajador le entrega a la ftuv la dirección de una escuela “del servidor público y dirección universitaria” ¿Qué irán a enseñar ahí?
  • En relación con los ajustes de la pensión de jubilación, el documento de la ICV CCU desconoce el artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que establece que las pensiones mantendrán su poder adquisitivo constante. El cuadro 1 sobre salarios refleja, en la columna correspondiente al año 2001, lo que significaría restituir a valor presente el monto de las jubilaciones y pensiones. En Venezuela se perdió el derecho a la jubilación ya que nadie puede vivir con los montos que se cancelan, por lo que luego de su jubilación el trabajador debe buscar otro trabajo para su manutención. Pero llega una edad en que esto ya no es posible, razón por la cual los jubilados y pensionados del sector universitario, han sido arrastrados por el gobierno y su federación a la pobreza más extrema.   No hay en el documento de la IV CCU medida alguna para atender esta grave situación, a pesar de su urgencia.
  • Al igual que el salario y las pensiones, la hiperinflación acabó con las prestaciones y los ahorros. En el módulo 7, la IV CCU repite lo que establecen los artículos 142 al 144 del DLOTTT, y promete leer una propuesta de la ftuv para restituir su valor. ¿No se supone que estaban negociando para hacer realidad las propuestas? El desfalco al patrimonio de los universitarios, al ahorro de miles de vidas completas de trabajo merece respuestas efectivas, acuerdos urgentes, en la grave situación social actual. Eso sí es una función inherente a una negociación colectiva. El robo de las prestaciones sociales es desestimado por la IV CCU

La insistencia, que se observa a lo largo del documento, en incluir objetivos que nada tienen que ver con un convenio de trabajo o con la actividad sindical, es parte de una política, de un proyecto autoritario y militarista, cuya más relevante manifestación normativa la encontramos en el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT) que estableció esa clase de objetivos, los cuales han sido expresamente criticados por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en sus observaciones relativas al Convenio 87. Y la exclusión de objetivos fundamentales de una convención de trabajo como lo son el salario, las jubilaciones y las prestaciones sociales, que la IV CCU deja como estaban a pesar de la emergencia social, es la mejor demostración que esa IV CCU no es una convención colectiva de trabajo sino una mascarada. 

3. Destrucción de la carrera académica

En el documento de la IV CCU, el gobierno asienta como propósito la violación a la libertad de pensamiento como derecho humano y político, y al principio de universitas, que es la esencia de la Universidad, cuando señala que las universidades estarán alineadas con el pensamiento socialista. Así mismo, le concede a la federación oficialista poderes plenipotenciarios para desconocer la esencia de lo que es un profesor universitario, destruir la carrera académica y violar la autonomía universitaria.

  • El documento de la IV CCU, en sus definiciones (cláusula 1) elimina la figura de los profesores universitarios y habla de “trabajadores docentes y de investigación”. Ocurre que los profesores universitarios hacemos investigación, docencia, extensión, además de administración de la academia. Todo eso lo resume la hermosa frase “profesor universitario” usada en todos los estamentos nacionales e internacionales referidos al personal docente y de investigación de las universidades, en la vigente Ley de Universidades (LU), los reglamentos internos de las universidades, los acuerdos federativos (Normas de Homologación) y las actas convenio institucionales; además, fue ratificada en la II CCU.
  • El documento de IV CCU “definitiva” le entrega a la desprestigiada ftuv, vale decir, al PSUV, la participación en la confección del calendario académico (cláusula 42), en la convocatoria y organización de concursos para el ingreso del personal docente (cláusula 46) y en la elaboración de los reglamentos de ascenso del personal docente (cláusula 50). Esto es inaceptable desde todo punto de vista. La pretendida intromisión de la ftuv, en la toma de decisiones en cuanto a la administración de la academia, amenaza la autonomía universitaria, la carrera académica y la calidad de la labor de investigación, docencia y extensión en nuestras universidades. La clara intervención del gobierno con este invento es El gobierno utilizar a la ftuv para intervenir y violar la autonomía universitaria aparentando que esa intervención es un derecho que canaliza una organización sindical.

4. Apropiación indebida del patrimonio de los universitarios por parte de la federación del gobierno.

La federación creada y mantenida por el gobierno se prepara para apropiarse indebidamente del dinero de previsión social de todas las universidades. Para ello, a través del art 59-60 le entregan el 5% de previsión social a la ftuv, “para sus gastos administrativos” para el año 2021 y 7% para el año 2022, mientras a través de la plataforma patria, con el secuestro de la nómina, confiscan los aportes que los profesores les damos a nuestras asociaciones, además de los aportes de la caja de ahorro.

La creación del Instituto de Previsión Social para los Trabajadores Universitarios para gestionar todo lo referente al tema de la salud, los servicios funerarios, la alimentación, la vestimenta, la atención para el deporte, la cultura y otros temas dirigidos a la protección de los trabajadores universitarios, se establece en la Cláusula # 28,  y es muy grave que disponga que una federación patronal y de maletín, sin presencia en la mayoría de nuestras universidades, maneje a discreción  los recursos de previsión social de todos los universitarios. Esta cláusula es excluyente y regresiva, antigremial y anticonstitucional.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El análisis precedente deja bien claro que el verdadero propósito de impedir la negociación de las condiciones de trabajo de los profesores universitarios por su organización gremial legítima que es FAPUV, es la imposición de la miseria, la destrucción de la carrera académica y, con ella, la destrucción de la Universidad Autónoma.

Para que haya una verdadera negociación colectiva hay que hacer hincapié en la participación de las federaciones mayoritarias de profesores, empleados y obreros, y en la revisión del tema salarial que restituya el valor de los salarios, hoy completamente destruidos. Y deben participar también las universidades, representadas por sus autoridades, porque la universidad venezolana es autónoma, y esa autonomía es de carácter pleno y originario.El MPPEU solo es el patrón en los Institutos y Colegios Universitarios, ya que el personal firma su contrato con el Ministerio. El diálogo que conduzca a una verdadera convención debe ser, por ende, tripartito.

En consecuencia, el gremio insiste en el llamado a las autoridades universitarias para que no se limiten a aplicar la IV CCU sin pronunciamiento ni lucha alguna.  La autonomía universitaria, la calidad y equidad de acceso a la educación y los derechos laborales y condiciones de vida y de trabajo de los universitarios son demandas fundamentales que deben ser enarboladas y defendidas por toda la comunidad universitaria.

Junta Directiva

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