POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEROGACIÓN DEL INSTRUCTIVO ONAPRE,SALARIO DIGNO,PRESTACIONES Y RETENCIONES

            Los artículos 91 (salario suficiente), 95 (derecho de sindicación) y 96 (derecho a la negociación colectiva voluntaria) de la Constitución Nacional (CRBV), así como los Convenios 95, 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos y ratificados por Venezuela, protegen los derechos al salario digno, la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores. El incumplimiento y la violación de tales principios constitucionales y legales es una práctica gubernamental que se ha profundizado en los últimos meses. Esto explica que la exigencia de derechos laboralessea la principal causa de protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2022, con amplia y constante participación del magisterio y el sector universitario.

Esta protesta laboral fue respondida por el gobierno con el encarcelamiento de dirigentes sindicales, la firma de “acuerdos” con organizaciones paragubernamentales, apéndices del partido de gobierno, y amenazas por voceros del oficialismo desde los medios del Estado, lo que elevó el descontento.

El Estado venezolano no solo no garantiza la inclusión y el derecho a la educación en ninguno de sus dos subsistemas, sino que con sus acciones menoscaba directamente la capacidad de las instituciones públicas de educación básica, media y universitaria de cumplir con su elevada misión.

En el sector universitario, dada la imposibilidad e incapacidad por parte del partido de gobierno de ganar ni una elección, se han impedido las elecciones de las organizaciones autónomas y se creó la ftuv, organización paragubernamental, para simular la negociación de convenios. La última convención firmada con dicha organización paragubernamental, es la IV CCU, cuyas mesas de discusión fueron instaladas por el gobierno venezolano el 28 de mayo de 2021, sin participación de FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que congregan a más del 90% de los trabajadores universitarios. La instalación de esas mesas de negociación con los ministerios del Trabajo, de Planificación y Universitario, fue ampliamente rechazada por los universitarios cuyos intereses no estuvieron ahí representados. No obstante, el 28 de julio de 2021 se anunció la firma del convenio y se dieron a conocer unas tablas salariales cuyo salario más elevado, el de profesor titular a dedicación exclusiva, era de once dólares ($ USA 11) AL MES.

El documento definitivo de la IVCCU no fue publicado. Oficialmente, de la IV CCU solo se dio a conocer la tabla salarial y un instructivo enviado a las universidades. En el instructivo enviado a las universidades, el Estado venezolano se comprometió con unas interescalas y unas fórmulas de cálculo de las primas salariales, que son conquistas y derechos laborales de los universitarios.

Sin embargo, en el mes de marzo de 2022, luego del decreto del ajuste del salario mínimo a Bs. 130, la ONAPRE emitió un nuevo instructivo en el cual se eliminaron unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores de la administración pública, con la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de los demás beneficios socioeconómicos.

En el sector universitario, para legitimar esta nueva violación a los derechos laborales, el gobierno se reunió con la ftuv, a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones legítimas, y homologó la IV convención, que está a punto de vencerse. La homologación de la convención, después de tantos meses, se produjo por el interés del gobierno de “legitimar” un nuevo atropello contra los derechos de los universitarios: fraccionar el bono vacacional y recreacional correspondiente al mes de agosto, y postergar la mayor parte de su pago para el venidero año. A través de este acuerdo, además, y a cambio de los favores recibidos, el gobierno le otorgó a su organización paragubernamental ftuv el 5% de la nómina, para garantizar su sostenimiento y sumisión. Evidentemente, el gobierno se valió de la facultad de la homologación que le da el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT) para imponer a los universitarios condiciones inferiores a las pre-existentes.

Gracias a la lucha nacional sostenida y en ascenso de los universitarios y el magisterio, a la cual se sumó el movimiento estudiantil en algunos estados con sus propias demandas, el gobierno pagó los 95 días que faltan del bono vacacional, pero con salario ONAPRE. Al respecto debemos señalar:

  1. Las vacaciones comenzaron a partir del momento en que se hizo efectivo ese pago.
  2. Se mantiene la demanda de la derogatoria del instructivo ONAPRE y de la deuda de salario que ha generado su aplicación, incluyendo su impacto negativo en el bono vacacional y recreacional.

La articulación intergremial en nuestras universidades, e intersectorial en la capital y en el interior de la República, y la participación creciente de los universitarios y demás sectores afectados en las acciones convocadas, es la causa del pago de los 95 días del bono vacacional, y debe mantenerse si queremos efectivamente lograr la restitución de nuestros derechos laborales. Por eso convocamos a nuestros agremiados a participar en las nuevas convocatorias de las asociaciones de profesores, las intergremiales y las intersectoriales. La lucha sigue por:

  • Derogatoria del instructivo ONAPRE y pago de la deuda de salario por su aplicación.
  • Pago de la deuda por retenciones de cajas de ahorro, asociaciones de profesores, sindicatos, y organizaciones previsionales.
  • Regreso de las nóminas a las universidades.
  • Providencias estudiantiles.
  • Presupuesto justo para la educación y para la investigación científica.
  • Pago de la deuda por prestaciones sociales.
  • Negociación con las federaciones mayoritarias, realmente representativas de los universitarios, de nuevas condiciones de trabajo y remuneración con garantía de salario digno, restitución de nuestra seguridad social, respeto a la libertad académica, a la libertad de asociación y a la autonomía universitaria.

¡EXIGIMOS RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES!

Junta Directiva

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FAPUV DEMANDA DEROGATORIA DE INSTRUCTIVO ONAPRE Y PAGO COMPLETO DE LAS VACACIONES

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) demanda una vez más, públicamente, la derogatoria del instructivo ONAPRE, por ser violatorio de los principios laborales constitucionales y derechos adquiridos. Exigimos el ajuste de los salarios y las jubilaciones al cálculo correcto conforme a derecho que reiteradamente han hecho llegar las universidades al ministerio, en función de la inmediata restitución de los derechos laborales de los universitarios.

El Estado venezolano está en la obligación de respetar y pagar los beneficios adquiridos, establecidos en las Actas Convenio Institucionales, Normas de Homologación y Convenciones Colectivas. FAPUV y sus asociaciones hemos mantenido desde el mes de marzo una actividad de movilización y denuncia con los demás gremios universitarios y organizaciones sindicales de la administración pública en defensa de la intangibilidad y progresividad de nuestros derechos laborales.

Así mismo, hemos apoyado la Demanda de Nulidad con Medida Cautelar de Amparo, contra el instructivo ONAPRE, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia por autoridades de la AVERU. Rechazamos que se haya negado el amparo que acompaña la solicitud de nulidad, con el argumento de que van a decidir «rápido», después de que se tardaron más de un mes en admitir el recurso. Y exigimos al TSJ que sentencie la materia de fondo de dicho recurso conforme a derecho, es decir, con respeto estricto de los principios constitucionales, las normas legales y los convenios internacionales suscritos por la República, garantes de los derechos de los trabajadores, que deben privar sobre cualquier otra consideración.

Demandamos del Ejecutivo Nacional el pago de las vacaciones en un solo monto, con base en los derechos progresivos de los universitarios, así como el reconocimiento del retroactivo desde el mes de marzo por el cálculo incorrecto del salario normal de los universitarios. Las vacaciones comenzarán después de que se haya cancelado el bono vacacional

Rechazamos una vez más cualquier pretensión de pasar los jubilados del sector universitario al régimen de la administración pública, y reivindicamos los derechos, vigentes por décadas, del régimen de pensiones y jubilaciones del sector universitario.

Así mismo, reiteramos la denuncia sobre el secuestro de las retenciones que se hacen al salario de nuestros agremiados y que no llegan a su destino desde agosto de 2021, lo que constituye una apropiación indebida de recursos, que viola gravemente la libertad sindical y limita la operatividad de los organismos gremiales y de previsión: Asociaciones, Institutos de Previsión Social, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y Cajas de Ahorro

Finalmente, convocamos a nuestros agremiados a seguir participando en las actividades de las asociaciones por la restitución de los derechos laborales y a mantener la articulación intergremial e intersectorial en función de fortalecer nuestra lucha

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FAPUV RECHAZA NUEVA ESCALADA CONTRA LOS DERECHOS LABORALES DE LOS UNIVERSITARIOS

La implementación del ajuste de las tablas salariales, luego del ajuste de salario mínimo, se ha convertido en una sucesión de atropellos y violaciones a la Constitución y a todas las leyes y demás instrumentos que regulan el trabajo en el sector universitario.

Lejos de responder a los justos reclamos y protestas de los universitarios que se suscitaron apenas se conoció el instructivo enviado a las universidades para la aplicación del ajuste, cuya ilegalidad y anticonstitucionalidad fue denunciada por FAPUV en su Cartelera de marzo de 2022, así como por nuestras asociaciones de profesores, la ONAPRE y la OPSU se dedicaron durante todo el mes de abril a jugar con los derechos laborales, con las nóminas y con las necesidades acumuladas de los universitarios, al punto de que, en varias instituciones, en la segunda quincena de abril se pagaron montos de alrededor del 50% de lo cancelado anteriormente.

De nada han valido las reuniones de autoridades, técnicos de las universidades y directivos sindicales y gremiales con la OPSU; para nada han tomado en cuenta las denuncias públicas de los universitarios, donde se demuestran y documentan punto por punto las violaciones a los derechos laborales progresivos e intangibles en las máximas casas de estudio. La intransigencia y prepotencia gubernamental alienta que cualquier funcionario ministerial se sitúe por encima de la Constitución y las leyes de la República y atropelle a su antojo a nuestras comunidades.

A este grave abuso con las tablas salariales, se suma el desconocimiento por parte del gobierno de la deuda social con miles de jubilados. La instrucción emitida para actualizar el pago de las prestaciones sociales de los jubilados entre 2018 y 2022, y el anuncio dado el primero de mayo de un bono para los jubilados de la administración pública de dicho período, constituye un desconocimiento descarado de la deuda por prestaciones sociales en las universidades cuyos jubilados de toda la última década no han recibido el pago de sus prestaciones. El recálculo de las prestaciones y la compensación por el daño patrimonial causado a nuestros jubilados deben ser universales.

El secuestro de la nómina universitaria a través del sistema Patria ha servido como alcabala para expropiar los aportes y retenciones de nuestros agremiados que se descuentan de los salarios, pero no llegan a su destino: cajas de ahorro, institutos de previsión y asociaciones de profesores.

Llamamos a mantener la movilización y la lucha por nuestros derechos laborales y a agotar en todas las universidades la instancia administrativa en la formulación de nuestros reclamos, para proceder a la vía judicial si es necesario

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