La implementación del ajuste de las tablas salariales, luego del ajuste de salario mínimo, se ha convertido en una sucesión de atropellos y violaciones a la Constitución y a todas las leyes y demás instrumentos que regulan el trabajo en el sector universitario.
Lejos de responder a los justos reclamos y protestas de los universitarios que se suscitaron apenas se conoció el instructivo enviado a las universidades para la aplicación del ajuste, cuya ilegalidad y anticonstitucionalidad fue denunciada por FAPUV en su Cartelera de marzo de 2022, así como por nuestras asociaciones de profesores, la ONAPRE y la OPSU se dedicaron durante todo el mes de abril a jugar con los derechos laborales, con las nóminas y con las necesidades acumuladas de los universitarios, al punto de que, en varias instituciones, en la segunda quincena de abril se pagaron montos de alrededor del 50% de lo cancelado anteriormente.
De nada han valido las reuniones de autoridades, técnicos de las universidades y directivos sindicales y gremiales con la OPSU; para nada han tomado en cuenta las denuncias públicas de los universitarios, donde se demuestran y documentan punto por punto las violaciones a los derechos laborales progresivos e intangibles en las máximas casas de estudio. La intransigencia y prepotencia gubernamental alienta que cualquier funcionario ministerial se sitúe por encima de la Constitución y las leyes de la República y atropelle a su antojo a nuestras comunidades.
A este grave abuso con las tablas salariales, se suma el desconocimiento por parte del gobierno de la deuda social con miles de jubilados. La instrucción emitida para actualizar el pago de las prestaciones sociales de los jubilados entre 2018 y 2022, y el anuncio dado el primero de mayo de un bono para los jubilados de la administración pública de dicho período, constituye un desconocimiento descarado de la deuda por prestaciones sociales en las universidades cuyos jubilados de toda la última década no han recibido el pago de sus prestaciones. El recálculo de las prestaciones y la compensación por el daño patrimonial causado a nuestros jubilados deben ser universales.
El secuestro de la nómina universitaria a través del sistema Patria ha servido como alcabala para expropiar los aportes y retenciones de nuestros agremiados que se descuentan de los salarios, pero no llegan a su destino: cajas de ahorro, institutos de previsión y asociaciones de profesores.
Llamamos a mantener la movilización y la lucha por nuestros derechos laborales y a agotar en todas las universidades la instancia administrativa en la formulación de nuestros reclamos, para proceder a la vía judicial si es necesario
Junta Directiva
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