Felicitamos a los trabajadores venezolanos por la clara demostración de firmeza y compromiso de ayer, 1º de mayo, cuando llenamos las calles y avenidas del país con nuestra presencia, nuestras pancartas y nuestras consignas por la restitución de los derechos laborales hoy secuestrados por el gobierno. Hacía años que la conmemoración del Día del Trabajador no alcanzaba esa magnitud y elevada participación en Venezuela. Este es el resultado de la lucha que venimos librando desde el año pasado por salario digno y justo, y significa que nuestra lucha sigue en ascenso. Hay que arreciar.
Los últimos anuncios oficiales en materia laboral son una ratificación de la estrategia antisalarial que viene desarrollando el gobierno como parte de una política económica errática que ha sumido al país en la miseria. El valor del salario mínimo es ínfimo y continúa en descenso, arrastrando con él a todos los tabuladores salariales. La negativa pública del gobierno a mejorarlo significativamente anuncia su aniquilación y la destrucción de todas sus incidencias en materia de beneficios socioeconómicos como primas, vacaciones, bono decembrino y prestaciones sociales.
De este modo, el gobierno venezolano incumple doblemente con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que establece el derecho a un salario suficiente que le permita al trabajador cubrir para su familia y para sí las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, y que el salario mínimo vital será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
En el mes de abril de 2022, con participación de las centrales sindicales, las organizaciones patronales y el gobierno, se instaló el diálogo tripartito en Venezuela a través de la figura de Foro Social y con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de las recomendaciones formuladas por este organismo dado el gravísimo incumplimiento de los convenios 26 sobre salario mínimo, 87 sobre libertad sindical y 144 sobre diálogo social. El Foro Social tiene la tarea de acordar un método para la fijación del salario mínimo. Después de más de un año de su instalación, el gobierno ni siquiera ha entregado la información relevante que le fue solicitada desde el primer día sobre costo de la canasta alimentaria, índices de inflación, ingreso real de la Nación, tamaño y frecuencia de cargos en la administración pública, el presupuesto nacional, etc.
El anuncio de nuevos montos de dos bonos, el de guerra económica por 30$ (Bs. 742,5) y el de alimentación por 40$ (Bs 990) sin ajuste salarial, constituye una desnaturalización del salario. El ingreso mínimo, a la tasa oficial de cambio actual (Bs. 24,75) queda en Bs. 1.862,5 de los cuales solo Bs. 130 son salario. Es decir, del total de ingreso mínimo, solo 6.9% es salario. Con la bonificación del salario, se aniquilan las prestaciones sociales, las vacaciones y las utilidades de los trabajadores, y se pulverizan los aportes a las cajas de ahorro y al Seguro Social.
Por otra parte, este ingreso mínimo está muy lejos de cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Y el monto de las pensiones es aún menor ya que los pensionados han sido excluidos del bono de alimentación.
La Junta Directiva de FAPUV rechaza la tiranía laboral que a través de la pulverización del salario ha situado a los trabajadores por debajo de los umbrales de pobreza extrema, obligándolos a desempeñar actividades informales para poder comer, lo que hace que su jornada de trabajo supere los máximos legales con grave perjuicio para su salud.
Llamamos a todos los trabajadores a participar masivamente en todas las nuevas acciones que se convoquen en el desarrollo del conflicto por la restitución de nuestros derechos laborales.
¡LA LUCHA ES DE TODOS!
En Caracas, a los dos días del mes de mayo de 2023
En el primer trimestre de 2023, la sociedad venezolana fue testigo, con justificada repugnancia, del destape gubernamental de gravísimos casos de corrupción que habrían sido perpetrados por sus altos funcionarios.
Al airear estos casos ante la opinión pública, el gobierno reconocía lo que han sido denuncias constantes de desfalcos mil millonarios en divisas a las arcas de la Nación en los últimos años, las cuales, inexplicablemente, ni el Ministerio Público ni la Contraloría se habían dignado investigar.
Por ejemplo, entre 2018 y marzo de 2023, Transparencia Venezuela detectó 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano. La mayoría de estos casos se comenzaron a procesar en otros países, para mayor vergüenza nacional, mientras acá nada se decía. En el 61% de las causas registradas, el atraco asciende a sesenta y ocho mil trescientos once millones, ochenta y siete mil trescientos noventa y cinco dólares americanos con quinientos noventa y un centavos (USD 68.311.087.395,591).
A medida que el ingreso de la Nación fue desviado a las cuentas de los corruptos, la calidad de vida del pueblo venezolano se fue reduciendo hasta límites inaguantables que llevaron a más de 7 millones de compatriotas a huir del país por hambre, mientras los salarios se reducían hasta prácticamente desaparecer: entre 2013 y 2023, los salarios y las pensiones disminuyeron sostenidamente, pasando así de US$ 128 a US$ 5,3 mensuales. En la misma proporción, la maxi-corrupción provocó la destrucción de los sistemas de salud y de educación, y la calidad de los servicios públicos, al desviar los recursos que debieron financiar la inversión social y el desarrollo nacional, para beneficio de particulares, socios del gobierno. El sufrimiento generalizado que ha causado esta situación convierte a la macro-corrupción en delito de lesa humanidad.
En el mes de marzo del presente año, también se cumplió un año de movilizaciones diarias a nivel nacional en demanda de salario digno, negociación colectiva y libertad sindical, derechos laborales fundamentales violados por el gobierno con decretos de salario insuficiente, devaluación de la moneda y del salario, destrucción de contratos a través del instructivo ONAPRE, hostigamiento y detención arbitraria de dirigentes sindicales y apropiación indebida de las cotizaciones de los trabajadores a sus sindicatos, asociaciones y cajas de ahorro a través del Sistema Patria.
Ante la demanda de salario digno sostenible, el gobierno alega que no tiene recursos debido a las sanciones y mantiene ocultas las cifras de ingreso de recursos financieros por distintas vías al erario nacional. Hemos insistido en que el gobierno sí tiene los recursos, y el estallido de la olla podrida de la corrupción demuestra que teníamos y tenemos razón. Plata sí hay. La tienen los corruptos del gobierno.
Es por esto que convocamos este Primero de Mayo, Día del Trabajador a tomar las calles de todo el territorio nacional, levantando nuestras justas demandas con ímpetu, unidad y la convicción de que mantendremos y arreciaremos esta lucha hasta lograr la restitución plena de nuestros derechos laborales, democráticos y humanos.
La Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela FAPUV rechaza el instructivo ilegal que, con ocasión del decreto unilateral de ajuste del salario mínimo, se ha enviado a las universidades públicas para la elaboración y pago de la nómina, el cual fue elaborado a espaldas de la comunidad universitaria y de sus federaciones mayoritarias, violando el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.
En dicho instructivo, el ejecutivo nacional impuso, una vez más, la reducción de las interescalas, de las primas y demás beneficios con carácter salarial del sector universitario, de manera unilateral y arbitraria, completamente al margen de la ley, y violando la progresividad e intangibilidad de los derechos y beneficios laborales (art. 89 de la CRBV) así como convenios internacionales de protección del trabajo suscritos por Venezuela tales como el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
En relación con las tablas salariales, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) redujo la distancia entre cargos (inter-escala) de obreros y empleados administrativos, generando la disminución en alrededor del 40% de los salarios de todos los sectores. En consecuencia, el profesor titular pasa a ganar lo que sería el sueldo de un profesor instructor si ONAPRE no hubiera mutilado la tabla de la manera en que lo hizo.
Las primas y demás beneficios salarizados que, con la tabla se salario básico constituyen el salario normal, también fueron reducidos a través de la modificación de la fórmula de cálculo. Es así como la prima de actividad universitaria fue reducida de 25% a 12,5% y la prima familiar de 40% a 10%. De la misma manera, la prima doctoral pasó de 60% a 40%, la de Maestría de 50% a 35%, y la prima de Profesor Titular fue eliminada, para desestimular el estudio, el ascenso y el desarrollo de la carrera académica.
El cálculo de la Prima de Antigüedad, que en la universidad se hace multiplicando 2% por el número de años de servicio, fue homologado al de la administración pública, lo que reduce significativamente su monto. No conformes con esta reducción, se le impuso un techo de 30% a dicha prima. La prima de antigüedad es un beneficio que premia la permanencia, destruirlo fomenta el éxodo de los trabajadores de mayor antigüedad, en un momento en que la Universidad venezolana tiene serias dificultades para captar y retener el talento debido a las precarias condiciones de trabajo y remuneración.
Beneficios como becas, prima por hijos, útiles escolares, tan importantes en esta circunstancia en que el salario no cubre ni siquiera la canasta alimentaria, fueron llevados al irrisorio monto de Bs. 12,50 y otros bonos fueron simplemente eliminados.
Con esta arremetida antiuniversitaria, el ejecutivo nacional insiste en su política de destriucción de los derechos constitucionales y humanos a la educación, al trabajo, al salario digno, a la negociación colectiva y a a libertad sindical. En consecuencia, acordamos:
Convocar a concentraciones y asambleas intergremiales en nuestras instituciones durante la semana del 27 de marzo al 1º de abril
Ratificar que, en ausencia de las condiciones de trabajo y remuneración indispensables para la realización de la actividad académica, NO SE PUEDE OBLIGAR A LOS UNIVERSITARIOS A PRESTAR SERVICIOS.
Articular con los demás gremios y sindicatos universitarios, colegios universitarios, organizaciones sindicales de otros sectores laborales y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil la DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Solicitar a los consejos universitarios que aprueben una resolución o acuerdo en el cual reconozcan y ratifiquen la vigencia de la fórmula de cálculo de las primas de antigüedad, doctoral y de maestría, así como la prima de titularidad.
Exigir a las autoridades universitarias que, en virtud de la situación de EMERGENCIA HUMANITARIA COMPELJA en nuestras universidades, se ABSTENGAN de perseguir, intimidar, hostigar y sancionar A LAS VÍCTIMAS DE DICHA EMERGENCIA.
Introducir una queja formal ante la OIT por violación de los convenios 98 y 87 suscritos por Venezuela.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza la suspensión del salario de un grupo de colegas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y emplaza a las autoridades a trabajar en mecanismos de reactivación de la actividad académica basados en los principios de justicia, derecho a la vida, a la salud, al trabajo decente y a la libertad sindical.
La respuesta de las autoridades a la crisis no puede ser ir contra los profesores y convertirse en instrumento de chantaje y represión contra una comunidad que ha dedicado su vida a la universidad, que la ha defendido y que hoy se ve materialmente imposibilitada de garantizar la actividad académica normal porque carece de salario, de seguridad social y de los servicios indispensables para ello.
FAPUV ha denunciado nacional e internacionalmente esta grave situación que amenaza con destruir todo el subsistema de educación universitaria, debido a que el Estado venezolano se ha desentendido de su obligación de financiarlo y ha desviado los recursos de la educación a destinos desconocidos para la Nación. Los profesores universitarios no son responsables de la crisis a la que esta nefasta política estatal ha llevado a nuestras instituciones.
La suspensión del salario es una amenaza directa a la estabilidad laboral. ¿No les parece a las autoridades que es suficiente con que los universitarios hayamos sido despojados de nuestro salario, nuestros ahorros, nuestras prestaciones y nuestra seguridad social? ¿También van a despojarnos de nuestra estabilidad laboral? Esa estabilidad es un elemento fundamental de la carrera académica y garantía de la libertad de cátedra. Se están prestando a suspender el salario de unos colegas asfixiados por la situación de emergencia humanitaria que azota a la mayoría de la sociedad venezolana, y eso es muy grave.
Los profesores objeto de esta medida draconiana de las autoridades de la UCLA tienen todo el apoyo de su asociación y de su federación. FAPUV ha dicho claramente, en repetidas oportunidades y de manera formal, que los colegas imposibilitados de asistir a su actividad académica normal debido a la falta de condiciones salariales y de ambiente de trabajo, NO PUEDEN SER OBLIGADOS. Esta posición del gremio debe ser respetada por todos, empezando por las autoridades que también son agremiados. Lo contrario constituye una grave violación a la libertad de asociación, ya que los colegas actuaron de conformidad con las orientaciones de su gremio e informaron de su situación, en detalle, a las autoridades, las cuales debieron y deben buscar soluciones, no exigir imposibles.
En consecuencia, FAPUV y sus 18 asociaciones acordamos asumir la defensa de nuestros colegas de la UCLA, exhortamos a las autoridades a revertir esa medida, solicitamos una reunión con carácter de urgencia a la AVERU para discutir este punto, convocamos la solidaridad de todos los universitarios e invitamos a las federaciones hermanas a definir un plan conjunto de respuesta a este tipo de situaciones.
Junta Directiva
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
El pasado viernes 19 de marzo de 2021 se realizó en el centro de la ciudad de Caracas, en la esquina El Chorro, frente al edificio de los ministerios, una protesta impulsada por los gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en rechazo a la migración de la nómina Universitaria al sistema Patria, impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). En el desarrollo de la protesta, el viceministro Domiciano Graterol hizo acto de presencia y planteó una reunión con los gremios para el martes 23-03-2021 a las 2 de la tarde.
La reunión tuvo lugar en la sede de la misión Ribas, detrás de los ministerios, con adecuadas medidas de bioseguridad. En ella participaron:
David Mendoza, por los Sindicatos No Federados
Adrián Bolívar, por FENASOESV
Deyanira Romero, por FETRAESUV y SINATRA-UCV
Argelia Castillo, por FENASIPRUV y APUFAT
Gregorio Afonso, por APUCV
Keta Stephany, por FAPUV
En la reunión se abordaron tres puntos fundamentalmente:
1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria
2) Situación universitaria
3) Seguridad social de los universitarios
1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria
Todas las federaciones presentes coincidieron en su rechazo a la decisión unilateral del ministerio de llevarse la nómina universitaria al sistema Patria. Se destacó el rango constitucional de la autonomía universitaria que está siendo violada con esta medida y se demandó que se revierta y que las universidades continúen manejando la nómina y pagando los salarios. Los representantes de las distintas federaciones fueron muy críticos en relación con la forma como se impuso la migración de la nómina, por su carácter unilateral y compulsivo, y señalaron que esa medida unilateral también es violatoria del derecho a la libre asociación, ya que las federaciones autónomas mayoritarias no fueron consultadas y se ha involucrado a la ftuv, federación minoritaria, carente de representatividad.
Se denunció que con la ejecución abrupta de la medida se han violentado los acuerdos institucionales referidos a los aportes y retenciones para los organismos previsionales: Cajas de Ahorro, IPP, Fondos Mutuales, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, etc. Así mismo, que se han generado gran cantidad de reclamos de profesores, empleados y obreros, porque no han cobrado o los depósitos no se corresponden con la mínima tabla vigente, y que el sector de jubilados ha resultado particularmente afectado.
Se alertó en el sentido de que esta política, violatoria del marco constitucional y legal, no ayuda a resolver ni uno solo de los graves problemas que sufre hoy la universidad venezolana y solo genera un mayor caos y profundiza la catástrofe humanitaria de la comunidad universitaria.
Finalmente, la petición unánime de las federaciones universitarias fue demandar que se revierta la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria. El viceministro se comprometió a transmitir dicha demanda a sus superiores, ya que no está facultado para tomar esa decisión.
2) Situación universitaria
Se planteó la crítica situación de las universidades. Se subrayó la imposibilidad de la mayoría de los estudiantes de acceder a las clases en línea y la imposibilidad de profesores, empleados y obreros de seguir financiando la educación pública universitaria con trabajo voluntario, debido a la pulverización de los salarios. Se señaló el fracaso del plan universidad en casa por falta de servicios, equipos y remuneraciones indispensables y la necesidad de garantizar la vacunación de estudiantes, obreros, empleados y profesores universitarios, las condiciones adecuadas en los espacios universitarios, salarios y servicios estudiantiles, para volver a la presencialidad. Se planteó la necesidad de abordar esta grave situación en diálogo tripartito entre autoridades universitarias, organizaciones gremiales y sindicales de universitarios y ministerio, para generar soluciones con la urgencia que el caso lo amerita
El viceministro se comprometió a llevar los planteamientos al ministro con la propuesta de instalación de una mesa de discusión sobre salario, una mesa de discusión sobre vacunación y una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación pública universitaria, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio, para producir soluciones compartidas.
3) Seguridad social
Se denunció el fracaso de la política de centralización de los recursos a través del SISMEU que ha dejado a los trabajadores universitarios sin HCM, sin servicio médico y sin servicio funerario. Se planteó la necesidad de fortalecer los IPP y de fortalecer sistemas institucionales internos de salud de las universidades. Se recordó la gran cantidad de propuestas que han generado las federaciones y que han sido desestimadas por el ministerio. Y se demandó atender el tema de la salud y la seguridad social con carácter de emergencia en virtud de la grave situación que viven los universitarios, la proliferación de fallecimientos y de solicitudes de ayuda por contingencias de salud.
El viceministro se comprometió a llevar estos planteamientos al ministro con la solicitud de instalación de una mesa sobre seguridad social, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio para buscar soluciones urgentes a la emergencia en salud en el sector universitario.
Conclusiones
El viceministro va a elevar las demandas de los universitarios a instancias superiores y traerá respuesta a la brevedad sobre los siguientes planteamientos:
1)Que se revierta en lo inmediato la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria.
2) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre salario para producir una nueva tabla salarial de común acuerdo entre las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.
3) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación universitaria para el impulso de iniciativas y políticas que permitan la reactivación de las universidades.
4) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica para la vacunación de todos los miembros de la comunidad universitaria nacional con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.
5) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica sobre seguridad social con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio en función de garantizar el servicio médico, HCM, servicio funerario y demás programas previsionales en el sector universitario.
Keta Stephany
Secretaria de Actas, Memoria e Información
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,
EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
Asamblea integremial ucevista del 15-03-2021 ratifica el rechazo a la confiscación de la nómina universitaria, y se dirige desde Ciudad Universitaria hacia la autopista, en manifestación pacífica de protesta por autonomía universitaria, salario digno y el derecho a la educación.
Caracas, 12 de marzo de 2021
Señor
Guy Ryder
Director General
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
Avenue des Morillons
CH-1211 Ginebra 22
Suiza.
Ref: Queja contra el gobierno de Venezuela por políticas y medidas antisindicales contra los obreros, empleados, profesionales y profesores, y sus organizaciones sindicales y gremiales, del subsistema de educación universitaria pública
Señor Director General:
Nos dirigimos a usted en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), la Federación de Trabajadores de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales en funciones administrativas de las Universidades de Venezuela (FENASIPRUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior en Venezuela (FENASOESV) y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que agrupan a todas las categorías de trabajadores del sector universitario, con el objeto de interponer una queja formal por violaciones de la libertad sindical contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Señor director, las disposiciones del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, núm. 98 son permanentemente violadas en nuestras universidades públicas autónomas. Las universidades iniciaron una práctica de negociación colectiva desde hace varias décadas. En un principio, firmaron contratos colectivos de trabajo con los sindicatos obreros y actas convenio con las asociaciones del personal administrativo, técnico y docente desde mediados de los años 70 del siglo pasado. En los 80, en el sector profesoral se acordaba el porcentaje de aumento salarial nacionalmente para todas las universidades, a través de la negociación de las Normas de Homologación con FAPUV, y con acuerdos en el caso de las federaciones de empleados y obreros; los porcentajes de ajuste se discutían entre todas las federaciones y existía la figura de la extensión de beneficios, de manera que el porcentaje de aumento que lograba un sector se aplicaba a todas las categorías de trabajadores universitarios, y las actas convenio seguían regulando las condiciones de trabajo, incluidos ingreso y ascenso, y otros beneficios. El gobierno actual ha acabado con esa práctica. Con la aplicación de la convención colectiva única, desde un principio, el gobierno segregó a las federaciones independientes, que tuvieron que forzar su participación y tolerar el trato preferente a la federación oficialista patronal, hasta que simplemente fueron completamente excluidas en la discusión de la IIICCU.
Así mismo, a pesar de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT, las cuales han pasado a ser obligatorias, en el sector universitario se han producido nuevas violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87, y al derecho de las organizaciones de trabajadores para la fijación del salario mínimo, contemplado en el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, núm. 26, lo cual afecta directamente a nuestro sector ya que el salario mínimo es determinante para la construcción negociada de las tablas salariales en la administración publica en Venezuela
A continuación, exponemos las principales violaciones que hoy denunciamos:
1.- Incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.
Pretensión de imponer unilateralmente las condiciones de trabajo
El gobierno nacional impide y dificulta el ejercicio de la libertad sindical, por la sustitución en la práctica de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, de 19…, a través de unos lineamientos impuestos en 2018 mediante el memorando 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo, del cual anexamos copia y que la clase trabajadora ha rechazado de plano. Ese documento elimina unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores: en nuestro caso eso significó la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos. La convención está vencida y el gobierno incumple el derecho a la negociación colectiva. Se niega a discutir con las federaciones y sindicatos independientes, que representamos a más del 90% de los trabajadores universitarios.
En lugar de negociar, el gobierno impone unilateralmente ajustes a las tablas de remuneraciones, muy rezagados en relación con el contexto hiperinflacionario en el que vivimos. En el último ajuste, decretado para este mes de marzo de 2021 y del cual anexamos copia, el primer salario de la tabla, el de Obrero 1, es menor a un dólar ($1) AL MES y el más alto, el de Profesor Titular a Dedicación Exclusiva es de $3,6 AL MES. Además, todavía ni siquiera lo han pagado y desde luego ya comenzó a devaluarse por efecto de la constante devaluación de la moneda, la cual ronda los 2 millones de bolívares por dólar[1]
Violación de cláusulas de salud y seguridad social
A la imposición unilateral de ajustes salariales hay que agregar la violación de las cláusulas de salud y seguridad social, con la eliminación de los servicios de salud primaria a obreros y empleados, la confiscación de las cuotas para el servicio contributivo de los profesores, la ausencia de un beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) que realmente garantice la atención de los trabajadores y sus familiares, y la imposición de un sistema centralizado de atención de emergencia que no garantiza la salud y vida de los universitarios.
La práctica de desconocer el derecho de negociación colectiva y de negarse a discutir con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias ha conducido a la pulverización del salario y de la seguridad social, lo cual constituye en la práctica una ruptura unilateral de la relación laboral pues no se remunera el trabajo. Éste es un claro ejemplo de cómo la violación continuada de la libertad sindical deja indefensos a los trabajadores y liquida su calidad de vida y de trabajo.
2.- Ausencia de diálogo social tripartito: ni consulta ni negociación
Ausencia de consultas para la fijación del salario mínimo
El gobierno no ha adoptado ninguna medida para consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la fijación del salario mínimo como está establecido en el Convenio 26 y como le recomendó que hiciera la Comisión de Encuesta. De esta manera, el gobierno se ha permitido destruir el salario mínimo, el cual fija unilateral y caprichosamente. Esta violación al Convenio 26 afecta al sector universitario ya que la tabla salarial se construye a partir del salario mínimo: mientras más pequeño es el salario mínimo, más bajos son los salarios de la tabla.
Injerencia en la relación entre las universidades y su personal en desmedro de la negociación colectiva
Supuesta negociación colectiva con organización minoritaria
Desde el Ministerio para la Educación Universitaria (MPPEU) se imponen políticas sobre asuntos cruciales sin consultar con el empleador, que son las universidades, cuya autonomía está establecida taxativamente en la Constitución Nacional, y sin consultar con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias, representativas de los trabajadores.
Es así como ni a las universidades ni a las federaciones de trabajadores independientes se les ha permitido participar en la discusión de la tercera convención colectiva única del sector (IIICCU), la cual se firmó en 2017, con la única participación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv), federación minoritaria del partido de. No hubo allí verdadero diálogo social.
Sustitución de las universidades como empleadores y violación del derecho de negociar colectivamente
La última acción de desprecio al diálogo social por parte del gobierno, que se desarrolla en estos momentos, consiste en la sustitución de las universidades como empleadores, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), del Ministerio de Educación Universitaria y la pretensión de pagar a los trabajadores universitarios desde el sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). La práctica inveterada en las universidades autónomas es que cada institución administra y remunera su personal, con fondos presupuestarios que el gobierno le transfiere, aunque con el inconveniente de que desde hace varios años ha habido una política de estrangulamiento de esas instituciones, con presupuestos insignificantes y entregados con retraso. Lo que el gobierno pretende ahora es establecer un cortocircuito financiero, quitar de hecho a las universidades la competencia de remunerar a su personal y migrar todas las nóminas de pago hacia la plataforma tecnológica denominada Sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). De esta manera se producirían dos efectos con un solo toque de billar: violar el principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades y liquidar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.
Con esta queja denunciamos la violación del derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios, pero es importante que el Comité sepa que esta maniobra centralizadora es de mucho mayor alcance y afecta más ampliamente los derechos y libertades de los trabajadores. Para ingresar al Sistema las personas se procuran el llamado Carnet de Patria y éste es el vehículo para muy diversas operaciones del gobierno, desde el pago de remuneraciones y bonos de todo tipo hasta el suministro de gasolina subsidiada, pero también es un medio de control social y político, que ha sido utilizado de manera muy especial cuando se hacen elecciones. La OPSU ha instruido a las autoridades universitarias, a través de la red social Telegram, para “migrar” las nóminas de las distintas universidades al sistema PATRIA y centralizarlas ahí. Esta medida inconsulta, ilegal e inconstitucional ha sido rechazada por los universitarios en forma firme y contundente. Consideramos que ésta es una grave violación a la libertad sindical y a la autonomía universitaria.
3) Irrespeto a la autonomía sindical y al derecho de las organizaciones de escoger libremente sus directivas
El gobierno, a través del Ministerio para la Educación Universitaria impidió la participación de nuestras organizaciones en la discusión de la Convención Colectiva alegando que estábamos en “mora electoral”, figura violatoria del Convenio 87, establecida en el artículo 402 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras (DLOTTT). Es el caso, señor Director, que esa decisión de excluirnos fue violatoria de la libertad sindical, pero es que además de ilegal la conducta del gobierno es contradictoria, porque la organización sindical con la que el Ministerio sí “discute” es absolutamente minoritaria y nunca ha hecho elecciones.
Además, nuestro atraso en celebrar elecciones se debe a otra violación del Convenio, la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalada por los órganos de control de la OIT, el cual controla las elecciones sindicales y, aunque ha permitido elecciones en algunos sindicatos y asociaciones, rechaza los proyectos electorales de nuestras federaciones.
Esperamos que el Comité de Libertad Sindical dé curso sin demora a esta queja y exija al gobierno que subsane las violaciones aquí denunciadas y restituya plenamente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios.
Atentamente,
POR FAPUV
Lourdes Ramírez de Viloria, Presidente Keta Stephany, secretaria de Actas, Memoria e Información
Contacto: fapuvdirectivos@gmail.com
POR FETRAESUV
Eduardo Sánchez, Presidente Elsy Navas, Secretaria de Asuntos Sociales
Contacto:fetrauniversitarios@gmail.com
POR FENASIPRUV
Dionis Dávila, Presidente
Contacto: fenasiprup1@gmail.com
POR FENASOESV
Adrián Bolívar
Contacto: fenasoesv@gmail.com
POR LOS SINDICATOS NO FEDERADOS
David Mendoza Vocero Principal Nacional Heedmara Velázquez Vocera Nacional
La #UniVe en la ruta pacifica por salario digno, educación y salud
Hoy, 10 de febrero los trabajadores de la salud, educación, administración pública, jubilados, y vecinos, acompañados por organizaciones, tomamos nuevamente las calles, en Caracas, para demandar respuestas a la grave situación que vivimos junto con nuestras familias, debido a la pulverización de nuestros salarios, la destrucción de nuestros sistemas de seguridad social, el colapso del sistema de salud y el cierre de la educación pública en todos sus niveles.
A los venezolanos nos han negado todos nuestros derechos sociales, y no existen canales institucionales para que se atiendan nuestros reclamos. Hemos acudido en reiteradas oportunidades a la Fiscalía, a la Defensoría, a los ministerios, y no hay respuesta. Hemos entregado documentos en todas las instancias y los engavetan.
Mientras tanto, nuestros hijos no tienen clases, nuestros jubilados no tienen pensiones justas, si nos enfermamos morimos porque no tenemos derecho a la salud y si protestamos nos reprimen, porque tampoco se respetan nuestros derechos civiles.
No podemos votar para elegir funcionarios que sí escuchen el clamor del pueblo, porque no hay elecciones libres. No podemos difundir por los medios de comunicación masiva nuestra problemática porque la hegemonía comunicacional gubernamental nos censura. No podemos negociar nuestros contratos colectivos porque las tablas del hambre impuestas en 2018 terminaron de liquidar el derecho a la negociación colectiva.
La lucha sigue, hasta lograr la meta
Hoy nos concentramos en el Hospital J.M. de los Ríos, un hospital emblemático donde hay grandes dificultades, donde se necesita inversión del Estado y donde los trabajadores seguimos presentes salvando vidas y defendiendo el derecho a la salud del pueblo. Y nos hemos movilizado hasta la Defensoría del Pueblo con el propósito de reivindicar nuestros derechos y demandar respuestas.
Exigimos que se reactive la negociación colectiva, que el salario mínimo se fije de conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas, y los convenios internacionales; que nuestra voz no sea silenciada y nuestra acción sindical y gremial no sea reprimida. Demandamos salarios dignos, educación de calidad para nuestros hijos, y atención en salud para todos los venezolanos
Todo el peso de la crisis ha recaído en los hombros del pueblo. No nos escuchan. Por eso, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando por nuestros derechos sociales y políticos, hasta lograr el cambio en Venezuela.
Nicolás Maduro y César Trómpiz han anunciado el reinicio de clases para el 16 de septiembre bajo el “Plan de Universidad en casa» y han planteado que en el mes de octubre podría considerase la vuelta a clases bajo la combinación de la modalidad presencial con la educación a distancia. Al respecto, debemos señalar que el calendario académico lo define la universidad autónoma y que la activación de un nuevo período académico no es posible sin salario suficiente, bajo ninguna modalidad.
En las actuales circunstancias de vulneración de nuestros derechos humanos, en las que el supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida, y en las que la COVID-19 se ha sumado al hambre generalizada y a la situación de colapso de las universidades que ya se tenía, los universitarios estamos viviendo una verdadera tragedia y no hay condiciones para el reinicio de actividades.
La Universidad venezolana, sometida a dos décadas de cerco presupuestario, de persecución judicial a su autonomía, de violencia política y criminal, lleva ya varios años funcionando gracias a los universitarios que, a pesar de la pulverización del salario, hemos asumido la defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología y el derecho a la educación en Venezuela. No vamos a renunciar a ese propósito, pero el gremio profesoral no puede sostener a las universidades. Sencillamente, no podemos.
El reinicio de actividades académicas pasa por garantizar a los universitarios un ingreso suficiente, y un sistema de seguridad social que funcione pues el hambre y las enfermedades hacen estragos en la comunidad universitaria. Pasa igualmente por revertir la destrucción del sistema de bienestar estudiantil, pues en este contexto de emergencia social y pandemia se amplía cada vez más la brecha de inequidad en el acceso a la educación por razones de carácter socioeconómico. Pasa por la discusión de las nuevas condiciones de trabajo que se plantean tanto para la educación a distancia como para la modalidad presencial en virtud del problema sanitario y de servicios existente en el país. Y pasa por la readecuación de los espacios universitarios y la dotación a los profesores universitarios de los equipos y servicios necesarios para cumplir con la modalidad virtual.
Con el discurso sobre el plan Universidad en casa y ahora con el llamado a clases semipresenciales, el ministerio está aparentando ante el país y ante el mundo que garantiza la educación universitaria, porque reparte cupos y órdenes, cuando la cruda realidad es que no están garantizando absolutamente nada. La realidad es que han secuestrado los recursos de funcionamiento y de salario de las universidades, y pretenden que ellas se reactiven a costa de nuestros derechos y de nuestras vidas. Ni siquiera han sido capaces de evitar los actos diarios de vandalismo y robos en las distintas universidades del país durante la cuarentena.
Por tal motivo, y luego del análisis por parte de nuestras asociaciones de la situación en cada una de sus instituciones, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) reunida en sesión extraordinaria el día 07-09-2020, acordó por unanimidad dirigirse a las autoridades universitarios, a nuestras bases profesorales, a los demás sectores de la comunidad universitaria, al país y al mundo, a fin de hacer de su conocimiento las condiciones indispensables para que se pueda iniciar un nuevo período académico en nuestras universidades.
CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
SALARIO:
Para el reinicio de actividades demandamos la discusión con el gremio de nuevas tablas salariales, definidas en dólares aunque se paguen en bolívares, y por encima del costo de la canasta básica familiar definida por el CENDAS. Las asociaciones de profesores han entregado a sus autoridades la propuesta de tablas salariales de FAPUV, elaborada con base en las Normas de Homologación, cuya plena vigencia reivindicamos, en virtud del principio de progresividad de derechos laborales.
SALUD
COVID-19: Dado que no tenemos seguro, y que siempre existe el riesgo de contagio en la universidad, se debe considerar la COVID-19 como enfermedad ocupacional. En consecuencia, la universidad cubrirá en su totalidad los costos del tratamiento, la atención hospitalaria y médica, de cualquier universitario que asista al campus por razones de trabajo y resulte positivo para COVID-19.
HCM: Restitución de los recursos para un sistema de salud que se corresponda con el gasto real en Venezuela. Cobertura en HCM acorde con la realidad.
IPP: Pago de los recursos de previsión a los IPP, establecidos en los acuerdos federativos, los cuales están plenamente vigentes.
DIÁLOGO SOCIAL: Se requiere una agenda de negociación entre cada universidad y su asociación para producir acuerdos suscritos por las partes en relación con las nuevas condiciones de trabajo y actualizar las actas convenio.
Se abrirá un canal de comunicación permanente entre el gremio y las autoridades
Reivindicamos la vigencia de las Normas de Homologación, cuya aplicación fue suspendida unilateralmente. Se deberá instalar la discusión de un mecanismo de recuperación del salario con base en las Normas de Homologación.
Se deberá instalar, igualmente, la discusión sobre el cálculo y pago de deudas por distintos conceptos con los profesores universitarios
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: Además de salario suficiente, se deben garantizar las siguientes condiciones:
Cada profesor debe recibir la canasta básica de tecnologías propuesta por la CEPAL integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, o los recursos para adquirirla, de acuerdo con el cálculo hecho por el CENDAS. El plan de conexión debe incluir modem y router.
Acceso a internet con el mejor ancho de banda posible. Entre un 15 y un 20% de profesores universitarios de la región central, y alrededor de un 50% en los estados fronterizos, no tienen acceso a internet, dado que CANTV no llega a todos los hogares y no disponen de recursos para contratar con proveedores privados del servicio. Se deberá establecer un pago mensual por este concepto para todos los profesores que atiendan cursos en línea.
Actualización de la formación en entornos virtuales y apoyo técnico.
El plan de racionamiento eléctrico deja a los hogares, sobre todo en el interior del país, a veces hasta 12 horas sin el servicio, lo que le impide a profesores y estudiantes cumplir con la programación y daña los equipos. Para la educación a distancia es indispensable que se garantice un servicio eléctrico continuo.
PARA LA EDUCACIÓN PRESENCIAL: En este momento, las clases presenciales están descartadas. Para proteger la vida de estudiantes y profesores, empleados y obreros, solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la COVID-19. Hacemos un llamado a la conciencia de los universitarios a no ceder en esto. Se deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:
Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad y la Locymat.
Implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de equipos de protección personal. De no mantenerse la dotación de equipos de bioseguridad y materiales de limpieza no se seguirá laborando de manera presencial
Higiene y limpieza a fondo de las instalaciones universitarias.
Reparación de baños y dotación de agua corriente permanente
Grupos pequeños de estudiantes, salones amplios y aireados, y escalonamiento.
Transporte y regularización del suministro de combustible
Mantenimiento de infraestructura y seguridad en el campus, ya que durante la cuarentena han ocurrido por lo menos 139 incidentes de inseguridad y vandalismo.
Habilitación del servicio de comedor.
CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO: Proponemos que losconsejos de escuela, facultad y universitario, aborden la discusión de estrategias para la defensa y relanzamiento de la universidad autónoma, que incluyan:
la actualización de sus reglamentos,
la democratización de la vida universitaria,
la captación de donaciones,
la generación de ingresos propios,
el rescate inmediato de institutos y centros de investigación para la producción del conocimiento científico.
La educación pública es responsabilidad del Estado. La situación en el subsistema público de educación básica en el país tiene muchos elementos en común con la de nuestras universidades. No hay, por ende, garantía de acceso a la educación pública en Venezuela en ninguno de sus niveles para el próximo período académico. Acabaron con la educación pública y hacen convocatorias a clases sin garantizar nada. No podemos permitir, como sociedad, que se aparente la prestación de un servicio fundamental como lo es la educación, mientras a nuestra juventud se le niega en la práctica el acceso y se atenta contra el derecho a la vida de los docentes. En la educación y el trabajo, está la clave para la superación de la emergencia social en Venezuela, la realización individual, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el impulso de una nueva estrategia de desarrollo. Esta lucha no es solo de los universitarios o de los maestros. Es de la sociedad en su conjunto.
¡SALARIO DIGNO PARA EL REINICIO DE CLASES!
¡CONVOCAMOS AL PAÍS A DEFENDER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS!
JUNTA DIRECTIVA
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
LOS TRABAJADORES NOS DIRIGIMOS A LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES, EN PARTICULAR AL PODER EJECUTIVO Y AL PODER LEGISLATIVO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Hoy, en Venezuela, la prolongada hiperinflación ha pulverizado el valor del salario y el valor de nuestra moneda, razón por la cual el dólar se ha convertido en moneda de uso corriente en prácticamente todas las transacciones comerciales y en valor de referencia para la fijación de los precios. La pulverización del salario ha sometido a los trabajadores y sus familias a la pérdida continuada de todos sus derechos sociales y al hambre. En consecuencia, DEMANDAMOSel cumplimiento estricto del artículo 91 de la Constitución Nacional sobre el SALARIO SUFICIENTE con base en el costo de la CANASTA BÁSICA familiar, y que ese salario sea pagado en DÓLARES.
Este Primero de Mayo, las organizaciones sindicales y gremiales con sede en la ciudad capital acordamos conmemorar el día del trabajador con una marcha cuyo punto de concentración fue definido de común acuerdo en la Plaza Brión. Ahí, ordenados por sectores y con una nutrida participación, salió la marcha hacia la Plaza Altamira. FAPUV marchó con el sector educación, como parte del esfuerzo por articular las luchas de los docentes del país
El presupuesto insuficiente de las istituciones uiversitarias, el salario prácticamente inexistente e impuesto de manera unilateral por el ejecutivo nacional, la destrucción de nuestros servicios de salud y previsión social, el robo de nuestras pestaciones sciales,la discriminación al personal jubilado y pensionado, y la violación de la progresividad e intangibilidad de nuestros derechos, nos obligó a incorporar, en esta jornada de protesta, la demanda de un cambio político, económico y social en Venezuela.
Con esas mismas demandas, nuestras asociaciones se movilizaron a nivel nacional. Denunciamos que el gobierno, ni siquiera por tratarse del Día del Trabajador, respetó el derecho de los venezolanos a protestar pacíficamente, arremetiendo contra los manifestantes en las distintas regiones.
La Junta Directiva de FAPUV expresa su solidaridad con todas las víctimas de la represión y en particular con el Prof. José Luis Sánchez, de la Escuela de Administración del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente (UDO), quien resultó herido de bala en el estómago por un criminal armado, supuesto miembro de la policía municipal, al momento de finalizar la marcha convocada para conmemorar el Día del Trabajador.
La conducta represiva de los organismos del Estado venezolano por órdenes de los usurpadores es cada vez mayor, accionar que rechazamos de manera contundente por lo que exigimos a los usurpadores que abandonen el país para que los venezolanos de bien nos dediquemos a trabajar por la reinstitucionalizacion y recuperación del país y de nuestro núcleo familiar
Al Prof. Sánchez y a su familia nuestro mensaje de fe y esperanza por su pronta recuperación.
#InfoFAPUV 