INFORME DE REUNIÓN DE LAS FEDERACIONES UNIVERSITARIAS AUTÓNOMAS MAYORITARIAS Y EL MPPEU

El pasado viernes 19 de marzo de 2021 se realizó en el centro de la ciudad de Caracas, en la esquina El Chorro, frente al edificio de los ministerios, una protesta impulsada por los gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en rechazo a la migración de la nómina Universitaria al sistema Patria, impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). En el desarrollo de la protesta, el viceministro Domiciano Graterol hizo acto de presencia y planteó una reunión con los gremios para el martes 23-03-2021 a las 2 de la tarde.

La reunión tuvo lugar en la sede de la misión Ribas, detrás de los ministerios, con adecuadas medidas de bioseguridad. En ella participaron:

David Mendoza, por los Sindicatos No Federados

Adrián Bolívar, por FENASOESV

Deyanira Romero, por FETRAESUV y SINATRA-UCV

Argelia Castillo, por FENASIPRUV y APUFAT

Gregorio Afonso, por APUCV

Keta Stephany, por FAPUV

En la reunión se abordaron tres puntos fundamentalmente:

1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria

2) Situación universitaria

3) Seguridad social de los universitarios

1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria

Todas las federaciones presentes coincidieron en su rechazo a la decisión unilateral del ministerio de llevarse la nómina universitaria al sistema Patria. Se destacó el rango constitucional de la autonomía universitaria que está siendo violada con esta medida y se demandó que se revierta y que las universidades continúen manejando la nómina y pagando los salarios. Los representantes de las distintas federaciones fueron muy críticos en relación con la forma como se impuso la migración de la nómina, por su carácter unilateral y compulsivo, y señalaron que esa medida unilateral también es violatoria del derecho a la libre asociación, ya que las federaciones autónomas mayoritarias no fueron consultadas y se ha involucrado a la ftuv, federación minoritaria, carente de representatividad.

Se denunció que con la ejecución abrupta de la medida se han violentado los acuerdos institucionales referidos a los aportes y retenciones para los organismos previsionales:  Cajas de Ahorro, IPP, Fondos Mutuales, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, etc. Así mismo, que se han generado gran cantidad de reclamos de profesores, empleados y obreros, porque no han cobrado o los depósitos no se corresponden con la mínima tabla vigente, y que el sector de jubilados ha resultado particularmente afectado.

Se alertó en el sentido de que esta política, violatoria del marco constitucional y legal, no ayuda a resolver ni uno solo de los graves problemas que sufre hoy la universidad venezolana y solo genera un mayor caos y profundiza la catástrofe humanitaria de la comunidad universitaria.

Finalmente, la petición unánime de las federaciones universitarias fue demandar que se revierta la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria. El viceministro se comprometió a transmitir dicha demanda a sus superiores, ya que no está facultado para tomar esa decisión.

2) Situación universitaria

Se planteó la crítica situación de las universidades. Se subrayó la imposibilidad de la mayoría de los estudiantes de acceder a las clases en línea y la imposibilidad de profesores, empleados y obreros de seguir financiando la educación pública universitaria con trabajo voluntario, debido a la pulverización de los salarios. Se señaló el fracaso del plan universidad en casa por falta de servicios, equipos y remuneraciones indispensables y la necesidad de garantizar la vacunación de estudiantes, obreros, empleados y profesores universitarios, las condiciones adecuadas en los espacios universitarios, salarios y servicios estudiantiles, para volver a la presencialidad. Se planteó la necesidad de abordar esta grave situación en diálogo tripartito entre autoridades universitarias, organizaciones gremiales y sindicales de universitarios y ministerio, para generar soluciones con la urgencia que el caso lo amerita

El viceministro se comprometió a llevar los planteamientos al ministro con la propuesta de instalación de una mesa de discusión sobre salario, una mesa de discusión sobre vacunación y una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación pública universitaria, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio, para producir soluciones compartidas.

3) Seguridad social

Se denunció el fracaso de la política de centralización de los recursos a través del SISMEU que ha dejado a los trabajadores universitarios sin HCM, sin servicio médico y sin servicio funerario. Se planteó la necesidad de fortalecer los IPP y de fortalecer sistemas institucionales internos de salud de las universidades. Se recordó la gran cantidad de propuestas que han generado las federaciones y que han sido desestimadas por el ministerio. Y se demandó atender el tema de la salud y la seguridad social con carácter de emergencia en virtud de la grave situación que viven los universitarios, la proliferación de fallecimientos y de solicitudes de ayuda por contingencias de salud.

El viceministro se comprometió a llevar estos planteamientos al ministro con la solicitud de instalación de una mesa sobre seguridad social, con participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio para buscar soluciones urgentes a la emergencia en salud en el sector universitario.

Conclusiones

El viceministro va a elevar las demandas de los universitarios a instancias superiores y traerá respuesta a la brevedad sobre los siguientes planteamientos:

1) Que se revierta en lo inmediato la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria.

2) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre salario para producir una nueva tabla salarial de común acuerdo entre las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.

3) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación universitaria para el impulso de iniciativas y políticas que permitan la reactivación de las universidades.

4) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica para la vacunación de todos los miembros de la comunidad universitaria nacional con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio.

5) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica sobre seguridad social con representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio en función de garantizar el servicio médico, HCM, servicio funerario y demás programas previsionales en el sector universitario.

 Keta Stephany

Secretaria de Actas, Memoria e Información

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,

 EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS

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Queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación de la autonomía universitaria, la libertad sindical y el diálogo social tripartito en el sector de educación pública universitaria en Venezuela

Asamblea integremial ucevista del 15-03-2021 ratifica el rechazo a la confiscación de la nómina universitaria, y se dirige desde Ciudad Universitaria hacia la autopista, en manifestación pacífica de protesta por autonomía universitaria, salario digno y el derecho a la educación.

Caracas, 12 de marzo de 2021

Señor

Guy Ryder

Director General

Oficina Internacional del Trabajo (OIT)

Avenue des Morillons

CH-1211 Ginebra 22

Suiza.

Ref: Queja contra el gobierno de Venezuela por políticas y medidas antisindicales contra los obreros, empleados, profesionales y profesores, y sus organizaciones sindicales y gremiales, del subsistema de educación universitaria pública

Señor Director General:

Nos dirigimos a usted en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), la Federación de Trabajadores de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales en funciones administrativas de las Universidades de Venezuela (FENASIPRUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior en Venezuela (FENASOESV) y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que agrupan a todas las categorías de trabajadores del sector universitario, con el objeto de interponer una queja formal por violaciones de la libertad sindical contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Señor director, las disposiciones del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, núm. 98 son permanentemente violadas en nuestras universidades públicas autónomas. Las universidades iniciaron una práctica de negociación colectiva desde hace varias décadas. En un principio, firmaron contratos colectivos de trabajo con los sindicatos obreros y actas convenio con las asociaciones del personal administrativo, técnico y docente desde mediados de los años 70 del siglo pasado. En los 80, en el sector profesoral se acordaba el porcentaje de aumento salarial nacionalmente para todas las universidades, a través de la negociación de las Normas de Homologación con FAPUV, y con acuerdos en el caso de las federaciones de empleados y obreros; los porcentajes de ajuste se discutían entre todas las federaciones y existía la figura de la extensión de beneficios, de manera que el porcentaje de aumento que lograba un sector se aplicaba a todas las categorías de trabajadores universitarios, y las actas convenio seguían regulando las condiciones de trabajo, incluidos ingreso y ascenso, y otros beneficios. El gobierno actual ha acabado con esa práctica. Con la aplicación de la convención colectiva única, desde un principio, el gobierno segregó a las federaciones independientes, que tuvieron que forzar su participación y tolerar el trato preferente a la federación oficialista patronal, hasta que simplemente fueron completamente excluidas en la discusión de la IIICCU.

Así mismo, a pesar de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT, las cuales han pasado a ser obligatorias, en el sector universitario se han producido nuevas violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87, y al derecho de las organizaciones de trabajadores  para la fijación del salario mínimo, contemplado en el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, núm. 26, lo cual afecta directamente a nuestro sector ya que el salario mínimo es determinante para la construcción negociada de las tablas salariales en la administración publica en Venezuela

A continuación, exponemos las principales violaciones que hoy denunciamos:

1.- Incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.

Pretensión de imponer unilateralmente las condiciones de trabajo

El gobierno nacional impide y dificulta el ejercicio de la libertad sindical, por la sustitución en la práctica de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, de 19…, a través de unos lineamientos impuestos en 2018 mediante el memorando 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo, del cual anexamos copia y que la clase trabajadora ha rechazado de plano. Ese documento elimina unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores:  en nuestro caso eso significó la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos. La convención está vencida y el gobierno incumple el derecho a la negociación colectiva. Se niega a discutir con las federaciones y sindicatos independientes, que representamos a más del 90% de los trabajadores universitarios.

En lugar de negociar, el gobierno impone unilateralmente ajustes a las tablas de remuneraciones, muy rezagados en relación con el contexto hiperinflacionario en el que vivimos. En el último ajuste, decretado para este mes de marzo de 2021 y del cual anexamos copia, el primer salario de la tabla, el de Obrero 1, es menor a un dólar ($1) AL MES y el más alto, el de Profesor Titular a Dedicación Exclusiva es de $3,6 AL MES. Además, todavía ni siquiera lo han pagado y desde luego ya comenzó a devaluarse por efecto de la constante devaluación de la moneda, la cual ronda los 2 millones de bolívares por dólar[1]

Violación de cláusulas de salud y seguridad social

A la imposición unilateral de ajustes salariales hay que agregar la violación de las cláusulas de salud y seguridad social, con la eliminación de los servicios de salud primaria a obreros y empleados, la confiscación de las cuotas para el servicio contributivo de los profesores, la ausencia de un beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) que realmente garantice la atención de los trabajadores y sus familiares, y la imposición de un sistema centralizado de atención de emergencia que no garantiza la salud y vida de los universitarios.

La práctica de desconocer el derecho de negociación colectiva y de negarse a discutir con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias ha conducido a la pulverización del salario y de la seguridad social, lo cual   constituye en la práctica una ruptura unilateral de la relación laboral pues no se remunera el trabajo. Éste es un claro ejemplo de cómo la violación continuada de la libertad sindical deja indefensos a los trabajadores y liquida su calidad de vida y de trabajo.

2.- Ausencia de diálogo social tripartito: ni consulta ni negociación

Ausencia de consultas para la fijación del salario mínimo

El gobierno no ha adoptado ninguna medida para consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la fijación del salario mínimo como está establecido en el Convenio 26 y como le recomendó que hiciera la Comisión de Encuesta. De esta manera, el gobierno se ha permitido destruir el salario mínimo, el cual fija unilateral y caprichosamente. Esta violación al Convenio 26 afecta al sector universitario ya que la tabla salarial se construye a partir del salario mínimo: mientras más pequeño es el salario mínimo, más bajos son los salarios de la tabla.

Injerencia en la relación entre las universidades y su personal en desmedro de la negociación colectiva

Supuesta negociación colectiva con organización minoritaria

Desde el Ministerio para la Educación Universitaria (MPPEU) se imponen políticas sobre asuntos cruciales sin consultar con el empleador, que son las universidades, cuya autonomía está establecida taxativamente en la Constitución Nacional, y sin consultar con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias, representativas de los trabajadores.

Es así como ni a las universidades ni a las federaciones de trabajadores independientes se les ha permitido participar en la discusión de la tercera convención colectiva única del sector (IIICCU), la cual se firmó en 2017, con la única participación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv), federación minoritaria del partido de. No hubo allí verdadero diálogo social.

Sustitución de las universidades como empleadores y violación del derecho de negociar colectivamente

La última acción de desprecio al diálogo social por parte del gobierno, que se desarrolla en estos momentos, consiste en la sustitución de las universidades como empleadores, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), del Ministerio de Educación Universitaria y la pretensión de pagar a los trabajadores universitarios desde el sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). La práctica inveterada en las universidades autónomas es que cada institución administra y remunera su personal, con fondos presupuestarios que el gobierno le transfiere, aunque con el inconveniente de que desde hace varios años ha habido una política de estrangulamiento de esas instituciones, con presupuestos insignificantes y entregados con retraso. Lo que el gobierno pretende ahora es establecer un cortocircuito financiero, quitar de hecho a las universidades la competencia de remunerar a su personal y migrar todas las nóminas de pago hacia la plataforma tecnológica denominada Sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). De esta manera se producirían dos efectos con un solo toque de billar:  violar el principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades y liquidar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.

Con esta queja denunciamos la violación del derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios, pero es importante que el Comité sepa que esta maniobra centralizadora es de mucho mayor alcance y afecta más ampliamente los derechos y libertades de los trabajadores. Para ingresar al Sistema las personas se procuran el llamado Carnet de Patria y éste es el vehículo para muy diversas operaciones del gobierno, desde el pago de remuneraciones y bonos de todo tipo hasta el suministro de gasolina subsidiada, pero también es un medio de control social y político, que ha sido utilizado de manera muy especial cuando se hacen elecciones. La OPSU  ha instruido a las autoridades universitarias, a través de la red social Telegram, para “migrar” las nóminas de las distintas universidades al sistema PATRIA y centralizarlas ahí. Esta medida inconsulta, ilegal e inconstitucional ha sido rechazada por los universitarios en forma firme y contundente. Consideramos que ésta es una grave violación a la libertad sindical y a la autonomía universitaria.

3) Irrespeto a la autonomía sindical y al derecho de las organizaciones de escoger libremente sus directivas

El gobierno, a través del Ministerio para la Educación Universitaria impidió la participación de nuestras organizaciones en la discusión de la Convención Colectiva alegando que estábamos en “mora electoral”, figura violatoria del Convenio 87, establecida en el artículo 402 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras (DLOTTT). Es el caso, señor Director, que esa decisión de excluirnos fue violatoria de la libertad sindical, pero es que además de ilegal la conducta del gobierno es contradictoria, porque la organización sindical con la que el Ministerio sí “discute” es absolutamente minoritaria y nunca ha hecho elecciones.

Además, nuestro atraso en celebrar elecciones se debe a otra violación del Convenio, la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalada por los órganos de control de la OIT, el cual controla las elecciones sindicales y, aunque ha permitido elecciones en algunos sindicatos y asociaciones, rechaza los proyectos electorales de nuestras federaciones.

Esperamos que el Comité de Libertad Sindical dé curso sin demora a esta queja y exija al gobierno que subsane las violaciones aquí denunciadas y restituya plenamente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios.

Atentamente,

POR FAPUV

Lourdes Ramírez de Viloria, Presidente Keta Stephany, secretaria de Actas, Memoria e Información

Contacto: fapuvdirectivos@gmail.com

POR FETRAESUV

Eduardo Sánchez, Presidente                                                  Elsy Navas, Secretaria de Asuntos Sociales

Contacto:fetrauniversitarios@gmail.com

POR FENASIPRUV

Dionis Dávila, Presidente

Contacto: fenasiprup1@gmail.com

POR FENASOESV

Adrián Bolívar

Contacto: fenasoesv@gmail.com

POR LOS SINDICATOS NO FEDERADOS

David Mendoza Vocero Principal Nacional         Heedmara Velázquez Vocera Nacional

LA RUTA DE LA PAZ POR VIDA DIGNA PARA TODOS

La #UniVe en la ruta pacifica por salario digno, educación y salud

Hoy, 10 de febrero los trabajadores de la salud, educación, administración pública, jubilados, y vecinos, acompañados por organizaciones, tomamos nuevamente las calles, en Caracas, para demandar respuestas a la grave situación que vivimos junto con nuestras familias, debido a la pulverización de nuestros salarios, la destrucción de nuestros sistemas de seguridad social, el colapso del sistema de salud y el cierre de la educación pública en todos sus niveles.

A los venezolanos nos han negado todos nuestros derechos sociales, y no existen canales institucionales para que se atiendan nuestros reclamos. Hemos acudido en reiteradas oportunidades a la Fiscalía, a la Defensoría, a los ministerios, y no hay respuesta. Hemos entregado documentos en todas las instancias y los engavetan.

Mientras tanto, nuestros hijos no tienen clases, nuestros jubilados no tienen pensiones justas, si nos enfermamos morimos porque no tenemos derecho a la salud y si protestamos nos reprimen, porque tampoco se respetan nuestros derechos civiles.

No podemos votar para elegir funcionarios que sí escuchen el clamor del pueblo, porque no hay elecciones libres. No podemos difundir por los medios de comunicación masiva nuestra problemática porque la hegemonía comunicacional gubernamental nos censura. No podemos negociar nuestros contratos colectivos porque las tablas del hambre impuestas en 2018 terminaron de liquidar el derecho a la negociación colectiva.

La lucha sigue, hasta lograr la meta

Hoy nos concentramos en el Hospital J.M. de los Ríos, un hospital emblemático donde hay grandes dificultades, donde se necesita inversión del Estado y donde los trabajadores seguimos presentes salvando vidas y defendiendo el derecho a la salud del pueblo. Y nos hemos movilizado hasta la Defensoría del Pueblo con el propósito de reivindicar nuestros derechos y demandar respuestas.

Exigimos que se reactive la negociación colectiva, que el salario mínimo se fije de conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas, y los convenios internacionales; que nuestra voz no sea silenciada y nuestra acción sindical y gremial no sea reprimida. Demandamos salarios dignos, educación de calidad para nuestros hijos, y atención en salud para todos los venezolanos

Todo el peso de la crisis ha recaído en los hombros del pueblo. No nos escuchan. Por eso, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando por nuestros derechos sociales y políticos, hasta lograr el cambio en Venezuela.  

NO HAY GARANTÍA DE REGRESO A CLASES

Nicolás Maduro y César Trómpiz han anunciado el reinicio de clases para el 16 de septiembre bajo el “Plan de Universidad en casa» y han planteado que en el mes de octubre podría considerase la vuelta a clases bajo la combinación de la modalidad presencial con la educación a distancia. Al respecto, debemos señalar que el calendario académico lo define la universidad autónoma y que la activación de un nuevo período académico no es posible sin salario suficiente, bajo ninguna modalidad.

En las actuales circunstancias de vulneración de nuestros derechos humanos, en las que el supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida, y en las que la COVID-19 se ha sumado al hambre generalizada y a la situación de colapso de las universidades que ya se tenía, los universitarios estamos viviendo una verdadera tragedia y no hay condiciones para el reinicio de actividades.

La Universidad venezolana, sometida a dos décadas de cerco presupuestario, de persecución judicial a su autonomía, de violencia política y criminal, lleva ya varios años funcionando gracias a los universitarios que, a pesar de la pulverización del salario, hemos asumido la defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología y el derecho a la educación en Venezuela. No vamos a renunciar a ese propósito, pero el gremio profesoral no puede sostener a las universidades. Sencillamente, no podemos.

El reinicio de actividades académicas pasa por garantizar a los universitarios un ingreso suficiente, y un sistema de seguridad social que funcione pues el hambre y las enfermedades hacen estragos en la comunidad universitaria. Pasa igualmente por revertir la destrucción del sistema de bienestar estudiantil, pues en este contexto de emergencia social y pandemia se amplía cada vez más la brecha de inequidad en el acceso a la educación por razones de carácter socioeconómico. Pasa por la discusión de las nuevas condiciones de trabajo que se plantean tanto para la educación a distancia como para la modalidad presencial en virtud del problema sanitario y de servicios existente en el país. Y pasa por la readecuación de los espacios universitarios y la dotación a los profesores universitarios de los equipos y servicios necesarios para cumplir con la modalidad virtual.

Con el discurso sobre el plan Universidad en casa y ahora con el llamado a clases semipresenciales, el ministerio está aparentando ante el país y ante el mundo que garantiza la educación universitaria, porque reparte cupos y órdenes, cuando la cruda realidad es que no están garantizando absolutamente nada. La realidad es que han secuestrado los recursos de funcionamiento y de salario de las universidades, y pretenden que ellas se reactiven a costa de nuestros derechos y de nuestras vidas. Ni siquiera han sido capaces de evitar los actos diarios de vandalismo y robos en las distintas universidades del país durante la cuarentena.

Por tal motivo, y luego del análisis por parte de nuestras asociaciones de la situación en cada una de sus instituciones, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) reunida en sesión extraordinaria el día 07-09-2020, acordó por unanimidad dirigirse a las autoridades universitarios, a nuestras bases profesorales, a los demás sectores de la comunidad universitaria, al país y al mundo, a fin de hacer de su conocimiento las condiciones indispensables para que se pueda iniciar un nuevo período académico en nuestras universidades.

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

SALARIO:

Para el reinicio de actividades demandamos la discusión con el gremio de nuevas tablas salariales, definidas en dólares aunque se paguen en bolívares, y por encima del costo de la canasta básica familiar definida por el CENDAS.  Las asociaciones de profesores han entregado a sus autoridades la propuesta de tablas salariales de FAPUV, elaborada con base en las Normas de Homologación, cuya plena vigencia reivindicamos, en virtud del principio de progresividad de derechos laborales.

SALUD

  • COVID-19: Dado que no tenemos seguro, y que siempre existe el riesgo de contagio en la universidad, se debe considerar la COVID-19 como enfermedad ocupacional. En consecuencia, la universidad cubrirá en su totalidad los costos del tratamiento, la atención hospitalaria y médica, de cualquier universitario que asista al campus por razones de trabajo y resulte positivo para COVID-19.
  • HCM:  Restitución de los recursos para un sistema de salud que se corresponda con el gasto real en Venezuela. Cobertura en HCM acorde con la realidad.
  • IPP: Pago de los recursos de previsión a los IPP, establecidos en los acuerdos federativos, los cuales están plenamente vigentes.

DIÁLOGO SOCIAL:  Se requiere una agenda de negociación entre cada universidad y su asociación para producir acuerdos suscritos por las partes en relación con las nuevas condiciones de trabajo y actualizar las actas convenio.

Se abrirá un canal de comunicación permanente entre el gremio y las autoridades

Reivindicamos la vigencia de las Normas de Homologación, cuya aplicación fue suspendida unilateralmente. Se deberá instalar la discusión de un mecanismo de recuperación del salario con base en las Normas de Homologación.

Se deberá instalar, igualmente, la discusión sobre el cálculo y pago de deudas por distintos conceptos con los profesores universitarios

PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: Además de salario suficiente, se deben garantizar las siguientes condiciones:

  • Cada profesor debe recibir la canasta básica de tecnologías propuesta por la CEPAL integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, o los recursos para adquirirla, de acuerdo con el cálculo hecho por el CENDAS. El plan de conexión debe incluir modem y router.
  • Acceso a internet con el mejor ancho de banda posible. Entre un 15 y un 20% de profesores universitarios de la región central, y alrededor de un 50% en los estados fronterizos, no tienen acceso a internet, dado que CANTV no llega a todos los hogares y no disponen de recursos para contratar con proveedores privados del servicio. Se deberá establecer un pago mensual por este concepto para todos los profesores que atiendan cursos en línea.
  • Actualización de la formación en entornos virtuales y apoyo técnico.
  • El plan de racionamiento eléctrico deja a los hogares, sobre todo en el interior del país, a veces hasta 12 horas sin el servicio, lo que le impide a profesores y estudiantes cumplir con la programación y daña los equipos. Para la educación a distancia es indispensable que se garantice un servicio eléctrico continuo.

PARA LA EDUCACIÓN PRESENCIAL: En este momento, las clases presenciales están descartadas. Para proteger la vida de estudiantes y profesores, empleados y obreros, solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la COVID-19.  Hacemos un llamado a la conciencia de los universitarios a no ceder en esto. Se deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:

  • Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad y la Locymat.
  • Implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de equipos de protección personal. De no mantenerse la dotación de equipos de bioseguridad y materiales de limpieza no se seguirá laborando de manera presencial
  • Higiene y limpieza a fondo de las instalaciones universitarias.
  • Reparación de baños y dotación de agua corriente permanente
  • Grupos pequeños de estudiantes, salones amplios y aireados, y escalonamiento.
  • Transporte y regularización del suministro de combustible
  • Mantenimiento de infraestructura y seguridad en el campus, ya que durante la cuarentena han ocurrido por lo menos 139 incidentes de inseguridad y vandalismo.
  • Habilitación del servicio de comedor.

CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO: Proponemos que losconsejos de escuela, facultad y universitario, aborden la discusión de estrategias para la defensa y relanzamiento de la universidad autónoma, que incluyan:

  • la actualización de sus reglamentos,
  • la democratización de la vida universitaria,
  • la captación de donaciones,
  • la generación de ingresos propios,
  • el rescate inmediato de institutos y centros de investigación para la producción del conocimiento científico.

La educación pública es responsabilidad del Estado. La situación en el subsistema público de educación básica en el país tiene muchos elementos en común con la de nuestras universidades. No hay, por ende, garantía de acceso a la educación pública en Venezuela en ninguno de sus niveles para el próximo período académico. Acabaron con la educación pública y hacen convocatorias a clases sin garantizar nada. No podemos permitir, como sociedad, que se aparente la prestación de un servicio fundamental como lo es la educación, mientras a nuestra juventud se le niega en la práctica el acceso y se atenta contra el derecho a la vida de los docentes. En la educación y el trabajo, está la clave para la superación de la emergencia social en Venezuela, la realización individual, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el impulso de una nueva estrategia de desarrollo. Esta lucha no es solo de los universitarios o de los maestros. Es de la sociedad en su conjunto.

¡SALARIO DIGNO PARA EL REINICIO DE CLASES!

¡CONVOCAMOS AL PAÍS A DEFENDER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS!

JUNTA DIRECTIVA

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Jornada nacional de recolección de firmas por SALARIO SUFICIENTE PAGADERO EN DÓLARES

LOS TRABAJADORES NOS DIRIGIMOS A LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES, EN PARTICULAR AL PODER EJECUTIVO Y AL PODER LEGISLATIVO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Hoy, en Venezuela, la prolongada hiperinflación ha pulverizado el valor del salario y el valor de nuestra moneda, razón por la cual el dólar se ha convertido en moneda de uso corriente en prácticamente todas las transacciones comerciales y en valor de referencia para la fijación de los precios. La pulverización del salario ha sometido a los trabajadores y sus familias a la pérdida continuada de todos sus derechos sociales y al hambre. En consecuencia, DEMANDAMOS el cumplimiento estricto del artículo 91 de la Constitución Nacional sobre el SALARIO SUFICIENTE con base en el costo de la CANASTA BÁSICA familiar, y que ese salario sea pagado en DÓLARES.

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Planilla para la recolección de firmas

Día del Trabajador en Venezuela

Este Primero de Mayo, las organizaciones sindicales y gremiales con sede en la ciudad capital acordamos conmemorar el día del trabajador con una marcha cuyo punto de concentración fue definido de común acuerdo en la Plaza Brión. Ahí, ordenados por sectores y con una nutrida participación, salió la marcha hacia la Plaza Altamira. FAPUV marchó con el sector educación, como parte del esfuerzo por articular las luchas de los docentes del país

El presupuesto insuficiente de las istituciones uiversitarias, el salario prácticamente inexistente e impuesto de manera unilateral por el ejecutivo nacional, la destrucción de nuestros servicios de salud y previsión social, el robo de nuestras pestaciones sciales,la discriminación al personal jubilado y pensionado, y la violación de la progresividad e intangibilidad de nuestros derechos, nos obligó a incorporar, en esta jornada de protesta, la demanda de un cambio político, económico y social en Venezuela.

Con esas mismas demandas, nuestras asociaciones se movilizaron a nivel nacional. Denunciamos que el gobierno, ni siquiera por tratarse del Día del Trabajador, respetó el derecho de los venezolanos a protestar pacíficamente, arremetiendo contra los manifestantes en las distintas regiones.

La Junta Directiva de FAPUV expresa su solidaridad con todas las víctimas de la represión y en particular con el Prof. José Luis Sánchez, de la Escuela de Administración del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente (UDO), quien resultó herido de bala en el estómago por un criminal armado, supuesto miembro de la policía municipal, al momento de finalizar la marcha convocada para conmemorar el Día del Trabajador.

La conducta represiva de los organismos del Estado venezolano por órdenes de los usurpadores es cada vez mayor, accionar que rechazamos de manera contundente por lo que exigimos a los usurpadores que abandonen el país para que los venezolanos de bien nos dediquemos a trabajar por la reinstitucionalizacion y recuperación del país y de nuestro núcleo familiar

Al Prof. Sánchez y a su familia nuestro mensaje de fe y esperanza por su pronta recuperación.

FAPUV RECHAZA LAS TABLAS DE HAMBRE Y CONVOCA A LA LUCHA POR EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA

El pasado 10 de abril, FAPUV denunció ante la opinión pública nacional el envío por parte de la OPSU de un instructivo con nuevas tablas salariales para su aplicación en el sector universitario, con ajustes que oscilan entre un 16 y un 22% de dependiendo del escalafón, en un contexto de hiperinflación cuya tasa interanual entre marzo de 2018 y marzo de 2019, fue de 1.623.656% (un millón seiscientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y seis por ciento), de acuerdo con los cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
A ese mísero ajuste se le agrega la bonificación del «salario” a través del llamado “Complemento de Estabilización Económica Temporal», que viola la igualdad de derechos de activos y jubilados, contemplados en las Normas de Homologación, Actas Convenio y Contratación Colectiva al excluir al personal jubilado, pensionado y sobreviviente de dicho beneficio.
No se trata, en esta oportunidad, de una decisión de OPSU ni de una política dirigida exclusivamente al sector universitario. En la administración pública centralizada, los tabuladores salariales fueron ajustados de la misma manera: sorpresiva y unilateralmente, a través de un instructivo, en porcentajes irrisorios en comparación con la inflación, con el mismo bono de 40% sobre el salario tabla, sin incidencia salarial y solo para los activos.
Así mismo, las tablas comienzan en un salario mínimo que sigue siendo de Bs. 18.000, lo que representa 4,3 dólares mensuales, al cambio oficial. Esto pone en evidencia, sin lugar a dudas, que el Ejecutivo Nacional, de manera deliberada, consciente y continuada, mata de hambre, literalmente, al pueblo trabajador, y es el empleador que peor ha remunerado el trabajo en toda la historia de la Humanidad.


La imposición de estas tablas de hambre, regresivas en relación con la estructuras de los tabuladores, beneficios adicionales y fórmula de cálculo de los mismos, que son conquistas de décadas de lucha del movimiento universitario, constituye una ratificación de la negación del derecho a la contratación colectiva y a la libertad sindical, lo que viola los derechos laborales progresivos, la Constitución Nacional y los convenios de la OIT suscritos y ratificados por la Nación y de carácter supra constitucional.
Es tan miserable este ajuste de las tablas, que en esta ocasión, a diferencia de oportunidades anteriores, no hubo cadenas ni anuncios oficiales.
El artículo 91 de la Constitución establece que el salario, aun el mínimo, debe ser suficiente, y definirse de común acuerdo entre los representantes del empleador, el Estado y los trabajadores, tomando en consideración el costo de la canasta básica. En Venezuela, el salario de UN AÑO, no compra ni remotamente la canasta básica de un mes.
No hay manera, con estos salarios, de cumplir con las necesidades básicas de nuestras familias, así como tampoco hay forma, con este Ejecutivo Nacional, de vencer la hiperinflación, ni de negociar como gremio las condiciones de trabajo y remuneración, porque todo se impone. Los espacios democráticos para la lucha sindical y gremial han sido cerrados por el ex presidente Nicolás Maduro y esa es la realidad que determina el carácter de la lucha universitaria en la actualidad.
Esa es la razón, entonces, por la cual hoy, la lucha por un cambio político es el centro de la agenda gremial. Para recuperar nuestra calidad de vida es indispensable una apertura democrática que permita elecciones libres, discusión del presupuesto nacional y del presupuesto universitario en la Asamblea Nacional, y negociación de las condiciones de trabajo y remuneración.


FAPUV reitera su contundente rechazo y condena a esta nueva imposición de las tablas de hambre para el sector universitario y el sector público, en general. Exhortamos a las autoridades a hacer valer la autonomía universitaria y la normativa interna, y no aplicar la medida discriminatoria hacia los jubilados. Y llamamos a nuestros agremiados a enfrentar el acoso del Ejecutivo Nacional contra las universidades, sumándose a todas las actividades de protesta y de organización por el cambio político en Venezuela.

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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OPSU envía tabla con nuevos sueldos a las universidades

Hoy, 10/4/2019, la OPSU envió a las #UniVe un instructivo con nuevas tablas salariales para su aplicación en el sector.

Estos «salarios» apenas representan entre 16 y 22% de ajuste (dependiendo del escalafón) en relación con las tablas del mes de enero, mes en el cual la inflación fue de 191,6%; en febrero fue de 53,7%; y en marzo fue de 18,1% de acuerdo con los cálculos de la Asamblea Nacional, único poder público con credibilidad en Venezuela. Si ya en el mes de enero no se le podía llamar salario a los montos irrisorios que se perciben en nuestras instituciones públicas de educación superior, hoy, con esta hiperinflación, que los ajusten en tan bajos porcentajes es el colmo del cinismo del Ejecutivo nacional.

El documento enviado por OPSU contiene, además, unos criterios generales que reinciden en la bonificación del «salario» y en la discriminación a nuestros jubilados, al establecer (punto 4) un bono con nombre rimbombante de 40% sobre el salario base, sin incidencia salarial y solo para el personal activo.

El Ejecutivo nacional,continúa burlándose de los universitarios, violando los derechos laborales, pulverizando el ingreso familiar e imponiendo el hambre. No hay espacio democrático para negociar las condiciones de trabajo y remuneración de ningún sector laboral en Venezuela. Por eso, con todas las diferencias de visión que da el vasto espectro político nacional, hay consenso entre los distintos sectores laborales, en gremios y sindicatos del país, acerca de la imperiosa necesidad de una apertura democrática que le devuelva a la ciudadanía el poder de elegir libremente sus gobernantes, y el poder de discutir con el Estado-empleador las propias condiciones de trabajo y remuneración, en un marco de respeto a la Constitución Nacional, a los derechos progresivos y a los convenios internacionales suscritos y ratificados por la Nación.