La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza la suspensión del salario de un grupo de colegas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y emplaza a las autoridades a trabajar en mecanismos de reactivación de la actividad académica basados en los principios de justicia, derecho a la vida, a la salud, al trabajo decente y a la libertad sindical.
La respuesta de las autoridades a la crisis no puede ser ir contra los profesores y convertirse en instrumento de chantaje y represión contra una comunidad que ha dedicado su vida a la universidad, que la ha defendido y que hoy se ve materialmente imposibilitada de garantizar la actividad académica normal porque carece de salario, de seguridad social y de los servicios indispensables para ello.
FAPUV ha denunciado nacional e internacionalmente esta grave situación que amenaza con destruir todo el subsistema de educación universitaria, debido a que el Estado venezolano se ha desentendido de su obligación de financiarlo y ha desviado los recursos de la educación a destinos desconocidos para la Nación. Los profesores universitarios no son responsables de la crisis a la que esta nefasta política estatal ha llevado a nuestras instituciones.
La suspensión del salario es una amenaza directa a la estabilidad laboral. ¿No les parece a las autoridades que es suficiente con que los universitarios hayamos sido despojados de nuestro salario, nuestros ahorros, nuestras prestaciones y nuestra seguridad social? ¿También van a despojarnos de nuestra estabilidad laboral? Esa estabilidad es un elemento fundamental de la carrera académica y garantía de la libertad de cátedra. Se están prestando a suspender el salario de unos colegas asfixiados por la situación de emergencia humanitaria que azota a la mayoría de la sociedad venezolana, y eso es muy grave.
Los profesores objeto de esta medida draconiana de las autoridades de la UCLA tienen todo el apoyo de su asociación y de su federación. FAPUV ha dicho claramente, en repetidas oportunidades y de manera formal, que los colegas imposibilitados de asistir a su actividad académica normal debido a la falta de condiciones salariales y de ambiente de trabajo, NO PUEDEN SER OBLIGADOS. Esta posición del gremio debe ser respetada por todos, empezando por las autoridades que también son agremiados. Lo contrario constituye una grave violación a la libertad de asociación, ya que los colegas actuaron de conformidad con las orientaciones de su gremio e informaron de su situación, en detalle, a las autoridades, las cuales debieron y deben buscar soluciones, no exigir imposibles.
En consecuencia, FAPUV y sus 18 asociaciones acordamos asumir la defensa de nuestros colegas de la UCLA, exhortamos a las autoridades a revertir esa medida, solicitamos una reunión con carácter de urgencia a la AVERU para discutir este punto, convocamos la solidaridad de todos los universitarios e invitamos a las federaciones hermanas a definir un plan conjunto de respuesta a este tipo de situaciones.
Junta Directiva
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
UNA FARSA PARA DESTRUIR LA ACADEMIA Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS UNIVERSITARIOS
El gobierno venezolano desconoce a la legítima dirigencia sindical y gremial de las universidades para imponer un convenio colectivo anticonstitucional y contrario a la esencia de toda convención colectiva de trabajo, que viola el derecho al salario digno, destruye la carrera académica y acaba con todas las conquistas laborales del sector.
La Constitución nacional y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y núm. 87sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, han sido nuevamente violados en nuestras universidades públicas.
El pasado 28 de mayo, sin participación de la FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que congregan a más del 90% de los trabajadores universitarios, el gobierno venezolano inició la “discusión” de la IV Convención colectiva de los universitarios con la ftuv, federación afiliada a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), absolutamente funcional al partido de gobierno y nada representativa de los universitarios.
La instalación de esas mesas de negociación con los ministerios del Trabajo, de Planificación y Universitario, fue ampliamente rechazada por los trabajadores universitarios cuyos intereses no estuvieron ahí representados. No obstante, el pasado 28 de julio se anunció la firma del convenio y se dieron a conocer unas tablas salariales cuyo salario más elevado, el de profesor titular a dedicación exclusiva, es de once dólares ($ USA 11), cuyo valor se reduce cada día con la devaluación de nuestra moneda.
LA DESTRUCCIÓN DE LA RACIONALIDAD ACADÉMICA Y LA DEGRADACIÓN DEL SALARIO
Oficialmente, de la IV CCU solo se ha dado a conocer la tabla salarial y un instructivo enviado a las universidades que resultó peor a lo que se venía pagando desde el mes de mayo. Lo primero que evidencia la tabla es que no hubo discusión de la cláusula salarial en la supuesta negociación colectiva, ya que la tabla es la misma que viene imponiendo el gobierno unilateralmente a partir de 2018, que consiste en equiparar el primer salario, el de obrero 1, al salario mínimo, y construir la tabla a partir de ahí aplicando la interescala aplanada, impuesta también por el gobierno, mediante el memorando 2792, del Ministerio del Trabajo. Una convención colectiva sin negociación de la cláusula salarial es, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, una farsa total. Por eso afirmamos que la IV CCU no es una convención sino una patraña, de la misma manera que la tabla no es salarial, sino un fraude a los universitarios.
Además, la fijación del salario mínimo, que determina toda la tabla, se hace sin consultar con las organizaciones de trabajadores, violando el convenio 26 sobre salario mínimo de la OIT, con alevosía, para no remunerar el trabajo en la administración pública.
A continuación, en el cuadro 1, comparamos el salario impuesto a través de la IV CCU con el salario conquistado, veinte años antes por FAPUV, a través de las Normas de Homologación.
En este cuadro se comparan los salarios de la IV CCU negociada en 2021 por la ftuv con el gobierno de Nicolás Maduro, con las NORMAS DE HOMOLOGACIÓN, negociadas por FAPUV con el gobierno de Hugo Chávez en el año 2001. En él, se advierte una interescala que estimula el ascenso y la carrera académica en 2001, vs una interescala disminuida, en perjuicio de la carrera académica, en 2021. Salta a la vista la desaparición del salario como justa contraprestación por el trabajo en la IV CCU. El profesor de mayor escalafón y dedicación pasó de dos mil seiscientos cincuenta y nueve dólares al mes en 2001 a once dólares al mes en 2021: una diferencia abismal. De esos once dólares para abajo es, hoy, la “remuneración” de todos los demás.
De acuerdo con la CRBV los derechos laborales son progresivos. Las Normas de Homologación solo pueden ser sustituidas por acuerdo entre las partes, por un instrumento mejor. Lo que se ha hecho es todo lo contrario: la imposición de un instrumento peor para acabar con las conquistas socioeconómicas y la calidad de vida de los universitarios.
De este modo el gobierno viola el artículo 91 de la CRBV, garante de la suficiencia del salario, el cual establece la revisión anual del salario mínimo vital tomando como referencia el costo de la canasta básica; viola igualmente el artículo 102 de la CRBV, que obliga al Estado a asumir la educación “como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”, ya que lo que ha hecho al negarse a remunerar el trabajo en el sector es retirarse de esa obligación. Y viola igualmente el art 104 de la CRBV según el cual, el Estado debe garantizar la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente “en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”.
Y por supuesto, viola el artículo 13 de las Normas de Homologación que establecen el ajuste de las tablas de sueldos y beneficios adicionales del personal docente y de investigación de las universidades nacionales, cada dos años, por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en consulta con FAPUV, “tomando en cuenta como criterio para su modificación el índice promedio del costo de la vida durante los dos años anteriores”, y cuya vigencia reivindicamos.
No conforme con eso, en las disposiciones finales del documento de la IV CCU, se prohíbe el acuerdo de nuevos beneficios a través de actas convenio u otros instrumentos entre las universidades y gremios y sindicatos. Eso dificulta la actuación de las universidades para garantizar remuneraciones adicionales, dadas las circunstancias, aunque los recursos provengan de ingresos propios. Es una camisa de fuerza que hay que romper, porque también se establece que no se pueden introducir nuevos proyectos contractuales, aunque esta convención sea una farsa. Estas disposiciones demuestran la confabulación del gobierno y su federación apéndice para tratar de impedir la demanda de reivindicaciones por parte de los universitarios, y así mantenerlos en la miseria.
OTROS CONCEPTOS ANTICONSTITUCIONALES
El atentado oficialista contra la Universidad no se trata solo del salario o, mejor dicho, de la ausencia de salario para su personal. Por las redes sociales ha sido distribuido un mamotreto, calificado como definitivo, con muchas similitudes y algunas diferencias con el proyecto difundido por la federación creada y controlada por el ministerio. Dicho documento no cumple con la doctrina de la negociación colectiva, que estructura los contratos en cláusulas económicas, administrativas, sindicales y gremiales, sino que está constituido por un rosario de 92 cláusulas en 8 módulos.
1. Desconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
El rechazo de FAPUV a la IV CCU en su totalidad, por anticonstitucional, es unánime. La imposición de esta convención constituye un grave incumplimiento por parte del Estado del artículo 96 de la CRBV que garantiza el derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo; y del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificado por nuestro país (G.O N°28.709 Extraordinaria del 22/08/68), que es uno de los ocho convenios considerados como derechos fundamentales del trabajo.
Como se pudo advertir en el cuadro 1, la sustitución de las Normas de Homologación por la modalidad de contrato único, que ha sido utilizada para impedir que el gremio representativo de los profesores universitarios discuta sus condiciones de trabajo y remuneración, ha destruido todas las conquistas laborales y calidad de vida de los universitarios. El abismo entre los resultados de uno y otro instrumento es colosal. Con el argumentode unificar las condiciones de trabajo de todo el personal del sector de educación universitaria, el gobierno acabó con la negociación colectiva y la libertad sindical de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y gremiales que los representan al promover una organización paralela y nada representativa, que funciona como tentáculo del ministerio.
El argumento tradicional del gobierno para no discutir con las federaciones mayoritarias del sector universitario ha sido la mora electoral. Se nos niega el derecho a la negociación colectiva por no haber podido renovar las directivas de nuestras organizaciones, aunque eso responda a las restricciones de que se ha valido el Consejo Nacional Electoral (CNE) para imposibilitar las elecciones sindicales y gremiales. La Comisión de Expertos y la Comisión de Encuesta de la OIT han reprochado el mecanismo de “mora electoral” en sus observaciones al cumplimiento del Convenio 87 de libertad sindical, pero el gobierno insiste. Sin embargo, la federación oficialista, creada en el ministerio del trabajo el 1º de mayo de 2015, jamás ha hecho elecciones y con ella usurpando la representación de los trabajadores, el gobierno sí “negoció” la IV CCU.
Con esta nueva violación al derecho a la negociación colectiva de los universitarios, además de incumplir los citados convenios y las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y de la Comisión de Encuesta de la OIT, el gobierno desconoce las últimas dos reuniones del Consejo de Administración de la OIT, donde se le ha exhortado a dejar de atropellar a los trabajadores de Venezuela y a respetar y cumplir los convenios internacionales suscritos por la nación en esta materia.
2. Desnaturalización de lo que es un contrato colectivo de trabajo
El documento de la IV CCU desnaturaliza el propósito y alcance de una convención colectiva, y es inaceptable en su forma y contenido. Veamos algunos de sus despropósitos:
El llamado módulo de desarrollo productivo (módulo 1) le concede a la ftuv cometidos de gestión y formulación de políticas para los cuales no tiene competencia, y que en algunos casos contrarían a la Ley de Universidades. Según esto, por poner un ejemplo, van a desarrollar un “modelo científico y tecnológico” para “la construcción del modelo productivo socialista”, en abierta contradicción con el artículo 102 de la CRBV que establece taxativamente que la educación es un servicio público y se fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. El propósito real de este módulo es intervenir espacios fundamentales de las universidades, usando a la ftuv como caballito de Troya.
El llamado módulo de defensa integral de la nación (módulo 2) es completamente improcedente en una convención colectiva, y pasa también por la violación de la autonomía universitaria. Ni nuestras asociaciones de profesores ni el movimiento sindical en general tienen nada que hacer con la supuesta unión cívico militar de que se habla en la cláusula 10, pero que no contempla nuestra Constitución; mucho menos con la conformación de cuerpos de combatientes, así como tampoco con la promoción de actividades militares en las instituciones universitarias. No solo nos negamos a aceptar la sustitución del birrete por una gorra militar, sino que rechazamos la creación de este tipo de organización paramilitar en nuestras universidades, y denunciamos que su finalidad es la represión a nuestras luchas por la universidad autónoma y de calidad.
A la vez que incorpora políticas y cometidos que nada tienen que ver con cuna convención colectiva de trabajo, el documento de la IV CCU deja de lado la grave crisis social que sufren los universitarios en el actual contexto de hiperinflación y emergencia humanitaria compleja.
El llamado módulo social (módulo 3), desde el punto de vista de las acciones necesarias que demanda la emergencia humanitaria compleja que sufre nuestra sociedad y golpea especialmente a los universitarios, no aporta ninguna solución real, significativa. Lo que sí hace es crear un “estado mayor de salud universitario” para meter a la ftuv en la gestión ministerial del sistema de salud. Mientras el módulo 4 de desarrollo integral del trabajador le entrega a la ftuv la dirección de una escuela “del servidor público y dirección universitaria” ¿Qué irán a enseñar ahí?
En relación con los ajustes de la pensión de jubilación, el documento de la ICV CCU desconoce el artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que establece que las pensiones mantendrán su poder adquisitivo constante. El cuadro 1 sobre salarios refleja, en la columna correspondiente al año 2001, lo que significaría restituir a valor presente el monto de las jubilaciones y pensiones. En Venezuela se perdió el derecho a la jubilación ya que nadie puede vivir con los montos que se cancelan, por lo que luego de su jubilación el trabajador debe buscar otro trabajo para su manutención. Pero llega una edad en que esto ya no es posible, razón por la cual los jubilados y pensionados del sector universitario, han sido arrastrados por el gobierno y su federación a la pobreza más extrema. No hay en el documento de la IV CCU medida alguna para atender esta grave situación, a pesar de su urgencia.
Al igual que el salario y las pensiones, la hiperinflación acabó con las prestaciones y los ahorros. En el módulo 7, la IV CCU repite lo que establecen los artículos 142 al 144 del DLOTTT, y promete leer una propuesta de la ftuv para restituir su valor. ¿No se supone que estaban negociando para hacer realidad las propuestas? El desfalco al patrimonio de los universitarios, al ahorro de miles de vidas completas de trabajo merece respuestas efectivas, acuerdos urgentes, en la grave situación social actual. Eso sí es una función inherente a una negociación colectiva. El robo de las prestaciones sociales es desestimado por la IV CCU
La insistencia, que se observa a lo largo del documento, en incluir objetivos que nada tienen que ver con un convenio de trabajo o con la actividad sindical, es parte de una política, de un proyecto autoritario y militarista, cuya más relevante manifestación normativa la encontramos en el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT) que estableció esa clase de objetivos, los cuales han sido expresamente criticados por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en sus observaciones relativas al Convenio 87. Y la exclusión de objetivos fundamentales de una convención de trabajo como lo son el salario, las jubilaciones y las prestaciones sociales, que la IV CCU deja como estaban a pesar de la emergencia social, es la mejor demostración que esa IV CCU no es una convención colectiva de trabajo sino una mascarada.
3.Destrucción de la carrera académica
En el documento de la IV CCU, el gobierno asienta como propósito la violación a la libertad de pensamiento como derecho humano y político, y al principio de universitas, que es la esencia de la Universidad, cuando señala que las universidades estarán alineadas con el pensamiento socialista. Así mismo, le concede a la federación oficialista poderes plenipotenciarios para desconocer la esencia de lo que es un profesor universitario, destruir la carrera académica y violar la autonomía universitaria.
El documento de la IV CCU, en sus definiciones (cláusula 1) elimina la figura de los profesores universitarios y habla de “trabajadores docentes y de investigación”. Ocurre que los profesores universitarios hacemos investigación, docencia, extensión, además de administración de la academia. Todo eso lo resume la hermosa frase “profesor universitario” usada en todos los estamentos nacionales e internacionales referidos al personal docente y de investigación de las universidades, en la vigente Ley de Universidades (LU), los reglamentos internos de las universidades, los acuerdos federativos (Normas de Homologación) y las actas convenio institucionales; además, fue ratificada en la II CCU.
El documento de IV CCU “definitiva” le entrega a la desprestigiada ftuv, vale decir, al PSUV, la participación en la confección del calendario académico (cláusula 42), en la convocatoria y organización de concursos para el ingreso del personal docente (cláusula 46) y en la elaboración de los reglamentos de ascenso del personal docente (cláusula 50). Esto es inaceptable desde todo punto de vista. La pretendida intromisión de la ftuv, en la toma de decisiones en cuanto a la administración de la academia, amenaza la autonomía universitaria, la carrera académica y la calidad de la labor de investigación, docencia y extensión en nuestras universidades. La clara intervención del gobierno con este invento es El gobierno utilizar a la ftuv para intervenir y violar la autonomía universitaria aparentando que esa intervención es un derecho que canaliza una organización sindical.
4. Apropiación indebida del patrimonio de los universitarios por parte de la federación del gobierno.
La federación creada y mantenida por el gobierno se prepara para apropiarse indebidamente del dinero de previsión social de todas las universidades. Para ello, a través del art 59-60 le entregan el 5% de previsión social a la ftuv, “para sus gastos administrativos” para el año 2021 y 7% para el año 2022, mientras a través de la plataforma patria, con el secuestro de la nómina, confiscan los aportes que los profesores les damos a nuestras asociaciones, además de los aportes de la caja de ahorro.
La creación del Instituto de Previsión Social para los Trabajadores Universitarios para gestionar todo lo referente al tema de la salud, los servicios funerarios, la alimentación, la vestimenta, la atención para el deporte, la cultura y otros temas dirigidos a la protección de los trabajadores universitarios, se establece en la Cláusula # 28, y es muy grave que disponga que una federación patronal y de maletín, sin presencia en la mayoría de nuestras universidades, maneje a discreción los recursos de previsión social de todos los universitarios. Esta cláusula es excluyente y regresiva, antigremial y anticonstitucional.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
El análisis precedente deja bien claro que el verdadero propósito de impedir la negociación de las condiciones de trabajo de los profesores universitarios por su organización gremial legítima que es FAPUV, es la imposición de la miseria, la destrucción de la carrera académica y, con ella, la destrucción de la Universidad Autónoma.
Para que haya una verdadera negociación colectiva hay que hacer hincapié en la participación de las federaciones mayoritarias de profesores, empleados y obreros, y en la revisión del tema salarial que restituya el valor de los salarios, hoy completamente destruidos. Y deben participar también las universidades, representadas por sus autoridades, porque la universidad venezolana es autónoma, y esa autonomía es de carácter pleno y originario.El MPPEU solo es el patrón en los Institutos y Colegios Universitarios, ya que el personal firma su contrato con el Ministerio. El diálogo que conduzca a una verdadera convención debe ser, por ende, tripartito.
En consecuencia, el gremio insiste en el llamado a las autoridades universitarias para que no se limiten a aplicar la IV CCU sin pronunciamiento ni lucha alguna. La autonomía universitaria, la calidad y equidad de acceso a la educación y los derechos laborales y condiciones de vida y de trabajo de los universitarios son demandas fundamentales que deben ser enarboladas y defendidas por toda la comunidad universitaria.
Junta Directiva
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
El pasado 3 de junio de 2020, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) emitió un comunicado de rechazo al incendio provocado de la Biblioteca Central del Núcleo Sucre de la Universidad de Oriente (UDO), en el cual reclamábamos el atropello contra el conocimiento y la cultura no solo en esa institución sino en las diversas universidades autónomas, todo lo cual parece dibujar un patrón destinado a impedir que Venezuela salga del subdesarrollo cultural, científico e industrial en que está sumergida. Hoy, con gran pesar, debemos consignar de nuevo nuestra más enérgica protesta por los continuados ataques a la infraestructura y equipamiento de la UDO en sus diversos núcleos, que tan solo entre la segunda quincena de marzo hasta finales de junio de 2020 sumó al menos 56 robos, además del ya mencionado incendio a la Biblioteca Central que destruyó el acervo bibliográfico allí existente. Los robos reiterados, desde cables, ventanas y puertas hasta techos, mobiliario y materiales de laboratorio y oficinas, han desmantelado a la institución en sus cinco sedes, sin que las autoridades nacionales, regionales o locales tomen cartas en el asunto. El más grave acto vandálico hasta la fecha ocurrió en diciembre de 2020, cuando sujetos no identificados destruyeron la infraestructura del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas “Dra. Susan Tai” de la UDO-Sucre, de donde no solo sustrajeron gran cantidad de equipos de laboratorio sino que destruyeron a mandarriazos un microscopio electrónico de barrido con emisión de campo, valorado en US$ 2 millones. Asimismo, las autoridades rectorales denunciaron la destrucción de las instalaciones de Los Guairitos en el núcleo Monagas el 31 de diciembre de 2020 y la quema de la sede de la Escuela de Geología y Minas en el Núcleo Bolívar, el 4 de enero de 2021. Resulta evidente que detrás de todas estas acciones violentas se esconde una política sistemática de destrucción de la UDO, universidad fundada hace 62 años con el fin de elevar el desarrollo científico y cultural del oriente venezolano, expresado en los miles de graduados que hasta ahora se han formado en sus aulas y en los más de 13.700 alumnos que en sus cinco núcleos se ven perjudicados actualmente en su progreso curricular por causa de esta dramática situación de despojo. Este ensañamiento extremo contra la UDO debe cesar. Una vez más, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hace un enérgico llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales a tomar las previsiones necesarias para sancionar a los culpables de tales hechos delictivos y evitar su repetición, un llamado que extendemos a la protección de todas las universidades autónomas que en mayor o menor grado también han sido objeto de hechos como los aquí descritos. En estas instituciones se genera y transmite conocimiento, se construye el presente y el futuro de nuestra nación, por lo que llamamos nuevamente al respeto de la institucionalidad, de la legalidad y de los derechos humanos, así como a velar por los valores consagrados en nuestra Constitución y en los diferentes tratados internacionales firmados por la República. En Caracas, a los nueve días del mes de enero de 2021
Mireya R. Goldwasser Deanna Marcano Presidenta Secretaria Académica
La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) fue creada el 25 de julio de 1977 por Decreto Presidencial de la República de Venezuela. Funciona en el estado Guárico, con sede principal en San Juan de los Morros, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Salud, Agronomía, Odontología, Ciencias Económicas, Ingeniería de Sistemas, (Ingeniería, Arquitectura y Tecnología) y Ciencias Jurídicas y Políticas; y otra sede en Calabozo, donde se encuentran las Áreas de Ciencias de la Educación, Humanidades Letras y Artes. Tiene núcleos en Zaraza, Valle de la Pascua y Altagracia de Orituco.
En la década de los años 70 del siglo XX, como respuesta al movimiento de renovación universitaria que cobraba fuerza en las universidades autónomas, el gobierno venezolano impulsó un sistema paralelo, con la creación de las Universidades Nacionales Experimentales, las cuales no gozaron de autonomía, reservándose el Ejecutivo Nacional la potestad de nombrar sus autoridades, hasta que lograran, con el correr del tiempo y después de sortear un sinfín de obstáculos, que se les concediera la autonomía y el derecho a elegir sus autoridades. Una de las Universidades experimentales así creadas, es la UNELLARG.
La UNELLARG logró que se le reconociera el derecho a elegir sus autoridades, pero fue intervenida a inicios del primer gobierno de Hugo Chávez. El Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra la autonomía universitaria. Este principio fundamental fue vulnerado cuando se decidió la intervención de instituciones universitarias y la violación de sus normativas. En 1999, fue intervenido el proceso de democratización de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) y luego, en orden cronológico, fueron intervenidas la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).
En el caso de la UNELLARG, en marzo de 1999, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Prof. Héctor Navarro, derogó el Reglamento vigente de la Universidad, por Resolución 19 de ese Ministerio; suspendió el proceso electoral en curso, y designó Rector interino por 6 meses, con el compromiso de elaborar un nuevo Reglamento para la realización de elecciones democráticas. Un año después, por Resolución 55 de fecha 22 de marzo de 2000, se dictó un nuevo Reglamento, publicado en Gaceta Oficial N° 36.917 de fecha 23-03-2000, en cuyo capítulo II, sección segunda, artículos 7° y 9°, se establece que Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario General serán nombrados por el Presidente de la República por órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Las comunidades de las universidades intervenidas han sido víctimas de persecuciones, medidas represivas y vejaciones por parte de las autoridades impuestas, y no han dejado de exigir democracia y autonomía; no obstante, durante 20 años no se les ha permitido elegir a sus autoridades, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente N° 0445, de fecha 20-07-2000, ordenó al Ministerio dictar, en un lapso no mayor de seis (6) meses, la normativa que permitiera la participación de las comunidades universitarias de las instituciones intervenidas, en la elección de sus autoridades.
En la UNELLARG, a pesar de la cruenta represión por parte de las autoridades interventoras, el profesorado ha seguido reclamando autonomía, democracia y condiciones de trabajo y de vida dignas.
La Superintendencia de Seguridad Social es un órgano creado en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad (LOSSS,2002), con la finalidad de: “…fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros de los regímenes prestacionales que integran el Sistema de Seguridad Social” (Art.28. LOSSS, original).
¿A cuál Sistema de Seguridad Social se refiere el Legislador Orgánico? Sin duda alguna, al establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y desarrollado por la LOSSS, la cual, en su artículo 5, lo define, así: “A los fines de esta Ley se entiende por Sistema de Seguridad Social el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho Sistema”. Los sistemas que integran el Sistema de Seguridad Social (SSS) son: Sistema Prestacional de Salud; Sistema Prestacional de Previsión Social; y, Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat. Y, los regímenes prestacionales, son: Régimen Prestacional de Salud; Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas; Régimen Prestacional de Empleo; Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas; Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Señor Superintendente de Seguridad Social, entérese de una vez por todas, ese SSS que crea la CRBV y desarrolla en extenso la LOSSS, NO EXISTE EN VENEZUELA, ES UNA FICCIÓN. Y, no existe, porque el gobierno del cual usted forma parte no ha tenido la voluntad política ni la capacidad para ponerlo en marcha, al contrario, ha conspirado contra él, creando una institucionalidad paralela, grandes misiones y micro misiones, que lo han desnaturalizado totalmente antes de nacer. En consecuencia, no hable en nombre de algo inexistente. ¿Dónde está el Sistema Público Nacional de Salud? ¿Dónde el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor? ¿El Régimen Prestacional de Empleo? ¿El Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas? ¿Dónde el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat?
Origen de la Superintendencia de Seguridad Social. Es costumbre de este gobierno colocar la carreta delante de los caballos. El SSS no existe; pero, se crearon dos instituciones importantes: La Superintendencia y la Tesorería de la Seguridad Social. Ninguna de las dos tiene funciones que cumplir. La Superintendencia no tiene nada que fiscalizar, supervisar y controlar, pues el SSS no existe; y, la Tesorería, no tiene nada que recaudar, distribuir e invertir, pues, repetimos, el SSS no existe. Se trata de dos parapetos causantes de gastos al erario público nacional, totalmente injustificados. ¿Por qué fueron creados estos dos organismos? Simplemente, por la ineptitud y sumisión de la Asamblea Nacional y la dominación centralista y autoritaria del Presidente Hugo Chávez. El artículo 29 de la LOSSS, original, establecía que; “La Superintendencia de Seguridad Social estará bajo la dirección de un Superintendente. A efecto de su designación, la Asamblea Nacional nombrará un comité de evaluación de postulaciones que se regirá por el reglamento respectivo. De la preselección de los postulados, la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes, integrará una terna que será presentada al Presidente de la República, quien en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de la presentación, designará y juramentará al Superintendente de Seguridad Social”
La pereza mental, incapacidad y sumisión de la Asamblea Nacional (AN) determinaron la vía fácil de reformar parcialmente la LOSSS, año 2012, y complacer el totalitarismo de Chávez, facultándolo en exclusiva para designar directamente al Superintendente de Seguridad Social (tercera reforma parcial de la LOSSS), recayendo esta designación en el médico Julio César Alviárez, como premio de consolación por los favores concedidos a la “revolución”
El Superintendente, así nombrado, al no tener nada que hacer, se confabuló con un grupo de profesores universitarios jubilados, con el consultor jurídico del Ministerio de Educación Universitaria, el Ministro de Educación Universitaria, el Consejo Nacional de Universidades ( CNU, año 2008) y, posteriormente, con la Contraloría General de la República, para ir en contra de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Personal de las Universidades nacionales, buscar apoderarse de sus recursos y procurar su destrucción. Tales propósitos fueron logrados en dos Fondos (UNA y UNESR) en los que sus haberes fueron repartidos cual cotillón; en otro, se procedió a su liquidación y condicionamiento de sus haberes (UCV); y, los demás Fondos, con buen criterio, se resistieron a los ataques del Superintendente, por no tener facultades para ello, y, aún, sobreviven cumpliendo con su objeto.
El Superintendente, parece olvidar, que, en virtud de ciertas acciones malintencionadas, el CNU, aplicó el artículo 119, parte final, de la LOSSS, ordenó la excepción de los profesores jubilados y pensionados a seguir cotizando a los Fondos, la devolución a éstos de las cotizaciones realizadas desde el 01-01-2003 y la suspensión del aporte institucional a los Fondos por los conceptos señalados. Posteriormente, también, suspendió, de manera ilegal, el aporte institucional a los Fondos por concepto del personal activo, aunque las Universidades que mantuvieron los Fondos continúan reteniendo la cotización del personal activo. Decimos, ilegal, y, no nos equivocamos, por cuanto los Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la Universidades nacionales fueron creados por el CNU, en el año 1976, mediante Pautas Reglamentarias, forma de expresar su voluntad el Órgano Institucional; y, de conformidad, con estas Pautas Reglamentarias, llevadas a rango legal, artículo 26, numeral 18, de la Ley de Universidades vigente (1970), los Consejos Universitarios están facultados para: “Dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades, el régimen de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo lo relacionado con la asistencia y previsión social de los miembros del personal universitario;”. Estas Pautas Reglamentarias están vigentes. No han sido derogadas por el CNU ni anuladas por la autoridad judicial competente .Por consiguiente, los Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades nacionales son de origen legal (Ley de Universidades) y han debido crearse en todas las Universidades públicas nacionales, con lo cual, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Miembros del Personal Docente y de investigación de las Universidades públicas nacionales, pasó de asistencial a contributivo directo, a partir de febrero de 1976. Para la Venezuela del momento, este hecho, era algo inesperado, sorprendente. Estos Fondos, al no establecer las Pautas Reglamentarias la naturaleza jurídica de su constitución, asumieron formas diversas y regulaciones especiales. Hoy día son instituciones que tienen su fundamento legal, reglamentario y contractual y constituyen derechos adquiridos de los trabajadores.
Sí, el gobierno de Chávez, primero, hubiese tenido la firme voluntad de aplicar y poner en marcha la LOSSS, Venezuela sería un gigante en materia de Seguridad Social; pero, no, optó por destruirla, fortalecer, aparentemente, el IVSS, y crear el paralelismo asistencialista misionero, conducta que ha seguido al pie de la letra sus sucesor, Nicolás Maduro, en grado superlativo, por cuanto este señor con sus ejecutorias lo ha destruido todo, incluyendo la institucionalidad de los seguros sociales.
Para mayor abundamiento jurídico e ilustración del Superintendente, sí, el gobierno nacional (Chávez-Maduro) hubiese creído en la LOSSS, en su necesidad e importancia, nada de lo que comentamos estuviese ocurriendo, ya que tenía lapsos perentorios para su aplicación y puesta en marcha del SSS. El primero de enero del año 2007, Venezuela ha debido despertar con un nuevo SSS. No ocurrió nada. La diligente AN se apresuró a reformar parcialmente la LOSSS (primera reforma parcial de la LOSSS, 2007), eliminando todos los lapsos que obligaban al Ejecutivo Nacional poner en ejecución el SSS. A partir de este momento el Ejecutivo Nacional entró en desacato a la Ley y la AN en omisión legislativa. Toda la institucionalidad previsional prexistente a la LOSSS adquirió ultractividad, se hizo, nuevamente, vigente, y, es lo que tenemos en la actualidad por Seguridad Social. A la prueba nos remitimos, el artículo 145, LOSSS, original, establece, que: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los trabajadores que ingresen al servicio del Estado no podrán afiliarse a regímenes especiales, prexistentes, de jubilaciones y pensiones del sector público financiados total o parcialmente por el Fisco Nacional distintos al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas”. Pero, resulta que este Régimen Prestacional no existe, la Ley especial que lo regula no ha sido sancionada por la AN, ni promulgada por el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es el régimen único de jubilaciones y pensiones que afilia a los viejos y nuevos trabajadores del TSJ y Poder Judicial, del CNE, de la AN, de la CGR, del BCV, de las Universidades públicas, etcétera? Pues, el mismo que han tenido siempre, un régimen especial preexistente, que no ha sido derogado, ni siquiera por ese adefesio jurídico del cual no se acuerda nadie, por su inefectividad, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2014 (G.O. N° 6156 Extraordinario del 19-11-2014. El artículo 3° de este Decreto exceptúa de su campo de aplicación a los regímenes especiales de fuente legar, aunque los obliga a cotizar a la Tesorería de la Seguridad Social. Valdría la pena que la Tesorería y la Superintendencia informaran cuántos de los regímenes especiales cotizan, su porcentaje y cuántos jubilados y pensionados están a su cargo y reciben sus pensiones mensuales por taquilla propia de la Tesorería de la Seguridad Social. Todo es un entramado de mentiras y argucias para engañar a la gente.
Por último, en lo que refiere a aspectos legales, el artículo 148 de la LOSSS, original 2002, establece lo siguiente: “Queda derogada toda disposición normativa que en materia de seguridad social contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la presente Ley” ¿Existe algo que haya derogado la LOSSS, con excepción, de la excepción de los jubilados y pensionados a seguir cotizando? Nada, absolutamente, nada, todo lo preexistente es existente. Ni por asomo la LOSSS se aplica. El mismo artículo que excepciona a los jubilados y pensionados a seguir cotizando, agrega, salvo que realicen actividades laborales remuneradas. Y, cuando jubilados, perciben remuneraciones y no cotizan a ninguna parte. ¿Qué tenemos en Venezuela por Seguridad Social? El IVSS, desnaturalizado totalmente, alejado de su regulación legal y reglamentaria; múltiples regímenes de jubilaciones y pensiones; un modesto e insuficiente Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo, un precario régimen asistencial de atención médica y hospitalaria y la red de limosnas llamadas misiones sociales. Una pregunta viene a acotación. ¿Supervisa, fiscaliza y controla la Superintendencia de Seguridad Social el IVSS y los regímenes de jubilaciones y pensiones de la Administración Pública con Autonomía Funcional? Nada que ver. ¿Dónde está el Fondo de Pensiones del IVSS? ¿A cuál lugar van a parar las cotizaciones de los trabajadores afiliados al IVSS y los aportes patronales? ¿Cuál es el monto de las reservas técnicas del Fondo de Pensiones del IVSS’? ¿Cuántas pensiones se pagan con cargo a dicho Fondo? De estos asuntos debería dar cuenta la Superintendencia. Pero, no puede. El IVSS ha prohibido, inclusive, el ingreso del Superintendente a sus instalaciones. El IVSS es un instituto autónomo, regulado por ley especial, adscrito a lo que ayer fue el Ministerio del Trabajo. No está subordinado a la Superintendencia. ¿Entonces, de cuál SSS habla el Superintendente? ¿Del sueño que construyó la Comisión Técnica de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, a partir del año 1999, cuando usted era Constituyente y fue plamado en la LOSSS, vigente, pero sin efectividad alguna?
Reiteramos, repetimos, la Superintendencia de Seguridad Social es una entelequia, carece de facultades para regular los Fondos de Jubilaciones y Pensiones. El Régimen prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas no existe. No ha sido sancionada y promulgada su Ley Especial, después de18 años de haberlo ordenado la LOSSS.
La comunicación que ha enviado el Superintendente de la Seguridad Social al Rector de la Ilustre Universidad de Los Andes (ULA) es una grosería y un irrespeto a la majestad de la autoridad universitaria y a la autonomía universitaria. Y, la misma, debe ser rechazada por la comunidad universitaria en todos sus términos. Es, sin duda alguna, una usurpación de funciones. Carente de toda base legal. Es posible que el procedimiento seguido por los peticionarios de una ayuda económica a FONPRULA, más que justificada, por cierto, no esté del todo ajustado a derecho, por no consagrar esa facultad la norma estatutaria, pese a la modificación y ampliación del objeto de FONPRULA, no exclusivo al pago de jubilaciones y pensiones. Pero, la ULA dispone de un 10% de aporte de FONPRULA al pago de las jubilaciones y pensiones causadas, producto de su ganancia neta anual que bien pudiese la ULA utilizar para mejorar la precariedad laboral de su personal docente, toda vez que ese aporte, como sabemos, no se aplica al pago de las jubilaciones y pensiones causadas. Y, en tal sentido, no habría ilegalidad alguna. Para información del Superintendente. La Ley del Seguro Social establece un régimen de pensiones por vejez para los trabajadores afiliados y cotizantes al seguro social. No contempla el pago de pensiones no contributivas. Menos aún la equiparación de las pensiones contributivas con las no contributivas. La Ley y el Reglamento del Seguro Social establecen una fórmula para el cálculo de la pensión por vejez: una parte fija y una parte variable, proporcional al esfuerzo contributivo, más un porcentaje adicional (2%) por cada 50 cotizaciones en exceso. Nada de esto se cumple. Los recursos del Fondo de Pensiones se desvían a otros destinos no contemplados en la Ley. Las pensiones por vejez contributivas y no contributivas se igualaron al salario mínimo. Esto, sí, es una flagrante violación de Ley. ¿Qué ha dicho el Superintendente de la Seguridad Social, tan celoso de los Fondos Universitarios, sobre este particular? Ni una sola palabra.
Amigos de la ULA, colegas profesores. “Nunca falta un diablo en misa”, dice un sabio refrán popular de frecuente uso en nuestros pueblos andinos. Ustedes tienen ese diablo por dentro, instalado en el CU, para seguir agrediendo a la Universidad que se resiste a sus designios. Ese diablo necesita congraciarse con el gobierno nacional y nada más oportuno que llamar al caballero que desde el 2012 en adelante ha encontrado en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades nacionales su entretenimiento preferido, de alguna manera hay que justificar el sueldo que se percibe y el de su excesiva burocracia. Hay que decirle no al Superintendente, pues, este puede ser el comienzo de otra andanada de golpes contra la Universidad venezolana. Y, parece mentira, propiciada, al igual que ayer, por los mismos profesores universitarios. Lo que es ignorar la importancia de un régimen de jubilaciones y pensiones de carácter contributivo directo. Perdónalos Señor. Pido al señor Superintendente que refute uno solo de los argumentos expuestos. Mis respetos. Absalón Méndez Cegarra
Este jueves 21 de noviembre, día del estudiante en Venezuela difundimos esta investigación realizada por Keta T. Stephany Ruíz profesora en la Escuela de Trabajo Social y en el Doctorado de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV).
Una investigación que nos presenta la realidad actual de las universidades públicas sometidas a permanente hostigamiento por parte de Maduro y su cúpula. Analiza como la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela impacta de manera muy negativa en distintas áreas del acontecer universitario.
La profesora Stephany igualmente nos presenta la otra cara de las universidades: la que resiste, la que lucha, la universidad que no se arrodilla y pese a la represión defiende su autonomía, exige reivindicaciones y mantiene con muchas dificultades su labor académica, porque comprenden sus autoridades, estudiantes, profesores y empleados que mantener abierta la universidad ya es un acto de rebeldía y resistencia contra la opresión y el oscurantismo.
Si usted desea descargar la investigación, puede hacerlo ingresando al siguiente documento PDF diseñado para su difusión.
En fecha 14 de agosto dirigí una epístola al gobernador Rojas y al alcalde Sifontes, de la que aún no tengo respuesta; En ella les demandaba explicaciones con respecto de la dinámica de saqueo y destrucción emprendida por el hampa organizada, la común y la política, que demolía el Núcleo de Sucre de la UDO, tal vez el más brutal y absurdo atentado que universidad alguna haya recibido en el mundo civilizado, en tiempos de “paz”.
Hace un mes cuando les escribí, el daño era grave y profundo; hoy ha adquirido una dimensión de aniquilación, de exterminio, imposibilitando a los vecinos de Cumaná el acceso al conocimiento, nada más y nada menos que el de las materias científicas que sirven de puntal a la plataforma sobre la cual los pueblos construyen su desarrollo, privación que adquiere severidad de crimen cultural al conculcar e impedir un derecho humano fundamental.
El campus Cerro Colorado es actualmente un cementerio para la ciencia y sus fines; infinitos esfuerzos humanos e inversión financiera vueltos polvo por la barbarie, sólo falta el epitafio: «¿Otra obra del Gobierno Bolivariano?». Tal vez. Por lo pronto, a modo de epígrafe, queda el cascarón vacío de los otrora espacios de estudio, arte e investigación. Basta imaginar que el Cuerpo de Bomberos Universitarios, con sede en el Núcleo, fue mancillado, humillado por la visita del hampa, atracaron a su equipo de guardia, los dejaron prácticamente inoperativos, ¡a los bomberos, válganos Dios, a los bomberos! ¡Al Instituto Sismológico! ¡Al Instituto Oceanográfico de Venezuela! ¡Al emblemático edificio de Ciencias! Cuánta saña! El único equivalente que se me ocurre es que uno fuera capaz de descuartizar a su propia madre y se la diera de comer a los perros salvajes. Las fotos jamás les darán la exacta dimensión de la destrucción; deben ir a Cerro Colorado, para que entiendan la profundidad de nuestro luto.
Pero ¡ojo!, estamos claros que no mataron a la universidad; volvieron escombros uno de sus espacios más importantes; nada que no se pueda remediar, crimen que nos convoca a responder con ideas y acciones trascendentes. Reedificaremos cada espacio; nuevo será mejor, mejor dotado, pueden darlo por descontado. Estamos enfocados ya en esa tarea, reedificar la institución espiritual y materialmente.
Cuando nos dirigimos a ustedes es porque también hay preguntas que tenemos que hacernos como ciudadanos, como vecinos de la Primogénita. Ya sabemos dónde estaban Gobernador y Alcalde, mientras se arrasaba a la Universidad; pero ustedes, ¿dónde estaban mientras se consumaba el crimen? ¿Tienen idea exacta del alcance del bochorno que implica matar una universidad? La universidad donde muchos de ustedes se graduaron, donde trabajan o de la que se benefician en alguna manera, y ahora, ¿dónde irán sus hijos a estudiar? ¿Qué van a responder a las generaciones venideras cuando les pregunten por la UDO? ¿Dónde abrevarán insumos las empresas y los proyectos de desarrollo? ¿A quién le pediremos explicaciones por los sismos? ¿Quién nos enseñará a sembrar el mar, a abatir la enfermedad? ¿Quién nos enseñará a pensar? ¿Quién va a ser la vanguardia de nuestro pueblo?
Alcalde y gobernador dejarán el pelero, más temprano que tarde; tal vez nunca más sepamos de ellos; los suyos tendrán futuro educativo en otros espacios universitarios. Pero, ¡ay de nosotros!, qué vamos a hacer cuando busquemos universidad para nuestros jóvenes y una voz lejana nos pregunte: ¿universidad? ¿y la maravillosa universidad que tuvieron, qué fue de ella?
Afortunadamente lo ocurrido es apenas una campanada, un round perdido, pero también una gran lección para quienes sabemos que la Universidad es una actitud que nos habita, una manera de responder por todos a las demandas del conocimiento, de la creatividad, de lo elevado. Ese proceso interior con impacto abrazador en nuestra cultura es inextinguible, centro gravitacional en progresivo y permanente crecimiento y perfeccionamiento, vive en el cerebro, a salvo de las manos peludas. Por eso la buena nueva es que no seremos doblegados y no lo seremos sólo si, afincándonos en esa certeza interior, damos la pelea.
Tenemos todas las de ganar y aunque nuestros sueldos sean abono para la miseria, así nos quede la última camisa, está prohibido poner dichas penurias como argumentos para hacernos los locos y negarnos a defender ferozmente la universidad del alma. Tenemos que abandonar el miedo y los argumentos de cristal. Si la economía cambiara pronto y pudiéramos entonces bañarnos en piscinas de harina Pan y estrenar camisa y zapatos todos los días y reiniciáramos nuestros viajes al exterior y obtuviéramos salarios indexados en dólares, carro y perfume, nos valdría de poco frente al cadáver de la universidad de la que les hablo, deambularíamos cual zombies ayunos de esencia.
La Universidad es más que un derecho del pueblo; es la estructura cimera de sistematización del conocimiento, arquitectura compleja que administra las claves pasadas y futuras con las que se desentrañan los enigmas del tiempo. No se trata sólo de un problema para los académicos; lo es para los trabajadores del mar, vecinos de Caigüire, El Peñón, El Dique, La Trinidad, El Guapo, San Luis y Las Palomas; para la gente de Las Industrias, Campeche, Boca de Sabana, Brasil, La Llanada. La Universidad y su problemática nos atañe a todos, a los vecinos de Tres Picos y a los amigos del Parcelamiento Miranda, Panamericana, Bebedero por igual. No puedo nómbralos a todos ni a los oficios o profesiones en las que se desempeñan, hermanos cumaneses, en esta oportunidad sólo quiero convocar su atención para recordarles que, “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, perla del saber popular que deja un claro mensaje; no pueden imaginarse lo que sería Cumaná sin su máxima casa de estudios.
No se anoten en la apuesta de ver qué pasaría; les puedo garantizar que nos iría muy mal. Más bien les invito a cerrar filas con las acciones que se propongan en defensa de la UDO, más asertivamente, de la Universidad Venezolana.
A Rojas y Sifontes, les comento que comúnmente quien calla otorga. Pero de ustedes, queridos paisanos, espero contundentes respuestas.
La Federación de Asociaciones de
Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza la violación de la
autonomía universitaria; la destrucción y desvalijamiento de los espacios
universitarios; y la persecución, agresión, detención y amenazas de muerte a
miembros de la comunidad universitaria, y de otros ciudadanos, por parte de los cuerpos represivos y de
“colectivos” paramilitares, por el simple hecho de ejercer el derecho a la
protesta pacífica.
Hoy, Venezuela sufre una grave crisis humanitaria compleja
de todos los sectores, impuesta de manera intencional por el poder ejecutivo. Mientras
la población se sumerge en la miseria y la desesperación ante las dificultades
para conseguir alimentos y medicinas esenciales, y la imposibilidad de poder
disfrutar, al menos, de unos servicios básicos de calidad (electricidad, agua
potable, gas doméstico, comunicaciones, transporte, combustible, etc.), el
régimen pretende atornillarse en un poder que ya no le pertenece, no solo por
los hechos de ilegalidad cometidos durante el proceso de elección y
juramentación, sino porque no tiene capacidad de respuesta para los graves
problemas que agobian al país y porque, aproximadamente el 90% del pueblo de
Venezuela, consultado al respecto, reconoce que la
solución a nuestros problemas pasa por un cambio político en el país.
Los únicos resultados que exhibe hoy la gestión
gubernamental son EL COLAPSO DEL PAÍS y la RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL. Es
por eso que desde el mes de enero de 2019, la sociedad venezolana viene
protagonizando un ciclo de protestas de calle, multitudinarias. Pero las justas
y urgentes demandas de la población son respondidas por el Ejecutivo nacional
con violaciones, cada día más graves, al derecho a la protesta pacífica y a los
derechos humanos.
Son también responsables de la violación
continuada de los derechos humanos de los venezolanos, los magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) que desde que se instaló la Asamblea Nacional (AN),
electa por millones de venezolanos, han pretendido impedir que ella ejerza, con plena autonomía, sus funciones; se rompe el Hilo Constitucional al despojar de su inmunidad a los
parlamentarios, desconociendo la soberanía popular.
El pueblo venezolano, incluido el sector universitario, lleva
más de dos años clamando por un cambio político en el país, por democracia y por
respeto a la Constitución vigente (CRBV) en respuesta a las actuaciones anticonstitucionales
del régimen. Pero, desde enero 2019 la protesta colectiva se ha intensificado
con evidente repercusión en la esfera internacional. Las acciones de calle se
han extendido a todo el territorio nacional, con asistencia masiva de
manifestantes de los diversos sectores socioeconómicos, de día y de noche, de
manera sostenida, pacífica y apegada al Estado de Derecho, exigiendo el cambio
político en el país para poder logar la solución de los graves problemas
económicos y sociales que nos agobian.
Pero el clamor del pueblo venezolano, en vez de ser atendido
con justicia, es respondido con el endurecimiento de la represión, y se faculta
a los grupos paramilitares autodenominados “colectivos” a actuar en el control
del orden público. El saldo de la violencia y represión contra el pueblo ha
dejado fallecidos;
detenciones al margen de la Ley; heridos y amenazas de muerte a diputados y miembros de la
comunidad universitaria; allanamientos ilegales con excesiva violencia; tortura,
maltratos y atracos a los manifestantes.
Entre los casos de los universitarios afectados cabe mencionar,
entre otros:
El caso del Prof. Virgilio Castillo,
Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes
(APULA), amenazado de muerte con pintas en las paredes de su casa de
habitación.
El caso del Prof. Luis Loaiza, Diputado y Expresidente
de APULA, a quien también han amenazado de muerte con pintas en las paredes de
su casa.
El caso del Prof. Jesús Hurtado Power, de la Universidad de
Los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG), en cuya vivienda familiar se realizaron “pintas” con amenazas de
desaparición forzada.
El caso del Prof. José
Luis Sánchez de la UDO Sucre, quien recibió dos heridas por arma de fuego, con
perforación de estómago, en intento de
asesinato cometido por un miembro de la policía de Cumaná.
El caso del Dr. Carmelo
Gallardo, Director del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay y
Profesor universitario, a quien dictaron privativa de libertad.
El caso de cinco (5) médicos y
Profesores Universitarios, en Maracaibo, perseguidos y detenidos por haber
protestado a las puertas de la casa del gobernador del Zulia.
El caso del Prof. Gil García, ex-directivo
de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda (APUNEFM) en Coro, y Delegado ante el Consejo Superior de FAPUV,
detenido el 30 de abril por exigir la
restitución del hilo constitucional.
El caso del Prof. Leobardo
Zerpa de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY), detenido por
protestar pacificamente el 23 de enero de 2019, y suspendido por la Universidad
sin goce de sueldo.
A los abusos y actos de represión perpetrados contra los
universitarios y otros ciudadanos venezolanos, se suma la violación de la
autonomía universitaria y de los recintos institucionales, amenazas, tomas,
desvalijamiento y destrucción de las Instituciones Universitarias, patrimonio
del Estado Venezolano, muchas veces con daños irrecuperables, por parte de
grupos tarifados de los gobiernos regionales y del régimen, que impunemente
acaban con el acervo cultural del pueblo de Venezuela:
El 30 de abril, un grupo de
aproximadamente 8 personas, irrumpió en la sede del Rectorado de la Ilustre
Universidad de Oriente (UDO) en el Núcleo de Sucre anunciando la “TOMA” del
Rectorado, supuestamente con el aval del Ministro de Educación Universitaria
(HUGBEL ROA), exigiendo la destitución de la Rectora Milena Bravo y reclamando
providencias estudiantiles. Ese grupo, la mayoría ajeno a la Universidad, no
sabe que las Universidades tienen AUTONOMÍA FUNCIONAL y que es la comunidad
universitaria quien escoge a sus autoridades, que la Rectora es la Autoridad
electa legítima por la voluntad de la comunidad universitaria y que fue el TSJ
ilegítimo quien secuestró las elecciones en todas las Universidades. Además,
las providencias estudiantiles corresponden al Ministerio, que no cumple, y no
a la Institución.
Se han producido en este ínterin,
una serie de actos criminales contra la UDO: incendio del auditorio en Cerro
Colorado; robo de equipos en diferentes Departamentos y Oficinas con
destrucción de mobiliario; el día 20 de mayo, un grupo de personas ingresó por
la fuerza a la Sala de Conciertos y Ensayos “Luis Manuel Peñalver” de la UDO
Sucre, en Cumaná, robaron los instrumentos musicales y destrozaron el
mobiliario.
La
Universidad de Los Andes (ULA) ha recibido serias amenazas de ser tomada por
personas afectas al régimen.
Continúan y
se han intensificado los hurtos cometidos por el hampa común en las
Instituciones Universitarias en todas las regiones del país.
La
inseguridad en los CAMPUS UNIVERSITARIOS es cada día mayor.
La
Universidad Central de Venezuela (UCV) sufrió un ataque con bombas lacrimógenas
en la Facultad de Derecho (20 de mayo) y en FACES (21 de mayo), viéndose
obligada, la comunidad de esas Facultades, a desalojar sus recintos para evitar
daños humanos.
En todas
las Instituciones Universitarias, la destrucción y desvalijamiento de oficinas,
Escuelas, Facultades y Núcleos ha convertido esos espacios en insostenibles y,
en muchos casos, en irrecuperables.
En
consecuencia:
Exigimos la liberación de la sede rectoral de
la UDO y la recuperación de sus espacios y bienes.
Exigimos respeto y protección para los
universitarios y demás ciudadanos venezolanos.
Invitamos a nuestros agremiados y demás
gremios y sindicatos de trabajadores, así como al sector estudiantil, a sumarse
al CONFLICTO NACIONAL UNIVERSITARIO en defensa de las Instituciones, su
autonomía, protección del recinto universitario, derechos laborales,
providencias estudiantiles, derecho al trabajo decente y a la educación de
calidad, libertad de expresión, derecho a la salud y a la vida, recuperación
del poder adquisitivo y de nuestro patrimonio familiar.
Exigimos castigo a los culpables de crímenes
de lesa humanidad en Venezuela y justicia para las víctimas de violación de los
derechos humanos.
Reivindicamos la vigencia de la CRBV.
Exigimos el acatamiento estricto al artículo
68 de la CRBV que establece el derecho a manifestar, pacíficamente y sin
armas, como lo viene haciendo el pueblo de Venezuela.
Exigimos la libertad plena de todos los
venezolanos presos de conciencia, perseguidos, exiliados inhabilitados y
sometidos a régimen de presentación.
Exigimos la restitución del Hilo
Constitucional y la Democracia en Venezuela.
Invitamos a nuestros agremiados y al pueblo
venezolano en general, a sumarse masivamente a toda iniciativa política,
constitucional y pacífica que conduzca a la preservación de la Constitución
Nacional vigente y a la solución de la crisis política, económica y social que
hoy vive la Nación.
Ratificamos nuestro compromiso con la lucha
del pueblo venezolano por su libertad.
¡ABAJO CADENAS! ¡ABAJO CADENAS!
¡ABAJO CADENAS!
JUNTA DIRECTIVA
“ES
FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,
EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN
DERECHOS”
Hoy martes 21-05-2019, en el marco del Paro Activo Universitario de 72 Horas, protesta y entrega de documento en la Embajada de China, recibido por el Secretario Político de la Embajada, que expresa:
La problemática por la que atraviesa la Universidad venezolana y su comunidad (profesores,estudiantes,profesionales,administrativos y obreros).
En la protesta se denunció, igualmente, la violación y ocupación de los recintos e instalaciones universitarias por paramilitares (mal llamados colectivos), como es el caso de la sede del Rectorado de la Universidad de Oriente (UDO), actualmente ocupada por fuerzas irregulares bajo las órdenes del Poder ejecutivo.
Esta agresión a la UDO está siendo acompañada por amenazas a las Universidades de los Andes, Carabobo y Zulia.
Los universitarios protestaron en la Embajada de China y fueron recibidos por el Secretario Político de la Embajada
#InfoFAPUV 