La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza la violación de la autonomía universitaria; la destrucción y desvalijamiento de los espacios universitarios; y la persecución, agresión, detención y amenazas de muerte a miembros de la comunidad universitaria, y de otros ciudadanos,  por parte de los cuerpos represivos y de “colectivos” paramilitares, por el simple hecho de ejercer el derecho a la protesta pacífica.

Hoy, Venezuela sufre una grave crisis humanitaria compleja de todos los sectores, impuesta de manera intencional por el poder ejecutivo. Mientras la población se sumerge en la miseria y la desesperación ante las dificultades para conseguir alimentos y medicinas esenciales, y la imposibilidad de poder disfrutar, al menos, de unos servicios básicos de calidad (electricidad, agua potable, gas doméstico, comunicaciones, transporte, combustible, etc.), el régimen pretende atornillarse en un poder que ya no le pertenece, no solo por los hechos de ilegalidad cometidos durante el proceso de elección y juramentación, sino porque no tiene capacidad de respuesta para los graves problemas que agobian al país y porque, aproximadamente el 90% del pueblo de Venezuela, consultado al respecto, reconoce que la solución a nuestros problemas pasa por un cambio político en el país.

Los únicos resultados que exhibe hoy la gestión gubernamental son EL COLAPSO DEL PAÍS y la RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL. Es por eso que desde el mes de enero de 2019, la sociedad venezolana viene protagonizando un ciclo de protestas de calle, multitudinarias. Pero las justas y urgentes demandas de la población son respondidas por el Ejecutivo nacional con violaciones, cada día más graves, al derecho a la protesta pacífica y a los derechos humanos.

Son también responsables de la violación continuada de los derechos humanos de los venezolanos, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desde que se instaló la Asamblea Nacional (AN), electa por millones de venezolanos, han pretendido impedir que ella ejerza, con plena autonomía, sus funciones; se rompe el Hilo Constitucional al despojar de su inmunidad a los parlamentarios, desconociendo la soberanía popular.

El pueblo venezolano, incluido el sector universitario, lleva más de dos años clamando por un cambio político en el país, por democracia y por respeto a la Constitución vigente (CRBV) en respuesta a las actuaciones anticonstitucionales del régimen. Pero, desde enero 2019 la protesta colectiva se ha intensificado con evidente repercusión en la esfera internacional. Las acciones de calle se han extendido a todo el territorio nacional, con asistencia masiva de manifestantes de los diversos sectores socioeconómicos, de día y de noche, de manera sostenida, pacífica y apegada al Estado de Derecho, exigiendo el cambio político en el país para poder logar la solución de los graves problemas económicos y sociales que nos agobian.

Pero el clamor del pueblo venezolano, en vez de ser atendido con justicia, es respondido con el endurecimiento de la represión, y se faculta a los grupos paramilitares autodenominados “colectivos” a actuar en el control del orden público. El saldo de la violencia y represión contra el pueblo ha dejado fallecidos; detenciones al margen de la Ley; heridos y amenazas de muerte a diputados y miembros de la comunidad universitaria; allanamientos ilegales con excesiva violencia; tortura, maltratos y atracos a los manifestantes.

Entre los casos de los universitarios afectados cabe mencionar, entre otros:

• El caso del Prof. Virgilio Castillo, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes (APULA), amenazado de muerte con pintas en las paredes de su casa de habitación.
• El caso del Prof. Luis Loaiza, Diputado y Expresidente de APULA, a quien también han amenazado de muerte con pintas en las paredes de su casa.
• El caso del Prof. Jesús Hurtado Power, de la Universidad de Los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG), en cuya vivienda familiar se  realizaron “pintas” con amenazas de desaparición forzada.
• El caso del Prof. José Luis Sánchez de la UDO Sucre, quien recibió dos heridas por arma de fuego, con perforación de estómago,  en intento de asesinato cometido por un miembro de la policía de Cumaná.
• El caso del Dr. Carmelo Gallardo, Director del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay y Profesor universitario, a quien dictaron privativa de libertad.
• El caso de cinco (5) médicos y Profesores Universitarios, en Maracaibo, perseguidos y detenidos por haber protestado a las puertas de la casa del gobernador del Zulia.
• El caso del Prof. Gil García, ex-directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (APUNEFM) en Coro, y Delegado ante el Consejo Superior de FAPUV, detenido el 30 de abril por exigir  la restitución del hilo constitucional.
• El caso del Prof. Leobardo Zerpa de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY), detenido por protestar pacificamente el 23 de enero de 2019, y suspendido por la Universidad sin goce de sueldo.

A los abusos y actos de represión perpetrados contra los universitarios y otros ciudadanos venezolanos, se suma la violación de la autonomía universitaria y de los recintos institucionales, amenazas, tomas, desvalijamiento y destrucción de las Instituciones Universitarias, patrimonio del Estado Venezolano, muchas veces con daños irrecuperables, por parte de grupos tarifados de los gobiernos regionales y del régimen, que impunemente acaban con el acervo cultural del pueblo de Venezuela:

• El 30 de abril, un grupo de aproximadamente 8 personas, irrumpió en la sede del Rectorado de la Ilustre Universidad de Oriente (UDO) en el Núcleo de Sucre anunciando la “TOMA” del Rectorado, supuestamente con el aval del Ministro de Educación Universitaria (HUGBEL ROA), exigiendo la destitución de la Rectora Milena Bravo y reclamando providencias estudiantiles. Ese grupo, la mayoría ajeno a la Universidad, no sabe que las Universidades tienen AUTONOMÍA FUNCIONAL y que es la comunidad universitaria quien escoge a sus autoridades, que la Rectora es la Autoridad electa legítima por la voluntad de la comunidad universitaria y que fue el TSJ ilegítimo quien secuestró las elecciones en todas las Universidades. Además, las providencias estudiantiles corresponden al Ministerio, que no cumple, y no a la Institución.
• Se han producido en este ínterin, una serie de actos criminales contra la UDO: incendio del auditorio en Cerro Colorado; robo de equipos en diferentes Departamentos y Oficinas con destrucción de mobiliario; el día 20 de mayo, un grupo de personas ingresó por la fuerza a la Sala de Conciertos y Ensayos “Luis Manuel Peñalver” de la UDO Sucre, en Cumaná, robaron los instrumentos musicales y destrozaron el mobiliario.
• La Universidad de Los Andes (ULA) ha recibido serias amenazas de ser tomada por personas afectas al régimen.
• Continúan y se han intensificado los hurtos cometidos por el hampa común en las Instituciones Universitarias en todas las regiones del país.
• La inseguridad en los CAMPUS UNIVERSITARIOS es cada día mayor.
• La Universidad Central de Venezuela (UCV) sufrió un ataque con bombas lacrimógenas en la Facultad de Derecho (20 de mayo) y en FACES (21 de mayo), viéndose obligada, la comunidad de esas Facultades, a desalojar sus recintos para evitar daños humanos.
• En todas las Instituciones Universitarias, la destrucción y desvalijamiento de oficinas, Escuelas, Facultades y Núcleos ha convertido esos espacios en insostenibles y, en muchos casos, en irrecuperables.

En consecuencia:

• Exigimos la liberación de la sede rectoral de la UDO y la recuperación de sus espacios y bienes.
• Exigimos respeto y protección para los universitarios y demás ciudadanos venezolanos.
• Invitamos a nuestros agremiados y demás gremios y sindicatos de trabajadores, así como al sector estudiantil, a sumarse al CONFLICTO NACIONAL UNIVERSITARIO en defensa de las Instituciones, su autonomía, protección del recinto universitario, derechos laborales, providencias estudiantiles, derecho al trabajo decente y a la educación de calidad, libertad de expresión, derecho a la salud y a la vida, recuperación del poder adquisitivo y de nuestro patrimonio familiar.
• Exigimos castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y justicia para las víctimas de violación de los derechos humanos.
• Reivindicamos la vigencia de la CRBV.
• Exigimos el acatamiento estricto al artículo 68 de la CRBV que establece el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, como lo viene haciendo el pueblo de Venezuela.
• Exigimos la libertad plena de todos los venezolanos presos de conciencia, perseguidos, exiliados inhabilitados y sometidos a régimen de presentación.
• Exigimos la restitución del Hilo Constitucional y la Democracia en Venezuela.
• Invitamos a nuestros agremiados y al pueblo venezolano en general, a sumarse masivamente a toda iniciativa política, constitucional y pacífica que conduzca a la preservación de la Constitución Nacional vigente y a la solución de la crisis política, económica y social que hoy vive la Nación.
• Ratificamos nuestro compromiso con la lucha del pueblo venezolano por su libertad.

¡ABAJO CADENAS! ¡ABAJO CADENAS! ¡ABAJO CADENAS!

JUNTA DIRECTIVA

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS,

 EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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