Organizaciones sindicales y FAPUV denunciaron ante la OIT violación de la libertad sindical y ausencia de diálogo social en Venezuela

Dirigentes sindicales y gremiales de Caracas y Guayana declararon este lunes 6 de mayo ante la Comisión de Encuesta de la OIT, designada en marzo de 2018 y presidida por Manuel Herrera Carbuccia, que conoce la queja contra el gobierno de Venezuela por violaciones al CONVENIO 87, sobre la LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, de 1948; violaciones al CONVENIO SOBRE LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS, 1928 (#26), y violaciones al CONVENIO 144 SOBRE LA CONSULTA TRIPARTITA (NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO), 1976: AUSENCIA DE DIÁLOGO TRIPARTITO EN TEMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES.

Como parte de la declaración se trataron los casos de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales, recluidos en prisión y luego sometidos a régimen de presentación para impedir el ejercicio de su actividad sindical y se denunció el particular ensañamiento contra Rubén González, Secretario General del Sindicato de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), sometido a la injusticia militar por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido, quien se encuentra recluido en la cárcel de La Pica desde noviembre de 2018.

De la misma manera, se denunciaron los casos de Omar Escalante, Presidente de Fetracarabobo, detenido en 2017, quien también fue juzgado en un tribunal militar, y de cuatro trabajadores de Venalum detenidos en diciembre de 2018 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la empresa.

En la reunión, también se conocieron los casos de sicariato y de agresiones físicas a dirigentes sindicales, y la discriminación contra las organizaciones sindicales autónomas.

En su derecho de palabra, FAPUV denunció el desconocimiento de las Normas de Homologación por parte del Ejecutivo Nacional y la exclusión reiterada del gremio profesoral de la negociación colectiva, la represión contra los universitarios y la judicialización del conflicto universitario.

En efecto, en el sector universitario, en el año 2013, fue desconocida la legitimidad de FAPUV para representar al profesorado en la discusión de la Primera Convención Colectiva Única del sector. Argumentó el gobierno que ni FAPUV ni sus asociaciones afiliadas estaban constituidas, ni registradas como sindicatos, aunque  es la organización mayoritaria en el sector, con 45.000 afiliados, y desde su fundación, hace más de 50 años, ha venido cumpliendo funciones sindicales y negociando y celebrando acuerdos salariales y otros beneficios.

En 2015, las federaciones del sector, incluida FAPUV, consignaron el proyecto de Segunda Convención Única,  pero en la convocatoria de la reunión normativa laboral el Ministerio del Trabajo excluyó a las Universidades Autónomas y a las organizaciones sindicales mayoritarias[1], y en cambio incluyó y convirtió  en signataria a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv). No le importó al Despacho que esa federación hubiera sido registrada el 01-05-2015, es decir, dos semanas después de consignado el proyecto.La idea fue discriminar a las organizaciones autónomas mayoritarias con el argumento de la “mora electoral# e imponer a los militantes del partido de gobierno, que si ese es el caso, también estaban en mora, creándoles un parapeto nuevo, en abierta violación a su propio Decreto de Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLTTT)

Asimismo, para la discusión de la Tercera Convención Colectiva Única del Sector Universitario, de 2017, fueron excluidos FAPUV, 14 sindicatos de la Federación de Trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación de Obreros (FENASOESV), los Sindicatos No Federados de Obreros y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (FENASIPRUV). 

Finalmente, FAPUV denunció la eliminación de las tablas salariales y los derechos adquiridos, a partir del paquetazo de Maduro de agosto de 2018. Como se recordará, el 31-08-2018 se produjo un ajuste inconsulto del salario mínimo. El 4 de septiembre, el Ministro de Comunicación e Información anunció la aprobación de una Tabla Salarial Única para toda la Administración Pública, y el 11-10-2018, el Ministerio del Trabajo dictó el Memorando Circular N° 2792 con los “lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo”. En esos lineamientos se crea una comisión para “racionalizar” los beneficios laborales de los trabajadores del sector público y privado –beneficios estos que no pueden ser intervenidos por el Estado en virtud de los principios constitucionales de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales– y se crean unas “mesas técnicas” cuyo efecto es el de desconocer el derecho constitucional a la negociación colectiva e impedir en la práctica el ejercicio del derecho constitucional a la huelga. Dichas mesas y lineamientos desconocen la negociación colectiva libre de injerencias estatales.

En abril de 2019, el Ejecutivo Nacional, nuevamente modificó las tablas del sector universitario y las tablas de la administración pública, si consultarlo con gremios y sindicatos, y desconociendo, una vez más, el punto de arranque, las escalas salariales y los beneficios adicionales conquistados por los trabajadores durante décadas de lucha y de negociación colectiva.


[1] Federación Nacional de Profesores Jubilados y Pensionados de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela (FENAPROJUPICUV), FETRAESUV, FENASOESV,  FENASIPRUV,  Sindicatos de Obreros No Federados y FAPUV.

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