FAPUV FRENTE AL PLAN UNIVERSIDAD EN CASA

La extensión de la cuarentena por el COVID-19 significa que no habrá vuelta a las aulas por ahora. El Ministerio de Educación Universitaria, ha anunciado un plan “Universidad en Casa” que se extendería hasta el mes de agosto; si existe tal plan, no es del conocimiento de las universidades, ya que el Ministerio no ha presentado una propuesta estructurada, con objetivos claros, actividades a desarrollar, plazos, responsables y presupuesto. Tampoco hubo una consulta previa a las autoridades universitarias ni al profesorado, lo que contraviene la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Queda claro, entonces, que el Ministerio no tiene cualidad para ofrecer un “Plan de Universidad en Casa”. Tampoco tiene elementos para afirmar, como lo ha hecho, que el 95% de las universidades se han sumado a dicho “plan”. En las actuales condiciones del país, es imposible la “Universidad en Casa”, por múltiples razones, todas ellas atribuibles a la pésima gestión del Ejecutivo Nacional y de su Ministerio de Educación Universitaria.

Esta oferta pública de formación de los futuros profesionales por parte de los profesores universitarios desde sus hogares, la ha hecho el Ministerio sin que concurran las mínimas condiciones para darle cumplimiento: la planta física, los laboratorios tecnológicos y los institutos especializados en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación de las universidades venezolanas se encuentran en franco deterioro, producto de años de cerco presupuestario, y de la inseguridad en el campus, pues muchos de sus espacios han sido desvalijados totalmente, y sustraído el material para ejercer la docencia, la investigación y la extensión. A esto hay que agregar las universidades que no pueden tener las plataformas tecnológicas operativas por falta de servicios elementales como la electricidad. Esta grave situación demuestra lo negativa y peligrosa que resultó para la Nación la política de cerco económico y de hostigamiento permanente contra las universidades y sus comunidades.

En la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos, una elevada proporción de estudiantes y profesores no tiene conexión a internet. Muchos sufren largos cortes del servicio eléctrico todos los días. Los salarios pulverizados, la salud precaria, el peligro de contagio por COVID-19, la cuarentena sin producción, sin ingresos, sin alimentos, sin gasolina y sin agua, son el contexto de la fantasía ministerial de unas supuestas clases a distancia, a ser dictadas sin internet, sin electricidad y sin dotación de equipos de computación.

Por otra parte, muchas asignaturas solo son posibles en la modalidad presencial. Es el caso de las carreras que requieren prácticas de laboratorio y clínicas para la formación del estudiante, las asignaturas con componente práctico y profesional, los talleres, el servicio comunitario, los trabajos de grado experimentales y los de campo, entre otras.

En los casos en que sí es posible la educación a distancia, corresponde al profesorado universitario valorar su viabilidad y someterla a discusión y revisión en sus escuelas, departamentos y cátedras, ya que ella no se puede improvisar. Pasar de regímenes presenciales a la modalidad virtual supone un trabajo adicional para el docente, de adaptar los cursos y montarlos en un aula virtual, enseñar a los estudiantes a usarla y atenderlos en sus actividades. El “plan de Universidad en Casa”, depende, entonces, de un trabajo enorme por parte de un profesorado, cuya labor académica no viene siendo remunerada como corresponde, dado que entre el año 2001 y el año 2020 el salario real ha perdido el 99% de su valor.

El contacto académico que en la actualidad mantenemos con nuestros estudiantes, busca preservar su ritmo y disposición al estudio, y en algunos casos permite avanzar en los contenidos; pero para garantizar la formación de calidad que conduzca a un título profesional, y la culminación exitosa de todos los cursos, las universidades van a tener que analizar la situación, considerar las condiciones reales de las instituciones, sus profesores y sus estudiantes, y con base en ese análisis, reprogramar.

La reprogramación del período académico en las universidades debe incluir la reconsideración de las remuneraciones. Desde que comenzó la cuarentena hemos advertido por todas las vías posibles, de manera permanente, la debilidad con que nuestros agremiados están afrontando esta situación, al carecer de un ingreso que garantice la alimentación del núcleo familiar, y al estar imposibilitados de generar un ingreso alternativo a través del ejercicio libre de sus profesiones, toda vez que las actividades económicas están en su mayoría paralizadas. No ha habido respuesta, de nadie, ni siquiera para decir “lo vamos a tomar en cuenta”. Así pagan el compromiso y la entrega de una comunidad docente que, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, la pulverización de su salario y el deterioro de su seguridad social, ha logrado mantener la labor de formación en las universidades públicas y ha hecho enormes esfuerzos por preservar su calidad.

Es por eso que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización gremial constituida por las Asociaciones de Profesores de las 18 universidades públicas venezolanas de mayor prestigio nacional e internacional, formadoras del 90 % de los estudiantes regulares del sector público de la Educación Superior en Venezuela, acuerda:

Rechazar la pretensión de obligar a los profesores universitarios a desarrollar actividades virtuales de docencia que sustituyan los programas presenciales interrumpidos por la cuarentena por el COVID-19. Esta modalidad solo se adoptará donde existan las condiciones, y de común acuerdo entre profesores y estudiantes.

Demandar el pago de un bono compensatorio mensual de $300, que cubra el costo de la canasta básica, para todos los profesores universitarios, activos y jubilados.

Solicitar la dotación de recursos económicos, medicinas e insumos a los institutos de previsión de los profesores universitarios (IPP) de las distintas universidades.

Ratificar que corresponde a los consejos universitarios reprogramar el período académico garantizando la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.