PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

PRONUNCIAMIENTO DE FAPUV EN DEFENSA DEL IPP-UCV Y DEL ACTA CONVENIO APUCV-UCV

En junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) se dirigió a la comunidad universitaria y en particular a la comunidad profesoral ucevista, a fin de manifestar su preocupación por el desacuerdo entre la Asociación de Profesores (APUCV) y las autoridades de la UCV, en relación con la situación del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), el HCM y los programas de seguridad social. En esa ocasión, manifestamos que para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad social de su personal docente y de investigación a que la obliga el artículo 114 de la Ley de Universidades, la UCV debía brindarle un apoyo decidido al IPP y entregar puntualmente los recursos necesarios para el financiamiento de sus programas. El acta convenio que rige las relaciones UCV-APUCV y acuerdos posteriores suscritos entre las partes es el instrumento para  regular esa materia.

Posteriormente, la discrepancia entre autoridades y gremio continuó. Un tema conflictivo ha sido  el uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones de los profesores ucevistas por parte de las autoridades, sin consultar a la APUCV ni al Consejo de Profesores Jubilados (CPUJUCV). Debemos recordar que la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV (FONJUCV) fue disuelta el 24 de marzo de 2014. La APUCV hizo esto con la intención de proteger los recursos del FONJUCV y garantizar que ese patrimonio, administrado de común acuerdo entre la UCV, la APUCV y los profesores jubilados, fuera destinado  a la seguridad social del profesorado de la UCV. 

Si bien FAPUV no acompañó en su momento la decisión de liquidar el FONJUCV, sino que, tanto en las reuniones de Junta Directiva como en las del Núcleo de Fondos de Jubilaciones, prevaleció la opinión de defender la institucionalidad previsional existente, una vez decidida la liquidación de FONJUCV por parte de los entes fundantes, nuestra Federación ha defendido y va a seguir defendiendo que ahí hubo un acuerdo que las partes deben honrar. 

En efecto, el acta de disolución fue suscrita por los tres entes fundantes (UCV, APUCV y CPUJUCV) y dispone, en su cláusula primera, que todos los bienes pertenecientes a la fundación serían cedidos en plena propiedad a la UCV “a los fines del restablecimiento material del fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente y de investigación de esta Casa de Estudios, en cumplimiento de su Reglamento de Jubilaciones y Pensiones vigente”; dicho Reglamento estipula que la administración del fondo corresponde  a una Junta Directiva integrada por cinco miembros: dos designados por el CU-UCV, dos por la APUCV y un profesor jubilado, electo por los jubilados y pensionados de la UCV en elecciones convocadas por el Consejo Universitario y organizadas por la Comisión Electoral de la UCV. Por lo tanto, el reclamo que viene haciendo la APUCV es justo y apegado a la norma.

Dado que la administración de los bienes provenientes de la liquidación de FONJUCV por parte de la UCV debe contar con el acuerdo de la APUCV y del CPUJUCV, la adquisición inconsulta del Centro de Diagnóstico para la Vida, C.A. (CEDIVI) y la pretensión de comprar una clínica con recursos del Fondo de Jubilaciones generó mucho malestar en el gremio y sigue siendo motivo de disputa.

Otras diferencias entre el Consejo Universitario de la UCV y la APUCV tienen su origen en concepciones distintas de cómo garantizar la seguridad social del profesorado, ya que se han emprendido iniciativas por parte de las autoridades que apuntan al montaje de un sistema paralelo de seguridad social: es el caso del intento de compra de una clínica y del proyecto de contratación de un seguro privado de hospitalización, cirugía y maternidad para profesores de la UCV. Al respecto, la Junta Directiva de FAPUV, fiel a lo que ha sido su línea de trabajo, insiste en la defensa de los IPP como instituciones previsionales de los profesores universitarios. Los IPP ofrecen garantías de cumplimiento efectivo y eficiente de su misión en materia de seguridad social que las universidades no pueden ofrecer, fundamentalmente porque ese no es su objeto, pero además, porque no tienen experiencias exitosas que exhibir al respecto.

En el caso específico del IPP-UCV, es indiscutible que por años ha logrado cumplir su misión y que hoy, a pesar de la pulverización del salario y del quebrantamiento de los acuerdos federativos por causa del cerco presupuestario contra las universidades, el IPP-UCV ha logrado mantener con éxito sus programas previsionales. Eso se debe, en buena medida, a una experiencia institucional de décadas, a la previsión de las distintas directivas en la administración de los recursos y al ahorro en moneda extranjera, cuyos rendimientos permiten mantener el Sistema de Atención Médica y Hospitalaria, el Sistema de Cobertura Funeraria y los centros educativos de Caracas y Maracay.

En el caso del Sistema de Atención Médica y Hospitalaria (SAMHOI), por acuerdo con el CU-UCV, los costos deben ser compartidos entre los aportes provenientes del Fondo de Jubilaciones y el IPP-UCV. Los retrasos por parte de la UCV en honrar este compromiso han sido otra fuente de desacuerdo entre la institución y su profesorado.

Por otra parte, cualquier decisión en el ámbito de dicho acuerdo debe ser considerado entre la APUCV y el CU-UCV. Sin embargo, el CU-UCV del 01-04-2020 resolvió unilateralmente abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. Esta decisión ha sido una nueva fuente de discordia.

La situación actual del país y la política anti-universitaria del Ejecutivo Nacional desaconsejan los enfrentamientos internos. La Universidad es un espacio plural y democrático donde el pensamiento es diverso y la crítica es la norma, por lo que todos estos temas deben ser abordados con total claridad y apertura. Lo que no es aconsejable es que estas diferencias nos lleven a conflictos internos. En consecuencia acordamos:

1. Hacer un llamado al abordaje de esta situación con la mejor voluntad de llegar a acuerdos en el marco de la normativa interna vigente, y con el propósito de fortalecer la seguridad social de los profesores y su Instituto de Previsión,  así como de cohesionar a la comunidad universitaria en esta hora tan dura para la universidad y para la Nación. En tal sentido invitamos al CU-UCV y a la APUCV a preparar una agenda con todos los puntos en discusión, a reunirse, a procurar soluciones y a cumplir los acuerdos.
2. Reivindicar la plena vigencia del Acta Convenio APUCV-UCV, instrumento normativo que regula las relaciones de trabajo ente la UCV y sus profesores, así como los derechos y obligaciones de la UCV como institución empleadora y la APUCV como representante del profesorado.
3. Exhortar al cumplimiento estricto del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de la UCV.
4. Advertir que el ejercicio del diálogo social es el mecanismo previsto normativamente para la discusión y modificación de los derechos regulados en el Acta Convenio APUCV-UCV a través de las comisiones bipartitas que ella prevé  en su articulado, y desconocer, en consecuencia, cualquier acción de carácter unilateral por parte de la UCV que menoscabe los derechos de los profesores y su Asociación.
5. De acuerdo con la Cláusula 20 del Acta Convenio APUCV-UCV, corresponde a la Comisión Mixta de Seguros conocer, controlar y auditar todo lo atinente al programa de cofinanciamiento de SAMHOI pactado entre la UCV y la APUCV. En consecuencia, es esa Comisión Mixta la que deberá considerar la propuesta patronal de abrir una cuenta conjunta de la UCV y el IPP-UCV para la asignación de los recursos financieros requeridos para garantizar la cobertura de SAMHOI. 
6. En virtud de la emergencia humanitaria compleja que vive la Nación, agravada por la pandemia por el COVID-19, es indispensable que los profesores de la UCV puedan contar con la cobertura de SAMOHI tal como ella fue acordada. Es decir, que se respete al pie de la letra el convenio APUCV-UCV de cofinanciamiento de dos mil dólares ($2.000) para la cobertura y que se envíen los recursos por trimestre adelantado.

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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23-04-2020