QUÉ BLOQUEA LA “LEY ANTIBLOQUEO”

Con la llamada Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, presentada y aplaudida el 01-10-2020 en la “Asamblea Nacional Constituyente”, y publicada en Gaceta Oficial el ejecutivo nacional pretende formalizar su desconocimiento del orden jurídico vigente incluida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con el objetivo de apropiarse, junto con sus aliados y operadores nacionales y transnacionales, de todos los activos y empresas de la Nación, comprometiendo la soberanía nacional, porque, al parecer, todo lo saqueado hasta ahora del erario nacional, no les parece suficiente. La industria petrolera, las tierras, empresas básicas, de servicios, agroindustria, etc., todo, absolutamente, podrá pasar a sus manos con esta nueva tramoya.
El mencionado instrumento no tiene ninguna legalidad, ya que la ANC que lo sancionó carece de legitimidad, y dado que la única Asamblea con competencia para aprobar leyes en Venezuela es la Asamblea Nacional, la cual ya se pronunció en su contra y lo declaró nulo.
En el referido instrumento ilegal, se desconoce el artículo 58 sobre el derecho a la información, toda vez que se establece que solo la Contraloría y el Poder Judicial podrán tener acceso a informaciones confidenciales, las cuales son nada menos que “cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que considere el ejecutivo, el cual controla a ambas instituciones.
Así mismo, viola otros artículos fundamentales de la CRBV tales como: el 131, que establece el
principio de legalidad; el 150, que establece la obligatoriedad de aprobación por parte de la Asamblea Nacional de los contratos de interés público nacional; el 302, que reserva al Estado la explotación de riquezas estratégicas como petróleo y otras de interés público; el 312, que limita el endeudamiento público; el 314 que ordena que no se harán gastos que no se hayan previsto en la Ley de Presupuesto; el 334, sobre la competencia para la desaplicación de normas de rango legal, entre otros.
Esta mal llamada Ley está formulada de tal manera que le da poderes infinitos y absolutos a Miraflores, además de un presupuesto paralelo e inauditable. ¿Qué pueden privatizar y qué no? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores de las empresas que les “vendan” a sus amigos a precios de gallina flaca? Lo que ella bloquea claramente son los intereses nacionales y los derechos laborales, cuya desaplicación de hecho ya tiene en la miseria al 90% de los venezolanos, y podrá ser formalizada con las facultades absolutas para ‘desaplicar’ normas legales y decisiones judiciales que el Ejecutivo se auto-confiere con esta mal llamada ley. De ese modo, le garantizarán mano de obra calificada, barata y esclava a las transnacionales aliadas. Una vuelta al siglo XIX, pero con trabajadores alfabetizados y formados.
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