Caracas, 12 de marzo de 2021

Señor

Guy Ryder

Director General

Oficina Internacional del Trabajo (OIT)

Avenue des Morillons

CH-1211 Ginebra 22

Suiza.

Ref: Queja contra el gobierno de Venezuela por políticas y medidas antisindicales contra los obreros, empleados, profesionales y profesores, y sus organizaciones sindicales y gremiales, del subsistema de educación universitaria pública

Señor Director General:

Nos dirigimos a usted en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), la Federación de Trabajadores de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales en funciones administrativas de las Universidades de Venezuela (FENASIPRUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior en Venezuela (FENASOESV) y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, organizaciones que agrupan a todas las categorías de trabajadores del sector universitario, con el objeto de interponer una queja formal por violaciones de la libertad sindical contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Señor director, las disposiciones del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, núm. 98 son permanentemente violadas en nuestras universidades públicas autónomas. Las universidades iniciaron una práctica de negociación colectiva desde hace varias décadas. En un principio, firmaron contratos colectivos de trabajo con los sindicatos obreros y actas convenio con las asociaciones del personal administrativo, técnico y docente desde mediados de los años 70 del siglo pasado. En los 80, en el sector profesoral se acordaba el porcentaje de aumento salarial nacionalmente para todas las universidades, a través de la negociación de las Normas de Homologación con FAPUV, y con acuerdos en el caso de las federaciones de empleados y obreros; los porcentajes de ajuste se discutían entre todas las federaciones y existía la figura de la extensión de beneficios, de manera que el porcentaje de aumento que lograba un sector se aplicaba a todas las categorías de trabajadores universitarios, y las actas convenio seguían regulando las condiciones de trabajo, incluidos ingreso y ascenso, y otros beneficios. El gobierno actual ha acabado con esa práctica. Con la aplicación de la convención colectiva única, desde un principio, el gobierno segregó a las federaciones independientes, que tuvieron que forzar su participación y tolerar el trato preferente a la federación oficialista patronal, hasta que simplemente fueron completamente excluidas en la discusión de la IIICCU.

Así mismo, a pesar de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT, las cuales han pasado a ser obligatorias, en el sector universitario se han producido nuevas violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87, y al derecho de las organizaciones de trabajadores  para la fijación del salario mínimo, contemplado en el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, núm. 26, lo cual afecta directamente a nuestro sector ya que el salario mínimo es determinante para la construcción negociada de las tablas salariales en la administración publica en Venezuela

A continuación, exponemos las principales violaciones que hoy denunciamos:

1.- Incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.

Pretensión de imponer unilateralmente las condiciones de trabajo

El gobierno nacional impide y dificulta el ejercicio de la libertad sindical, por la sustitución en la práctica de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, de 19…, a través de unos lineamientos impuestos en 2018 mediante el memorando 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo, del cual anexamos copia y que la clase trabajadora ha rechazado de plano. Ese documento elimina unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores:  en nuestro caso eso significó la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos. La convención está vencida y el gobierno incumple el derecho a la negociación colectiva. Se niega a discutir con las federaciones y sindicatos independientes, que representamos a más del 90% de los trabajadores universitarios.

En lugar de negociar, el gobierno impone unilateralmente ajustes a las tablas de remuneraciones, muy rezagados en relación con el contexto hiperinflacionario en el que vivimos. En el último ajuste, decretado para este mes de marzo de 2021 y del cual anexamos copia, el primer salario de la tabla, el de Obrero 1, es menor a un dólar ($1) AL MES y el más alto, el de Profesor Titular a Dedicación Exclusiva es de $3,6 AL MES. Además, todavía ni siquiera lo han pagado y desde luego ya comenzó a devaluarse por efecto de la constante devaluación de la moneda, la cual ronda los 2 millones de bolívares por dólar[1]

Violación de cláusulas de salud y seguridad social

A la imposición unilateral de ajustes salariales hay que agregar la violación de las cláusulas de salud y seguridad social, con la eliminación de los servicios de salud primaria a obreros y empleados, la confiscación de las cuotas para el servicio contributivo de los profesores, la ausencia de un beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) que realmente garantice la atención de los trabajadores y sus familiares, y la imposición de un sistema centralizado de atención de emergencia que no garantiza la salud y vida de los universitarios.

La práctica de desconocer el derecho de negociación colectiva y de negarse a discutir con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias ha conducido a la pulverización del salario y de la seguridad social, lo cual   constituye en la práctica una ruptura unilateral de la relación laboral pues no se remunera el trabajo. Éste es un claro ejemplo de cómo la violación continuada de la libertad sindical deja indefensos a los trabajadores y liquida su calidad de vida y de trabajo.

2.- Ausencia de diálogo social tripartito: ni consulta ni negociación

Ausencia de consultas para la fijación del salario mínimo

El gobierno no ha adoptado ninguna medida para consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la fijación del salario mínimo como está establecido en el Convenio 26 y como le recomendó que hiciera la Comisión de Encuesta. De esta manera, el gobierno se ha permitido destruir el salario mínimo, el cual fija unilateral y caprichosamente. Esta violación al Convenio 26 afecta al sector universitario ya que la tabla salarial se construye a partir del salario mínimo: mientras más pequeño es el salario mínimo, más bajos son los salarios de la tabla.

Injerencia en la relación entre las universidades y su personal en desmedro de la negociación colectiva

Supuesta negociación colectiva con organización minoritaria

Desde el Ministerio para la Educación Universitaria (MPPEU) se imponen políticas sobre asuntos cruciales sin consultar con el empleador, que son las universidades, cuya autonomía está establecida taxativamente en la Constitución Nacional, y sin consultar con las organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias, representativas de los trabajadores.

Es así como ni a las universidades ni a las federaciones de trabajadores independientes se les ha permitido participar en la discusión de la tercera convención colectiva única del sector (IIICCU), la cual se firmó en 2017, con la única participación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (ftuv), federación minoritaria del partido de. No hubo allí verdadero diálogo social.

Sustitución de las universidades como empleadores y violación del derecho de negociar colectivamente

La última acción de desprecio al diálogo social por parte del gobierno, que se desarrolla en estos momentos, consiste en la sustitución de las universidades como empleadores, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), del Ministerio de Educación Universitaria y la pretensión de pagar a los trabajadores universitarios desde el sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). La práctica inveterada en las universidades autónomas es que cada institución administra y remunera su personal, con fondos presupuestarios que el gobierno le transfiere, aunque con el inconveniente de que desde hace varios años ha habido una política de estrangulamiento de esas instituciones, con presupuestos insignificantes y entregados con retraso. Lo que el gobierno pretende ahora es establecer un cortocircuito financiero, quitar de hecho a las universidades la competencia de remunerar a su personal y migrar todas las nóminas de pago hacia la plataforma tecnológica denominada Sistema Patria (https://www.patria.org.ve/login). De esta manera se producirían dos efectos con un solo toque de billar:  violar el principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades y liquidar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.

Con esta queja denunciamos la violación del derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios, pero es importante que el Comité sepa que esta maniobra centralizadora es de mucho mayor alcance y afecta más ampliamente los derechos y libertades de los trabajadores. Para ingresar al Sistema las personas se procuran el llamado Carnet de Patria y éste es el vehículo para muy diversas operaciones del gobierno, desde el pago de remuneraciones y bonos de todo tipo hasta el suministro de gasolina subsidiada, pero también es un medio de control social y político, que ha sido utilizado de manera muy especial cuando se hacen elecciones. La OPSU  ha instruido a las autoridades universitarias, a través de la red social Telegram, para “migrar” las nóminas de las distintas universidades al sistema PATRIA y centralizarlas ahí. Esta medida inconsulta, ilegal e inconstitucional ha sido rechazada por los universitarios en forma firme y contundente. Consideramos que ésta es una grave violación a la libertad sindical y a la autonomía universitaria.

3) Irrespeto a la autonomía sindical y al derecho de las organizaciones de escoger libremente sus directivas

El gobierno, a través del Ministerio para la Educación Universitaria impidió la participación de nuestras organizaciones en la discusión de la Convención Colectiva alegando que estábamos en “mora electoral”, figura violatoria del Convenio 87, establecida en el artículo 402 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras (DLOTTT). Es el caso, señor Director, que esa decisión de excluirnos fue violatoria de la libertad sindical, pero es que además de ilegal la conducta del gobierno es contradictoria, porque la organización sindical con la que el Ministerio sí “discute” es absolutamente minoritaria y nunca ha hecho elecciones.

Además, nuestro atraso en celebrar elecciones se debe a otra violación del Convenio, la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalada por los órganos de control de la OIT, el cual controla las elecciones sindicales y, aunque ha permitido elecciones en algunos sindicatos y asociaciones, rechaza los proyectos electorales de nuestras federaciones.

Esperamos que el Comité de Libertad Sindical dé curso sin demora a esta queja y exija al gobierno que subsane las violaciones aquí denunciadas y restituya plenamente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de los trabajadores universitarios.

Atentamente,

POR FAPUV

Lourdes Ramírez de Viloria, Presidente Keta Stephany, secretaria de Actas, Memoria e Información

Contacto: fapuvdirectivos@gmail.com

POR FETRAESUV

Eduardo Sánchez, Presidente                                                  Elsy Navas, Secretaria de Asuntos Sociales

Contacto:fetrauniversitarios@gmail.com

POR FENASIPRUV

Dionis Dávila, Presidente

Contacto: fenasiprup1@gmail.com

POR FENASOESV

Adrián Bolívar

Contacto: fenasoesv@gmail.com

POR LOS SINDICATOS NO FEDERADOS

David Mendoza Vocero Principal Nacional         Heedmara Velázquez Vocera Nacional